Defensores del río Guapinol que está presos en La Tolva.
La jueza de ejecución Marleney Tercero, desde el 13 de septiembre, ha ordenado que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario cumplan la resolución del juzgado de jurisdicción nacional, en la que dicta que los siete defensores del Río Guapinol sean privados de libertad en el Penal de Olanchito, Yoro, y no en la cárcel de máxima seguridad La Tolva.
El abogado Carlo Jiménez, integrante de la defensa de los ambientalistas del Río Guapinol, explica que la jueza de ejecución detalla en su resolución ha habido una total violación al debido proceso, al que se enfrentan los siete ambientalistas, quienes fueron privados de libertad en la cárcel La Tolva desde el 3 de septiembre.
Si las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, es decir Rosa Gudiel y German McNiel, no cumple con la orden de traslado de los siete defensores del Río Guapinol estarían incurriendo en un segundo delito de desobediencia, señala el abogado Carlo Jiménez.
“El Instituto Penitenciario ya no tiene como obviar esta obligación de realizar este traslado de manera inmediata, es una segunda orden judicial; desde el momento que esta resolución fue emitida ha pasado más de un mes, es de considerar que el de delito de desobediencia ya está configurado”, apunta el abogado Jiménez.
Instalaciones de la cárcel de máxima seguridad La Tolva.
Familiares exigen traslado
Con un plantón frente a las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario en Tegucigalpa, familiares e integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, exigieron el traslado inmediato de los ambientalistas al centro penal de Olanchito, Yoro.
Juana Zúniga, integrante del Comité en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, manifiesta que mientras el sistema de justicia encarcela a los defensores, los criminales andan en las calles: “les han violentado todos sus derechos al ser trasladado a La Tolva, aislados de sus familias; llevan casi dos meses y solo una vez los hemos visto”.
Sin embargo, el sub director del Instituto Nacional Penitenciario, German McNiel, sin importarle las resoluciones judiciales, insiste que es a esa institución a quien le compete determinar a qué centro penitenciario se enviará el privado de libertad, de acuerdo a la capacidad de alojamiento.
“Estas cárceles –La Tolva- son las que no cuentan con sobrepoblación, en sentido cuentan para poder dar una privación de libertar digna para estas personas; esto no se trata de si uno manda más que el otro, es cuestión de competencias y es al Instituto Penitenciario que le compete”, expresa McNiel, quien no accedió a conversar con los familiares de los defensores del Río Guapinol, acusados por la empresa minera Inversiones Los Pinares.
En respuesta a la negativa de no dejar pasar la alimentación y los paquetes de aseo personal, German McNiel dice que la administración solo cumple fielmente con la normativa del sistema nacional penitenciario: “no encuentro motivo por el cual pudiesen llevarles comida”.
Por su parte, la ministra de derechos humanos, Karla Cueva, al ser consultada sobre los incumplimientos del Instituto Penitenciario, manifiesta que la institución que ella dirige solo está encargada de velar el cumplimiento de la normativa en materia de derechos humanos.
“Nuestro rol es hacer del conocimiento del Instituto la existencia de estas directrices emanadas de los órganos judiciales, para que ellos se manifiesten”, argumentó Cuevas.
Karla Cueva refirió que la defensa legal de los siete ambientalistas del Río Guapinol debe de acudir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), porque ellos son los que tienen la potestad de investigar quejas de violaciones o vulneraciones de garantías.
En ese sentido, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, asegura que ya están realizando una investigación sobre el caso, y que por el momento la única respuesta de las autoridades penitenciarias es que existe sobrepoblación en el centro penal de Olanchito.
“Nosotros seguimos insistiendo que estas cosas debemos verificarlas; por otro lado hay otra sentencia que a nuestro juicio debería de respetarse”, dijo Herrera Cáceres, afirmando que la investigación en proceso determinará si las autoridades penitenciarias han incurrido en abuso de autoridad y desobediencia.
Herrera Cáceres dijo que, junto al Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), están verificando las condiciones en el penal de Olanchito, teniendo en cuenta que lo primero es la dignidad de los seres humanos.
Organizaciones internacionales exigen traslado
Un total de ocho organizaciones internacionales enviaron una carta a Rosa Gudiel, Directora del Instituto Nacional Penitenciario, para exigir el cumplimiento de “las debidas garantías procesales y de las órdenes judiciales que garanticen el traslado inmediato” de los siete defensores del Río Guapinol, que son privados de libertad arbitrariamente durante casi dos meses.
De acuerdo a la información proporcionada por el Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en la carta se resalta que “la decisión de trasladar a los defensores a la cárcel de La Tolva es contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos recogidos en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”
Dicha carta también fue dirigida a la Corte Suprema de Justicia, y hacen ver que los defensores del Río Guapinol “viven en condiciones violatorias de sus derechos humanos incluyendo un régimen restrictivo y excesivamente burocrático de visitas y comunicación con familiares que les condena a la incomunicación”.
Los defensores José Daniel Márquez, Kelvin Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnol Javier Alemán Soriano, fueron acusados por la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Ministerio Público de incendio agravado, asociación ilícita, robo y privación injusta de la libertad.
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