Por Sandra Rodríguez
Un militar retirado y representante de un partido político dirigido por un ex general de las Fuerzas Armadas (FFAA), propuso ayer ante el Congreso Nacional, volver al servicio militar obligatorio, después de 23 años de su abolición por violentar los derechos humanos en Honduras.
Con la creación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las FFAA tiene alrededor de 30 mil efectivos, pero el diputado del Partido Alianza Patriótica, Bernardo Enrique Medina Yllescas, presentó un proyecto de ley para que la cacería humana a través del reclutamiento se vuelva a imponer en jóvenes de 18 a 31 años, y que sea por un año.
Según el diputado, el objetivo de su propuesta es evitar que los jóvenes se involucren maras y pandillas y otros grupos delincuenciales y criminales.
Entre sus alegatos, el diputado expresó que en “la actualidad no se cometerían las injusticias y barbaridades como pasaba en los años 80”.
Pero si estamos peor que en los años ochenta, con esa propuesta solo se beneficia a los violadores de derechos humanos, y es que nunca se juzgó a esos militares que ahora están en puestos de asesoras el régimen. Bertha Oliva
A criterio de la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, volver al servicio militar obligatorio es continuar con la militarización que hoy el pueblo hondureño está enfrentando. Y desde luego que ese proyecto de militarización sólo beneficia a los violadores de derechos humanos.
Tendremos ya un proyecto oficial para continuar haciendo actos que atentan contra la libertad peores que en los años 80. Sólo en mentes dictatoriales es que miran lamilitarización de la juventud, como un puente para consolidar democracias.
Señaló que, los que reivindican la militarización son los que estuvieron en el proyecto de violentar la Constitución de la Republica en el 2009 al dar un golpe militar de Estado y el golpe militar electoral del 2017.
Ese proyecto se va a echar andar, afirmó Oliva, porque así como se ha implementado el proyecto “Guardianes de la Patria” (con el reclutamiento de menores en las escuelas primarias), hay toda una estrategia para ir domesticando a la niñez y juventudes, por lo que esa formación es parte de la estrategia, y vemos cómo se va cayendo la democracia en Honduras.
El servicio militar obligatorio fue disuelto en el año 1994 durante el gobierno liberal del extinto expresidente, Carlos Roberto Reina, cuando se estableció el servicio militar voluntario, el COFADEH fue propulsor para esta acción.
Las acciones que se han venido haciendo desde las FFAA continúan en la impunidad, y esas acciones son crímenes de lesa humanidad, como es el tema de la desaparición forzada de los 80 (el COFADEH registra 184 casos) y las ejecuciones arbitrarias y sumarias de esa década, y los recientes golpes de estado, también fueron escenario de crímenes de lesa humanidad, y no hay repusiera, desaparición, asesinato tortura.
El COFADEH ha acompañado casos contra militares violadores de derechos humanos, cuando el Ministerio Público, estaba ejerciendo su labor independiente y objetivo. Al inicio de esta institución. Hubo requerimientos fiscales contra militares que ahora están de asesores en materia de seguridad al actual régimen. Fueron bastantes, pero ninguno está preso, ninguno ha pagado por esos delitos, denunció la también integrante de la Convergencia Contra el Continuismo.
El MP no continuó con el ímpetu de ese momento, la apuesta nuestra encontrar los restos de nuestros detenidos desparecidos, encontrar respuesta y que se investigue quienes ejecutaban y financiaban esas acciones, afirmó la defensora de derechos humanos antimilitarista hondureña.
La Constitución de la República de Honduras establece en el artículo 276 que: Los ciudadanos comprendidos en la edad de dieciocho a treinta años, prestaran el servicio militar en forma voluntaria en tiempo de paz, bajo la modalidad de un sistema educativo, social, humanitario y democrático. El Estado tiene la facultad de llamar a filas, de conformidad con la Ley de Servicio Militar.
En Honduras ha habido un proceso de exculpar a los militares responsables de casos como asesinatos del niño Ebed Jassiel Yánez y ataque militar en Ahuás, La Mosquitia, ambos en mayo del 2012.
La impunidad se ha coludido con el accionar del Ministerio Público y el Poder Judicial, donde no hay resultados. En el caso de Ahuás no hubo declaración de la DEA, el jefe del as Fuerzas Armadas ni el Secretario de Seguridad, por lo que el resultado es “Impunidad”.
Mientras que en el de Ebed, solo hay uno preso, que seguro no está preso, y los de mayor rango fueron absueltos, detalló Oliva.
Por lo que, con el servicio militar obligatorio la situación va a ser peor, y esa solicitud va a prestar, por mucho que pataleemos va a ser un hecho, y debemos seguir haciendo nuestra labor.
Quienes tenemos convicción cívica, nunca vamos a estar de acuerdo que la militarización a la juventud va a resolver el problema de pobreza, corrupción e impunidad en Honduras, porque no es porque no hay militares, entre más militares hay más corrupción, son vanguardia en materia de corrupción, puntualizó Bertha Oliva.
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