Por Giorgio Trucchi
Celso Guillén, de 55 años, es un reconocido dirigente y defensor de derechos humanos de la comunidad garífuna de Guadalupe, municipio de Santa Fe, en la costa Caribe de Honduras. El pasado mes de abril fue detenido por la Policía en la ciudad de San Pedro Sula y puesto en una celda. A nada sirvió explicar que la orden de captura, que aún está vigente, se debe a que los operadores de justicia nunca notificaron su sobreseimiento a las demás instituciones. Lo que llama poderosamente la atención en este caso es la reiteración del error de parte de las fuerzas policiales. Después de ser absuelto de todo cargo, Guillén fue apresado tres veces, sufriendo maltrato psicológico y amenazas.
“El año pasado me detuvieron dos veces. La segunda vez, regresando de la ciudad de Tela, me agarraron, me apretaron las esposas muy fuerte y hasta me amenazaron con golpearme. Finalmente me liberaron gracias a la OFRANEH, que de inmediato se comunicó con la OACNUDH [1] y la Fiscalía de Pueblos Indígenas que mandó las pruebas de mi absolución. Es una conjura la que el Estado, a través de los operadores de justicia, ha montado en contra de todos los compañeros y compañeras que fuimos judicializados por los canadienses”, dijo Celso Guillén a Alba Sud.
Guillén, junto a otros miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), había sido demandado hace dos años por el supuesto delito de usurpación de tierras en contra del ciudadano canadiense Patrick Daniel Forseth, gerente general y representante legal de la corporación Carivida S.de R.L., para muchos la cara visible de Randy Jorgensen, CEO de Life Vision Developments. Con más de 600 hectáreas de tierra frente al océano donde desarrolla proyectos de viviendas con fines turísticos, Life Vision Developments es el mayor promotor inmobiliario en Trujillo, zona que ya fue rebautizada como la “Pequeña Canadá”.
El origen de la persecución
En 1998, como resultado de la lucha de OFRANEH y la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) por la titulación y la demarcación de los territorios ancestrales, el Estado de Honduras tituló casi todas las tierras de las comunidades garífunas. Ese mismo año se entregó el título definitivo de dominio pleno sobre casi 240 hectáreas a la comunidad de Guadalupe, que fue inscrito en el Registro de la Propiedad dos años después. Amparada por la ley, la comunidad de Guadalupe instó a las autoridades municipales a respetar el título definitivo, absteniéndose de realizar nuevas e ilegales desmembraciones, así como otorgar dominio pleno sobre parte del territorio comunitario.
En el año 2000, en la comunidad surgió la idea de destinar un predio de 3,3 hectáreas, denominado “Luba Satuyé”, para la realización de un proyecto de turismo comunitario orientado al fortalecimiento de la condición económica de las mujeres. Debido al atraso en el desarrollo del proyecto fue necesario buscar a alguien que cuidara el terreno y los materiales de construcción. Lamentablemente, la persona escogida fue apropiándose del lugar y, en contubernio con un juez local y la municipalidad de Santa Fe, logró que se le reconociera un derecho de usucapión. Poco tiempo después vendió el terreno a Patrick Daniel Forseth.
A partir del 2012, los nuevos “propietarios” se adueñaron físicamente del lugar, cercándolo y destruyendo todo lo que se había comenzado a construir. Durante más de 3 años el área quedó prácticamente abandonada, hasta que un grupo de unos 50 jóvenes de la comunidad de Guadalupe decidieron recuperar lo que consideran “propiedad legítima de la comunidad garífuna”.
Sobre la costa garífuna hay una presión enorme. Aunque esté prohibido por la ley, empresarios nacionales e internacionales han venido apoderándose de tierras comunitarias para la construcción de proyectos turísticos. En el caso de Guadalupe, Guillén explicó que la comunidad ha quedado solamente con el casco urbano. “Desde la playa hasta la montaña ya fue vendida ilegalmente a los canadienses. Casi el 70% de las tierras comunitarias de Guadalupe ya está en manos ajena”, aseguró
En noviembre del 2016 se dictó orden de captura contra Medalime David, César Geovany Bernárdez, Celso Alberto Guillén y Cosme Ávila por el delito de usurpación de tierra. Medalime David fue apresada con violencia por elementos de la Policía Preventiva y la Fuerza Naval y encarcelada. Tras un rápido juicio, David fue sobreseída definitivamente. Meses después también Guillén y Bernárdez fueron absueltos tras pasar meses sometidos a medidas sustitutivas a la prisión. Sin embargo, el juez nunca notificó la sentencia, ni el retiro de la orden de captura a las fuerzas de orden público del Estado.
“En el juzgado de Trujillo hay una colusión entre los operadores de justicia y los canadienses en contra de nosotros. A partir de que se recuperó el predio se ha montado una persecución brutal. Todos fuimos absueltos el año pasado, sin embargo, no para el hostigamiento y la presión psicológica”, manifestó el dirigente garífuna.
“En octubre –continuó Guillén– fui capturado dos veces en menos de 24 horas y ahora se repite la misma historia. Fui a la Policía de San Pedro Sula a presentar una denuncia. Cuando enseñé mis documentos me volvieron a apresar y me inmovilizaron. Estuve retenido por más de 4 horas hasta que organismos de derechos humanos mandaron las pruebas de mi sobreseimiento”.
Guillén manifestó que ya se siente muy expuesto y teme por su seguridad. “Es una tortura psicológica, tanto para mí como para mi familia. Estoy cansado. Es evidente que usan estas artimañas como forma de inhibir nuestra acción y nuestro derecho a recuperar lo que es nuestro. Siembran la semilla del temor en la población para que no sigamos con nuestras reivindicaciones, que son justas y legítimas. La situación es difícil, pero no nos van a detener. Muchachos y muchachas, con el apoyo de la comunidad, siguen desarrollando su proyecto en el predio recuperado. Están sembrando, han levantado sus viviendas y resisten, aunque tengamos una justicia acomodada a los intereses del capital extranjero”, concluyó.
Notas:
[1] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
Este artículo forma parte del proyecto Turisme Responsable: una eina d'Educació per a la Justícia Global, ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona en la convocatoria del Programa de Educación para la Justicia Global 2017.
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