sábado, 1 de mayo de 2021

Criminalización y persecución es la realidad de los ambientalistas

Radio Progreso

Ambientalistas encarcelados y criminalizados por defender los ríos Guapinol y San Pedro en Tocoa, Colón.

El día internacional de la Tierra en Honduras se conmemora en medio del incremento de la criminalización, persecución e incluso los asesinatos contra quienes defienden la casa común. El gobierno ha buscado una serie de mecanismos legales para perseguir y encarcelar a los defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente.

El representante para Honduras de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, Pedro Landa, dice que el día de la Tierra es una oportunidad para tomar acciones de concienciación, sensibilización sobre el cuidado del planeta, porque el humano ha sido el ser que más daño ha ocasionado a la tierra. Es decir, no es una fecha para celebrar, sino para asumir compromisos de cara al cambio climático.

En Honduras se conmemora en medio de un contexto de peligrosidad por la persecución del actual régimen gubernamental, pero también por los impactos dramáticos, derivados del cambio climático como han sido las sequías, ocurridas entre el 2018-2019 y las grandes inundaciones a partir del año 2020, con el paso de los huracanes, explica Pedro Landa.  

Acomodar leyes

El Golpe de Estado de 2009, dio paso a una serie de concesiones en el territorio. Incrementaron los proyectos mineros, térmicos e hidroeléctricos y se profundizó la entrega del territorio con la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, Zedes.

Pedro Landa explica que este acontecimiento trajo despojo de los territorios con la modificación legislativa para favorecer al sector extractivo. Se han aprobado alrededor de 32 legislaciones y normas en Honduras desde el golpe de Estado, para garantizar que las empresas operen en impunidad y generando seguridad jurídica de las inversiones, es decir, que privilegian los derechos de las empresas por encima de los derechos de la ciudadanía.

“Todo esto ha tenido su impacto en la persecución, criminalización y asesinatos en contra de defensores y defensoras. En las distintas Cortes del país tenemos aproximadamente 200 casos por los delitos de usurpación, daños, apropiación de la propiedad pública. Que son las nuevas figuras que ha generado el reciente Código Penal para criminalizar a los defensores del ambiente”, explica.

Pedro Landa señala que el Estado ha creado un blindaje y protección para criminalizar a quienes se oponen a los modelos destructivos de la tierra, y para proteger las inversiones de las empresas. Además, se han creado batallones especiales para resolver los conflictos socioambientales.

Berta Zúniga Cáceres, actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, la situación que viven los defensores y defensoras en Honduras es clara, porque se viene planteando desde hace varios años el patrón de persecución y hostigamiento, que ha implicado la criminalización y judicialización. Con lo cual se pretende frenar la lucha por la defensa de los territorios.

El sistema también utiliza las campañas de desprestigio contra las personas que generalmente tienen liderazgo en los procesos de defensa. Sumado a esto, las amenazas contra las personas y sus familias, ataques directos que han implicado el asesinato de líderes y lideresas. Forman parte de las estrategias utilizadas para desarticular las luchas.

“En general, una vida hostil contra los defensores y defensoras en la que participan tanto empresa que pretenden enriquecerse, como instituciones del Estado que avalan la explotación de los bienes comunes de la naturaleza. Por lo tanto, este día no solo debe ser un rótulo en el cual se hable de la tierra, sino que debe ser un día en el que se reivindiquemos los derechos de las comunidades y quienes la defienden”, señala.

Sobrevivencia de la Humanidad

La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh Miriam Miranda, cree que nunca antes la tierra había estado en tanto peligro por la voracidad de los inversionistas, empresarios y de quienes utilizan los recursos naturales para su beneficio, en detrimento de las grandes mayorías.

“Nunca antes había estado en tanto riesgo la sobrevivencia de la humanidad, porque la protección de la tierra significa la sobrevivencia de los seres humanos y de todos los seres vivos. Nunca antes habíamos visto tanta crisis climática como la vemos hoy”.

Miranda dice que no solamente nos enfrentamos a las empresas extractivas, también la tierra enfrenta una gran destrucción por industrias como la minera, arenera y las que están vinculadas a la privatización del agua.

“Es necesario y urgente que no solamente se hagan celebraciones, tenemos que luchar para que existan verdaderas decisiones para proteger a la tierra y la vida”, puntualiza.

Por otra parte, el representante del Comité para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, Juan López, considera importante que, en medio del dolor por la destrucción del planeta, se denuncie a los grandes latifundios y a quienes acaparan los territorios.

“Hay que romper con la propiedad privada si queremos construir un país donde haya justicia y verdad. Junto al grito de dolor de la tierra tenemos que abrazar a todos los compañeros y compañeras que por amor y convicción dan la batalla por los territorios en todo el país”, dice López.

Sin ratificación de Escazú

Escazú es un acuerdo regional que se concretó en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. Busca la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es el primer Acuerdo en el mundo en contener disposiciones específicas respecto a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, razón por la que distintas organizaciones sociales exigen que las naciones se adhieran. El acuerdo ha sido ratificado por 12 países y entró en vigencia a partir de este 22 de abril.

Pedro Landa, representante para Honduras de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, mira con preocupación que Honduras no haya ratificado el acuerdo. “Esto tiene que ver con la actual política extractivista que está impulsado el régimen de Juan Orlando Hernández y que viene con mayor fuerza desde el golpe de Estado hasta la fecha. El régimen le está apostando más a este tipo de proyectos que al cuidado y la defensa de la tierra”, dice Landa.

Agrega que el poder Ejecutivo le ha dado largas al asunto, “desde el 2018 hasta la fecha se han tenido reuniones, supuestamente de socialización, sin embargo, no ha existido la voluntad para su ratificación.


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