Antes de la última década, el 1 de mayo era probablemente la única fecha del año que reunía a todas las fuerzas sociales y políticas opositoras sobre las calles de las principales ciudades del país.
La agenda era, invariablemente, contra el modelo de las mafias neoliberales encabezadas por el Fondo Monetario Internacional y sus secuaces locales, que empobrecen a la gente.
A la par de este lamento, había también una agenda política que reclamaba la expulsión de las bases militares de Estados Unidos y el cese a la penetración de los narcos en las instituciones del Estado.
Las mujeres, las juventudes, las primeras naciones autóctonas, las diversidades sexuales y los pequeños inversionistas tenían su pliego de demandas junto a los sindicatos y centrales.
Y las organizaciones de derechos humanos, también. Verdad, justicia y reparación eran los reclamos en medio de la masa trabajadora, de la que surgían generalmente las víctimas y los traidores, igualmente… como esos que acaban de premiar a un ministro atroz de la dictadura cruel.
Pero vino el golpe de Estado de 2009 y los fraudes monstruosos de 2013 y 2017, y entonces la ciudadanía en general superó todas las cifras de movilización pacífica de toda la historia nacional. Y dejó atrás las fechas especiales para salir a las calles.
Por eso hoy, incluso, podríamos afirmar que las principales fuerzas sociales y políticas de oposición están cansadas de movilizarse de modo pacífico cada semana, y a veces todos los días, como ocurrió entre julio 2009 y febrero 2010.
Por eso hoy decimos que son inconscientes aquellos que reclaman más reacción popular ante las nuevas tragedias sociales y políticas; generalmente eso lo dicen personas aspirantes a cargos de elección mendigando votos.
Entonces, mientras llega de nuevo la insurrección o la revolución, hay un gran receso en las calles desde marzo pasado, no podemos ignorarlo. Y entre tanto, una primera caravana de 800 personas decidió irse unida hacia el exilio en el Norte, sin visa ni permiso de nadie.
En realidad, casi nueve años de continua movilización en todas las ciudades de Honduras chocaron con un hecho irrefutable: el gobierno de Estados Unidos se quitó la careta como impulsor de la crisis. Washington quería una narco dictadura en vez de una democracia. Y así lo hizo.
El Pentágono y el Departamento de Estado gestionaron el golpe de 2009, dirigieron los fraudes electorales de 2013 y 2017, y organizaron el Estado de Honduras en carteles dóciles a sus mandatos mediante la forma de una dictadura político-militar.
En este contexto simple y brutal ocurre el 1 de mayo de 2018. Nosotras, por nuestra parte, desde esta columna vamos a darle aire a la exigencia de liberación de los prisioneros políticos de la dictadura y la demanda de justicia contra los responsables de los crímenes políticos de 2009 hasta la fecha.
Anunciar, a propósito, la visita esta semana próxima del relator de la ONU para los Derechos Humanos, que recorrerá el país con una agenda que debe producir juicios en el sistema penal internacional.
Si la comunidad internacional que interviene Honduras no es capaz de sancionar a los corruptos, narcos y criminales que controlan el Estado, nada es posible cambiar y el círculo de la violencia política regresará bien pronto.
Si la comunidad internacional no impide a las mafias nombrar a su gusto el nuevo fiscal o el viejo fiscal, entonces la próxima caravana de emigrantes será mayor huyendo de la impunidad. Y así, sucesivamente, huyendo de la violencia, huyendo de la inexistencia de empleo, huyendo de los sicarios, huyendo de los policías y soldados, huyendo de los corruptos malvados, hasta que Honduras pierda a la mejor generación de hombres y mujeres luchadores en democracia jamás antes conocida.
Este es el verdadero desafío que debemos plantearnos el 1 de mayo, cómo evitar que la generación formada en la lucha cívica y patriótica se nos vaya como es el deseo de los perversos.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 28 de abril 2018
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