Rebelión
Por Héctor Vega
La región de Bío Bío con sus disparidades sociales es una muestra de lo que es Chile sin necesidad de exhibir movimientos telúricos para evaluarlas en sus efectos. Allí coexiste un sector productivo moderno y exportador, de altos ingresos, con una agricultura de subsistencia y bolsones importantes de pobreza en la precordillera andina. Situación que se repite en Maule y O'Higgins aún cuando con menos contrastes, pues la Región de Bío-Bío presenta los menores índices de desarrollo humano (IDH), en sus 10 comunas más pobres que fluctúan entre 0,562 y 0,604, siendo la comuna más pobre, Trehuaco, la que exhibe un IDH de 0,562 y que comparado al IDH promedio de Chile es decir 0.800, con el lugar 44 por sobre el resto de los países latinoamericanos, revela la impactante realidad de una zona que se presenta con uno de los mayores desarrollos del país.
Hemos recorrido la pobreza de la Región de Bío-Bío en una estrecha franja costera y ella se percibe en Curanilahue, Los Alamos, Carampangue, La Araucana, Laraquete, en la ruta de Concepción hacia Los Alamos y Lebu, pero es también la realidad de hileras de pueblos que se sitúan en lo que fue la vía férrea, con viviendas precarias donde pululan mujeres jefes de hogar y niños que crecen sin esperanza, sin salud, ni educación.Pobreza en medio de las ganancias que extrae la riqueza forestal Bosques Arauco, dedicada a la compra de terrenos y plantación de pinos.
En esa realidad social se sitúan los grandes establecimientos productivos de la región del BíoBío, -hoy en su mayoría paralizados por el sismo- a saber energía (eléctrica, petróleo y gas natural), industriales, petroquímica, madera, turismo, infraestructura portuaria con ocho puertos comerciales, pesca industrial, biotecnología aplicada a las áreas forestal, acuícola, alimenticia y medio ambiental, industria transformadora del plástico, agroindustria, industria siderúrgica con la usina de Huachipato y la industria naval de Asmar, hoy destruida por el maremoto. En tres décadas ninguno de esos desarrollos ha tocado la población desempleada del carbón. A un año de la publicación de la ley 19129 de Reconversión Laboral, una encuesta (1993) llegaba a la conclusión que en la comuna de Lota del total de beneficiarios sólo un 38,61% obtuvo trabajo, permaneciendo cesante un 61,39%. Los Planes de Mejoramiento Urbano no eran sino una forma de desempleo disfrazado. Pese que a partir de 2005 el desempleo local es decreciente, este frisa en 9%, y en localidades como Lota y Coronel la cesantía llega al 14%.
Un Estado sin solución para las ciudades del carbón
La capacitación del Estado para el empleo fue más bien una capacitación para el desempleo sin solución para las ciudades del carbón. En su visión asistencialista los programas de capacitación no tenían relación con la demanda real. Las estadísticas educacionales de la VIII Región muestran un nivel decepcionante y no se logra ver cómo la población local puede incorporarse con ese grado de conocimiento a proyectos de carácter nacional. De 100 personas de más de 15 años con estudios aprobados en los diferentes niveles de enseñanza, sólo 35 se incorporó a la escuela media, alcanzando algún grado de la escuela media: sólo 12 completó sus estudios, y 4 logró entrar a la educación superior. 3 nunca recibió, en su vida, algún tipo de educación. ¿Cómo entonces integrarse a la modernidad y a actividades que proporcionen un mejor futuro? Con esa realidad conviven alumnos del resto del país, que frecuentan las siete universidades que existen en Concepción y más de 40 centros de formación técnica e institutos profesionales. Milagro que surge frente a los ojos de una población local sin posibilidad alguna de participar.
La reconstrucción
Esta es la realidad anterior al sismo y tan amenazante como la destrucción provocada por las fuerzas de la naturaleza. Una primera afirmación. Las exigencias de la reconstrucción son incompatibles con las reglas de la economía de mercado, con ganancias especulativas para las empresas y graves deficiencias en sus planes de producción como dramáticamente se demostró con edificios e infraestructura que se desplomaron. Canalizar las platas del Estado según el actual modelo, es hacer en las actuales circunstancias el gran negocio de las empresas inmobiliarias y de concesionarias de la infraestructura (vial, energía, telecomunicaciones, agua, etcétera).
El gran interrogante es cómo a partir de la reconstrucción de lo local se desarrollan las iniciativas colectivas donde exista no sólo el control sobre los mecanismos de especulación en tiempos de escasez, sino que la organización social se imponga en tareas colectivas (mingas por ejemplo) para reconstruir espacios de habitabilidad allí donde exista pocos daños. Base a partir de la cual se iniciará la construcción colectiva de casas, según tiempos y turnos acordados por la comunidad; elección de nuevos espacios de habitación que no sean vulnerables a nuevos maremotos y según prácticas antisísmicas. En fin conjunto de iniciativas que sean apoyadas por la población damnificada que esta vez se mueve como un todo y no como un conjunto de casos individuales.
De cómo la población enfrenta el desafío
El desafío es reemplazar la lógica de los precios del mercado libre por precios que traducen situaciones sociales y acuerdos colectivos. De lo que se trata es de llevar al Estado a una política de canalización de los recursos así como a su control. Es decir, cuando la reconstrucción de viviendas se llevará a cabo en nuevos terrenos, alejados de las zonas costeras bajas, vulnerables a maremotos o marejadas excepcionales, no habrá clientes, sino un cliente, la comunidad, que además aportará con una demanda por materiales y servicios. En la localidad habrá una cooperativa de constructores según profesiones y oficios de la comunidad dispuestos a dirigir faenas, proporcionar mano de obra, recolectar fondos, etc.
La comunidad deberá aprender a reproducir el mercado en lo que podría llamarse "mesas de mercado" desarrolladas en las mismas localidades siniestradas y en presencia de los diferentes actores es decir, demandantes y oferentes. Mesas de mercado donde se negociarán precios de materiales, calidades, tiempos de entrega, precios de faenas, en fin se reproducirá no sólo la demanda sino además la oferta. El todo será presidido por la autoridad local (alcalde, gobernador.) y el delegado de la comunidad. Con ello se garantizará junto con el cumplimiento de lo acordado, una práctica de transparencia y fluidez, alejada de manejos monopólicos, abusivos y especulativos.
En la emergencia se abre así la gran posibilidad de crear los gérmenes de una nueva economía esta vez gestionada por un pueblo con emergencias reales y dispuesto a salir adelante por sus propios medios.
- Héctor Vega es profesor del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina de ELAP, Universidad ARCIS.
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