Coyuntura política en Chile

Adital

Por Pablo Monje-Reyes*

Artículo 1:
El estilo de la derecha: privilegiando al gran empresariado e ignorando las comunidades regionales y locales

Hace unos días nos informamos por la prensa que el gobierno de la derecha, mediante una circular del Ministerio del Interior, daba a conocer la implementación del programa "Manos a la Obra".

Tres grandes y conocidas empresas del rubro del retail de la construcción fueron designadas directamente como proveedoras, para surtir de insumos a los municipios afectados por el terremoto y tsunami del pasado 27 de febrero.

La polémica se inició poniendo en duda la legitimidad de la transacción sin licitación pública. Esto se despejó a la brevedad, pues nuestro ordenamiento jurídico permite al Estado realizar contratos directos de aprovisionamiento en estado de catástrofe.

Sin embargo, que la medida sea jurídicamente válida no significa que sea adecuada en términos socio - políticos, principalmente por tres razones. Primero, la reconstrucción de las regiones afectadas no consiste sólo en levantar y reparar las casas. Consiste también en levantar las economías regionales y locales, que perdieron su dinamismo por la catástrofe. Segundo, la medida privilegia la concentración de la riqueza y del poder, e incrementa las desigualdades sociales, indicadores en los que Chile es top ten en el mundo. Quizás después del terremoto subiremos algunos puntos en el ranking mundial de desigualdad. Por último, la medida deja instalada la duda sistemática y permanente ¿las decisiones del gobierno velan por los intereses de las comunidades regionales y locales, o son la oportunidad para privilegiar a los grandes grupos empresariales?

Desde el punto de vista de las dinámicas de desarrollo regional y local, esta medida es simplemente nefasta. ¿Por qué? Primero, las economías regionales y locales no se podrán dinamizar, ya que participarán marginalmente de la asignación (de hecho, no tendrían participación alguna si no fuera por la denuncia en los medios de comunicación). Segundo, la medida privilegia los grandes contratos de abastecimiento, dejando de lado las cadenas productivas regionales y locales, que generan empleo y utilizan insumos regionales y locales. Por último, el margen de ganancia de estas transacciones por abastecimiento no vuelve a las regiones y localidades, porque se materializa en las contabilidades nacionales de estas grandes empresas.

Por tanto, por donde uno analice, este tipo de medidas traerá consigo, en el mediano plazo, mayor depresión a las economías regionales y locales. Se podrá reparar y reconstruir casas, pero no habrá recursos suficientes para la satisfacción de necesidades de vida, porque los recursos del Estado caerán en manos de quienes más tienen y no en quienes más los necesitan.

Paradójicamente, este tipo de soluciones trae consigo una cuestión que ya venimos advirtiendo: unos pocos lucrarán y se harán más ricos y poderosos con el sufrimiento y calamidad de nuestros hermanos de la región del Maule y del Bío Bío.

La pregunta que los sectores progresistas debemos responder es ¿Cuál es la alternativa frente a este tipo de formas de ejercer el poder?. Para una reconstrucción efectiva, que no sólo pase por las necesidades materiales de las personas, cuestión en si misma fundamental, debemos pensar en cómo fortalecer las redes productivas locales y regionales. Estas redes productivas siempre han existido, pero hoy es imposible percibirlas porque están impedidas de producir debido a las pérdidas patrimoniales, de capital simbólico y productivo.

Es necesario instalar formas de organización productiva que partan de principios distintos a la generación de la renta individual, que hasta el día de hoy ha sido dominante en la sociedad chilena. Debemos pensar en la organización de empresas cooperativas, en donde el Estado, por medio de los  Gobiernos Regionales y Municipales, participe con capital, las comunidades locales participen con mano de obra, las universidades regionales aporten  conocimiento y tecnología, y las ONG entreguen formación y aprendizajes socio - productivos.

El desarrollo de estas formas de organización económico - productivas apuntan a fortalecer los principios de la solidaridad e igualdad social entre pares. Consecuentemente, fortaleceremos una sociedad más democrática y popular, que tanta falta le hace a Chile.

Cullipeumo, abril 2010.
[*Administrador Público, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Profesor de la Escuela Latinoamericana de Postgrado de la Universidad ARCIS - Chile].

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Artículo 2:
Técnicos y Políticos
Por Álvaro Cuadra**

Las autoridades del nuevo gobierno, encabezado por el señor Sebastián Piñera, han privilegiado una supuesta neutralidad tecnocrática  como fundamento de sus primeras medidas y en el nombramiento de sus colaboradores. De algún modo se ha querido oponer  la virtud de lo técnico a los vicios de lo político. El argumento no sólo es falaz y demagógico sino que no resiste el más mínimo análisis. Por de pronto, hagamos notar que da la casualidad de que todos los presuntos "expertos" designados por el primer mandatario poseen una identidad política  más que definida que los enmarca en la derecha empresarial y han sido nominados, precisamente, en virtud de ella.

Cualquier persona medianamente instruida sabe que el orden tecno-económico concierne, en lo fundamental a la asignación de bienes y servicios, y al modo de organizar su producción. Su lógica inmanente no es otra que la racionalidad funcional. Su finalidad no podría ser otra que la eficacia y la eficiencia mediante la articulación de medidas para minimizar costes y maximizar beneficios. El orden político, en cambio, es el campo donde se juega el poder social, el uso legítimo de la fuerza y la regulación de los conflictos. Su lógica propia es la legitimidad, su ideal democrático es la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos.

Ahora bien, la administración del poder político, en sociedades cada vez más complejas, como la nuestra, posee dimensiones administrativas de orden técnico, La administración política adquiere así un tinte, en apariencia, tecnocrático. No obstante, el hecho de que la política contemporánea se presente bajo modos tecnocráticos no significa una extinción de lo político propiamente tal. De hecho, puesto que la acción política se ocupa, justamente, de la tensión permanente entre fuerzas e interesas, estatuyendo principios de autoridad, las decisiones últimas son, ineluctablemente, decisiones políticas revestidas de la legitimidad que otorga una ley o un acuerdo y no por una racionalidad tecnocrática.

El argumento que opone lo técnico a lo político es un típico argumento de derecha, pues reviste de un barniz de racionalidad un conjunto de decisiones que apuntan a consolidar en Chile un maridaje explícito entre el gran capital y el Estado. Dicho en términos muy sencillos: Cuando un político, como el actual presidente, apela a una pretendida neutralidad de orden técnico, como vector fundamental de su acción de gobierno y en la composición de su equipo, resulta evidente que estamos ante una forma subrepticia de legitimar decisiones políticas. Si bien este tipo de argumentos han sido refutados hace decenios, no han perdido su eficacia como estrategia comunicacional; de suerte que  la ingenua idea de una política en manos de "técnicos expertos" es, todavía, atractiva y digerible para el "sentido común" de grandes públicos, cuando es esgrimida por algún sagaz demagogo.

[**Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS].