Adital
Por Natasha Pitts *
Desde el 28 de junio de 2009, fecha en que se concretó el Golpe de Estado en Honduras, la población del país viene sufriendo sistemáticas violaciones de sus derechos humanos.
Con la implantación de un nuevo gobierno, el 27 de enero, la expectativa era que las violaciones cesaran; sin embargo, no fue lo que sucedió. Después de la toma de posesión de Porfirio Lobo, seis personas fueron asesinadas por supuestas motivaciones políticas.
No sólo asesinatos, sino también secuestros e intimidaciones continúan siendo constantes contra los opositores al golpe. Como si no bastara sufrir violencia física y psicológica, la población también es afectada por la impunidad. En un comunicado, el Centro por la Justicia y por el Derecho Internacional (Cejil) denuncia que la eficacia del órgano judicial del nuevo gobierno está sólo en juzgar y condenar a los opositores al golpe como si ellos fueran verdaderos delincuentes.
Mientras tanto, la Justicia camina a pasos bastante lentos para los violadores de los derechos humanos relacionados con el golpe de Estado.
En el caso de los seis jefes militares acusados de expulsar del país al ex-presidente de Honduras, Manuel Zelaya, la Suprema Corte fue ágil en reconocer que la actitud de los militares "fue necesaria para evitar una ola de violencia generalizada en el país".
Abusos como estos fueron denunciados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un grupo de abogados hondureños defensores de los derechos humanos. Durante la reunión, los abogados y abogadas denunciaron que la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público "declinaron a su deber de garantizar los derechos humanos" del pueblo hondureño y que por este motivo, la parte de la población en resistencia continúa sufriendo persecuciones y violencia.
También en su comunicado, Cejil refuerza las denuncias y confirma que "en un contexto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público actúan de manera ineficiente, parcial y discriminatoria, contra personas opositoras al golpe".
El grupo de abogados también denunció que entre los seis muertos desde el inicio del año, tres eran periodistas y uno de ellos, Nahúm Palacios, por órdenes de la CIDH, debería haber estado recibiendo protección por haber sufrido amenazas previamente. Como las medidas correspondientes no fueron tomadas y el periodista permanecía desprotegido, al volver a casa, en la ciudad de Tocoa, el vehículo de Palacios fue alcanzado por 41 disparos.
Cientos de otros casos fueron dejados de lado. Detenciones ilegales y arbitrarias que deberían ser investigadas por el Ministerio Público continúan en la impunidad. De acuerdo con el Cejil, de 87 recursos de amparo documentados hasta octubre por el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), ninguno surtió efecto. Según Nectalí Rodezno, del Frente de Abogados, lo mismo sucedió con las denuncias de torturas, malos tratos, intimidaciones y lesiones.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
* Periodista de Adital
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