Texto: Marvin Palacios
Fotos: Sandra Rodríguez
Conquistas laborales obtenidas luego de la gran huelga de 1954, han sido borradas de los estamentos jurídicos ubicando a Honduras en la lista de países donde más se vulneran, restringen, incumplen y se eliminan los derechos laborales y humanos de los trabajadores y trabajadoras, expresa el Manifiesto Público de la clase trabajadora dado a conocer a la prensa, en la movilización del Día Internacional del Trabajo.
Sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), la Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) se movilizaron por las calles de esta capital para condenar las políticas neoliberales impuestas por los organismos de crédito internacional y las transnacionales, para apropiarse de los recursos y empresas del país.
“Han despedazo el Código de Trabajo no solo con la Ley de Empleo Temporal por Hora, sino con el Código Procesal laboral y la Ley de Inspección General del Trabajo. Han anulado el estatuto del Docente y arrebatado a los maestros y empleados públicos sus institutos de previsión”, subraya el documento.
El manifiesto apunta que ahora la reforma agraria es un delito y poco importa si los campesinos no tienen donde sembrar para su subsistencia y para alimentar a la población, porque eso lo solucionan con importaciones que enriquecen a unos cuantos empresarios.
“Estos últimos gobiernos neoliberales se han empeñado en priorizar la inversión de las industrias extractivas e hidroeléctricas, a costa de la transgresión de derechos laborales, de la vulneración de los derechos de los pueblos originarios, irrespetando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la depredación del ambiente, la vulnerabilidad de los derechos humanos y la persecución y criminalización de los dirigentes de pueblos originarios y ambientales”, denuncia el manifiesto.
En el tema de los derechos humanos, las centrales obreras expresaron que una serie de informes evidencian la falta de protección e impunidad, las cifras muestran asesinatos, persecución, amenazas y encarcelamiento de dirigentes de organizaciones sociales.
“El régimen recurre a la terrorización de la protesta social y la eliminación de Personería Jurídica a organizaciones populares que se resistan al actual estado de cosas, en esta Honduras del cambio.
Las Centrales Obrera rechazamos enfáticamente los artículos 45,46 y 341 del Proyecto del Código Penal que criminaliza la protesta social, siendo esta, un derecho humano universal y además atenta contra la Personería Jurídica de las organizaciones”, expone el documento.
Y añade que a estos cambios, a que se ha sometido al país, se agregan la inseguridad ciudadana y jurídica, el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de activos y que la solución aplicada privilegia el uso de la fuerza; más cárceles, militarización de la sociedad, más armas y más saqueo a los bolsillos de la población a través del tazón de seguridad.
En el plano político, las Centrales Obreras, señalaron que aparte de los procesos extractivos, la privatización, la desregulación laboral, el libre comercio e inversión, los impuestos indirectos, la devaluación de la moneda y el alto costo de la vida, se profundiza el sistema capitalista neoliberal y pasa a ser un laboratorio en “ciudades modelo”, y se impone la reelección presidencial; en un país con una institucionalidad colapsada.
“Por eso planteamos la necesidad de luchar por un modelo de desarrollo económico y social alternativo, de esencia popular y democrática, que reivindique el trabajo como fuente de la riqueza y de realización del ser humano”, destaca el manifiesto.
En otro de sus párrafos, el documento señala que la clase trabajadora no olvida ni perdona el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), entre otras y exige al Mecanismo de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) la investigación, judicialización y cárcel para los responsables intelectuales y materiales de estos abominables actos de corrupción.
“Rechazamos y condenamos enérgicamente la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos dirigida por Donald Trump, por mantener aterrorizada a toda la población, que por la pobreza, la exclusión social, la inequidad, la injusticia, la violencia y el desempleo; han abandonado sus países, convirtiendo esto en una persecución racista.
La movilización de los trabajadores utilizó la frase de la dirigenta indígena lenca, protectora del Río Gualcarque, Bertha Cáceres, cuando señaló: “Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo”. El Manifiesto también honró la memoria de los mártires y desaparecidos de la década de los años ochenta.
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