Rebelión
Por Dardo Justino Rodríguez *
En la región, los ataques de todo tipo contra defensores de derechos humanos y del ambiente, han ido creciendo en los últimos años. Desde amenazas a sus personas y familias, hasta agresiones físicas, fake news y asesinatos, son la constante en toda la región.
No son tiempos fáciles para quienes defienden la vida y el ambiente en los países del área centroamericana, en especial en los que integran el llamado Triángulo Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala.
Con las fake news los han estigmatizado y difamado, y cuando ello no fue suficiente, aplicaron el lawfare con energía y decisión dignas de mejores causas, siendo arrestados, enjuiciados y condenados en la mayoría de los casos.
Incluso cuando todo ello resultó insuficiente, apelaron y apelan a los asesinatos selectivos de líderes y lideresas comunitarios y étnicos. Desde el asesinato de la referente lenca Bertha Cáceres en Honduras, hecho cometido en marzo del año 2016, en ese país se han producido 39 homicidios de dirigentes y referentes por el derecho a la vida y el ambiente. Todos ellos impunes.
A esa cifra deben sumárseles jóvenes dirigentes garífunas, secuestrados por elementos con uniformes policiales, que nunca volvieron a aparecer y cuyos destinos se desconocen.
Entre las principales víctimas se encuentran dirigentes campesinos y étnicos, abogados y periodistas que accionan en defensa de la vida y del ambiente.
En el Día de la Tierra, celebrado el pasado 22 de abril, la ONG Alianza por la Solidaridad-Action Aid, denunció la falta de compromiso de los países de América Latina y el Caribe con el acuerdo internacional de Escazú, auspiciado por la ONU.
Ese Acuerdo, adoptado en 2018, tiene como finalidad el garantizar la seguridad de las personas y los grupos defensores de la vida y el ambiente. Sin embargo, sólo fue ratificado por 12 de los 46 países y territorios de la región.
De hecho, no han firmado algunos de los que más embates registran contra líderes y referentes de las luchas en defensa del ambiente, entre ellos Guatemala y Honduras.
“La mercantilización de los recursos naturales cuesta vidas de muchas personas, las asesinadas y las que son encarceladas durante años, como el guatemalteco Bernardo Caal Xol, a las que hay que recordar en días como éste (…)”, señalaba el 22 de abril la española Almudena Moreno, responsable de Desarrollo Sostenible de la ONG Alianza por la Solidaridad-Action Aid.
En marzo pasado, a través de un foro digital denominado “Cuando la justicia se trasforma en injusticia”, la Mesa Redonda América Central-Alemania, se presentó el informe “Criminalización de personas defensoras de derechos humanos en Centroamérica”.
Algunos de sus datos son verdaderamente alarmantes, pero no son novedad para quienes siguen de cerca esta problemática. A las agresiones de todo tipo que sufren ellos y sus comunidades, se suman la coartación de la libertad de expresión, que complementa las fake news emanadas desde los sectores del poder real, la destrucción del tejido social de las comunidades, cooptando sectores mediante dádivas y quebrando, de esa forma, la solidaridad común.
Asimismo, sufren la militarización y la constante vigilancia por medio de personal castrense, policial o con elementos propios de las comunidades, cooptados para oficiar de verdugos de sus propios vecinos.
Estos grupos atacan e intimidan de forma continuada, incluyendo la destrucción de cultivos familiares o comunitarios, amparados por un sistema de impunidad que los protege de cualquier acción judicial.
Las élites que concentran el poder utilizan esa impunidad para protegerse, proteger a sus esbirros, mantener sus privilegios intactos y castigar a quienes se les oponen.
“La criminalización es la utilización de marcos jurídicos, de estrategias, de acciones político-judiciales con la intención de dar un tratamiento de ilegítimo o ilegal a la defensa de los derechos humanos”, señaló Anabella Sibrián, directora de Protection International Mesoamérica en Guatemala, participante del citado foro.
Para otro de los partícipes en ese evento, el abogado hondureño Edy Tábora, director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) “en Honduras, después del golpe de Estado de 2009, se implementó un modelo de despojo que vino a modificar el marco legal relacionado con los concesionamientos de los recursos naturales, y también se implementó un modelo político que vino a afectar a toda la ciudadanía”.
El encarcelamiento en prisión de máxima seguridad por participar en manifestaciones, personas defensoras del medio ambiente en prisión preventiva por años, prohibición de organizaciones de derechos humanos, persecución de la protesta pacífica, son algunas facetas de la criminalización creciente de las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente en el triángulo norte de Centroamérica.
Lo que distingue la criminalización de otros ataques, es el uso selectivo de las leyes contra los defensores de la vida y el ambiente. Esto da a la represión una falsa apariencia de legitimidad, provocando que las personas perciban con claridad, la omnipotencia del Estado y de las mega-empresas.
El caso de Sonia Sánchez, una defensora de derechos humanos de la Organización de Mujeres de Santo Tomás en El Salvador, es “ejemplificador”, pues ella y otros tres defensores, enfrentan acusaciones por el delito de coacción, por oponerse a un proyecto habitacional que afectará el medio ambiente en el municipio donde vive.
Incluso cuando se ganan las demandas y son absueltos de los delitos inventados para criminalizarlos, las persecuciones no cesan, pues las empresas continúan con sus amenazas, agresiones y ataques contra las viviendas, los cultivos o el ganado de las personas que se oponen a los proyectos destructivos del medio ambiente en sus entornos comunitarios.
Además, es importante señalar que no sólo atacan a los referentes, sino también a los pobladores que los siguen, con el objetivo de amedrentar colectivamente, para impedir que se organicen y actúen como comunidad.
El panorama, grave de por sí, empeora cuando no se ven posibilidades reales de que el poder real enquistado en los tres países del Triángulo Norte, vaya a ceder en sus posiciones. Por el contrario, se prevé una profundización de sus acciones represivas, amparado en una impunidad casi total. Los movimientos sociales, a pesar del creciente apoyo internacional, no tienen, todavía, la capacidad y el poder suficientes para revertir radicalmente la situación.
* Dardo Justino Rodríguez. Analista y consultor independiente de organizaciones y organismos internacionales. Director para Honduras de Presagio Consulting.
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