El departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el pasado viernes la cancelación del Estatus de Protección Temporal, TPS, para más de 57 mil hondureños y hondureñas que desde hace más de 20 años están amparados bajo este programa.
La medida adoptada por el gobierno de Donald Trump, ha puesto en aprietos a miles de familias que han salido del país desplazadas por la violencia y falta de oportunidades.
A criterio de Patricia Montes, hondureña, directora del Centro Presente (organización que trabaja con temas de migrantes en Boston, Massachusetts), la decisión no es una sorpresa, pues es evidente que la misma es parte de una estrategia más amplia para reducir programas como el que ampara a jóvenes soñadores, y son medidas para eliminar la migración documentada y no documentada en los Estados Unidos.
Montes es una entrevista con Radio Progreso explicó que la decisión es complemento de un plan para seguir criminalizando a las poblaciones migrantes en Estados Unidos. Y que es consecuencia de políticas migratorias de gobiernos anteriores que se recrudecen con la llegada al poder del presidente Donald Trump.
Pocas alternativas
Las personas que tienen TPS y que son de Honduras estarán protegidas hasta el 5 de enero del 2020. Por lo tanto, tendrán que buscar otras alternativas para vivir en Estados Unidos.
Patricia Montes, dice que buscar alternativas para regularizar la condición de indocumentados será una misión imposible para los ciudadanos hondureños y centroamericanos. Explica que no todas las personas que están amparadas bajo el TPS, tienen las mismas posibilidades de regular su estatus.
Las personas con más posibilidades son aquellas que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años, estos pueden hacer la petición de legalización para sus familiares.
“Cada caso es diferente, pero en todos es necesario que un abogado experto en leyes de inmigración de Estados Unidos haga un diagnóstico, para saber realmente si tiene posibilidades de legalizar su estatus”, explica Patricia Montes.
El Estatus de Protección Temporal que el gobierno de EEUU eliminó amparaba a más de 400 mil personas de 13 países diferentes. El programa fue creado en 1990 y protegía a 439.625 personas, la mayor parte de América.
Estudios de organizaciones defensoras de los migrantes indican que de las más de 400 mil personas que están amparadas en el TPS, únicamente el 20% de esa población tiene posibles alternativas para regularizar su situación migratoria.
Gestiones
Aunque el panorama es adverso y el gobierno estadounidense se niega a respetar los derechos de las personas migrantes, existen organizaciones que trabajan dentro y fuera de Estados Unidos buscando alternativas para proteger a las familias migrantes que han ingresado a la nación norteamericana.
En ese sentido, Patricia Montes explica que las organizaciones trabajan bajo tres pilares: el primero laborar con organizaciones expertas en leyes migratorias, para explorar las vías alterativas que la población tiene, y así dar asesoría jurídica a las familias.
En segundo lugar, una estrategia legislativa. En este momento hay cinco proyectos de ley en el Congreso de los Estados Unidos, 4 conducen a buscar una residencia permanente para las personas amparadas bajo el TPS. “Pero la composición política hace que ese proceso legislativo sea muy difícil a raíz que el Congreso no tiene voluntad política para favorecer a las poblaciones inmigrantes indocumentados”.
Por último, el trabajo de educación e incidencia política; pues en Estados Unidos se desconoce la situación compleja que viven los países receptores. Esa estrategia trabaja en conjunto con organizaciones de la región. “Es necesario que los ciudadanos y las autoridades estadounidenses comprendan que los países, sobre todo los centroamericanos viven una situación compleja, son países expulsores de personas, y no están preparados para recibir el flujo migratorio que constantemente está siendo deportado de Estados Unidos”.
Responsabilidad
Los miles de ciudadanos y ciudadanas que han abandonado el país, no lo han hecho por gusto o placer. La falta de oportunidades, la situación política y la inseguridad son factores que obligan a miles de familias a dejar el suelo que les vio nacer. La situación y el flujo se elevaron con el golpe de Estado de 2009, pero con el fraude electoral de noviembre 2017 las cifras se dispararon.
Karla Rivas, representante de la Red Jesuita Con Migrantes, RJM, dice que los gobiernos tienen alta cuota de responsabilidad, porque deberían de garantizar el derecho a no migrar, asegurando las condiciones, políticas, sociales y económicas necesarias para una mejor calidad de vida.
“La migración es un derecho, pero no migrar también debe serlo. La gente debería tener esa posibilidad de ir y conocer cuando quiera hacerlo, no de manera obliga porque no hay trabajo o porque le están extorsionando su familia. Pero las condiciones de los Estados y los gobiernos autoritarios como el de Honduras, no permiten que ese potencial humano pueda desarrollarse en el país”, afirma Karla Rivas.
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