miércoles, 19 de enero de 2011

¿Qué hay detrás de la prontitud del Congreso Nacional en aprobar las “ciudades modelos"?



Ciudades Modelos

Preguntas como ¿quién financiará su creación?, ¿funcionarán como un Estado dentro de otro Estado, con sus propias leyes? o ¿cuál es el interés que tiene el Congreso en aprobarlas?, rodean la reforma al artículo 329 de la Constitución de la República que las y los diputados del Congreso Nacional aprobarán para dar paso a la construcción de las “ciudades modelos”.

La idea del proyecto se hizo pública luego de la inesperada visita, a finales del año anterior, de Paul Romer, a quien sus auspiciadores denominaron “experto financista” y quien brindó una serie de exposiciones para convencer a las autoridades de los beneficios de las ciudades Modelos.

No obstante, con la presteza que le ha caracterizado al Congreso Nacional, cuando pretende aprobar leyes que benefician a la clase dominante del país, las y los diputados anunciaron que durante esta semana se realizará una nueva reforma constitucional que autorizaría la creación de territorios independientes con administración separada del Estado.

Los cuestionamientos
Con la noticia de la prontitud de la aprobación, surgen cuestionamientos, interrogantes y suspicacias.  Hay quienes van más allá. Para el Director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos y analista político Jorge Yllescas, hay mucho que aclarar.

“Cuando veo esa prisa, me pregunto quién es el promotor de ese proyecto, en qué lugar se ha hecho un experimento de esa naturaleza –en ninguna parte-.  Cuánto se necesita para hacer la inversión, quién la va a hacer, o es que no importa de dónde viene el dinero..!Hay una sobre liquidez del crimen organizado!, cuestionó Yllescas a la exposición que, en el programa “Frente a Frente” dirigido por el periodista Renato Álvarez, hicieran los diputados del Congreso Nacional, Jair Díaz y Rigoberto Chang Castillo, en defensa de la construcción de las “ciudades modelos” en Honduras.

“Dónde está el plan de pre-factibilidad y de factibilidad, ya tienen el financiamiento, quiénes van a vivir ahí. Es un proyecto etéreo, le están diciendo al pueblo cosas que no son ciertas. Aquí lo que no funciona son los políticos corruptos, no las layes”, criticó.

Los defensores del proyecto dijeron que se crearán empleos para las y los hondureños, dentro de las ciudades modelos. “!200 mil empleos!... cómo va a ser eso. Ustedes no han hecho ninguna demostración. Creo que el pueblo hondureño merece más respeto. Modificar la Constitución para entregar nuestro territorio es inconcebible”, acotó el ex funcionario público.

El ex diputado por el Partido Unificación Democrática, Tomás Andino, también se suma a las controversias que genera un tema que se ha abordado superficialmente y que se pretende dilucidar de una forma veloz.

“Es un proyecto que en primer lugar, hay una gran obscuridad; no se han transparentado los detalles del mismo y cuando algo se oculta, generalmente de la clase política devienen cuestiones negativas para los intereses del país”, afirmó.

Agregó que, “llama la atención la celeridad con la que se pretende aprobar. Se presentó el 12 de enero y quieren aprobarlo esta semana, eso obliga a que se apruebe en esta legislatura. El objetivo es comenzar a desarrollar el proyecto en el 2011 y no esperar un año más, lo que también despierta suspicacia”, sostuvo.

Por otro lado, el entrevistado afirma que se trata de reformas que vulnerarán la soberanía del estado. Trastocan la Constitución de la República y forma de gobierno y la soberanía territorial. El Estado le estaría entregando la soberanía a otros sub Estados”.

Y finalmente Andino dice que no entiende como mini Estados dentro del Estado de honduras, operarán son su propia legislación, sus propios juzgados.  “Ya tenemos suficiente con la concesión de nuestros recursos naturales a las empresas generadoras de energía renovable, tenemos tropas extranjeras en el país haciendo y deshaciendo como para que ahora pretendan entregar por partes nuestros territorios, quién sabe a quién”.

Sobre el proyecto de Reforma
El proyecto de reforma fue presentado, el pasado jueves 12 de enero, por el secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo. Ya pasó a manos de una comisión, integrada por los diputados Romeo Silvetri (PN), Oswaldo Ramos Soto (PN), Olman Maldonado (PL), Toribio Aguilera (PINU),), Samuel Martínez (PL) Óscar Nájera (PN), y Jorge Elvir (DC).)

En la propuesta de reforma, el artículo uno plantea adicionar al artículo 329 de la Constitución lo siguiente: “para facilitar el cumplimiento del Plan de Nación, cuando lo considere necesario, el Estado podrá establecer Regiones Administrativas Especiales”.

Se establece además que los sistemas que se instituyan en las Regiones Administrativas Especiales deberán ser fijados por un Estatuto Constitucional aprobado por el Congreso Nacional con una mayoría calificada de dos tercios. Sólo podrá ser modificado, reformado, interpretado o derogado, previo referéndum a la población que habite la Región Administrativa Especial en cuestión.

Según sus proponentes, la intención de la reforma es generar el desarrollo económico que en menos de una década lancen a Honduras como el país de más rápido crecimiento en Latinoamérica.

En su exposición de motivo, Rigoberto Chang Castillo dijo que se pretende lograr elevados niveles de desarrollo, de acuerdo a la experiencia de las sociedades asiáticas desarrolladas. Para ello es necesario otorgar altos grados de autonomía a centros urbanos creados con el propósito de atraer las inversiones que se requieren.

En ese sentido, las ciudades modelos requerirán de “Regiones Administrativas Especiales”.  Su propósito es acelerar la adopción de tecnologías que permitan producir con alto valor agregado, en un ambiente estable, con reglas transparentes que permitan atraer las inversiones que se requieren para crecer aceleradamente, crear los empleos que se necesitan para reducir las desigualdades sociales; dotar a la población de los servicios de salud, educación y seguridad pública que permitan una mejora real en las condiciones de vida de la población”, dijo.

Los habitantes de las ciudades modelos (no se sabe quiénes serán) tendrán sus propios órganos legales de aplicación exclusiva en la región en las materias Regiones administrativas de su competencia. Podrán firmar tratados y convenios internacionales en temas relacionados con el comercio y la cooperación, previo ratificación por el Congreso Nacional.

También podrán designar instancias internacionales para la resolución de autorizar, o nacionales de otros Estados para que actúen como jueces o árbitros; autorizar, contratar o nombrar entes u órganos reguladores de otros estados para que supervisen ciertos servicios; determinar sus propias reglas procesales, hacer uso del arbitraje obligatorio para la resolución de disputas; e, incorporar legislación extranjera o tratados internacionales para regular las materias indicadas en su Estatuto Constitucional.

Contarán con sus propios sistemas tributarios, financieros, bancarios y educativos, asimismo de seguridad social, de regulación de actividades profesionales, sanitarias y de salud pública, de transporte marítimo y aviación civil; de regulación urbanística, de ordenamiento territorial, de régimen de propiedad, de seguridad pública, de policía, de investigación criminal.

Por otro lado, establecerán su propio sistema de contratación pública, de probidad administrativa; contratación protección ambiental, de régimen migratorio, de relaciones laborales, de protección al consumidor, de promoción y defensa de la competencia, de servicio civil, de comercio, de telecomunicaciones, de energía, de agua potable y saneamiento y de infraestructura en general.

Pero estarán sujetas al Gobierno de la República en todos los temas relacionados a defensa nacional, relaciones exteriores, elecciones nacionales, emisión de documentos de identidad y pasaportes.

Según Chang Castillo, las regiones del Valle de Agalta y de Sico y Paulaya, son las que se vislumbran como las zonas en las que se construirán las ciudades modelos, cuya extensión territorial será de mil kilómetros cuadrados.

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