Incentivos perversos bajo el capitalismo

Rebelión

Por Jorge Gonzalorena Döll

El hecho de que numerosas edificaciones de construcción relativamente reciente se encuentren colapsadas a consecuencia del terremoto del 27 de febrero han puesto de relieve la existencia en este ámbito de graves vacíos legales y de muy serias anomalías tanto en la ejecución de las obras por parte de las empresas constructoras como de las autoridades encargadas de su fiscalización. Algo que de algún modo había sido ya anticipado por situaciones ocurridas en los últimos años como las de viviendas ostensiblemente mal edificadas en diversos lugares del país, la caída del puente sobre el río Loncomilla, los defectos en la loza de la nueva pista del aeropuerto de Pudahuel y otras parecidas.

En medio de la conmoción generada por las fatales consecuencias humanas de esta situación, que ha dado pie a un espontáneo juicio de repudio ciudadano por la total falta de ética que ella ha puesto al descubierto por parte de las empresas, las familias más directamente afectadas han iniciado acciones legales dirigidas a perseguir las responsabilidades criminales involucradas en estos casos. Esto a su vez ha dado origen una serie de maniobras por parte de las empresas, incluido, su reciclamiento legal bajo una nueva personalidad jurídica, orientadas a eludir dichas responsabilidades.

Sin embargo, estos son sólo los aspectos puntuales del problema. Más allá de ellos, lo acontecido representa una magnífica oportunidad para reflexionar sobre las causas de fondo de la situación que comentamos. El problema trasciende ampliamente el plano de los eventuales errores de cálculo en la ejecución o la negligencia administrativa en la supervisión de las obras. Lo que esta situación pone de relieve en este caso es la existencia bajo el imperio del sistema económico capitalista de poderosos incentivos perversos que obstaculizan, ponen en peligro o simplemente impiden el logro de importantes y anheladas metas sociales, provocando frustración y desconfianza en la población.

Dichos incentivos perversos, vale decir motivos para no obrar del modo en que correspondería hacerlo en función de los valores que usualmente se invocan, no son casuales o contingentes sino la expresión de un conflicto latente, generalizado y permanente, entre el interés público y el interés que impulsa y orienta la acción de los agentes económicos privados. En efecto, en virtud del criterio de racionalidad económica que rige la actividad económica bajo el capitalismo, que no es otro que la valorización del capital, este conflicto constituye algo inherente al sistema económico en que hoy vivimos.

Es, por tanto, un conflicto que es gatillado por la necesidad del empresario de maximizar sus ganancias, pero impedido por la competencia de traspasar un determinado umbral en los precios de venta de las mercancías que produce, lo que lo impulsa inexorablemente a disminuir al máximo sus costos de producción para lograrlo.

Si bien este es un conflicto que no nace con el capitalismo, y que ya fue puesto agudamente de relieve por los más lúcidos pensadores de la antigüedad, como Platón y Aristóteles, o por los escritos bíblicos y los primeros padres de la Iglesia, como un conflicto entre el afán de lucro y una conducta virtuosa, encuentra bajo este sistema su exacerbación máxima. En su distinción entre economía natural y "crematística", vale decir entre la actividad económica desarrollada en función de la satisfacción de las necesidades humanas y la actividad económica que, convirtiendo esos fines en un simple medio de una finalidad superior, se orienta prioritariamente por el objetivo de adquirir y acumular riquezas, Aristóteles advertía sobre el carácter insaciable de esta última.

Este conflicto subyacente a la actividad económica bajo el capitalismo es algo cuyas expresiones trascienden hoy ampliamente la penosa situación que motiva esta reflexión y que también podemos observar en muchos otros ámbitos de la vida social: el modo en que se gestiona el desempeño del sistema educativo y los criterios utilizados para asignar las subvenciones, los privatizados sistemas de acreditación de la calidad del mismo, la escasa confiabilidad que hoy brinda a la población la atención de salud, aprisionada entre la escasez de los recursos y el afán de lucro, la débil fiscalización de los impactos ambientales, los modos de auditar el estado financiero de las empresas (acordémonos de las fraudulentas prácticas contables que se pusieron al descubierto con la quiebra de la Enron en EEUU), etc.

La exacerbada e incontrolada primacía del interés individual sobre el interés social que se ha impuesto en Chile con posterioridad al golpe militar de 1973 en nombre de la libertad económica, y que es el criterio en que en última instancia se funda el sistema económico capitalista en cualquiera de sus versiones, dando origen a aquella profunda disociación intelectual y moral de la que hablaba el Premio Nobel de Economía Gunnar Myrdal, es lo que explica en última instancia lo que acontece no sólo en el caso puntual que examinamos sino la mayor parte de los males que actualmente aquejan al mundo en que vivimos.

El colapso de algunas construcciones y el estado deplorable en que quedaron muchas otras hasta el punto de tornar obligatoria su demolición constituyen, pues, una muy clara evidencia no solo de la total falta de escrúpulos que impera en el individualista mundo de los negocios prevaleciente en el marco de una economía capitalista, impulsada constantemente a trabajar "en el límite" en materia de cálculo de costos, sino también y sobre todo de los enormes riesgos y costos humanos que esto lleva inevitablemente aparejado para el grueso de la población.