Por Sandra Rodríguez
Se llevó a cabo un plantón frente al Ministerio Público (MP), donde un grupo de periodistas exigieron que se haga justicia por un ataque militar y policial sufrido hace siete años frente a Cada Presidencial.
Entre los mensajes que manifestaron los y las periodistas es que “soy periodista no terrorista”, asi mismo abogan por el respeto a la libertad de expresión, la liebertad de prensa y la derogación del aerticulo 335-B del Código Penal hondureño conocido también como “ley mordaza” que restingue la actividad periodística.
Eran trece mujeres entre ellas, la histórica defensora Gladys Lanza, que exigían investigación por el asesinato de la periodista Luz Marina Paz Villalobos, y lo que recibieron fue golpes y gases lacrimógeno, pese a que sólo iban a dejar una nota al entonces presidente Porfirio Lobo Sosa.
Las “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”, acompañadas por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), recordaron que el 13 de diciembre del año 2011, un contingente de la Guardia de Honor Presidencial y de la Policía Nacional, atacó con bombas lacrimógenas a un grupo de periodistas mujeres, auto convocadas a una movilización para censurar y protestar por el asesinato de Luz Marina Paz Villalobos, primera mujer periodista hondureña asesinada (acribillada) por sicarios, el día seis de diciembre de ese mismo año.
El 21 de diciembre de 2011, las periodistas y comunicadoras sociales, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en contra del entonces presidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014); del General René Arnoldo Osorio Canales, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y del General Andrés Felipe Díaz López, Jefe de la Guardia de Honor Presidencial.
Lamentaron que la Denuncia No. 2739-11, por tratos crueles e inhumanos, va de una fiscalía a otra, y más bien se ventilan sus testimonios. Actualmente es conocido por la unidad de defensores.
“El expediente sigue en etapa de investigación para determinar los delitos cometidos en la ofensiva militar y policial. El caso ha avanzado poco y sólo se ha llegado a determinar el nombre de una de las personas que participó en los hechos”, expresa el comunicado leído esta mañana.
La negación no sólo es de justicia, sino de información, pese a que una de las atacadas, Wendy Funes, hizo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, según denunció. El caso está blindado con la Ley de Secretos Oficiales.
En el marco del Día del Periodista Hondureño (25 de mayo), las periodistas y comunicadoras sociales, víctimas de la represión y la impunidad, exigieron al MP la desclasificación inmediata del Estado de la información reservada de la denuncia, para conocer, en su condición de víctimas-denunciantes, los avances de las investigaciones.
También requieren una explicación congruente por parte de las autoridades estatales que dirige el impuesto ilegalmente Juan Orlando Hernández, del por qué no hay avances en este atentado contra la libertad de expresión.
Las periodistas acompañadas por C-Libre, solicitan que se deduzca la responsabilidad a sus atacantes.
Silencio para periodistas que no callan
Al agotar las instancias internas queda ir ante organizamos internacionales, para que no quede el caso en la impunidad, pues no hemos encontrado justicia, considerando que estamos en un régimen dictatorial, denunció la periodista de Reporteros de Investigación, Iris Mencia.
El caso fue abandonado por el juez Carlos Griffin, porque dijo que nos conocía y no podía ser juez y parte, entonces lo tomó Soyara Morales, después alguien de nombre Mercedes y ahora está en otra fiscalía, explicó Mencias, quien sigue exigiendo justicia por Luz Marina Paz.
Fuimos atacadas, nos apartamos para ir a reponernos, lloramos de vergüenza y volvimos, por que eso es resistir, afirmó Iris. También tuvimos bajas, hoy no estamos todas, falta Gladys Lanza (fallecida el 20 de septiembre del 2016), y otras que se enfermaron desde entonces.
Las amenazas son casi permanentes, es difícil ejercer un periodismo independiente y alternativo en el país, que cuestiona las graves violaciones a derechos humanos, lamentó la periodista de TeleSur y La Plaza, Gilda Silvestrucci.
Llamarnos al silencio es una estrategia del poder, debemos seguir adelante.
Quedamos señaladas y marcadas cómo periodistas inconformes con el sistema, comunistas, de izquierda, pero ejercemos un periodismo alternativo informativo para la población, afirmó Silvestrucci.
La actividad de protesta fue solidarizada por compañeros periodistas que también son víctimas constantes del sistema al mantenerse en un formato de denuncia.
Estamos jugando al cansancio, pero ya nos hartamos, incluso he sido atacado al aire, hay videos y otras pruebas pero la policía no da con loa responsables, lamentó César Silva, del canal Une Tv.
Por su parte Dassaev Aguilar de Hispan Tv, tras ser tacado por la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en una cobertura de la crisis post electoral, acudió al sistema nacional de protección para defensores/as de DDHH, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, y tres meses después “me dijeron que yo debo cuidarme solo, ellos no pueden hacer nada”.
La Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión, numeral 9, cita:
El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. (CIDH, 1999).
Honduras es uno de los países más peligrosos para defensores de derechos humanos entre ellos ambientalistas, indígenas y periodistas, según el informe presentado por C-Libre el pasado 13 de marzo, en el contexto del fraude electoral hasta enero del 2018 hubo 59 agresiones contra Libertad de Expresión, y 30 directamente contra la libertad de prensa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario