“El ensayo mostrenco y perverso como el que se intentara con la amnistía parcial, resultó simplemente una burla”, evalúa el jurista internacional, Marino Castillo, en un comentario de 22 páginas sobre la supuesta amnistía y las acusaciones al presidente hondureño expatriado, Manuel Zelaya.
“Me resisto, pues, a dedicarle tiempo al examen de aspectos legales de textos citados y de normas procesales que figuran en la implementación de tal ignominia”, valora el experto en derecho, Marino Vinicio Castillo Rodríguez, excandidato presidencial y colaborador del entonces presidente Joaquín Balaguer.
El abogado Castillo Rodríguez, asegura que sería interesante poder ventilar este “esperpento jurídico” ante una Corte Internacional, porque sólo así hubiese quedado claro, “quiénes son justiciables por el gravísimo trastorno de la paz moral de América”, sobre la supuesta amnistía y los juicios residuales contra Zelaya.
Según Castillo Rodríguez, si quienes llegaron al poder en Honduras por medio del golpe de Estado, hubieran tenido “un rasgo siquiera de nobleza para arrepentirse de haber malogrado la esperanza democrática de su país”, deberían haber optado por “amnistiarse a sí mismos”.
O, entonces, plantea Castillo, hubieran dictado una amnistía “verdadera, no desleal, ni inseria, retorcida y tortuosa, con un alcance de olvido que realmente hubiera podido llevar al pueblo de Honduras a una comprensión de su drama, capaz de hacerlo perdonar a sus verdugos y perturbadores”.
Penalmente, se podría considerar “absurda” la pretendida acusación, sobre los juicos residuales dejados a Zelaya, lo que a criterio del abogado Castillo Rodríguez, habría sido urdido intencionalmente.
Castillo Rodríguez califica en sus observaciones, que la cedida no era una amnistía real sobre los sucesos, sino más bien una especie de “mecanismo de persecución que pudiera lucir tal cosa”; pero que, en el fondo, le “permitiera mantener la posibilidad de expedientes penales residuales contra el presidente derrocado [Zelaya]”.
El jurista afirma que al no ser “integral y sincera”, la amnistía resulta “totalmente inservible y deforme”, aunque contiene los elementos necesarios para mostrar las “bajezas” de las acusaciones residuales, “que han procurado mantener [los acusadores] más bien como una lapidación ético-penal…”, frente al liderazgo político de hondo apoyo popular, del presidente defenestrado.
Mientras, continúa Castillo, que quienes agredieron el estado de derecho, “tan peligrosamente”, ni siquiera podrían apoyarse como el gobierno agredido, en procura de aumentar el apoyo público, en una defensa legítima de las instituciones, las que no salieron “ilesas” de los “demenciales mandos políticos, militares que llagaran al poder por la ignominiosa vía de la violencia y el desorden moral”.
Sustenta en su argumento que en las propias acusaciones golpistas que cuestionan a Zelaya emitir un acuerdo para la contratación y pago directo de publicidad, ya se vislumbraba la situación de emergencia que sufría el gobierno de Zelaya.
El acuerdo del ejecutivo explica, como indica la ley “...por cualquier otra situación que afecte sustancialmente la prestación oportuna y eficiente de servicios, o la atención de necesidades con la defensa y el orden público”.
“Lo que muestra que las fuerzas oscuras de la intemperancia política venían urdiendo al grado que el presidente, así bajo asedio, hizo consignar tale expresión en el acuerdo ejecutivo emitido”, evidencia el jurista Castillo.
Basta leer la observación tortuosa que le hace la acusación para darle a aquella circunstancia el preocupante carácter de un “terremoto político como el que azotara Honduras”. Es como si se dijera que lo que se pretende es establecer que la emergencia era inmotivada e irreal, pues no había peligro alguno, sostiene.
Sin embargo, el tiempo y los hechos probaron la “mentira”. El gobierno, de Zelaya, en realidad “se defendía inútilmente” y sus derrocadores pretenden inculparle de haber aprobado esos valores para una “campaña mediática”, que salvara al Gobierno del colapso que, al final, se impusiera, contrasta Castillo.
Concluye que bastan esos comentarios para afirmar que todas las imputaciones residuales que quedaron como una “soga a rastro” de Manuel Zelaya, no son otra cosa que la “obra del bandidismo de la siniestra insurrección”.
Y reafirma que “esa amnistía no es tal… es una maniobra vulgar de un poder fáctico descuidadamente antisocial y despreciable”. Para luego agregar que el juico residual “no es más que la marca de la maldad de los malhechores que depredaran las instituciones democráticas”.
El jurista Castillo Rodríguez, fue encargado por el presidente dominicano, Leonel Fernández, para hacer un estudio legal sobre los supuestos juicios remanentes contra el expatriado presidente hondureño, y las características de la amnistía parcial extensible a Zelaya, que más bien sería para los actores del Golpe.
El texto completo del documento puede leerse en:
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