Debido a que las amenazas contra los derechos humanos del pueblo hondureño no han llegado a su fin, una delegación de líderes religiosos y representantes de más de 40 organizaciones en 14 estados de los Estados Unidos, se encuentra por segunda vez en país. Estas personas llegaron la primera vez en enero de 2018, como parte de una delegación de emergencia durante la crisis postelectoral.
Claros que el Gobierno de los Estados Unidos, es en parte responsable de la crisis en Honduras, al reconocer el régimen de Juan Orlando Hernández, ésta delegación se ha trasladado a varias regiones del país para verificar la situación actual. Además están brindando un total respaldo al trabajo que desarrolla el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC-SJ y Radio Progreso.
La delegación llegó al país acompañando el regreso de seis defensores de derechos humanos, que viajaron a los Estados Unidos a diez ciudades para dar testimonio sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Entre los seis se encontraba el Padre Ismael Moreno Coto (Padre Melo), Director de Radio Progreso / ERIC.
Esta comisión se reunió con 14 senadores y miembros del Congreso estadounidense, así como con el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. Entre ellos, con el senador Dick Durbin, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado. El Padre Melo también se reunió con el autor de la Ley Berta Cáceres, Hank Johnson, Demócrata de Georgia, quien junto con otros 70 líderes del Congreso, esta co-patrocinando la Ley Berta Cáceres.
En una conferencia de prensa desarrollada en San Pedro Sula, la delegación estadounidense manifestó que la reciente cancelación del programa TPS muestra el rostro racista y discriminatorio de la administración Donald Trump, en su forma más repugnante. La decisión sobre TPS perjudica directamente a los hondureños en los Estados Unidos, muchos de los cuales han vivido allí durante casi veinte años, así como a sus familias en Honduras quienes dependen de su apoyo para sobrevivir.
En el comunicado resaltaron que “la administración de Trump está condenando a estas personas a regresar a un país que las administraciones estadounidenses anteriores han reconocido como una situación del infierno. La gente sigue huyendo de la violencia en Honduras, incluso cuando la administración Trump amenaza con deportar a más gente a esta realidad insostenible”.
“La mayoría de los refugiados que llegaron a la frontera con Estados Unidos para buscar asilo recientemente con la Caravana de migrantes, están escapando de la crisis política en Honduras. Es irracional e injusto eliminar las protecciones de TPS en un momento en el cual Honduras está sufriendo inestabilidad política”.
En el comunicado también resalta que el gobierno de los Estados Unidos ha contribuido a la crisis con sus propias políticas, incluido el apoyo financiero de la militarización de la sociedad hondureña a través de la ayuda militar y respaldando elecciones ilegitimas y fraudulentas de noviembre de 2017. Las políticas de la administración Trump hacen que sea casi imposible vivir en Honduras, incluso cuando pretenden deportar a más personas al peligro.
La delegación ha llegado a Honduras, en respuesta al llamado de la comunidad de fe para acompañar al pueblo de Honduras. Representan, entre otros, a la Fundación SHARE, Hermanas Religiosas Mercy, CARECEN - Los Ángeles y el Comité de Servicio Unitario Universalista. “Nuestras organizaciones representan a miles de personas en los Estados Unidos de muchas comunidades de fe y sociedad civil. Muchos de nosotros regresamos de la delegación de emergencia en enero”.
La Dra. Claire White, catedrática estadounidense y asociada a las Hermanas de San José, quien además es hija del diplomático Robert White, manifestó que invitaron a todos los líderes políticos estadounidenses y de derechos humanos a viajar a Honduras para observar directamente la realidad hondureña y varios de ellos están comprometidos a llegar al país. “Nosotros, la delegación, regresando a Honduras con los defensores de los derechos humanos, respaldamos las cinco recomendaciones que presentaron al Congreso de los EE.UU: 1) Liberar a los 22 presos políticos; 2) Poner fin a la ayuda militar de los Estados Unidos a Honduras; 3) Desmilitarizar la sociedad hondureña; 4) Aprobar la Ley Berta Cáceres y 5) Formar una comisión para investigar y responsabilizar a quienes hirieron y asesinaron a manifestantes pacíficos en el contexto de la crisis electoral.
El comunicado concluye diciendo que “nosotros, el grupo de organizaciones comunitarias basadas en la fe, hemos acompañado a esta delegación hondureña hasta su hogar, y esperamos y exigimos que no haya represalias o persecución por haber declarado sobre la responsabilidad de Juan Orlando Hernández y su régimen por las violaciones de los derechos humanos en Honduras. Estamos comprometidos a continuar visitando a Honduras en solidaridad hasta que estas demandas se cumplan. Volveremos a los Estados Unidos para invitar a más representantes de nuestras comunidades y nuestros legisladores a ver la realidad de lo que está sucediendo en este país y el papel que desempeña nuestro gobierno en la violación de los derechos humanos”.
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