martes, 8 de junio de 2010

La Sociedad Civil del continente demanda a la OEA mantener la suspensión de Honduras


Defensores en Línea

Por Dina Meza

En el preámbulo de la inauguración de la XL Asamblea General de la Organización de Estado Americanos, OEA, la sociedad civil del continente se pronunció para que se mantenga la suspensión de Honduras ante este organismo, a la vez que se construya una ruta clara del retorno a la democracia, según documento leído la mañana de este domingo 06 de junio.

La Asamblea gira alrededor del tema, Paz, Seguridad y Cooperación. Unos 34 países del continente se dieron cita en Lima, Perú. El sábado José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, dialogó informalmente con representantes de la sociedad civil, el tema del golpe de Estado en Honduras no se hizo esperar y el del despido arbitrario de los jueces y magistrada por la Corte Suprema de Justicia.

La magistrada Tirza Flores a quien Insulza cediò la palabra fue concreta en su participaciòn y preguntò al Secretario de la OEA què opinaba sobre sus despidos y si Honduras iba a ser reincorpordada al seno de la OEA. Sobre el primer le respondiò que era una acciòn inconcebible.

Antes de la conformación de los grupos, la sociedad civil también se reunió con los cancilleres de los países integrantes de la OEA, que trataban a toda costa de obviar el tema hondureño.

“No vengo desde tan lejos para que ustedes no escuchen que en Honduras las violaciones a los derechos humanos continúan, el COFADEH ha documentado solo de enero a la fecha más de 700 violaciones a los derechos humanos y unas 500 acciones contra activistas de los derechos humanos”, les manifestó Mery Agurcia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.

No se puede hablar de democracia sin hablar del golpe de Estado en Honduras
Un grupo de trabajo amplio donde estaban representados varios países del continente, discutieron por varias horas sobre la agenda democrática en el marco del sistema interamericano y manifestaron que no se puede hablar de democracia sin referirse el golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.

Pero unos días antes a la Asamblea, fue enviada una carta suscrita por un grupo que se autodenominó Amigos de la Carta Democrática, quienes argumentaron Honduras debía ser reincorporado a la OEA porque ya se habían llevado a cabo elecciones libres y se conformó la Comisión de la Verdad, lo que a simple vista denota la movilización acciones de lobby a diferentes niveles para lograr ese objetivo.


OEA debe conseguir una ruta clara de retorna a la democracia en Honduras
Aunque en la agenda de la Asamblea no figure el tema Honduras, las pláticas en los pasillos de donde se desarrollaban los actos previos a la apertura de este encuentro, eran sobre las acciones que deben llevarse a cabo pronto para que este mal ejemplo no se propague como una mecha con gasolina.

Se conformaron varios grupos para la discusión de diferentes temas, entre ellos el de la agenda democrática en el que participaron representantes de organizaciones hondureñas, como la Asociación de Jueces por la Democracia, AJD, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, del Comité por la Libertad de Expresión C-Libre y del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH.

Ante los cancilleres de la OEA un representante de la sociedad civil el documento donde se destaca que las condiciones producidas en el marco del golpe de Estado todavía subsisten, “por ello desde la sociedad civil nos pronunciamos porque se mantenga la suspensión de Honduras en este organismo, a la vez que se consiga una ruta clara del retorno a la democracia”.

Pero lo anterior no excluye que la OEA pida al Estado de Honduras el pleno respeto a los derechos humanos, se proceda a la búsqueda de la verdad de acuerdo a los estándares internacionales, pida hacer las reformas necesarias para la garantizar a independencia del Poder Judicial y poner en práctica un verdadero proceso de desmilitarización, expresa el documento.

También la sociedad civil se pronunció en el sentido de que no se repitan alteraciones al orden democrático como las ocurridas en Honduras , para ello considera que deben fortalecerse los mecanismos seguimiento e implementación de la Carta Democrática Interamericana que está en la agenda de la XL Asamblea General de la OEA.

“Por eso proponemos que la Asamblea instruya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la creación de una Relatoría Especial e Independiente sobre Democracia, para que actúe como un verdadero Ombudsman de las democracias en la región , responsable de observar y evaluar el respeto a este instrumento legal”, señaló la Sociedad Civil.

Agregó que en el mandato de esta relatoría debe contar con facultades para la creación de indicadores de evaluación para verificar el cumplimiento o no de los elementos esenciales establecidos en el artículo 3 de la Carta Democrática.

Qué dice la Carta Democrática
Este artículo señala que “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Esta Relatoría debería de tener la capacidad de informar sus hallazgos a los órganos del Sistema Interamericano como la CIDH, la Secretaría General, el Consejo Permanente y la propia Asamblea General.Los Estados deben tener la voluntad de tener una invitación permanente y abierta para las vistas de esta Relatoría, a sus países, asimismo debería garantizarse un fondo especial para su funcionamiento.

Adicionalmente la sociedad civil considera que la carta democrática ya tiene los mecanismos previstos para que la OEA, en especial el Secretario General, establecido en el artículo 20, para que ejerza un rol más proactiva para prevenir crisis democráticas y el funcionamiento de las democracias.

El artículo 20 dice que en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático la OEA debe hacer las acciones necesarias para el retorno a la institucionalidad.

Sin embargo, las acciones de la OEA no concluyeron en la restitución de la institucionalidad en el país, a la fecha la situación es grave, las graves violaciones a los derechos humanos tiene una relación directa con el golpe de Estado y la persecución política puesta en marcha desde el mismo 28 de junio mantiene en grave peligro al pueblo hondureño que se mantiene en resistencia desde hace casi un año y que se encamina a una Asamblea Nacional Constituyente.

Sobre este punto, la OEA no logró tampoco que se restituyera al presidente Manuel Zelaya Rosales en su cargo y el mandatario se vio obligado a irse al exilio hacia la República Dominicana donde todavía permanece.Los que auspiciaron, ejecutaron y financiaron el golpe de Estado lograron su objetivo, consolidaron el golpe de Estado con elecciones ilegítimas que dio paso a colocar un nuevo rostro, el de Porfirio Lobo Sosa que nunca se pronunció contra el golpe y que no ha llevado a cabo acciones concretas para castigar a los involucrados en el mismo, al contrario los colocó en puestos claves de su gobierno, como es el caso de Romeo Vásquez Velásquez, ejecutor de este hecho vergonzoso para lo que se llama democracia, a quien mantiene de Gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.

El acompañamiento y auspicio de los Estados Unidos para mantener el golpe de Estado ha sido vital para los golpistas, que además han movido sus teclas en todo el mundo para que se genere un ambiente favorable para que acepte como normalidad el rompimiento de la institucionalidad.

El lunes pasado el tema de Honduras fue abordado en privado por los cancilleres de la OEA. Por la tarde se llevó a cabo un foro sobre Verdad, Justicia y Reconciliaciòn en Honduras, donde representantes de la sociedad civil hondureña y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, disertaron sobre la problemàtica.

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