Tercera Información
Con los tres nuevos asesinatos, ya son nueve las ejecuciones por motivos políticos desde que el golpista Pepe Lobo asumió el liderazgo de la dictadura surgida del golpe de estado al líder político Manuel Zelaya, el pasado 28 de junio.
Según denunció el último presidente de Honduras legal y legitimamente elegido, Manuel Zelaya, la represión contra el pueblo continúa con Pepe Lobo en la dirección del estado. El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Honduras coincide con las aseveración del expresidente.
Todos los asesinados con responsabilidad directa del régimen de Pepe Lobo según organizaciones de derechos humanos como el Comité para la Defensa de Derechos Humanos (CODEH) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se mantenían en la lucha contra la dictadura y la mayoría pertenecían al Frente.
Los tres últimos asesinados son dos campesinos del Bajo Aguán y un ciudadano de la capital hondureña, Tegucigalpa.
Los campesinos del Bajo Aguán están llevando adelante una lucha, con apoyo del FNRP, por hacer valer sus derechos sobre las tierras liberadas durante el anterior gobierno de Manuel Zelaya. Con la llegada de la dictadura las tierras fueron devueltas a los terratenientes, que las mantienen en gran parte sin producir para especular el suelo y anteriormente usadas con fines políticos contra el ejecutivo de Zelaya.
Las pasadas semanas los campesinos ya fueron brutalmente reprimidos, detenidos y también asesinados. Ahora hay otros dos trabajadores del campo asesinados, José Antonio Cardoza y José Concepción Carias. Perdieron sus vidas después de la jornada de trabajo, después de recibir amenazas del latifundista Carlos Díaz.
Los terratenientes cuentan con el apoyo del gobierno, que les presta las fuerzas de seguridad públicas como seguridad privada mientras que el ministerio público no investiga con suficiente rigor estos hechos, o ni siquiera abre investigación alguna.
Esta actuación de complicidad de la instituciones de la dictadura hondureña con los asesinatos se comprueba con la muerte del ciudadano Francisco Castillo, al lado de su casa mediante un disparo efectuado por un desconocido por la espalda. El CODEH había pedido al Ministerio Público medidas cautelares para Castillo, de 50 años de edad, por haber recibido amenazas de muerte. Estas medidas no se habían implementado en el momento de su muerte.
Francisco Castillo era junto con su esposa, también amenazada, militante del Frente Nacional de Resistencia Popular.
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