Por Aníbal Delgado Fiallos
Creo que Zelaya Rosales debe regresar al país, de donde no debió salir jamás en las condiciones de una deportación violenta producto de un golpe de Estado.
Independientemente de cuáles hayan sido nuestras valoraciones sobre su gobierno o su personalidad, o nuestras apreciaciones sobre sus colaboradores más cercanos; sean cuales hayan sido nuestras opiniones, favorables o no, sobre sus proyectos políticos y la forma de impulsarlos, lo cierto es que ningún demócrata puede avalar su destierro.
Debe regresar no porque necesitemos los votos de los países de la Alba en el Banco Mundial ni porque el embajador de los Estados Unidos lo exija, tampoco porque necesitamos ese pasaporte para ingresar a la OEA; debe regresar porque nadie debe ser extrañado del país por causa alguna, mucho menos por causas políticas.
El exilio siempre ha estado presente en la convulsa realidad hondureña; en el pasado, cada vez que un partido ascendía al poder generalmente por fraude, golpe de Estado o pronunciamiento de un caudillo bananero, eran largas las filas de hondureños hacia el destierro; la otra alternativa era la cárcel o el cementerio.
Eran exilios dolorosos, porque además de que el exilio por naturaleza siempre lo es, estaba acompañado de hondas penurias económicas, acoso policial en los países de destino, control de todo contacto con Honduras, prohibición de toda actividad política, cárcel cuando no expulsión hacia terceros países.
Cuando el golpe de Estado de 1963, quizás el más cruel de los últimos tiempos, los que habíamos quedado dentro integramos comités para recoger fondos y enviarlos a los emigrados o entregar pequeñas cantidades a sus familias totalmente desamparadas, muchas con hijos de pan en mano; entre estos emigrados, aparte de los ex funcionarios del Estado que sí tenían recursos, había artesanos, estudiantes, activistas políticos, policías, periodistas, maestros, profesionales de ingresos magros, obreros.
El ex presidente debe regresar al país y, si así es su deseo, integrarse a la vida política en el marco de la ley, ese obstinarse en verlo en la cárcel o en el exilio no es propio de quienes dicen buscan un país fraterno, es un desquite sectario, invalidez para confrontar ideas, incapacidad para competir por las simpatías populares; con gente que se come las uñas de terror es imposible construir una democracia fuerte.
Cierto, nadie debe estar sobre la ley, pero ningún interés puede estar sobre la justicia por muy amparado que esté en principios jurídicos; dicen que cuando la ley riñe con la justicia, primero es la justicia.
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