Por Sara Lovera
La condición de las mujeres, más pobres, con menos oportunidades de desarrollo, agotadas por el trabajo de cuidados, sin libertad y violentadas a lo largo de su vida, reproduce las brechas de desigualdad en América Latina y forma parte de los nudos emergentes que impiden el desarrollo.
Urge así la institucionalidad y promoción de la política de género, la social, la del trabajo productivo y una cultura de derechos, no necesariamente de transferencias condicionadas, porque América Latina es, también, la región más violenta del mundo.
Así lo planteó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al inaugurar el primero de octubre, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América Latina, que arrancó a las 7 de la mañana en el Palacio Nacional, durante "la mañanera" cotidiana del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Les dijo a los ministros de desarrollo social de la región: "Ni una más", ya que CEPAL ha contabilizado 1.900 asesinatos de mujeres cada año en la región, a excepción de los países del Caribe, y refirió que un problema central es el embarazo en adolescentes, por lo que llamó a cerrar las brechas de género y aumentar los porcentajes de gasto en salud y educación. Destacó que en la región hay 184 millones de personas en pobreza; que entre 2002 y 2014 se logró detener el crecimiento de pobres, pero en los últimos tres años, se alentó, incluso creció. En estos datos, son mucho más pobres las mujeres, la niñez y la adolescencia; es uno de los grandes desafíos.
Propuso una cruzada de cambio cultural porque la violencia contra las mujeres se ha "naturalizado". Así, estudios estadísticos señalan que mujeres de 15 a 49 años consideran que está justificado que un marido golpee a su mujer, entre los porcentajes que van de cinco, 10, 15 y hasta 25 por ciento de las consultadas. México aparece en esta estadística.
Luis Felipe López-Calva, director Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), planteó una nueva política social, señalando que se han empobrecido las clases medias, lo que ha generado una peligrosa polarización social. Criticó que se haga la falsa dicotomía entre política focalizada, sin considerar la universalidad: este es el principio y la focalización del instrumento.
Según los últimos datos de la CEPAL, en 2017 el número de personas en situación de pobreza en América Latina llegó a 184 millones, equivalente al 30,2 por ciento de la población, de los cuales 62 millones (10,2 % de la población) se encontraban en situación de pobreza extrema. En 2016, el 41,7 por ciento de las personas ocupadas en América Latina recibían ingresos laborales inferiores a los salarios mínimos nacionales, y este porcentaje era especialmente elevado entre las mujeres jóvenes (60,3 %).
La reunión para el intercambio de lecciones aprendidas y cooperación entre los países, reconoció que América Latina es el continente de la desigualdad, mayor que en cualquier otra región del mundo.
Bárcena, recién reconocida como Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, propuso crear un Sistema Nacional de Cuidados para "liberar a las mujeres" del cuidado a niños, enfermos, discapacitados, y darles oportunidad para que elijan, tengan libre albedrío y su derecho a escoger qué hacer con su vida.
Al presentar el documento central de esta conferencia, llamado "Nudos críticos del desarrollo social inclusivo", refirió que entre las más pobres están las indígenas, afrodescendientes y que en cada tramo de la desigualdad analizado, están en el piso más bajo las mujeres, los niños y las niñas.
También destacó tres aspectos trascendentes para México: no habrá disminución de la pobreza sin institucionalidad, el trabajo productivo y cambios profundos en las políticas de protección social. El trabajo como eje de la productividad y el combate a la desigualdad son asuntos, dijo, a largo plazo.
Eligió poner en el centro, como signo de la desigualdad, a la educación y destacó que a pesar de los mayores logros educativos que exhiben las mujeres en términos de años de educación alcanzados, todavía hay diferencias marcadas por sexo en términos de resultados de aprendizaje, lo que perjudica las trayectorias de las mujeres. Con la misma educación, reciben hasta 24 puntos menos salarios que los hombres.
Las niñas siguen rindiendo mejor en las mediciones de lectura, los niños obtienen mejores resultados en las de matemáticas y ciencias, lo que influye en los campos de estudio y de inserción laboral de sus trayectorias futuras. Hay una estrecha vinculación entre la educación y las oportunidades.
Violencia: los nudos emergentes
El documento señala que en la región se vislumbra una serie de desafíos emergentes y uno fundamental es la persistencia de las diversas formas de violencia. América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, algo inesperado dado su nivel de desarrollo económico, político y social.
La tasa de homicidios de la región es cinco veces mayor que el promedio mundial (22,1 homicidios y 4,4 homicidios por cada 100.000 personas, respectivamente). Las elevadas tasas de violencia no solo corresponden a homicidios, sino también a otras expresiones como asaltos e incidentes de violencia sexual.
La violencia en todas sus manifestaciones amenaza el presente y el futuro de las personas, en especial niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas indígenas y afrodescendientes, migrantes, lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), entre otras, coartando sus opciones, desintegrando el tejido social y debilitando la democracia.
En este sentido, es imprescindible reconocer como derechos ineludibles la seguridad y la vida sin violencia en todas sus manifestaciones, y encauzar un cambio cultural basado en la paz, la tolerancia y la valoración de la vida humana en toda su diversidad.
Subyace a este fenómeno, además, una tendencia a la naturalización de la violencia en las conductas y dinámicas de convivencia cotidiana, que afecta con especial dureza a niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Así, se puede observar que en varios países de la región (como Bolivia, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname), la proporción de mujeres de 15 a 49 años que consideran que está justificado que un marido golpee a su mujer alcanza niveles entre 10 y 15 por ciento. Estas concepciones son todavía más altas en las zonas rurales, si se compara con la población de las zonas urbanas (CEPAL/UNICEF, 2018). La manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres es el feminicidio. Según datos oficiales recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, 1.903 mujeres fueron asesinadas en 15 países de América Latina y tres del Caribe, en 2014.
Si bien la sigla LGBTI hace referencia específicamente a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, en este contexto debe entenderse también que engloba al resto de personas que se enfrentan a situaciones de violencia y discriminación por su orientación sexual, identidad de género y caracteres sexuales, sean aparentes o reales, y aquellas personas que se puedan identificar con otros términos.
Los medios de comunicación promueven y apuntalan que continúe la violencia generalizada y contra las mujeres. Se necesita reformas y nuevas visiones sobre las nuevas tecnologías de la comunicación.
Embarazo en adolescentes
El documento presentado por Bárcena señala que el embarazo y la maternidad en la adolescencia son retos que no han obtenido una respuesta apropiada por medio de las políticas educativas, de salud, de infancia y juventud.
En América Latina, la fecundidad en adolescentes es mayor que la esperada en vista de sus niveles bajos de fecundidad total, su condición de región de ingresos medios, sus altos niveles de urbanización y el grado de inserción de las mujeres en el sistema escolar.
La fecundidad en adolescentes es extremadamente desigual entre grupos socioeconómicos y las adolescentes que viven en situación de pobreza presentan niveles de fecundidad muy elevados, en comparación con otras poblaciones.
Lo mismo ocurre en el caso de la población rural respecto a la urbana, y de las personas indígenas y afrodescendientes en comparación con las no indígenas ni afrodescendientes. La información disponible muestra que, en seis de los 10 países de los que se cuenta con información, las tasas de maternidad en la adolescencia de la población afrodescendiente son en promedio 1,4 veces mayores que las de la población no afrodescendiente.
Brecha de género
La brecha de género se manifiesta en las profundas barreras que enfrentan las mujeres en su inserción laboral, ante la persistencia de la desigual división sexual del trabajo, en un escenario donde ellas asumen la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
En 2017 la tasa de participación laboral de las mujeres (50,2 %) seguía siendo muy inferior a la de los hombres (74,4 %). Se observa asimismo que, cuando las condiciones del mercado laboral son desfavorables, las mujeres se ven más afectadas que los hombres. Así, entre 2014 y 2017, la tasa de desempleo femenino aumentó 3,1 puntos porcentuales, llegando a 10,4 por ciento, mientras que la tasa de desempleo de los hombres se incrementó 2,3 puntos porcentuales, alcanzando 7,6.
Por otra parte, diversos análisis han mostrado que en América Latina el desempleo afecta más a la población indígena y afrodescendiente, en especial a las mujeres, lo que evidencia una vez más la interacción entre los ejes de la matriz de la desigualdad social.
Ello se refleja en las brechas de ingresos laborales por hora trabajada que se observan entre las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas en comparación con sus pares varones, así como con las mujeres y especialmente los hombres no indígenas ni afrodescendientes.
Esta diferencia se manifiesta incluso al mismo nivel educacional y aumenta significativamente entre aquellos que tienen 12 años o más de estudios. Los ingresos promedio por hora de las mujeres afrodescendientes ocupadas mayores de 15 años en cuatro países de la región en 2014 eran de 6,5 dólares, en comparación con un valor de 8,3 dólares en el caso de los hombres afrodescendientes y 11,4 dólares en el caso de los hombres no afrodescendientes ni indígenas, tendencia similar a la ilustrada con los ingresos medios mensuales.
En América Latina, el porcentaje de jóvenes mujeres que no estudian ni están ocupadas (31,2%), "entre otras cosas por el embarazo que a las jóvenes les trunca su vida", es el triple que el de los jóvenes de sexo masculino en la misma situación (11,5%), en tanto que el porcentaje de jóvenes en esa situación en las áreas rurales (24,9 %) es más alto que en las áreas urbanas (20%).
Este indicador es también mayor entre las mujeres afrodescendientes (34%) que entre las mujeres no indígenas ni afrodescendientes (26 %), los hombres afrodescendientes (15 %) y los hombres no indígenas ni afrodescendientes (13%).
Actualmente, alrededor de 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil en América Latina (OIT/CEPAL, 2018). El trabajo infantil es producto y, a su vez, origen de cadenas de desigualdad que se expresan tanto en el presente como a lo largo del ciclo de vida de niños, niñas y adolescentes que están en esa situación, afectando sus trayectorias educacionales y laborales futuras, obstaculizando el acceso a servicios y derechos básicos para su desarrollo integral y limitando sus opciones de participación plena y en igualdad de condiciones en las diversas esferas de la vida social.
La incidencia del trabajo infantil es más elevada en la población infantil afectada por otras exclusiones: es mayor en las zonas rurales, y entre la población indígena y afrodescendiente (CEPAL, 2018b). Todo lo anterior pone en evidencia, una vez más, el entrecruzamiento de los ejes estructurantes de la desigualdad social en América Latina y el Caribe.
Sistema de cuidados
Los países de la región necesitan avanzar en la creación o fortalecimiento de los sistemas de cuidados, para proteger y proveer mayores niveles de bienestar a niñas y niños, personas mayores, con enfermedades crónicas y discapacidad, así como a las personas encargadas de su cuidado, transversalizando un enfoque de derechos y de género en su diseño.
Las mujeres son las principales proveedoras de trabajo de cuidado no remunerado en los hogares y la debilidad de las políticas públicas de cuidado en la mayoría de los países de la región, junto a la persistencia de la actual división sexual del trabajo remunerado y no remunerado, se constituye en un obstáculo para su plena incorporación al mercado laboral y para la realización de sus proyectos de vida. Ello podría superarse con una distribución más equitativa de las labores de cuidado entre hombres y mujeres en los hogares.
Estas políticas debieran considerar la situación de las personas que requieren cuidados y sus cuidadoras, así como el conjunto de prestaciones relativas a los tiempos, recursos económicos, servicios y regulaciones vinculadas al cuidado. El avance en estas políticas es aún limitado en la región y demanda una atención prioritaria por parte de los sistemas de protección social.
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