Alterpresse
Por Gary Olius
Traducido para Rebelión por Susana Merino
Dos cosas han llamado la atención de más de uno durante las primeras semanas que siguieron al sismo del 12 de enero: 1) la extraordinaria solidaridad del resto del mundo hacia nuestro malherido Haití. 2) la ausencia absoluta de las autoridades del Estado.
Y a medida que pasaban las horas la comunidad internacional comenzaba a descubrir la verdadera dimensión de la legendaria resistencia del pueblo hatiano. Desprovisto de todo, la puesta en pié de este pueblo frente a la adversidad y el sufrimiento se sobrepone como signo elocuente que atestigua su voluntad de participar de inmediato en la reconstrucción de su país. Este erguirse a prueba de todo se siente también como una orden a los poderes públicos de actuar con celeridad, de no conformarse con revoques, ni remiendos, ni con una reconstrucción a la antigua. Los pretextos para rehacer las cosas según las viejas costumbres no faltan, pero la deliberada elección de salir de los senderos tradicionales comportan riesgos que quienes deciden deben asumir hoy en día conscientemente para no tener que –dentro de cinco o diez años– buscar en los eternos refugios del anti-duvalierismo los mismos pretextos que sirven desde hace lustros para enmascarar los déficit evidentes de los resultados.
Entre la multitud de cosas que han mantenido la atención de todos, no se podría eludir en silencio la ayuda humanitaria provista por las ONG, aunque habría mucho que analizar sobre la relación entre cantidades- costos operativos de las operaciones llevadas a cabo. Ahora que se tiende a admitir que el período de urgencia ha pasado, que el Estado haitiano resurge poco a poco de los escombros para erguir la cabeza, que los prestatarios de fondos comienzan a tomar decisiones sobre la calidad de sus compromisos a largo plazo hacia el país y que las ONG han salido fortalecidas por los servicios prestados a una parte de las poblaciones víctimas así como del vil informe publicado por el Departamento de Estado de los EEUU sobre la corrupción en Haití; nos preguntamos qué nos reservarán los próximos cinco años.
El maratónico ejercicio del “Post Disaster Needs Assessment” (Asesoramiento sobre las necesidades post-desastre) y las tratativas entre bastidores dieron lugar a un plan de relevamiento y a una estructura mixta destinada a administrar los proyectos de reconstrucción en el curso de los próximos 18 meses. Posteriormente se diseñará un dispositivo parecido a un cuadrado mágico Gobierno-Prestatarios –CIRH/HDA (1)- ONG destinado a asumir el desarrollo del país en los años por venir.
Es preciso aclarar que no todas las partes presentes son malintencionadas pero sí sutiles. Esta sutilidad congénita puede degenerar fácilmente en una desconfianza que condicionando una serie de comportamientos fuera de las normas, podría comprometer peligrosamente la velocidad de ejecución de los programas de reconstrucción previstos.
Por ejemplo habría mucho que hacer para que un ministerio sectorial del gobierno se sometiera dócilmente a la buena voluntad política de la CIRH/ADH, dado que ”armonizar” la relación Estado-ONG no será cosa fácil luego de las graves acusaciones de que ha sido objeto el gobierno. Es preciso mencionar también la necesidad de plantear los pre-requisitos que permitan evitar un codo a codo permanente entre el gobierno y los prestatarios por dentro o por fuera del marco de la estructura administrativa que se creará. El pueblo corre el riesgo de no poder dormir tranquilo –por lo menos hasta el 2015– si los actores presentes se divierten tirando la manta hacia los cuatro puntos cardinales en función de sus respectivos intereses.
El dilema es real. El estado haitiano es débil, con razón o sin ella, se le ha atribuido el epíteto de corrupto. Ipso facto son muy pocos los que verían con buenos ojos la posibilidad de otorgar el monopolio de la ejecución de los programas de reconstrucción del país a la administración pública. Se reconoce universalmente al mismo tiempo que sin acuerdo previo de las autoridades estatales, las iniciativas propuestas están condenadas al fracaso. El reflejo automático de algunos países donantes sería decir: ya que el Estado es débil y corrupto, demos más poder a las Organizaciones No Gubernamentales en la primera etapa de la reconstrucción. Pero eso no resuelve el problema porque las ONG –en tanto virtuosas del humanitarismo– no están capacitadas para ejecutar proyectos estructurales, sus enfoques no están totalmente exentos de sospecha y no rinden cuentas a nadie. Por lo tanto ¿sería normal que las ONG administren los fondos y lleven a cabo las intervenciones, mientras que son las autoridades del estado las que tendrían que asumir la dura responsabilidad de rendir cuentas?
La estrategia de acosar al Estado hasta sus últimas consecuencias a golpe de acusaciones de corrupción no es en absoluto beneficiosa para las ONG, contrariamente a lo que muchos tienden a pensar, desde el momento en que esas organizaciones no obedecen en sus relaciones a una lógica de vasos comunicantes. La debilidad del estado no alimenta proporcionalmente la fuerza de las ONG, como la ilusión óptica propia del campo de la cooperación internacional, lo deja percibir. Se diría más bien que se trata de que doblen las campanas a difunto para esta visión relativamente falsa de las cosas negociando la formación de una entidad mixta (CIRH/ADH), que mantenga a las ONG en su exacto lugar.
Otra vertiente de este dilema se ubica, en tiempos de jugosos negocios, en la rendición de cuentas y en la corrupción. Si se dejan intactos los procesos mercantiles de adjudicación, los programa de reconstrucción tal y como han sido concebidos tardarían 50 años en ser ejecutados. Por lo tanto para hacer posible el alcance de los resultados esperados en un horizonte temporal razonable, es necesario realizar una revisión sustancial de esos procedimientos. Pero la aplicación de métodos ad hoc de adjudicación a los mercados puede acarrear en sus surcos riesgos no despreciables de colusión, de concusión, de conflictos de intereses o de corrupción, dado que la urgencia como argumento clave puede ser invocada para justificar cosas a priori totalmente injustificables. En tal sentido ningún lado del cuadrado mágico mencionado anteriormente podría reivindicar de derecho el monopolio que fuese del control de la ejecución de los programas o la exclusiva administración de los fondos y lo relacionado con ellos. Y no es sin razón que paradojalmente las mismas voces que reclaman con fuerza la falta de liderazgo del Estado en el contexto post-desastre defienden al mismo tiempo el otorgamiento del liderazgo de la coordinación de las acciones de reconstrucción al Jefe de Estado; aunque esta prescripción no se halla llevado a cabo dentro de la lógica decisional de la CIRH/ADH
Como en un curioso juego de fútbol practicado por chiquillos, los cuatro grandes jugadores (Gobierno – Prestatarios – CIRDH – ONG) se mantienen permanentemente en posición de ataque, obligados a pasarse la pelota que cada uno quiere atrapar empeñosamente. Todos quieren hallarse en la posición ideal para arrojar, marcar y ganarse los masivos aplausos de los espectadores (el pueblo haitiano). Es probable que no se produzca el gol aun estando el campo libre. Los jugadores pueden correr todo el tiempo, unos y otros hasta arrojar la pelota fuera del área de juego y de la cancha. Así hacen fondo los fondos. En tal situación deseemos que los espectadores se complazcan tan solo en silbar las riñas y la torpeza de nuestros jugadores… de pelota: porque solo Dios sabe hasta donde podrán llegar las manifestaciones de descontento de los millones de decepcionados de Haïtí
golius@excite.com
Notas:
[1] CIRH : Commission Interina para la Reconstrucción de Haití (18 meses de mandato))
(2) IDH : Autoridad para el Desarrollo de Haití (mandato que expirará en el 2015)
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