En el municipio de Arizona en el departamento de Atlántida, la población libera una de las grandes luchas en Honduras en defensa de los bienes comunes. Al pie de la cordillera Nombre de Dios, hace un año se dio inicio a la defensa del río Jilamito, amenazado por la instalación de una represa hidroeléctrica. A parte de su gran riqueza hídrica, este importante afluente representa un paisaje deslumbrante que deja impresionados a propios y extraños.
Fue el 15 de mayo del 2017 que la población de más de 16 aldeas de Arizona, decidieron instalar un campamento para defender el tesoro hídrico. Jilamito es uno de los pocos ríos que está quedando sin represar en el departamento de Atlántica, y representa la última fuente de agua dulce para las comunidades de dicho municipio, que en los últimos 5 años ha enfrentado una severa escasez de agua.
Para que el río Jilamito esté sin represar, las comunidades del sector organizadas en la iglesia católica y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, han mantenido una lucha pacífica de más de un año. A pesar de los hostigamientos, intimidaciones y violaciones a sus derechos humanos, tanto por parte de las instituciones del Estado, como de la empresa que pretende construir la hidroeléctrica.
Desde 2011 la empresa Inversiones de Generación Eléctrica Sociedad Anónima (INGELSA), propiedad de Emin Abufele, pretende desarrollar el proyecto hidroeléctrico Jilamito para la producción de 14.80 MW de energía, y que forma parte de tres proyectos hidroeléctricos instalados en Arizona, pueblo ubicado entre los municipios de Tela y La Másica, a 450 kilómetros de Tegucigalpa.
En este ritmo la población lleva 369 días vigilando que no suba aquinaria ni material para la construcción de la hidroeléctrica, que tiene permiso del Gobierno desde el año 2013, pero no tienen la autorización de las comunidades que desde sus ancestros cuidan y protegen el río Jilamito.
Municipio libre de minería e hidroeléctricas
Luego que el alcalde Adolfo Alfonso Paguada (2011-2017), abandonara de manera desesperada un cabildo abierto desarrollado el 20 de noviembre de 2015, la población de Arizona declaró el municipio libre de minería e hidroeléctricas y evidenciando el papel cómplice y servil del alcalde en ese entonces.
La dirigente comunitaria Claudia Lemus, aseguró que desde los primeros días de la instalación del campamento, fueron víctimas de constantes amenazas, ya que Ingelsa, que con el acompañamiento de la policía, instaló un retén para evitar que las personas llegaran al campamento en defensa del río Jilamito, sin embargo nada imposibilitó la lucha.
Recordó que el 29 de mayo de 2017 la Policía Nacional intentó desalojar violentamente el campamento. Ochenta efectivos que acompañaban a un grupo de unos 70 trabajadores y personas pagadas por INGELSA no sólo desmontaron lo que había instalado, accedieron a la comida en reserva para la cocina, golpearon y lesionaron a 2 jóvenes, robaron un celular a alguien que estaba grabando el hecho y detenían a los vehículos y a las personas que transitaban limitándoles el paso si decían que iban a apoyar el campamento.
Acusaciones y amenazas a muerte
Dos acusaciones, una por difamación y otra por usurpación de predios, tiene encima el alcalde de Arizona, Atlántida, Arnoldo Chacón, quien acompaña a las comunidades de este municipio en su rechazo a la represa hidroeléctrica. Junto a él otros cuatro líderes comunitarios enfrentan procesos penales.
El edil denunció que por oponerse al proyecto hidroeléctrico, también es víctima de amenazas a muerte. En ese sentido, Chacón se moviliza bajo resguardo policial que se le ha asignado por petición de organismos internacionales. “Las amenaza no son nuevas, sino que se han originado desde 2015, cuando me desempeñaba como regidor, por estar de lado de pueblo de Arizona”.
Señaló que su oposición al proyecto lo ha llevado a que se libre requerimiento fiscal en su contra. El 14 de febrero compareció en audiencia inicial en los tribunales de Tela, donde el juez Hernán Gerardo Murillo le otorgó medidas sustitutivas de la cárcel y tiene que estar firmando un libro cada semana.
El alcalde denunció planes para asesinarlo y recientemente su abogado, Carlos Hernández fue asesinado, lo que se convierte en una nueva amenaza contra Noldo Chacón.
Doña Elena Gaitán, integrante del núcleo comunitario del MADJ en Arizona y presidenta de la Asociación de Patronatos de dicho municipio, enfrenta también el proceso judicial, sin embargo indica “que los empresarios están luchando por instalar sus proyectos de muerte, pero nosotras también estamos luchando en la defensa de nuestros ríos a costa de lo que sea”.
Más de 108 ríos concesionados en Honduras
Se ha programado un gran desarrollo hidroeléctrico en Honduras, destinado a suministrar electricidad a la población hondureña y a industrias de alto consumo de energía. Sin embargo, grupos ecologistas y población de las comunidades que habitan los ríos concesionados han planteado serias preocupaciones en cuanto al enorme impacto de las represas, que se están construyendo en uno de los ecosistemas más biodiversos y productivos del país.
Martín Fernández del MADJ, manifestó que ante la oposición de las comunidades, los vínculos entre el personal de las hidroeléctricas, las empresas de seguridad privada al servicio de la compañía, funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado hondureño, forman una alianza estricta encaminada a controlar, neutralizar y minimizar cualquier oposición a los intereses de los proyectos.
Para ello, despliegan acciones de instrumentalización de las comunidades con el fin de romper el tejido social, campañas de desprestigio, infiltraciones, seguimientos y amenazas. El asesinato de Berta Cáceres, es un ejemplo de lo que son capaces los dueños de estos proyectos. Este fue planificado como una pieza más de esta estrategia, dice el informe del caso elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), un equipo de expertos independientes.
Honduras es el país con el mayor número de asesinatos per cápita de defensores del medio ambiente y de la tierra, según un informe publicado, que alerta también del creciente número de crímenes contra ese colectivo de personas en toda Latinoamérica y la «impunidad» en la que suelen permanecer.
La organización no gubernamental "Global Witness", que defiende los derechos humanos de los indígenas y defensores del medio ambiente, publicó el informe en el que asegura que 116 ecologistas fueron asesinados en 17 países en 2014.
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