Por Mark Weisbrot
Las propuestas de la Organización de Estados Americanos (OEA) para cambiar la fecha de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, impuestas desde el exterior, en Haití no puede limpiar el hedor. “La OEA propone una segunda vuelta entre candidatos a la presidencia que recibieron sobre un 6% y un 4%, respectivamente, del voto del electorado en la primera vuelta.” La baja participación equivale a un rechazo popular a cualquier contienda electoral que no incluya Fanmi Lavalas, el partido político más popular del país.
“Esta gente quiere ser quien determine quien gobierna Haití, sin permitirle a la mayoría de los haitianos decidir por si mismos.”
¿Qué es lo que pasa con Haití que hace que la “comunidad internacional” piense que tiene el derecho a decidir el destino del país sin el consentimiento de los gobernados? Sí, Haití es un país pobre, pero los haitianos han luchado duramente y perdido muchas vidas por el derecho a votar y elegir un gobierno. Y a pesar de ello, el 28 de noviembre, casi tres cuartas partes de los haitianos no votaron en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Esto fue lo que encontramos cuando revisamos 11.181 actas de las elecciones. Esta es una participación ridículamente baja para unas elecciones presidenciales.
Ahora la OEA ha decidido que las elecciones deberían ir a una segunda vuelta, encontrando que los dos candidatos más votados fueron la antigua primera dama Mirlande Manigat y el popular cantante Michel Martelly. La OEA propone una segunda vuelta entre candidatos a la presidencia que recibieron sobre un 6 y un 4 por cierto, respectivamente, del voto del electorado en la primera vuelta.
Una razón por la que la mayoría de los haitianos no votaron es que el partido político más popular en el país, Fanmi Lavalas, fue excluido arbitrariamente de la votación. Esto también se hizo en abril de 2009, en elecciones parlamentarias, y más del 90 por ciento de los votantes no votó. Por el contrario, en las elecciones presidenciales de 2006 la participación fue del 59,3 por ciento. Y ha sido incluso mayor en el pasado, incluso para las elecciones parlamentarias (no presidenciales) en 2000.
Los haitianos se han arriesgado mucho para votar cuando había violencia política, y han sido pragmáticos a la hora de votar incluso cuando su primera opción no estaba en las papeletas (como fue le caso en 1996 y 2006). Pero la mayoría no votará si se les niega el derecho a elegir. Esta es la gran historia de las elecciones que la mayoría de los grandes medios ha ignorado totalmente.
“La mayoría no votará si se les niega el derecho a elegir.”
Nuestro recuento de los votos también mostró que incluso entre los votos emitidos, había una proporción apreciable – sobre el 12,7 por ciento – que nunca fueron recibidos por el Consejo Electoral Provisional (CEP) o que éste puso en cuarentena. Esta es una cifra mucha más alta que la que había publicado previamente el CEP o la OEA.
Un análisis estadístico de los totales de votos encontró que un 8,4 por ciento de las actas de escrutinio consignaban cifras totales de votos que eran irregulares. Es decir, que se podía esperar que ocurrieran por azar menos de una de cada cien veces. Otro 5,4 por ciento de las actas contenían obvios errores administrativos – por ejemplo, los votos totales emitidos excedían el número de votantes registrados en el colegio electoral. No incluimos estos errores entre los totales de votos irregulares, puesto que no necesariamente afectan el resultado. Pero el alto porcentaje de errores administrativos en las actas del escrutinio mina aún más la confianza en el resultado general.
Nuestro análisis confirmó lo que muchos observadores vieron sobre el terreno, incluyendo personas que votaron múltiples veces, fraude, y gente que no pudo votar porque no aparecía en el registro. Los niveles de participación en las áreas más duramente castigadas por el terremoto fueron mucho más bajos.
Esta era la primera vuelta de unas elecciones que se suponía tenían que ir a una segunda vuelta, la cual ha sido ahora pospuesta hasta febrero. Los tres candidatos más votados fueron Manigat, Martelly, y el candidato del gobierno, Jude Celestin. Pero puesto que el segundo y tercer lugar estaban separados únicamente por 0.6 puntos porcentuales, no hay forma – dadas las irregularidades – de decir cual de los dos candidatos debería ir a la segunda vuelta.
Claramente, unas elecciones tan severamente defectuosas y plagadas de irregularidades no se pueden considerar legítimas. Pero incluso menos excusable es la exclusión del partido político más popular del país – el equivalente a prohibir la participación de los Demócratas y los Republicanos en EEUU.
“Los niveles de participación en las áreas más duramente castigadas por el terremoto fueron mucho más bajos.”
Esta “exclusión minará tanto el derecho de los haitianos a votar como la capacidad del gobierno resultante para gobernar,” escribieron 45 congresistas Demócratas a la Secretaria del Estado, Hillary Clinton, el 7 de octubre. Le pidieron que no proporcionara “financiación para unas elecciones que no cumplen los mínimos requerimientos democráticos básicos.” Estos ruegos fueron ignorados.
El primero y el último presidente elegido democráticamente de Haití, Jean Bertrand Aristide, fue derrocado (por segunda vez) en un golpe de estado que Washington ayudó a provocar en 2004. Según su propio relato, fue secuestrado y enviado en un avión de EEUU a África, donde permanece en el exilio, en violación de la constitución haitiana y el derecho internacional.
Hace tres semanas Ricardo Seitenfus, Representante Especial de la OEA para Haití, fue relevado de su cargo por criticar públicamente el papel de la misión de las Naciones Unidas (UN) y la comunidad internacional en Haití. La pasada semana Seitenfus reveló algo incluso más condenatorio:
“En la reunión del grupo restringido (“Core Group”) (países donantes, ONU y OEA), [se discutió] algo que parecía simplemente repulsivo. Algunos representantes sugirieron que el Presidente René Preval debería dejar el país y que deberíamos pensar en un avión para eso. Lo escuché y me sentí horrorizado.”
Washington y sus aliados, incluyendo las personas que actualmente toman las decisiones sobre Haití en la OEA, están impulsando estas elecciones ilegítimas por la misma razón por la que derrocaron a Aristide, y no lo dejan volver a su propio país – en violación de la constitución haitiana y el derecho internacional. Esta gente quiere ser quien determine quien gobierna Haití, sin permitirle a la mayoría de los haitianos que decidan por si mismos. Habrá resistencia a esto, como a las dictaduras y ocupaciones extranjeras del pasado. Lo único que podemos esperar es que no origine niveles similares de violencia.
Mark Weisbort es codirector del Center for Economic and Policy Research, en Washington, D.C. Es también presidente de Just Foreign Policy.
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