Radio Progreso
Integrantes del Foro de Mujeres por la Vida, en audiencia donde se dio sentencia condenatoria contra Cesar Augusto Ocón, responsable del feminicidio de Sulmi Sumilda Erazo.
A un año de la pandemia y el parcial confinamiento, entre marzo y junio de 2020, que decretó el gobierno en Honduras, la condición de violencia contra las mujeres no tomó descanso en medio del Covid-19, todas las violencias se han sostenido, apunta Helen Ocampo, coordinadora del Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
Según el Observatorio de Derechos del CDM, Honduras es el segundo país con mayor índice de violencia contra las mujeres en Centroamérica y “la vulnerabilidad de las mujeres y niñas aumentó por la pandemia de COVID-19 y el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota”.
“Definitivamente, estar en alerta todavía por la pandemia no ha marcado diferencia para la seguridad de las mujeres, al contrario, ha significado que se complique el acceso tanto en salud como en seguridad”, indica Ocampo, al realizar un recorrido al cumplirse un año de colapso sanitario y de restricción de garantías constitucionales.
El gobierno que dirige el mandatario, Juan Orlando Hernández, pese a que la ciudadanía retorno a las actividades económicas y laborales, sin la garantía de un sistema de salud fortalecido, sigue sosteniendo los toques de queda o limitación la circulación en horas determinadas, determinación que ha dado paso al abuso de autoridad de los agentes de las fuerzas de seguridad.
Uno de los casos que ha demostrado el abuso policial durante los toques de queda es el femicidio de la joven estudiante de enfermería Keyla Martínez, quien fue asesinada dentro de una posta policial de La Esperanza, Intibucá, después de ser detenida la noche del sábado, 6 de febrero de 2021.
Sin embargo, entre 2014 y 2020, fueron denunciados 74 policías y militares por delitos sexuales, cuenta Ocampo y comenta que tener a policías y militares con libertad casi absoluta coloca a las mujeres y a toda la población en una posición sumamente vulnerable.
“En dos de estos casos la víctima fue trasladada por el mismo policía o por sus agresores para iniciar el proceso -denuncia-”, dice Ocampo y expone que durante el 2021 el Observatorio de Derechos del CDM ha registrado 230 casos o denuncias de violación.
Agrega que “este índice de violencia sexual se ha sostenido, eso no ha cambiado a pesar del confinamiento, es más, el confinamiento parcial garantizó seguridad en torno al Covid, pero la violencia contra las mujeres y niñas ha continuado porque muchas veces los agresores son personas cercanas”.
Por otra parte, recientemente, el Foro de Mujeres por la Vida dio a conocer que de 2009 a 2020 se han presentado al Ministerio Público 3,320 denuncias de mujeres y niñas desaparecidas, sin embargo, “estos datos no reflejan las denuncias de secuestro, rapto, sustracción de menores, trata, tortura y privación injusta de libertad que son delitos en contextos de desaparición”.
El Observatorio de Seguridad de las Mujeres, del Foro de Mujeres por la Vida, demuestra que la mayoría de las desapariciones son de mujeres jóvenes, por ejemplo, entre 2016 y 2019 el 48% de las mujeres desparecidas eran menores 17 años, el 24% tenían entre 18 y 35 años y el 8% pertenece a mujeres mayores de 36 años, mientras que en 20% de las mujeres desaparecidas no hay rango de edad.
“El Estado de Honduras no cuenta con mecanismos legales de reacción inmediata para la búsqueda y localización de personas desaparecidas”, denuncia el Foro de Mujeres por la Vida.
Hasta el 28 de abril de 2021, las organizaciones de mujeres y feministas reportaban la muerte violenta de 83 hondureñas a nivel nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario