viernes, 11 de mayo de 2018

Acusado de usurpación campesino de Tutule espera Juicio Oral y Público



Por Sandra Rodríguez

El Ministerio Público formalizó este día la acusación contra el líder campesino e indígena lenca, Carlos López Cálix, señalado por el delito de usurpación de tierras, en la comunidad de Las Huertas, San Pedro de Tutule, La Paz.
Cálix estuvo cerca de cuatro meses en prisión, desde que el 18 de julio cuando una audiencia inicial el juez de Letras de La Paz, Hugo Danilo Torres Pérez, la convirtió en una audiencia de revisión de medidas y le decretó prisión preventiva junto a Samuel Edgardo López Martínez.

A partir del 11 de noviembre del 2017, Carlos y Samuel volvieron a sus hogares bajo medidas sustitutivas a la prisión. En cumplimiento de lo estipulado, debían ir a firmar el libro de registro en el Juzgado de La Paz, no acercarse al lugar de litigio, que es donde cultivan sus alimentos, no acercare al afectado -dueños de las tierras- ni salir del país.

Pero en esta ocasión, Carlos vino solo. Situación que lo hizo llorar y bacilar un poco en sus palabras, ya que Samuel de 34 años, fue encontrado sin vida el domingo 18 de febrero cuando volvía a Tutule en su motocicleta. Su muerte aun no es clara, pues se habla de una patrulla que esa madrugada le estaría dando seguimiento.

Mientras las representantes legales del caso, asumidas por Karla Alegría de La Vía Campesina y Karol Cárdenas del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), estaban en la audiencia preliminar, defensoresenlinea.com conversó con Carlos Cálix, quien siente temor de ir a ese palacio de Justicia, porque es el mismo lugar donde lo enviaron a prisión.

El temor no solo es en él, sino en sus compañeros de grupo, ya que el expediente 213-3-2010 del 20 de julio del 2010 solicita orden de captura contra los integrantes de la empresa campesina que dirigía Samuel López Martínez, ya fallecido.

Ya no estoy en la base campesina porque es una de las prohibiciones, tengo mis cultivos abandonados, a veces tengo que pagar mozos para que las cosechas no se pierdan, expresó Carlos, quien tiene esposa y tres hijos a su cargo.

Una de las peticiones que no le quiso tomar en cuenta el juez, es que en lugar de ir a firmar hasta el municipio de La Paz, le permita ir al centro de Tutule, pues sus escasos recursos económicos se complican estar viajando hasta la ciudad. “Si una vez no vengo, pueden decir que me vale y que estoy dejando de cumplir la ley”.

La persecución contra campesinos e indígenas en el departamento de La Paz  no cesa, al menos 700 personas de 49 bases campesinas son perseguidas judicialmente, según datos de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).

Yo no ando haciendo mal, más bien busco darle empleo a una o dos personas más, pero estar en estar procesado me hace difícil la situación, porque ahora ni puedo estar pendiente personalmente en los cultivos, explicó Carlos.

Par el grupo campesino “09 de julio”, la situación es dura, al faltarles varios compañeros, entonces los demás se ayudan entre sí. Tienen sembrado pataste, naranjas, yuca, café y demás frutas y hortalizas según la temporada.

“El gobierno en vez de ayudarnos, nos persigue, hemos sido víctimas de los desalojos más represivos de parte de la policía y si anda el dueño de las tierras se lleva lo que encuentra” declaró el campesino, cuya base ha sido desalojada en al menos 26 ocasiones.

Cabe señalar que, el grupo campesino ha buscado negociar la compra-venta de las tierras que son 32 manzanas, pero el dueño ha puesto una sobrevaloración, incluso existiendo estudios de costos de parte de entidades oficiales. “Don Carlos Benjamín Arriaga, nos está pidiendo seis millones de lempiras, pero no los tenemos”, afirmó Carlos.

Agradezco a las organizaciones de La Vía Campesina y el COFADEH, porque nos ayudan y representan legalmente, se mueven desde Tegucigalpa para venir hasta aquí, y todo eso es gasto, también está el apoyo de la CNTC, siempre pendiente de nosotros, puntualizó Carlos Cálix, quien quedó a la espera junto a las abogadas Alegría y Cárdenas a que se les notifique la fecha para el juicio Oral y público y demostrar la inocencia del campesino de 36 años.


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