Por Pablo Jofré Leal *
A dos meses del terremoto y maremoto, que azotó la zona central del país, los efectos del desastre natural se siguen sintiendo con intensidad en múltiples planos; pero con el claro objetivo oficialista de poner en el centro de la responsabilidad política a la ex presidenta Michelle Bachelet.
Uno de esos planos tiene que ver con el inconcluso cruce de acusaciones entre el Servicio Oceanográfico de la Armada (SHOA) y la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) que a través de sus dos ex directores: el destituido comandante Mariano Rojas y la renunciada periodista Carmen Fernández asignan responsabilidades a una y otra institución. El pasado 20 de mayo Mariano Rojas a pesar de asumir la responsabilidad que le cabía al SHOA señaló, ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados
Sobre el desastre Natural, que la alerta tendría que haber sido dada por la ONEMI de acuerdo al protocolo de emergencia que existe frente a este tipo de situaciones. Lo que no profundiza el destituido oficial es que la alerta de Tsunami fue levantada por el propio SHOA según las imágenes y grabaciones que se han podido observar.
Según Rojas, ante la alerta dada por el SHOA a la ONEMI, ésta debería difundirla a la población, todo esto conforme al Plan de Protección Civil, Decreto 156, que derogó el Plan de Emergencia Nacional "junto con esto, las autoridades locales deben activar el plan, si no se ha activado, en su fase de evacuación a zona segura" puntualizó el ex oficial. Dicha afirmación se contradice abiertamente con las declaraciones efectuadas a la misma Comisión por la ex Directora de la ONEMI, Carmen Fernández quien señaló que las informaciones entregadas por el SHOA fueron confusas. Afirmación que coincide con las primeras declaraciones del propio Comandante en Jefe de la Armada quien reconoció el error de levantar la alerta de tsunami y destituyó a Rojas. Lo paradójico de todo esto, por usar un concepto amable, es que la propia Armada, en base a sus protocolos de seguridad hizo zarpar a la escuadra nacional mar afuera en base a la información que poseía, lo que genera la interrogante del por qué levantar una alerta y al mismo tiempo generar acciones destinadas a proteger sus bienes.
Para parlamentarios como Pepe Auth las declaraciones de Rojas dejaron más dudas que certezas y una sensación de insatisfacción y que en base al sumario realizado por la Armada, es que no habían antecedentes lo suficientemente concluyentes para cancelar la alerta, "porque para cancelarla tenía que haber la más absoluta certeza y esa certeza no había bajo ningún punto de vista" afirmó Auth. En cambio, para el diputado Gustavo Hasbún las declaraciones de Rojas, si bien reconocen su responsabilidad demuestran mucha valentía, dejando al descubierto la escasa comunicación entre el SHOA y la ONEMI y la necesidad de aclarar las responsabilidades de la ex Directora de ese organismo y del subsecretario del interior, Patricio Rosende.
El objetivo es otro
Los dardos fueron lanzados, principalmente contra Fernández, que para los parlamentarios oficialistas la defensa profesional de la ex directora de la ONEMI "ha sido débil y no contestó satisfactoriamente las preguntas que se le formularon. El testimonio de la ex directora del organismo deja clara la responsabilidad del mismo en no haber entregado un aviso oportuno de la existencia de tsunami, debido al desorden y descoordinación que existía en su interior" apuntó Hasbún.
Las posturas asumidas por los parlamentarios, de acuerdo al sector político al cual pertenecen dan cuenta del organismo al cual defiende. La derecha se ha cuadrado con la Armada y el SHOA, asignando la mayor responsabilidad a la ONEMI por no alertar a la población de la posibilidad de tsunami. La Concertación se ha cuadrado con Carmen Fernández y la ONEMI - pues eso también es proteger a Michelle Bachelet - asignando la responsabilidad mayor al SHOA en su decisión de levantar la alerta de tsunami.
Esa doble responsabilidad es la que se ha estado imponiendo y prueba de ello son las declaraciones del Comandante en Jefe de la Armada Edmundo González quien junto con reconocer que en la madrugada del 27 de febrero él estaba en su casa tras relajarse por el levantamiento de la alerta de tsunami, reafirmó la línea discursiva de la Armada en orden a que el procedimiento para decretar la alerta fue el correcto, pero que el levantamiento de la alerta fue "apresurado". Al decir del viejo adagio "ni esto ni lo otro sino todo lo contrario". Sin embargo, el alto oficial también responsabilizó a la ONEMI de los hechos, pues la información, según el González fue entregada y estuvo en pie por una hora cinco minutos. Y eso implica en el campo del juego político de las responsabilidades, tal como en el poker, tu Directora por el mío y otro más, que es el que aún se está buscando, pretendiendo en ello alcanzar la figura de la ex mandataria.
Para el analista Cristian Meneses "más allá de valentías individuales de reconocer o no responsabilidad política, profesional o institucional lo importante radica en poder mejorar aquello que falló en este desastre natural. Una de esas mejoras tiene que ver con los ámbitos de decisión y competencia que cada uno de los organismos del estado deben tener, no sólo en situaciones como las del 27 de febrero, sino de cualquiera que signifique alarma pública o la urgencia de movilizar a diversas organizaciones en beneficio de la población, de su seguridad o de su ayuda"
Según afirma Meneses "sacar cuentas política mínimas no le hacen ningún bien la país, el ganador o el perdedor de esta batalla entre el SHOA y la ONEMI no son sus ex directores, quienes, sin duda han sufrido el escarnio público pero, el efecto mayor está en la sociedad y en sus instituciones que han perdido un prestigio que costó muchos años consolidar. Se requiere trabajar por mejorar el sistema de comunicaciones civiles y militares que posee nuestro país, pero también trabajar por un tejido social que vuelva a sacar a flote los conceptos de solidaridad, respeto por el prójimo y una práctica de civismo perdida entre saqueos, acaparamiento y conductas socialmente egoístas"
A la luz de los antecedentes que se han presentado, los que conoce la ciudadanía profusamente través de videos ad hoc, grabaciones de video en la ONEMI, que muestran a la presidenta, a grabaciones radiales que dan prueba de las opiniones técnicas del SHOA respecto a que no había indicios de Tsunami, lo que se vislumbra en toda esta discusión es una pelea de doble vía: el responsabilizar políticamente a la ex Presidenta Bachelet por las acciones y omisiones tanto del SHOA como de la ONEMI, por parte de los partidos de la derecha, hoy gobierno, como también de la defensa irrestricta por parte de la Concertación frente a lo que se considera el intento de asesinato de la imagen de la ex presidenta Bachelet.
Lo que queda claro de las imágenes mostradas es que la máxima autoridad del país en ese momento parecía ser la única con voz para pedir explicaciones, antecedentes, transporte para ir a la zona del desastre, presencia de funcionarios civiles y militares en momentos que dos tercios del país vi el terremoto más devastador en cincuenta años, era la presidenta Michellle Bachelet. Allí no estaba ni el Comandante en Jefe del ejército, ni de la Aviación, ni el General Director de Carabineros, ni el relajado y hogareño Comandante en Jefe de la armada, la que estaba la autoridad máxima del país.
Para el diputado UDI, Gustavo Hasbún a la ex Presidenta le faltó liderazgo para enfrentar la situación de emergencia que se vivía. "¿Y sabes dónde lo puedes ver? Que la Presidenta dice ‘me gustaría ver acá el de la Armada’ ¿Pero cómo "me gustaría"? Si ella es la Presidenta de la República, no debería haber pedido que hubiera alguien allá, ella debió haber exigido que debió haber estado alguien en el caso de la Armada y la Fuerza Aérea". Ya sabemos que después de la guerra todos suelen ser generales.
Para el diputado Pepe Auth las expresiones, como las de Hasbún reflejan un delirio persecutorio, señaló el parlamentario. "Pretender responsabilizar a quien se hizo responsable, a quien estuvo al pie del cañón, a quien se desplazó allí donde estaba el problema, a quien demandó a las instituciones pertinentes que le entregaran la información adecuada, creo que no sólo es una irresponsabilidad y una injusticia, sino un delirio".
Según información entregada por la Fiscal Solange Huerta, a cargo de la investigación de la fallida alerta de tsunami del terremoto del 27 de febrero, el plazo impuesto para entregar el informe definitivo será de 6 meses de tal forma de entregar resultados, que determinen responsabilidades y eventuales ilícitos. Así lo confirmó el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien señaló que la investigación, llevada a cabo en cinco regiones es "larga y compleja" y podrá transparentar "si hubo o no ilícitos".
A tres meses del desastre, en un país que comienza poco a poco a levantarse, una de las instituciones: la ONEMI, espera con ansias esa investigación, que le permita comenzar poco a poco a poco la cabeza. Herida, magullada y con una decisión gubernamental sotto voce de no levantar un dedo en defensa de la imagen de la otrora institución modelo en materia de emergencias y ayudas. Ello explica la manifestación de gran parte de su funcionarios metropolitanos, afincados en el céntrico barrio del Club Hípico, quienes salieron a la calle a protestar "por los despidos arbitrarios y por el lapidario juicio público que ha recaído sobre la institución por los errores tras la catástrofe del 27 de febrero".
Para el presidente de la asociación de funcionarios de esta entidad, Marcos Dinamarca "No podemos ser una sociedad bipolar y plantear que todo está malo o todo está bueno. Aquí se le ha atribuido toda la culpa a la Onemi y la responsabilidad es del sistema completo. Fallaron las Fuerzas Armadas, el Gobierno, las comunicaciones del área privada y, por supuesto, nosotros mismos", remarcó el dirigente. En ese sentido, añadió que "nosotros somos los primeros en reconocer que la Onemi tuvo fallas frente a la catástrofe, pero no es menos cierto que nuestros funcionarios estuvieron desde el primer minuto aquí trabajando para atender a las víctimas, lo que demuestra su esfuerzo y compromiso". Ante esta situación, los trabajadores solicitarán concurrir a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga las responsabilidades de los organismos del Estado, para entregar su versión de los hechos. "Nosotros queremos ser parte del diagnóstico y también de la solución" concluyó el dirigente.
El análisis fino de este conflicto entre instituciones del Estado, avalado por las declaraciones del oficialismo y la oposición - según sea la inclinación de sus adhesiones - indican que los dardos están lanzados a la figura de Michelle Bachelet, que a pesar de toda esta campaña su imagen favorable se mantiene muy en alto. Esto ha encendido las luces de alarma en los pasillos gubernamentales respecto a si es conveniente, a cuatro años de las próximas elecciones presidenciales, seguir machacando a la figura política con más alto nivel de adhesión que ha tenido el país. La decisión parece ser buscar responsabilidades menores y en ello no podemos más que compadecernos de la Sra. Carmen Fernández y del ex Director del SHOA.
* Corresponsal de Adital en Chile
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