En la actualidad, Honduras se ha convertido en un importante campo de batalla por el control del capital transnacional y la dominación del Estado por parte de las élites locales en el contexto de un Golpe de Estado al estilo siglo XXI. Las fuerzas contrainsurgentes en el continente están tratando de detener un giro a la izquierda en la política de la nación, el cual por ahora es inevitable. Los partidarios de la nueva sociedad, a su vez, están decididamente tratando de revertir las estructuralmente violentas políticas capitalistas y neoliberales como fueron concebidas en la fórmula de desarrollo prescritas por las instituciones de Bretton Woods y el consenso de Washington. A los efectos de este artículo tomo como referencia esta teoría (1), pero también el hecho de que la dominación capitalista está aún en etapas de avance en la región, si bien simultáneamente la mayoría de las naciones se encuentran ahora en un cambio democrático hacia formas participativas e incluyentes. Mientras tanto, en Honduras, alrededor de 20 campesinos muertos se han sumado a 83 asesinatos políticos de activistas y sindicalistas, y solo en 2010 diez periodistas (2) han sido asesinados a manos de escuadrones de la muerte.
Los sistemas alimentarios en América Central se ubican en el centro de dicha expansión capitalista, que ve a Honduras como un productor neto de alimentos, mano de obra barata, recursos naturales y una ubicación estratégica en términos geopolíticos.
Mientras tanto, el dilema entre los sistemas alimentarios basados en la agricultura campesina, frente a "las cadenas de valor" de las transnacionales agroalimentarias se encuentra como un elemento central en la lucha por la democracia en Honduras, posiblemente debido a dos razones: en primer lugar, el país sigue siendo la sociedad más rural del hemisferio occidental en términos cuantitativos (52 % de la población) (3) y segundo, porque las políticas de acceso a los alimentos todavía suponen un fuerte componente que regula la supervivencia de gran parte de la población, dando contenido al discurso político.
Por otra parte, durante el proceso de construcción de un auténtico movimiento amplio de resistencia de base popular, diez familias oligarcas fueron identificadas como patrocinadores ideológicos y financieros del Golpe de Estado. En el marco neoliberal a inicios de los años noventa algunas de estas familias obtuvieron franquicias de la industria de comida rápida alcanzando niveles de éxito económico remarcable ya que estan exentas de pagar impuestos al Estado con la excusa de promocionar el “turismo”, llegando incluso a posicionarse en ciudades de mediano tamaño. Del mismo modo, varias violaciones a los derechos laborales y otras irregularidades, han sido documentadas extensivamente (Despidos, Prestaciones, Salarios, RAP). Esta claro que las franquicias tienen efectos económicos negativos sobre las economías locales de una complejidad que por ahora es difícil de medir. Sin embargo, la amenaza política que conllevan es ahora evidente para millones de hondureñxs. La industria está sufriendo actualmente las campañas de boicot de la resistencia (no compre estas marcas) (4), actividades que pueden llegar a construir toda una cultura de fuerza popular sin precedentes. La gente reconoció las consecuencias que los propietarios de estas industrias sean los mismos que corrompen la política, destruyen el buen gobierno y que además se encontraban entre los golpistas mas destacados , todos ellos son también muy reconocidos como los patrones de Honduras, igualmente propietarios de otras compañías de alimentos y bebidas.
Igualmente, la transnacionalización de los supermercados en las últimas décadas también ha invadido Honduras. Recientemente, la estadounidense Wal-Mart adquirió algunas de las más importantes cadenas de supermercados obteniendo un control transversal del mercado hondureño. En 2002, ya el 71% de las inversiones en supermercados estaban en manos de empresas extranjeras, principalmente en la minorista holandesa Royal Ahold NV (CARHCO en América Central) de la que Wal-Mart obtuvo un 33% de las acciones en el 2005 y el 51% en 2006, lo que llevó a la creación de Wal-Mart Centroamérica a contar con 54 unidades de venta sólo en Honduras en 2010. Más tarde en ese año, Wal-Mart de México absorbe a la rama Centroamericana de la compañía para convertirse en Wal-Mart México y Centroamérica, estamos hablando del comerciante más grande de alimentos en la región mesoamericana. Sabemos que el marco a través del cual esto ocurrió fue un proceso profundamente antidemocrático en el que se elaboró y se puso en práctica un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, el CAFTA (5). Mientras tanto, Wal-Mart todavía no se atreve a mostrar su logotipo ante los clientes en cualquier lugar dentro de sus unidades de venta al por menor.
Controlando la mayor parte de la distribución y el consumo de alimentos en las zonas urbanas, las instituciones y los políticos tratan de desincentivar modelos de producción basados en la agricultura campesina que son los más numerosos en términos cuantitativos, pero ciertamente no una prioridad en términos de apoyo a través de políticas públicas. De hecho, en Honduras, todo el tejido institucional (SAG, DINADERS, PRONADERS, CNA, etc.) que supuestamente debe velar por el desarrollo rural ha sido cuidadosamente diseñado para ser disfuncional, también con la complicidad de las mal llamadas agencias de desarrollo internacional. En cambio, y como enmarcado con la Ley de Modernización del Sector Agrario de 1992 (LDMSA), privilegian al mundo corporativo agro-alimentario (Monsanto, Cargill, Syngenta, etc.) o cualquier tipo de iniciativa agroexportadora en manos de los terratenientes representados a través de la FENAGH.
Con el fin de protegerse a sí mismos contra el aumento del poder de estas redes corporativas de propiedad extranjera, la Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria (SARA) se creó en 2007, la misma que esta compuesta de una serie de organizaciones y centrales campesinas, movimientos pro-agroecológicos, ONGs, organizaciones de derechos humanos, y la Vía Campesina. Esta propuesta fue sustentada orgánicamente por el llamado mundial hecho desde Porto Alegre, en 2006, por la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural con financiamiento de los gobiernos de Brasil y Las Filipinas. Este evento contó con una réplica en Honduras, el Foro Nacional por una Reforma Agraria Integral y el Desarrollo Rural que dio lugar a la creación de SARA. Las demandas de distribución de la tierra de la alianza han sido parcialmente frustradas por la burocracia dada la existencia de cientos de casos en juego y el poder político de los terratenientes. Solo el decreto 18-2008, para solucionar algunos de los conflictos más graves de tierras, tomó toda la administración del ex presidente Manuel Zelaya y se enfrentó a muchos obstáculos para ser implementado. SARA también aboga por la adopción de la Soberanía Alimentaria como un modelo, lo que significa priorizar en el derecho de las naciones y los pueblos a decidir cómo quieren que sus alimentos sean producidos, distribuidos y consumidos, libres de organismos genéticamente modificados (OGM) y usando siempre recursos locales. Este concepto va más allá del simple término de la Seguridad Alimentaria más utilizado por las agencias de desarrollo y los donantes. Sin embargo, la mayor parte de estos esfuerzos fueron revertidos por el golpe de 2009. Mientras tanto, la resistencia contra el golpe floreció con fuerza y con una perspectiva diferente en el modo de hacer política. En septiembre de 2010, un importante movimiento se unió a la Alianza SARA, creándose la Plataforma Agraria SARA - Vamos al Grano. Ahora las luchas de los campesinos sin tierra que tienen lugar en el Valle del Aguán con el MUCA y el MCA ciertamente no son ignoradas y se deja ver el apoyo de la población a pesar del terrorismo de Estado y de los terratenientes en contra de los campesinos.
De esta manera, a pesar de la función central del nuevo movimiento social de base amplia, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que actúa como elemento unificador y eje principal de liberación nacional, la diversidad de los movimientos sociales que hacen parte de éste también han mantenido sus estructuras orgánicas como una prioridad. El FNRP, por tanto, se corona como una plataforma de representación democrática en oposición a un modelo bipartidista de la política tradicional que dominó el siglo pasado. Es esta la encrucijada de caminos de resistencia que refleja absoluta claridad sobre sus objetivos y formas de actuación política que está enfocando la atención hacia Honduras.
Los movimientos sociales deben enfocar la atención sobre el hecho de que el desmantelamiento del bienestar rural está en el centro de los proyectos neoliberales de las instituciones imperiales (Banco Mundial, FMI, etc.) porque éste provocó, y aún provoca, los flujos masivos de población rural inmigrante en forma de mano de obra disponible no sólo para reducir los salarios en las zonas periféricas semi-industriales, como es el caso del Valle de Sula, sino también para evitar la creación de una cultura de sindicalización en esos centros debido a un exceso de mano de obra disponible y mucha menor demanda (6). Una vez que las políticas anti-rurales (e.g. LDMSA) destruyeron cualquier tipo de forma de bienestar en el campo, las clases trabajadoras urbanas perdieron la mayor parte de sus privilegios, mientras que la excesiva cantidad de personas procedentes de zonas rurales, que en algunos casos encontraron puestos de trabajo en el sector de la hostelería en los centros turísticos para las mujeres y en la seguridad y la construcción para los hombres, el resto se ubicó en barrios marginales a lo largo y ancho del país. Esto ocurrió mientras las puertas de la "inmigración ilegal" se abrieron en un norte global ansioso por absorber mano de obra barata proveniente de las clases trabajadoras, y empleados altamente calificados provenientes de las elites, robando así desde el tercer mundo no solo recursos naturales y financieros sino también su gente. Al mismo tiempo, la despoblación del espacio rural allanó el camino para que los terratenientes permitieran una nueva colonización de los todavía abundantes recursos naturales por compañías transnacionales mineras, madereras y del agua.
En este sentido, los asuntos rurales y en particular los relacionados a la producción, la distribución y el consumo de alimentos debe ocupar un papel protagónico en las agendas del proyecto refundador, como un debate nacional, porque producir y consumir alimentos son actos políticos que dan forma a todas las actividades económicas y culturales, especialmente en las condiciones de Honduras. Por lo tanto, en este momento particular, las cuestiones relacionadas a la alimentación y la agricultura que afectan a la sociedad hondureña deben considerarse simultáneamente, porque desde este marco todos los ciudadanos en resistencia se ven afectados de una u otra forma, con lo cual deciden y actúan, piensan y luchan.
Como dije antes, la Hondureña es una sociedad predominantemente rural y como tal la mayoría de sus problemas actuales tienen un origen allí. Sin embargo, si las transformaciones políticas se van a llevar a cabo a través de las fuerzas de liberación nacional y la unión entre viejas y nuevas generaciones de revolucionarios, las oportunidades que conducen a la construcción de la nueva sociedad también se encuentran allí.
Luis Aguilar, Ingeniero Agrónomo hondureño
Comentarios: fnrp.na@gmail.com
Notas:
(1) Arturo Escobar, Benjamín Arditi
(2) Según la página web del Comité para la Protección de los Periodistas, a nivel local el número aumenta a 10.
(3) Población que vive en asentamientos rurales de menos de 2.000 habitantes (52%).
(4) Hasta el punto que las coaliciones de la industria de comida rápida tuvieron que invertir en campañas nacionales para justificar su existencia.
(5) Acuerdo Centroamericano de Libre Comercio o CAFTA. Sólo Costa Rica llevo a cabo un referéndum.
(6) Una adaptación por el autor desde Philip McMichaels, sociólogo del desarrollo en la Universidad de Cornell, Nueva York.
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