Adital
Por Pablo Jofré Leal *
El movimiento telúrico 8,8° que colapsó la infraestructura vial, habitacional y de telecomunicaciones del país ese fatídico sábado 27 de febrero a las 03:34 horas significó también un duro varapalo a la creencia de la excelencia constructiva de las empresas dedicadas al rubro inmobiliario, particularmente en altura.
La hecatombe de cientos de departamentos en complejos de edificios construidos en el último lustro, ha generado una ola de indignación tan poderosa como aquella que se llevó la vida de decenas de chilenos. Ha comenzado así un proceso de judicialización de los efectos de un terremoto, que tendrá aún muchas replicas, que obligarán al gobierno entrante a tomar decisiones respecto a aquellos cuadros políticos que están en su nuevo aparato de funcionarios y vinculados a empresas constructoras responsables de construir edificios colapsados.
Funcionarios Empresarios
Los nombres de los conjuntos de Departamentos y proyectos habitacionales: Maestranza de San Bernardo, Villa Galilea en Talca, Edificio Alto Rio en Concepción, Condominios Don Tristán y Bailén 2320 en Maipú, Emerald en Ñuñoa. Unido a empresas como Paz Corp, Besalco, Mujica & González, Socovil son los nombres que más se repiten a la hora de evaluar los daños sufridos por los hogares de miles de chilenos. En el caso de un sismo "de severa magnitud" como fue el que sufrimos el 27 de febrero, la norma técnica vigente en materia de construcciones, obliga a los edificios a no colapsar ni poner en riesgo vidas. Nada de ello se cumplió, lo que hace imperativo una profunda revisión de esas normas y de la forma que el llamado "Boom de la Construcción" significó llenar nuestras ciudades de torres en crecimiento sin ton ni son.
Unido a lo señalado, se ha mezclado brumosamente la siempre compleja y peligrosa relación entre negocios y política, como ha sucedido con el recientemente nombrado Intendente de Santiago Fernando Echeverria, socio de una de las empresas constructoras que edifico el edifico Alto Arauco II en Concepción y que ha sido duramente criticado por los propietarios de esta construcción colapsada.
Está el caso también del Intendente del Maule, Rodrigo Galilea Vial, propietario de la empresa constructora Galilea S.A quien construyó la agrietada Villa Galilea de Talca. Galilea, además de la constructora, está vinculado a Aguas y Riles, una empresa en la que figura como accionista y presidente del directorio. Empresa que suministra agua potable en la región del Maule. Cuenta con clientes como CODELCO y la Superintendencia de Servicios Sanitarios ¿Quién va a reparar los daños en la infraestructura sanitaria en la región? Es probable que el Sr. Intendente se vea atrapado en el dilema de ser funcionario público o empresario. Lo claro es que alguien tendría que haberle dicho a éste alto funcionario público, elegido directamente por Piñera, como autoridad en una de las regiones más castigadas por el terremoto y Tsunami del pasado 27 de febrero, que no puede hacer en su primera actividad pública una visita a una Villa construida por su empresa, dañada por el terremoto y con una población en pié de guerra.
En Santiago, la Sra. Claudia Quezada, propietaria de una de las construcciones afectadas por el sismo en el Complejo Maestranza de San Bernardo, se convirtió en la primera de las personas en presentar una acción en el plano judicial contra la empresa constructora Besalco. La Sra. Quezada exige una indemnización por perjuicios - cercana a los ocho millones de pesos - por daños en su hogar que lo dejaron inhabitable. Esa figura legal se puede convertir en la pesadilla de decenas de la industria de la construcción, que después de la crisis económica había logrado repuntar con ofertas irresistibles en cientos de proyectos a lo largo de todo Chile.
En ese escenario se sospecha la posibilidad que algunas de estas empresas se declaren en quiebra, de tal forma de eludir las responsabilidades que les compete y para ello se analiza lo sucedido tras el terremoto del año 1985, cuando una treintena de empresas hicieron uso de este derecho, para eludir así sus responsabilidades indemnizatorias. En este 2010, desde el 27 de febrero a la fecha en el Diario Oficial, donde se deben publicar las quiebras, no hay ninguna empresa que haya hecho tal declaración o modificado la conformación de la sociedad - buena señal - Fuentes del sector dijeron al respecto que es poco probable que las empresas elijan esta conducta como fórmula de cesación de pago, pues más bien usarían una figura legal llamada "convenio". La Superintendencia de Quiebras señaló que estará alerta, sobre todo frente a lo que puedan realizar las 27 empresas cuyos edificios de departamentos se vinieron abajo o bien otros que deberán ser demolidos.
La acción de la mencionada Sra. Quezada y lo rumores respecto a las "triquiñuelas" que preparan algunos inescrupulosos, se da en un marco de desconfianza contra las empresas constructoras cuyos edificios quedaron con daños estructurales. Y este concepto, el de "estructural", es el que ha devenido en el más usado en las conversaciones cotidianas de los chilenos ¿Cómo quedó tu casa? Pregunta un vecino ¡¡no tan mal, con algunas grietas pero nada estructural! argumentan los consultados. ¿Tu edificio sufrió mucho? pregunta otro vecino "Tuvimos que desalojar, pues los daños son estructurales" señala el interrogado. Todo ello con la imagen muy presente y catastrófica del edificio Alto Rio de Concepción, que se desplomó como un gigante con pies de barro. O la enorme Torre Emerald en Ñuñoa, cuyos propietarios no se atreven a acercarse, como tampoco sus vecinos, que sufrirán las consecuencias de un eventual colapso.
La caridad como lavado de imagen
Como parte de una elaborada estrategia de defensa corporativa, las empresas constructoras han salido a la palestra pública, defendiendo su labor bajo el argumento que las construcciones en Chile resistieron bien uno de los cinco terremotos de mayor magnitud de la historia medible de los sismos en el mundo. Tales argumentos han sido esgrimidos por el Presidente del gremio de los constructores, Lorenzo Constand, quien tuvo una desafortunada intervención a pocos días de la catástrofe, al hacer una metáfora poco feliz, al defender las soluciones disponibles para xlos edificios en riesgo de inclinación usando el ejemplo de la Torre de Pisa. Constand tuvo que disculparse ante la evidente torpeza cometida, cuando se tienen en vista los intereses corporativos y no los beneficios sociales.
Generó comentarios adversos también, el hecho que grandes empresarios inmobiliarios estuvieran de cuerpo presente en el maratónico programa "Chile Ayuda a Chile" que recolectó cerca de 50 mil millones de pesos, para ir en ayuda, con viviendas de emergencia a las poblaciones más afectadas por el terremoto y el Tsunami. En el imaginario colectivo quedó la imagen de un lavado de imagen frente a la avalancha de demandas que se ve venir. Pero, como afirma la vieja máxima "a mal de muchos consuelo de bobos" no puede ser argumento el sostener que la magnitud del cataclismo exculpa a las empresas, que construyeron -según se atreven a afirmar los más críticos- en zonas no destinadas a ello, sin estudio de suelos, o que una misma empresa construyó con ciertos estándares en una comuna de clase media donde colapsó y en otra de altos ingresos se mantuvo incólume.
Las interrogantes se suceden una tras otra: por qué no se respetaron normativas municipales, por qué en ciertas zonas la densificación sobrepasa en mucho a otras áreas donde incluso está regulado el máximo de pisos por edificio. Por qué un mismo sismo afectó de manera distinta a estructuras modernas situadas una al lado de otra, qué falló, quién falló, quién es el responsable. Cuáles son los entes municipales, de gobierno, del mundo privado, calculistas, ingenieros, constructoras, inmobiliarias, que le deben una respuesta a miles de chilenos que gastaron sus ahorros en construcciones que no resistieron un sismo en un país que los sufre constantemente, en una zona del globo donde la construcción antisísmica se vende como parte del paquete habitacional.
La lectura más fina y crítica de las declaraciones de dirigentes de la Cámara Chilena de la Construcción, de dueños de empresas inmobiliarias e incluso de autoridades de gobierno permiten sospechar que se pretende tejer un manto de "mala suerte" respecto a ciertas construcciones comparadas con la resistencia observada en el parque habitacional total. Para Patricio Herman, Arquitecto, presidente de la organización Defendamos la Ciudad "el drama de Chile es que en materia de vivienda, sus autoridades se han replegado para que el sector privado constructor haga lo que desee, teniendo como único norte la rapidez en obtener lucrativos negocios. Existe una estricta norma antisísmica (Nch 433) que busca evitar colapsos, pero paradójicamente nadie la fiscaliza, porque las direcciones de obras han sido desmanteladas. En 1997 se creó la figura de los revisores independientes, labor desempeñada por profesionales ex funcionarios municipales, que no se entrometen en los cálculos de estructuras ni menos en revisar la idoneidad de los materiales usados en las edificaciones. Como tampoco hay autorregulación de parte del sector privado, el resultado es el que tenemos a la vista".
El proceso de judicialización de los efectos del sismo, permite sostener que en el futuro inmediato, se hará imprescindible que los nuevos proyectos de construcción tengan una serie de consideraciones que los harán más seguros. Para Herman "se necesita conocer los nombres de los primeros vendedores de los edificios o condominios, constructoras o inmobiliarias, de modo que el mercado opere con transparencia. Se debe hacer un catastro nacional de edificios colapsados, indicándose el RUT y los nombres de los socios, saber los nombres de los profesionales que participaron en la construcción y que, tras una investigación detallada, los tribunales de ética de los colegios de Ingenieros, Arquitectos y Constructores Civiles, sancionen de manera ejemplar a los responsables, aparte de las demandas civiles y penales que correspondan".
Para los analistas de las políticas de construcción chilenas, es necesario modificar las conductas constructivas, más que seguir intensificando normas antisísmicas que suelen quedar en tierra de nadie a la hora de exigir responsabilidades frente a eventos como los vividos en febrero pasado. "Hay que entender que construir bien es una obligación tanto en el sector público como en el privado - afirma Herman -. Esperamos que todas las víctimas de la inescrupulosidad de ciertas inmobiliarias inicien las acciones judiciales haciendo valer no sólo la ley de la calidad de la construcción contra ellas, sino por las causales establecidas en el Código Civil y perseguir a diversos expertos con distintas motivaciones, que no hicieron correctamente su trabajo y estos sí tienen responsabilidad contractual".
El presidente del Consejo Nacional de Normalización de la Construcción, Blas Bellolio, señaló ante medios de prensa capitalinos que "antes del terremoto, estábamos bastante avanzados en la cultura de construir bien, lo que no omite que hubiera casos puntuales que merecían la preocupación de la Cámara. Pero el número de juicios por tema de la calidad de las viviendas era ínfimo hasta antes del sismo. El terremoto ha evidenciado que es momento de impulsar la actualización de las normas".
La judicialización de los efectos inmobiliarios del terremoto del 27 de febrero no es más que la expresión de indignación y lógica búsqueda de justicia frente a lo que se considera un abuso de empresas que han buscado el lucro más que la seguridad. En muchas de las obras cuestionadas parece haber existido dolo y así lo expresó el Presidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales, Carlos Bascuñán, ante una consulta periodística referida a la comparación de daños en edificios contiguos, como fue el caso del Condominio Don Tristán y Bailén en la comuna de Maipú "si bien pende un estudio formal de qué sucedió en esos casos, cuesta explicar lo sucedido. Ambos edificios están por caer cuando al lado hay otro en perfectas condiciones. Aquí la mecánica de suelo no falló, sino que los pilares. Hubo dolo, algo que se hizo mal hace cuatro años".
No ha fallado, en muchos casos, la mecánica de suelo como ha esgrimido la Cámara Chilena de la Construcción, fallaron pilares, estructuras que deberían haber resistido un "evento de severa magnitud" y que sin embargo explotaron como cáscaras de huevo. Aquí no falló la naturaleza, hubo dolo de empresas constructoras, algo se hizo mal a pesar de las normas y eso hay que investigarlo. Nada se debe ocultar a pesar de los intentos de los dueños de alguna inmobiliaria y expertos de dudosa objetividad (ligados generalmente a las empresas constructoras) pues lo que está en juego es la credibilidad de un sector de indudable importancia económica pero, sobre todo, que tienen directa injerencia con la calidad de vida de millones de chilenos.
Los sismólogos afirman que las réplicas por el terremoto del 27 de febrero durarán al menos seis meses pero, las réplicas judiciales se extenderán por largos años hasta que los miles de chilenos, que se sienten estafados, tengan una reparación justa y puedan volver a habitar con seguridad sus nuevas viviendas.
* Corresponsal de Adital en Chile
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