Por Vicent Boix
Chiquita Brands
En septiembre de 2007, Chiquita Brands International, una de las mayores multinacionales dedicadas a la exportación de productos frutícolas, fue condenada a pagar 25 millones de dólares por un tribunal federal de Washington.
Al parecer la corporación había financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (grupo paramilitar colombiano de extrema derecha), para canjearse así su simpatía y protección en un estado que vive un perpetuo clima de violencia. La propia transnacional reconoció poco después, que desde 1997 y hasta 2004 había capitalizado a este grupo irregular con más de un millón de dólares.
Siguiendo la pauta, en los últimos años la transnacional ha sido demandada cuatro veces en su propio país por este mismo motivo. Han sido más de 600 familias que sufrieron el asesinato de alguno de sus miembros en manos de este grupo terrorista, quienes encabezaron los procesos judiciales para exigir a la compañía indemnizaciones que superarían los 11.000 millones de dólares, aunque según la misma fuente, algunos de estos casos pudieron ser sobreseídos por los tribunales estadounidenses.
No han sido los únicos ya que según organizaciones de derechos humanos, familias de cinco misioneros norteamericanos liquidados por las FARC, demandaron a Chiquita por el mismo motivo en un tribunal de Florida. Contrariamente a los casos de colombianos asesinados por grupos de extrema derecha, en febrero de 2010, sí que fue aceptado por el juez este caso en los que los exterminados eran religiosos norteamericanos y los verdugos supuestos guerrilleros, de izquierda, supuestamente también claro está.[1]
A Chiquita se le señala no sólo por haber financiado económicamente, sino también por transportar armas para dotar y suministrar a esta banda armada. En marzo de 2007, la revista colombiana “Semana” revelaba detalles del diario íntimo de uno de los cabecillas de las AUC. En él, aparte de reconocer el financiamiento directo por parte de la compañía, se desvelaba que sus barcos fueron usados para transportar armamento destinado a los “paras”.[2]
Los desembolsos a las AUC y otros grupos, fueron efectuados por BANADEX, su otrora filial en el país Sudamericano. Se localizaron fundamentalmente en dos regiones donde esta compañía compraba el banano cultivado industrialmente para la exportación: Urabá y Santa Marta.
Es curioso porque a 35 km. de Santa Marta se encuentra Ciénaga, un municipio que en diciembre de 1928 albergó un oscuro pasaje de la historia colombiana conocido como “la masacre de las bananeras”. Ese mes, del amarillo del banano se pasó al rojo de la sangre, cuando el ejército colombiano masacró a cientos de trabajadores bananeros colombianos que habían iniciado una huelga indefinida para exigir condiciones dignas de trabajo.
Este aciago capítulo encontró la eternidad gracias a la magistral pluma de García Márquez. En “Cien años de soledad”, el autor colombiano rememoró la tragedia y escribió:
“Una semana después seguía lloviendo. La versión oficial, mil veces repetida y machacada en todo el país por cuanto medio de divulgación encontró el gobierno a su alcance, terminó por imponerse: no hubo muertos, los trabajadores satisfechos habían vuelto con sus familias, y la compañía bananera suspendía actividades mientras pasaba la lluvia. La ley marcial continuaba, en previsión de que fuera necesario aplicar medidas de emergencia para la calamidad pública del aguacero interminable, pero la tropa estaba acuartelada. Durante el día los militares andaban por los torrentes de las calles, con los pantalones enrollados a media pierna, jugando a los naufragios con los niños. En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del Decreto Número Cuatro, pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. «Seguro que fue un sueño -insistían los oficiales-. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz.»
En aquellos años, la tierra en donde brotaban los bananos y en donde miles de campesinos eran explotados pertenecía a la United Fruit Company, la mítica bananera que durante décadas configuró Centroamérica a su libre antojo, orquestando golpes de estado, campañas de desestabilización y colocando a políticos cómplices para lograr sus fines comerciales que aspiraban al monopolio total del comercio, no sólo del banano sino de cualquier cultivo y producto. Sin duda alguna fue la empresa que exploró con más vigor y persistencia los insondables caminos del “republicanismo bananero”.
La United fue inmortalizada como “Mamita Yunai” por el escritor costarricense Carlos Luís Fallas. Y aparte de éste y García Márquez, otros novelistas plasmaron en el papel los peculiares métodos de enriquecimiento, subordinación y control de la gran bananera. A destacar entre muchos al Premio Nóbel, Miguel Ángel Asturias, con la “trilogía bananera”, al costarricense Joaquín Gutiérrez con “Puerto Limón” y “Murámonos Federico”, al hondureño Ramón Amaya y su obra “Prisión verde”, al nicaragüense Emilio Quintana con “Bananos” y finalmente el propio Neruda, que en su “Canto general” dedicó un poema al “trust de los plátanos”.
Y lo realmente curioso de todo esto, una vez recorridos algunos pequeños recovecos amarillos de la literatura y la historia en América Latina, es que con el transcurrir de los años, la United -O la “Mamita Yunai”, como prefiera- cambió de nombre y pasó a ser -redoblen clarines y timbales- Chiquita Brands.
Como se visualiza claramente, lo único que se alteró fue el nombre. Los métodos violentos siguen siendo los mismos. Sus prácticas agrícolas agreden al medio ambiente, devastan el territorio y focalizan la riqueza. Con este modelo productivo de alimentos pasan hambre los pueblos destinados a cultivar postres exóticos, mientras las multinacionales siguen imponiendo su agenda sí o sí. Antes lo hacían con golpes de estado y las balas de los ejércitos nacionales, y ahora con la ayuda de grupos armados irregulares.
[1] http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz/chiquita.html
[2] http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=101630
II y II
Chiquita y Dole
En la primera parte de este reportaje se narraba cómo la frutera Chiquita Brands fue acusada y sentenciada por armar y financiar a grupos armados paramilitares en Colombia. En este apartado se detallará un hecho idéntico protagonizado esta vez por Dole Food, la compañía exportadora de fruta más fuerte del mercado internacional en la actualidad.
Ambas -Chiquita y Dole- poseen un impecable currículum en Atrocidad Social Corporativa. Fueron incluidas en “El libro negro de las marcas”, en donde sus autores, los escritores Klaus Werner y Hans Weiss, desmenuzaban algunas de sus prácticas más comunes y desconocidas.
Su antisindicalismo es visceral y las condiciones laborales en las que trabajan muchos de sus obreros siguen siendo decimonónicas. Su condición de “intermediarias” en la cadena alimentaria les permite designar los precios y las condiciones del producto que adquieren a hacendados locales.
El modelo agrícola para suministrar frutas y verduras al supermercado global está fuertemente tecnificado. Grandes extensiones de terreno donde imperan los monocultivos, fuertemente mecanizadas y atiborradas con un selecto cóctel de agroquímicos. La tierra, en lugar de parir alimentos que puedan soportar la pobreza, se destina a sembrar productos que después se exportan hacia los mercados del norte.
No es de extrañar por lo tanto, que este modelo origine paradojas tan rocambolescas como el hecho de que el 70% de los hambrientos del mundo sean agricultores y campesinos. En este escenario, no es de extrañar tampoco que surjan tensiones entre las comunidades locales menos pudientes y grandes terratenientes que luego venden a las exportadoras.
Pero en lugar de consensuar entendimientos y limar asperezas con los pobladores locales, algunos intereses prefieren contratar a mano de obra armada para que las aguas vuelvan a su cauce, por A o por B.
En 2009 y al igual que le ocurrió a la transnacional Chiquita, se presentó una demanda contra Dole Food por haber financiado a grupos de extrema derecha colombianos que acabaron, supuestamente, con la vida de 57 sindicalistas y campesinos. Según relató a un diario colombiano el abogado estadounidense que introdujo el pleito “…las víctimas eran sindicalistas de la multinacional o eran contrarios a los tratos que la empresa les daba o simplemente eran campesinos que habitaban en las zonas donde la bananera quería sembrar.” [1]
La demanda fue introducida en una corte de Los Ángeles y la empresa, lógicamente, negó las acusaciones. Según declaraciones del letrado de las víctimas, la transnacional frutera pudo financiar a las AUC desde 1997 hasta 2006, y lo que es más grave, este apoyo económico podría haberse extendido por más tiempo e incluso perdurar a día de hoy.
Shell
Nigeria ha sido el país que más ha sufrido el intervencionismo corporativo de Shell. En 1995, el pueblo Ogoni fue reprimido con violencia por el dictador Sani Abacha, con el resultado de 9 personas ejecutadas tras un juicio ilegal, entre los que destacó el escritor y activista Ken Saro Wiwa. Dicho pueblo había protestado por los impactos ambientales en el delta del Níger, protagonizados por Shell y otras empresas petroleras. Después de las presiones de organizaciones internacionales, la multinacional reconoció que había entregado armas a la policía para que protegiera las instalaciones.
Poco antes de los asesinatos, Naemeka Achebe (gerente de Shell en Nigeria), confesó el apoyo de la multinacional a la dictadura militar, diciendo que “Para una empresa comercial que se propone realizar inversiones, es necesario un ambiente de estabilidad... Las dictaduras ofrecen eso”. [2]
Recientes investigaciones realizadas por el diario británico The Guardian -que ha tenido acceso a documentos secretos de la petrolera- muestran como la multinacional tuvo que lubricar su maquinaria de relaciones públicas y emplearse a fondo para controlar los ataques que recibió desde la prensa y las organizaciones con motivo del asesinato de Saro Wiwa.
Documentos confidenciales que formaban parte de un sumario en Nueva York, explican que en 1996, Shell realizó una reunión confidencial en Ascot, justo dos meses después de la muerte de Saro Wiwa. En la misma se trazó un “plan de crisis” que pretendía incansablemente lavar la imagen de la compañía tras los trágicos sucesos acaecidos en el país africano.
La estrategia de Shell se encaminó en varias direcciones. Se trató de suavizar el discurso y trasladar su versión de los hechos a los medios de comunicación, especialmente a los más hostiles para sus intereses. También se buscó confrontar a las organizaciones sociales para dividir y finalmente vencer. Y por último se realizó un trabajo de lavado y maquillaje de la imagen de la compañía, para lograr una apariencia más verde y ecológica. La avalancha mediática por la ejecución del intelectual nigeriano fue tan perjudicial para la compañía, que incluso barajó la opción de abandonar el país. [3]
Nota del autor: El Dibromo Cloropropano (DBCP) fue un producto químico utilizado en las fincas bananeras de varios países del mundo. Sus efectos nocivos fueron conocidos incluso en las pruebas efectuadas en animales de laboratorio, pero eso no impidió que el producto se registrara y se diseminara en varios países del mundo, especialmente en los años 70.
Décadas después, miles de personas que supuestamente se vieron afectadas y enfermadas por este producto químico, iniciaron decenas de procesos legales contra las empresas que lo fabricaron y lo aplicaron en los campos. Las corporaciones implicadas se mantuvieron siempre distantes y ajenas al daño que pudieron hacer. También se emplearon a fondo para retrasar, hundir y socavar los diversos procesos legales. Nunca hicieron el más mínimo gesto para entender y por lo menos escuchar a los afectados.
Una de las empresas que lo fabricó fue Shell. Tiene varias causas abiertas por este caso y en Nicaragua fue condenada a pagar indemnizaciones millonarias. Ha desconocido los veredictos.
Dos de las empresas que lo aplicaron en sus campos fueron Chiquita y Dole. La primera ha sido demandada en Panamá. La segunda ha sido denunciada en más países, sentenciada también a pagar compensaciones en Nicaragua y hasta hace bien poco lo estaba en su propio país, Estados Unidos. Desconoció la soberanía de las cortes nicaragüenses y varias veces las señaló como corruptas. Respecto a la sentencia en contra en Estados Unidos, una sorprendente y polémica decisión judicial en una corte estatal de Los Ángeles sucedida en mayo de 2009, finiquitó los casos arguyendo que todos los procesos formaban parte de un gran fraude organizado por los bananeros y sus abogados. Testimonios e información aparecida en los medios de comunicación hacen pensar que quién realmente pudo estar detrás del fraude es la propia multinacional, que pretendía desembarazarse de varias sentencias y procesos en su contra.
Toda la funesta historia del DBCP fue recogida en mi libro “El parque de las hamacas” http://www.elparquedelashamacas.org
Para ver la primera parte de este artículo: http://www.belianis.es/ecologiasocial-Atrocidad-Social-CorporativaI-.htm
[1] http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/49247-NN/acusan-a-bananera-de-eeuu-de-ordenar-asesinatos-de-57-sindicalistas-colombianos/
[2] Galeano, E.: “El escritor ahorcado”, en La Jornada, México DF, 16 de diciembre de 1997, en http://www.jornada.unam.mx/1997/dic97/971216/galeano.html
[3] http://www.guardian.co.uk/business/2010/nov/09/shell-pr-saro-wiwa-nigeria
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