François Chérèque, Alain Touraine, Michel Wieviorka et. alli
Nuestros sistemas de jubilación por reparto enfrentan los desafíos del envejecimiento de la población y las consecuencias de la dramática situación del empleo, incrementada por los efectos de la reciente crisis financiera. Su equilibrio financiero debe ser una preocupación mayor de los poderes públicos como también del resto de la sociedad si no queremos dejar paso a las jubilaciones por capitalización.
Por consiguiente, el proyecto de reforma de las jubilaciones presentado con carácter urgente por el gobierno para responder a las exigencias de las finanzas y mantener confiable a Francia en el mercado de la deuda pública no garantiza la permanencia del sistema de reparto en el largo plazo. Agrava por el contrario las injusticias. Su medida central, el cambio de la edad mínima jubilatoria que pasa de los 60 a los 62 años, aumenta las desigualdades y restringe las posibilidades de elección de los asalariados en quienes se apoya lo esencial de los esfuerzos aceptados.
Son los asalariados de formación incompleta los que más van a sufrir con la reforma siendo que a partir de 2016 la edad para jubilarse con el 100% pasará de los 65 a los 67 años.. Pero las más afectadas serán las mujeres y no hay duda que aumentarán las mujeres pobres, siendo que ya conforman el grueso de los jubilados más desfavorecidos.
En un país en el que desde hace varios decenios los jóvenes sirven a menudo como “variable de ajuste” de la que son testimonio la precarización y el empobrecimiento de una gran parte de la juventud, la reforma propuesta no restablece el equilibrio ni las relaciones intergeneracionales , no previendo además financiación más allá del 2020.
Por su parte los asalariados que comenzaron a trabajar desde muy jóvenes, generalmente los que no tienen diplomas, están peor pagados y ocupan los empleos más penosos deberán realizar aportes durante un lapso mayor sin que a cambio su jubilación mejore. De ahora en más quienes comenzaron a trabajar entre los 14 y los 18 años deberán realizar aportes durante cuarenta y tres o cuarenta y cuatro años. Ahora bien, alrededor de 100.000 jóvenes comienzan a trabajar a los 18 años o antes.
La eficacia financiera de la reforma propuesta también se halla cuestionada. Después de 2018 los déficit se agudizarán si los recursos de los fondos de reservas jubilatorias destinados a enfrentarlos a partir del 2020, cuando llegue a jubilarse la generación del “baby-boom” han sido mal utilizados. Para preparar el futuro debería haberse producido, por el contrario un aumento de los recursos antes que gastarlos prematuramente.
En lo que se refiere a los mayores que condicionan en gran parte el financiamiento de las jubilaciones, las medidas anticipadas ignoran los problemas fundamentales referentes a las condiciones de trabajo y de los ajustes previos a la jubilación. Con el aumento de la edad jubilatoria a 62 años, las personas mayores que ya en su mayoría no tienen empleo continuarán sin tenerlo o durante mayor tiempo dependerán de la ayuda social por enfermedad o invalidez, con pensiones a menudo más bajas que lo que les correspondería por jubilación. Antes que reducir la deuda pública lo que se propone en una especie de transferencia entre cuentas sociales
El porvenir de nuestro sistema de jubilaciones nos invita a encarar una reforma global destinada a corregir las desigualdades, desarrollar las posibilidades de las elecciones individuales y mantener el sistema de reparto
Una reforma de esa naturaleza pasa por la convergencia de todos los sistemas de base, que actualmente están fragmentados en más de 30 regímenes diferentes con reglas incomprensibles para los ciudadanos. Mientras un 40% de los nuevos jubilados han aportado al menos a dos regímenes diferentes, la complejidad actual mina la confianza en el sistema, porque facilita la puesta en tela de juicio de los derechos de jubilación adquiridos e impide los esfuerzos de solidaridad hacia los que más los necesitan.
La jubilación es parte integral del contrato salarial y constituye también un ingreso ciudadano. De modo que nuestro sistema de jubilaciones debe evolucionar distinguiendo netamente su carácter contributivo, financiado con aportes salariales, su carácter solidario financiado por un aporte fiscal que debe ser más progresivo, aplicando mayores impuestos a los ingresos del capital y a los altos ingresos.
Diálogo, búsqueda de consenso y espíritu de justicia
El nuevo sistema deberá tener en cuenta el aumento progresivo de la esperanza de vida, el aumento del tiempo de aportes y si fuera necesario los montos de los aportes. Pero si cada día vivimos más y con mejor salud y debemos trabajar más tiempo para no perder nuestra jubilación, debería prevalecer el principio de la jubilación a elección (a la carta).
La evolución del fondo permitiría no sólo registrar los derechos adquiridos a la jubilación sino también facilitar las jubilaciones progresivas o permitir hacer pausas a lo largo de la carrera profesional. Esta clarificación permitiría a los asalariados disponer de una verdadera libertad de elección, basada en un buen conocimiento de los propios derechos, en un marco protector colectivo.
Porque sólo la protección colectiva permite verdaderas elecciones. Tomando en cuenta el total de la carrera de los asalariados, el nuevo sistema suprimiría el castigo del que son actualmente víctimas los asalariados de larga actividad y débil progresión salarial. La solidaridad nacional debería contribuir para mejor integrar en el cálculo de las jubilaciones los períodos de licencia por maternidad, por huelgas o por formación.
Por otra parte, una verdadera reforma del sistema jubilatorio no puede concebirse al margen de una política de empleo que permita el mantenimiento de los mayores y el acceso de las mujeres y los más jóvenes a empleos estables.
Finalmente la mejora de las jubilaciones de las mujeres pasa también por los progresos que se realicen en cuanto a igualdad salarial y profesional, una política familiar verdaderamente favorable al empleo de las mujeres y que aliente una equitativa distribución del trabajo doméstico entre hombres y mujeres. También es necesario desarrollar masivamente las formas de cuidado de los niños, tomando todas las medidas necesarias para impedir un manejo de una mano de obra que castiga a las mujeres a menudo obligadas a abandonar su carrera para ocuparse de los niños o de sus padres.
El derecho a la jubilación es un derecho fundamental y nuestro sistema de jubilaciones basado en la solidaridad entre las generaciones es un elemento constitutivo de nuestro pacto social. Su evolución debe construirse a partir del diálogo y la búsqueda de consensos pero sobre todo con espíritu de justicia.. Una reforma global de nuestro sistema de jubilaciones implica una seria preparación y un largo debate antes de someter a los franceses a un próximo fracaso nacional
Solamente así podremos restablecer la confianza de todas las generaciones en el futuro de nuestro sistema solidario de reparto
Michel Aglietta, économista ; Claude Alphandéry, présidente del Consejo National de Insercion por actividad económica ; Antoine Bozio, economista (University College de Londres); François Chérèque, secretario general de la CFDT ; Julia Cage, economista (université Harvard); Denis Clerc, economista ; Christophe Deltombe, presidente de Emaus France ; Michel Dreyfus, historiador CNRS ; François Dubet, sociólogo ; Marie-Thérèse Lanquetin, jurista; François Legendre, economista ; Eric Maurin, economista ; Olivier Mongin, director de la revista "Esprit"; Marc-Olivier Padis, redactor en jefe de la revista "Esprit" ; Bruno Palier, investigador especialista en jubilaciones (CNRS-Sciences Po) ; Hélène Perivier, economiste a; Thomas Piketty, economista (Ecole d'économie de Paris) ; Francois Soulage, presidente del Socorro católico ; Alain Touraine, sociologo ; Michel Wieviorka, sociologo.
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