sábado, 30 de enero de 2021

Denuncian la ausencia del Estado en el retorno de migrantes de la caravana

Radio Progreso

Personal de la Comisión Acción Social Menonita, CASM, atendiendo a los migrantes obligados
a regresar de la caravana.

Los migrantes que integraban la caravana, reprimida y desarticulada en Guatemala, son trasladados por el gobierno en autobuses de la frontera El Florido en Copán hacia la terminal de transporte en San Pedro Sula. Allí quedan abandonados a su suerte con hambre y sin dinero para regresar a sus comunidades.

Mercedes Pérez de la Comisión Acción Social Menonita, CASM, dijo en Radio Progreso que como organización de Sociedad Civil están tratando de atender a la población que está retornando pero no tienen capacidad para atenderlos a todos.

Pérez lamentó que no haya presencia de organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, tomando en cuenta que esa población está regresando en condiciones deplorables.

Duros testimonios

En la terminal de transporte de San Pedro Sula, estaba Nilda Hernández junto a su compañero de vida y su pequeño hijo de apenas un año de edad, pidiendo limosna.

Narró en Radio Progreso que la misión es recolectar dos mil lempiras que es el costo del pasaje del bus que va hasta La Unión en Lempira.  Nilda dijo que regresan a su comunidad con profunda tristeza, porque anhelaban llegar a Estados Unidos para reconstruir su casa que fue dañada por los huracanes Eta e Iota.

Por otra parte, Wilmer Cardona de apenas 22 años de edad, ya es padre de dos niños. Junto a su familia integraba la caravana de migrantes con la ilusión de llegar a Estados Unidos y ofrecerles un futuro diferente a sus pequeños. Ahora está de regreso en San Pedro Sula, golpeado, sin dinero, pero con la idea de prender nuevamente la ruta migratoria.

Wilmer Cardona y su familia tras ser obligados a retornar.


Caravanas de migrantes. Una mirada desde adentro


Vaticannews.va

Unas nueve mil personas partieron en la madrugada del día 15 de enero de la terminal de Buses de San Pedro Sula, Honduras. Su objetivo: llegar hasta la frontera con los Estados Unidos. Sorteando muchas dificultades, ingresaron a territorio guatemalteco, donde en la localidad de Vado Hondo, Chiquimula, el ejército y la policía impidieron, con violencia, su avance.

Manuel Cubías – Ciudad del Vaticano

Ismael Moreno S.J., director del centro de investigación ERIC y Úrsula Roldán Andrade, directora del IDGT, de la Universidad Rafael Landívar nos ayudan a observar el interior de la caravana.

Algo más que unos hechos

El día 14 de enero por la noche, grupos de personas, comenzaron a reunirse en la terminal de buses de San Pedro Sula, con el deseo de llegar a los Estados Unidos. La madrugada del 15 salieron y hacia las cuatro de la tarde, llegaron los primeros grupos a la frontera con Guatemala, a El Florido, Copán. Hacia las 9 de la noche el primer grupo de aproximadamente 500 personas había avanzado hacia territorio guatemalteco.

El 16 de enero, un grupo más numeroso, formado por varios miles de personas, logra pasar la frontera, adentrándose en territorio guatemalteco. A la altura de Vado Hondo, departamento de Chiquimula, a unas 9 horas de camino de la frontera, el ejército y la policía de Guatemala cierran el paso a la caravana y les impiden seguir su camino hacia la frontera con México. Los detienen por unas 24 horas. La multitud de más de seis mil personas intenta romper el cerco, pero son duramente reprimidos. Familias con niños y adolescentes vieron así truncados sus deseos de tener una vida diferente de la que venían huyendo. La mayor parte de las personas retornaron al sitio de partida, narra Sixto Rodríguez de la Pastoral de Movilidad Humana de Honduras.

Para entender la caravana

Ismael Moreno, director del centro de investigación ERIC, de Honduras, afirma que esta caravana y las anteriores tienen en su raíz la situación de pobreza, desempleo y violencia que viven la mayoría de los hondureños, que en este momento han llegado a niveles de desesperación, pues a la realidad existente se añade la pandemia del Covid-19, que ha generado la pérdida de miles de puestos de trabajo y los efectos de la destrucción por las inundaciones, causadas por dos tormentas tropicales en noviembre pasado.

“Las tormentas tropicales Eta e Iota dejaron varios cientos de miles de personas sin vivienda, sin alimento, sin empleo”, afirma el padre Moreno, “el gobierno no ha dado respuesta a las necesidades de esta población que se siente abandonada, por lo que el hambre es la que ha movido a la gente a salir”.

Ismael Moreno comenta que los voceros gubernamentales acusan al crimen organizado de ser los responsables de las caravanas, a lo que responde: “no puedo negar que es un factor que está presente, pero es completamente secundario”. Subraya que son las condiciones socioeconómicas el factor principal que desencadena este tipo de reacciones en la gente, “y de esto tiene mucha responsabilidad el Estado”.

El director del ERIC insistió en que actividades como la corrupción, el desvío de recursos del Estado, así como el manejo poco transparente de los fondos destinados para enfrentar la pandemia, han impedido que cientos de millones de lempiras (moneda nacional) lleguen a la población más necesitada y les ayuden a aliviar los sufrimientos.

Por su parte, Úrsula Roldán Andrade, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala añadió: “esta es la tercera caravana que se organiza desde Honduras en este tiempo de pandemia. Tanto Guatemala como Honduras han puesto zonas de seguridad en sus fronteras para evitar que pase la caravana de migrantes, además están exigiendo una documentación para que puedan pasar, ellos dicen, de forma ordenada y segura. Por otro lado, les están exigiendo la prueba PCR o la de hisopado”.

Caravanas: reflejo de la crisis humanitaria en Honduras

La directora del IDGT subraya que Guatemala y Honduras viven situaciones similares en relación al Covid-19 y la destrucción causada por las tormentas tropicales y afirma: “nos encontramos ante un flujo humano que busca tener alguna alternativa. Tanto el gobierno de Guatemala como el de Honduras viven una crisis social y política y los miles de personas no encuentran ninguna salida”.

Úrsula Roldán indica una diferencia entre Honduras y El Salvador con Guatemala. Los dos últimos, cuentan con una población asentada en Estados Unidos desde hace varias décadas, esto permite una estructura de apoyo para los nuevos migrantes por la vía del uso de coyotes (personas que ayudan a pasar las fronteras de manera ilegal, mediante un pago).

Entrevista con Úrsula Roldán

Alternativas a la migración masiva

Ismael Moreno pone en evidencia que Guatemala, El Salvador y México están dentro del círculo de los llamados países seguros, que han creado barreras de contención para la movilidad, que es un derecho humano”. Y expresa el deseo de que que la nueva administración estadounidense cree programas humanitarios como respuesta a esta población sumida en la precariedad.

Úrsula Roldán insistió en que las caravanas piden que se les dé una respuesta humanitaria. “Se trata de un flujo de personas en extrema pobreza, que están huyendo de la violencia, que están huyendo de su país porque quedó devastado y a quienes el gobierno no ha respondido para darles una vivienda digna y oportunidades de empleo. En las caravanas vienen niños, mujeres, jóvenes buscando alternativas, empleo, mejores ingresos. Esa alternativa debería estar en Honduras, con asistencia educativa, financiera y técnica.”

Roldan Andrade subraya que también Estados Unidos puede hacer su parte para ofrecer alternativas a los hondureños: “un TPS, como se hizo cuando el huracán Mitch que arrasó con buena parte de Honduras, Nicaragua y El Salvador”. Añade que los gobiernos de la región podrían crear una comisión transnacional que ayude a enfrentar la problemática y así encontrar juntos soluciones eficaces y a largo plazo.

Acciones urgentes

Dice el refrán, “después de la tormenta, viene la calma”. En el caso de los migrantes centroamericanos, el silencio no significa calma. Estos miles de personas en situación de desesperación necesitan casa, empleo, educación, salud. Necesitan apoyos decididos para superar el estado de desesperación en que se encuentran.

Ismael Moreno. ¿Qué futuro espera a los retornados?

Los obispos de Centro América

Los obispos centroamericanos aglutinados en el Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC), en un comunicado publicado el 19 de enero y firmado por Monseñor Escobar Alas, presidente y el Cardenal Rosa Chávez, secretario, declaran además que los flujos migratorios no es un problema de un solo país, sino de toda la región, por tanto, reiteran el “llamado a los gobiernos de la región y México a trabajar de manera conjunta, integral y humana la realidad migratoria regional”, recordando que hay que “atacar las causas estructurales que originan la migración”, y no a los migrantes indefensos.

La voz del Papa Francisco

El Papa Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2020 afirmó:

Es necesario conocer para comprender. El conocimiento es un paso necesario hacia la comprensión del otro. Lo enseña Jesús mismo en el episodio de los discípulos de Emaús: «Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo» (Lc 24,15-16). Cuando hablamos de migrantes y desplazados, nos limitamos con demasiada frecuencia a números. ¡Pero no son números, sino personas! Si las encontramos, podremos conocerlas. Y si conocemos sus historias, lograremos comprender. Podremos comprender, por ejemplo, que la precariedad que hemos experimentado con sufrimiento, a causa de la pandemia, es un elemento constante en la vida de los desplazados (…) debemos comprometernos a garantizar la cooperación internacional, la solidaridad global y el compromiso local, sin dejar fuera a nadie.


CCC solicita a embajada de México respeto a los DDHH de migrantes


Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez

El Estado hondureño no cumplió con las tareas pactadas en cuanto la migración, expresó David José del Carmen Jiménez González, embajador de México en Honduras, a representantes de la Convergencia Contra el Continuismo (CCC), preocupados por los ataques contra miles de compatriotas que huyen en los éxodos masivos.

Los defensores de derechos humanos solicitaron audiencia a los embajadores de México y Guatemala en Honduras, ante la situación de los últimos días con respecto a los miles de personas que huyen del país; sin embargo, el centroamericano Melvin Armindo Valdez, aún no les da respuesta, declaró a Defensores en Línea, Carlos H. Reyes, integrante de la coordinación nacional de la CCC.

Hasta la sede diplomática mexicana llegó el dirigente campesino Rafael alegría, el líder magisterial Edwin Hernández, como vocera del grupo la defensora de derechos humanos Berta Oliva, los compañeros Mario Membreño, Tomás Andino y yo, agregó Carlos H. Reyes.

Berta Oliva expuso el principal tema con respecto al trato que le dan a los y las hondureñas cuando atraviesan los países vecinos, donde se les hace muchas exigencias migratorias que caben cuando alguien va de turista o visita, pero no de alguien que va huyendo.

Se le explicó a la misión diplomática las causas sociales, políticas, económicas y todos los efectos de la pandemia y los huracanes de noviembre pasado que dejaron en una condición muy lamentable.

Además, se le hizo ver que el origen de esta crisis tiene que ver con el modelo neoliberal que se impone y ha dejado a Honduras como un país donde todo tiene que ver sólo con el comercio, compra y venta del exterior, el desempleo y suspensión de puestos laborales ocasionando una gran cantidad de personas desocupadas en lamentable situación, además en condición de dictadura, como es el régimen de Juan Orlando Hernández.

Para los emigrantes hondureños las reglas de bioseguridad pasan a un segundo plano, lo principal es huir.

El embajador Jiménez tomó nota de todo lo que se le planteó -detalló Reyes- y muy diplomáticamente se refirió a la situación legal que hay en estos países con relación a la fuga humana y dijo que toda persona que llega un país tiene que respetar las normas y las leyes de esa nación y así es en todo el mundo.

Agregó Reyes que, el Embajador mencionó un acuerdo determinando como sería la migración.

Los gobiernos de Honduras, México, El Salvador y Guatemala hicieron una declaración y que Honduras no cumplió con las tareas que le correspondía.

Entre 6 mil y 9 mil personas saliendo la semana pasada del país, con destino a los EEUU pese a las restricciones migratorias. Entre 6 mil y 9 mil personas saliendo la semana pasada del país, con destino a los EEUU pese a las restricciones migratorias.

Según la “Declaración Conjunta El Salvador, Guatemala, Honduras y los Estados Unidos Mexicanos” que en la parte introductoria dice los gobiernos de todos los países con el fin de abordar de manera integral temas migratorios particularmente los relacionados con la migración, la seguridad, el combate al tráfico ilícito de personas migrantes y la trata de personas, ante los flujos migratorios mixtos irregulares de personas migrantes que tienen como destino Los Estados Unidos de América, comunican su firme compromiso en la promoción y protección de los derechos humanos de toda persona migrante, especialmente de aquellas poblaciones y mayores condiciones de vulnerabilidad y hacen un llamado para que la migración se realice de forma segura, ordenada y regular.

Prácticamente a eso se comprometieron los países, expresó Reyes, “a hacer una migración de forma segura, ordenada y regular”. La CCC afirmó que, aquí no se trata de una situación normal y que se requiere de otro tipo de actitudes de parte del gobierno mexicano por lo que esperan que no actúen de la misma manera que el gobierno de Alejandro Giammattei en Guatemala.

El embajador David Jiménez afirmó que hará llegar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo expresado en la reunión con la Convergencia Contra el Continuismo, que de paso solicitaron una audiencia para hablar directamente con el mandatario azteca, ya que sólo se está atacando los efectos de este fenómeno y no se ataca las causas que están muy relacionadas con los Estados Unidos.

Es necesario reunirse con el presidente de México para que nos ayude como mexicano y como centroamericanos a afrontar este problema, porque la situación que se viene en Honduras está muy grave y el problema de lo que llaman “migraciones” va a seguir vigente.

Le dijimos al embajador “ojalá que no sea como el Mediterráneo un cementerio de migrantes”. Carlos H. Reyes

Penosa condición: Ser un tercer país seguro

En septiembre de 2019, el régimen de Honduras firmó con los Estados Unidos el acuerdo de “Tercer País Seguro”, en Nueva York, que consiste en reducir el tránsito de migrantes a través del territorio hondureño. Guatemala, El Salvador y México ya habían firmado acuerdos similares.

El acuerdo migratorio firmado entre Juan Orlando Hernández y Donal Trump consiste en que migrantes nicaragüenses, haitianos, cubanos y venezolanos debían solicitar asilo en Honduras en su ruta a Estados Unidos o que al llegar a la frontera sur de los EEUU serían retornados a territorio hondureño para seguir con su proceso de asilo.

Ser un “tercer país seguro” fue la condición a la que se comprometieron los gobiernos con Estados Unidos, por lo que ha avanzado la frontera que tenía en el Río Bravo hasta lo que llaman “el norte de Centroamérica”, muestra de ello –agregó Reyes- es lo que hizo el gobierno de Guatemala con los hondureños el pasado domingo 17 de enero, los apalearon, gasearon y vilipendiaron, hacen lo que quieren.

Afirmó que los Estados Unidos no sólo divide a Centroamérica en Centroamérica del norte y Centroamérica del Sur, sino que ahora con esto que acaba de pasar ya es un conflicto casi entre pueblos también, y esto es doloroso porque nosotros no quisiéramos ver que esta cuestión se agudice.

Le expusimos al Embajador que existe la necesidad de que en México -que ahora tiene algún tipo de liderazgo de nuevo en el continente americano con el nuevo gobierno con Manuel López Obrador- tal vez se pueda lograr con él una convocatoria para ver si estos pueblos centroamericanos se unen, porque de lo contario van a seguir haciendo con nosotros lo que quieren.

Son históricas las causas por las que está migrando masivamente el pueblo hondureño, una de ellas fue tras el paso del huracán Mitch (1998), una buena cantidad de hondureños salió del país. Estados Unidos acogió con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a miles de centroamericanos.

Esa opción se le planteó al Embajador mexicano -detalló el líder sindical- porque los Estados Unidos necesita anualmente casi 600 mil personas para trabajar en toda su industria y empresas, negocios y necesita cubrir esas áreas. Pero con relación a las causas del éxodo migratoria, son económicas, sociales y políticas.

Desde 2018 iniciaron los masivos éxodos hacia EEUU y Honduras volvió a ser tema mundialDesde 2018 iniciaron los masivos éxodos hacia EEUU y Honduras volvió a ser tema mundial. La policía y militares de Guatemala y México los atacan.

Causas de la migración forzada

Económicas: porque con los tratados de libre comercio Honduras ha quedado como dicen abierto al mundo y es un país netamente importador casi no producimos, y lo que más exportamos es mano de obra.

Sociales: las condiciones en que se ha estado viviendo durante todo este tiempo se han agudizado por que los tratados de libre comercio han sido graves para nuestra economía, las privatizaciones y los fenómenos que están dando en este tiempo a que viene nada a complicar más la situación de los de los hondureños.

Políticas: que se han agudizado a partir del golpe de Estado de 20019.

Entonces se emigra por necesidad, no por ganas de hacerlo, nadie va a salir del país con sus hijos en esas condiciones que salen hondureños. Nos hemos exhibido ante el mundo en las condiciones que tenemos y lo peor es que no podemos dejar una dictadura que nos oprime.

Con los éxodos migratorios se está desnudando todo lo relacionado a la mala administración estatal, la corrupción, que no tenemos planes de desarrollo, que la política del país va orientada a favorecer al gran capital y no al pueblo, y todo esto logra más insatisfacción popular, aumenta el miedo y vienen unas elecciones que resolverán nada. Hasta por derrotismo la gente se va, considera Carlos H. Reyes.

Los masivos éxodos convienen a los más altos niveles en este planeta, porque uno de sus intereses primordiales es que la población del mundo se reduzca y tienen muchas formas para hacerlo. Las pandemias, huracanes contribuye. Y toda la gente que se va también le favorece incluso al régimen, porque ellos cada vez están en mejor condición de seguir comprando al pueblo a través de votos, y lo peligroso en este momento es que la situación no se maneje bien por la oposición política y todos los sectores sociales que están en contra del régimen, y se permita el continuismo.

“La dictadura está sacando ventaja de los masivos éxodos para seguir gobernando quizá la misma persona o colocar a otro en nombre de él, y esa sería lo más terribles que nos pueda pasar como país”.

Para la CCC una de la salida frente a este problema y pensándola corto, mediano y largo plazo es la unión de Centroamérica, porque países solos como Honduras, nunca van a salir de este atolladero “seguimos dando vueltas sobre el mismo problema, viene esta década y nos da el problema, viene la siguiente y es lo mismo, y se está repitiendo esta historia de desastres y situaciones inhumanas”.

Esta pandemia dejará al país más endeudado con enormes préstamos imposibles de pagar, generando más privatizaciones, que se construyan las ciudades modelos y todo lo que quieran, Honduras será condenado a desaparecer.

Reyes afirmó que la reunión con el embajador Jiménez fue muy valiosa, por qué se comprometió a responder según lo que diga el presidente López Obrador.

Para la CCC es un reconocimiento esta incidencia diplomática, además necesaria ante lo que se viene que no es nada no es nada fácil para Honduras.

Lamentablemente aún hay personas damnificadas por los hucanes, tirada en el suelo con niños, parte de esa gente es la que está huyendo y no les importa lo que se viene.

Mientras el régimen ha decretado emergencia nacional a lo largo del 2021, equivalente a la privación de derechos y garantías, incluso la libertad de movimiento y libertad de expresión, ensañándose con quienes salgan a protestar, dijo Reyes.

Mientras tanto, las transferencias económicas que envían los migrantes hondureños que residen en los Estados Unidos se ha convertido en la tabla de salvación de la economía nacional, por lo que las caravanas migrantes que iniciaron en octubre de 2018 representan de una u otra forma beneficio para el régimen, concluyó el integrante de la CCC, Carlos H. Reyes.


Estado plurinacional o autonomías

Jornada

Por Raúl Zibechi

Fragmento de un mural de la Brigada Ramona Parra. Foto: Rodrigo Fernández

Los movimientos de los pueblos originarios de América Latina han tomado, respecto a sus proyectos de larga duración, dos actitudes diferentes en relación a los Estados nacionales. Una de ellas se propone la construcción de un Estado plurinacional, que algunas corrientes lo enuncian como la refundación del Estado colonial sobre nuevas bases. La otra enfatiza en la construcción de autonomías desde abajo.

Las experiencias más notables y conocidas de construcción de Estado plurinacional fueron las de Ecuador y Bolivia, en cuyas constituciones aprobadas en la primera década de 2000, aparece la mención a la plurinacionalidad. En el caso boliviano, la definición no deja lugar a dudas: se trata de un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, como reza el artículo primero de la norma aprobada en 2009.

De esa forma, señala el Preámbulo de la nueva Constitución, se deja atrás el Estado colonial, republicano y neoliberal. Esa sería la materialización de la refundación del Estado.

Sobre estas experiencias, contamos con análisis teóricos y balances históricos.

Respecto a la primera, el boliviano Luis Tapia razona que las culturas y pueblos que no corresponden al núcleo colonial y moderno no tienen una forma estatal en su seno y no la han producido históricamente. Si la unidad plurinacional adopta la forma de un Estado, la unificación política se estará haciendo en torno a la forma política de la vieja cultura dominante*.

De ese modo, los pueblos originarios terminan adoptando, o sufriendo, la imposición de modos y relaciones externos a sus culturas y, sobre todo, supone la continuidad de la forma Estado, apenas con otros nombres.

En lo concreto, los dos estados plurinacionales profundizaron el desarrollismo extractivo y, por tanto, el neoliberalismo, que es la forma que asume el neocolonialismo en este periodo de dominio del capital financiero. Por eso, Silvia Rivera enfatiza en la necesidad de deslegitimar todas las formas de cosificación y del uso ornamental de lo indígena que hace el Estado, incluyendo al Estado supuestamente refundado (https://bit.ly/37CIufi).

La corriente que defiende las autonomías desde abajo se expresa en diversos procesos, desde el zapatismo hasta el Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia, pasando por el gobierno autónomo de la nación wampis en Perú, y los caminos que recorren diversos pueblos amazónicos, andinos y mesoamericanos. Para ellos, el proceso autonómico es una construcción permanente, que no finaliza ni se congela para siempre en una institución determinada.

En el seno del pueblo mapuche, en Chile, el debate ha sido potenciado por la revuelta de octubre de 2019. Desde aquel momento, la propuesta de Estado plurinacional ha ganado adhesión entre los partidos criollos y entre los manifestantes que desde el estallido del 18 de octubre ondean la bandera mapuche, como señala un artículo de Fernando Pairican, autor de Malón, un libro imprescindible sobre la rebelión mapuche (https://bit.ly/3mHVPaq).

En todo caso, las aguas no están binariamente divididas entre autonomistas y defensores del Estado plurinacional, sino que el abanico es muy amplio: desde los defensores del control territorial para avanzar en la autonomía hasta quienes defienden los escaños reservados para pueblos originarios en la nueva Constituyente, pasando por quienes ven en el Estado plurinacional un camino hacia la autodeterminación.

En medio del debate, el 16 de diciembre la Comunidad Autónoma Temucuicui emitió una potente declaración. El breve texto recuerda que el pueblo mapuche conservó su soberanía desde 1598, ya que al derrotar a los conquistadores pudo poseer una vida libre fuera de toda opresión colonial, hasta la invasión y genocidio perpetrados por la República de Chile en la segunda mitad del siglo XIX (https://bit.ly/38kcP1k).

Asegura que los escaños reservados para pueblos originarios intentan diluir toda la historia y la legitimidad de la lucha mapuche, en la ambigüedad de la diversidad. Propone que la discusión constituyente debe darse en las calles, en las asambleas del movimiento social, fuera de toda esfera de control e influencia de los partidos neoliberales que han traído la marginalidad, la deuda y la destrucción del medio ambiente.

Rechazan instalarse dentro del corral, porque sería desconocer la lucha por los territorios y proponen cortar toda amarra de subordinación y asistencialismo del Estado, para reconstruir el tejido social mapuche. Sin embargo, aclaran que, siendo la sociedad mapuche diversa y heterogénea, cada cual hace lo que cree correcto.

El problema que enfrentan los sectores más consecuentes del pueblo mapuche es una declaración de plurinacionalidad sin anclaje territorial y, por tanto, sin posibilidad de autogobierno. No sólo sería una declaración vacía, sino un modo de relegitimar un modelo que se está cayendo a pedazos.

* Una reflexión sobre la idea de un estado plurinacional, La Paz, 2008, p. 112.


Capitalismo pandémico

CTXT

Por Santiago Alba Rico 

Nueve imágenes de la gran peste de Londres. Walter George Bell (1924). Recortado. 
Wellcome Library, London (CC-BY-4.0)]

El pasado mes de septiembre, Richard Horton publicaba en la conocida revista The Lancet un artículo cuyo título puede resultar provocativo o sospechoso: No es una pandemia. Obviamente, no se trata de que uno de los medios científicos más prestigiosos del mundo hubiese colado entre sus páginas la opinión de un negacionista. Horton no negaba la existencia de la covid-19 ni alimentaba delirios conspirativos. Basándose en un concepto forjado en 1990 por el epidemiólogo Merrill Singer, Horton sostenía que no nos enfrentamos hoy a una pandemia sino a algo más complejo y, por lo tanto, más peligroso: una “sindemia”; es decir, un cuadro epidémico en el que la enfermedad infecciosa se entrelaza con otras enfermedades, crónicas o recurrentes, asociadas a su vez a la distribución desigual de la riqueza, la jerarquía social, el mayor o menor acceso a vivienda o salud, etc., factores todos ellos atravesados por una inevitable marca de raza, de clase y de género. La sindemia es una pandemia en la que los factores biológicos, económicos y sociales se entreveran de tal modo que hacen imposible una solución parcial o especializada y menos mágica y definitiva.

El problema no es, pues, el coronavirus. El problema es un capitalismo “sindémico” en el que ya no es fácil distinguir entre naturaleza y cultura ni, por lo tanto, entre muerte natural y muerte artificial. El capitalismo es la “sindemia” Pensemos, de entrada, en la multiplicación muy reciente de nuevos virus (gripe aviar, SARS), inseparables de la industria agroalimentaria y de la presión extractiva sobre el mundo animal. En un libro inquietante y riguroso, Grandes granjas, grandes gripes, Rob Wallace describe un modelo de producción cárnica en el que todo el proceso –desde la alimentación de aves y ganado hasta la aglomeración en las granjas– no solo facilita, sino que hace inevitable la generación de nuevas cepas virales y su transmisión a los seres humanos. No hace falta recurrir a teorías de la conspiración, dice Wallace; los nuevos virus han sido creados, por supuesto, en un laboratorio, pero solo en el sentido de que el capitalismo ha convertido la naturaleza misma en un laboratorio vivo, en permanente ebullición patológica, incontrolable incluso para sus gestores y beneficiarios. El término “iatrogenia” se utiliza en general para referirse a los muertos producidos, sin dolo ni finalidad espuria, por la institución médica: el caso, por ejemplo, de las infecciones hospitalarias, responsables todos los años de más muertes que las gripes comunes. Pues bien, si un hospital, concebido como una unidad de seguridad sanitaria y sometido, por tanto, a toda clase de garantías asépticas, produce, pese a todo, infecciones mortales, ¿qué no ocurrirá en granjas proyectadas expresamente para acelerar el crecimiento de los animales mediante cócteles antibióticos y en condiciones de concentración literalmente infernales? La voluntad podría, sí, desmontar la máquina, pero la máquina se mueve ya al margen de nuestra voluntad. Wallace dice: “Al hacer capitalista a la naturaleza se hace que el capitalismo sea algo natural”, y ello de tal manera que “las disparidades en nuestra salud surgen de nuestros genes o de nuestras entrañas, no de los sistemas de apartheid”.

El capitalismo ha inscrito en la naturaleza sus propias leyes mortales pero el apartheid, más allá del trabajo de Wallace, sigue incidiendo de modo determinante en la distribución y en las consecuencias de las infecciones víricas. Es aquí donde nos interpela el concepto muy técnico de “sindemia” propuesto por Singer y Horton. Los nuevos virus, nacidos en los “laboratorios naturales” de las grandes granjas agropecuarias, sin intervención de ningún maligno conspirador, pasan a sociedades humanas muy estratificadas en las que las mujeres, las minorías racializadas y las poblaciones urbanas marginadas, más expuestas a contactos de riesgo y víctimas ya de enfermedades no infecciosas o crónicas, acaban sucumbiendo a la epidemia y justificando, además, aislamientos selectivos y discriminaciones adicionales que, en una nueva vuelta de tuerca, agravan sus condiciones sociales y multiplican los riesgos de contagio global. Los virus pasan de animales maltratados a humanos maltratados en una sinergia potencialmente apocalíptica.

Ahora bien, si el capitalismo es una sindemia que convierte las granjas en laboratorios bioquímicos y las ciudades en focos de desigualdad epidémica, ¿cuál será la solución a la pandemia de covid? Anticipemos que una de las paradojas inseparables de esta dimensión “sindémica” es el hecho de que el mismo capitalismo que ha roto las fronteras naturales –y las sigue rompiendo sin parar– se sostiene sobre la ilusión de una “seguridad total”.

Demos un rodeo. Desde que la OMS declaró el carácter pandémico –es decir, global– del coronavirus en marzo de 2020, el combate local contra su difusión ha adoptado formas diversas según regímenes y tradiciones. China apostó por el control social y tecnológico; Inglaterra, Brasil, EE.UU. por la inhibición neoliberal; la UE por una fórmula mixta en la que las medidas sanitarias se combinaban a veces con algunas medidas sociales que frenaban parcialmente nuestro modelo de trabajo y consumo, basado en la movilidad. El debate se ha centrado, en todo caso, en un presunto conflicto entre políticos y científicos. ¿Hay que hacer política o dejar decidir a los médicos y epidemiólogos? La pandemia, ¿pone fin a la intervención política, ya muy desprestigiada en un mundo presidido por la des-democratización global? ¿No es mejor dejar gobernar directamente a los científicos?

El problema de este debate es que es falso, y lo es porque parte de un doble presupuesto erróneo: el de que en un sistema sindémico, como decíamos, puede haber una solución especializada y el de que, aún más, los políticos y los científicos siguen siendo poderes realmente determinantes. Tanto los políticos como los científicos están, si no secuestrados, al menos sí dirigidos o limitados por las mismas fuerzas económicas. Durante las cuatro últimas décadas, sobre todo tras la derrota de la URSS en la Guerra Fría, movimientos altermundialistas de renovación democrática recuperaron el concepto anticolonial de “soberanía” para reclamar la emancipación de la esfera pública –el Estado y sus instituciones– respecto de la economía y sus empresas; no es laico, desde luego, un Estado que confunde las esferas política y religiosa, pero tampoco lo es, o no  lo es verdaderamente, el que confunde las esferas política y económica. En casi todos los países del mundo, como consecuencia de esta “falta de laicismo”, trágica en tiempos de crisis económica y gestión neoliberal, se llegó a la pandemia con una confianza muy deteriorada en los políticos y las instituciones públicas, y ello con los efectos de todos conocidos. Eso explica que, ante la eclosión inesperada de la catástrofe sanitaria, muchos ciudadanos dirigieran sus esperanzas hacia la ciencia. Ahora bien, lo que nos ha revelado la covid-19 es que la ciencia está no menos amenazada que la política por el capitalismo sindémico y sus espontaneidades destructivas.

Históricamente las pandemias (desde la peste de Atenas a la gripe española de 1919) han generado reacciones de pánico individual y colectivo, caldo de cultivo muy propicio para las teorías conspiratorias. Por muy descorazonador que resulte, es antropológicamente normal defenderse de la ceguera del azar y de la arbitrariedad biológica buscando un culpable concreto: los judíos, los extranjeros, los pecadores, los curas, los chinos, Bill Gates. Nada nos da tanto miedo como la contingencia, que nos vuelve al mismo tiempo vulnerables e intercambiables, y por eso, frente a ella, nos inclinamos a concebir los destinos del mundo en términos de “voluntad”, aunque sea adversa y negativa, y no de aleatoriedad. Preferimos, en definitiva, un Dios malvado –un demonio providente– a un virus geométrico que no podemos controlar, pero tampoco insultar o denunciar; nos aterra esa abstracción ciega que no reconoce nuestra existencia ni siquiera para matarnos. Preferimos siempre, sí, un relato en el que el Mal omnipotente tenga una identidad corporal, nombrable y visible, porque el odio es un ansiolítico muy poderoso; y en el que las víctimas tengan protagonismo, al menos como objetos de una persecución premeditada y sujetos de un saber superior, pues nada tranquiliza tanto, en una situación incontrolable, como justificar nuestra impotencia y afirmar nuestra autoestima. Pues bien, todos estos factores antropológicos se han conjugado del modo más favorable –es decir, más peligroso– en el contexto de una pandemia sindémica que venía socialmente precedida por la disolución de los vínculos comunitarios y la pérdida de credibilidad de los políticos y las instituciones.

Lo que quiero decir es que, en el debate entre políticos y científicos, los delirios complotistas tienen el valor de señalar de un modo falso la falsedad de ese conflicto. Negando la existencia de un virus que no pueden ver, atribuyendo su aparición a una “mala voluntad” entre bastidores o denunciando en las vacunas una estrategia de ingeniería social y de control mundial, las teorías de la conspiración han iluminado la inconsistencia del conflicto políticos/científicos en la medida en que, errando peligrosamente el camino, han situado en otro marco, sin embargo, el origen y la solución de la pandemia. La han iluminado falsamente porque han elegido un marco tranquilizadoramente personal y, por lo tanto, narrativo y no sistémico. Pero la han iluminado a su manera. El covid, como he dicho, fue efectivamente creado en un laboratorio porque el capitalismo ha convertido la naturaleza entera en un laboratorio; las vacunas, por su parte, traducen efectivamente ambiciones de poder porque el poder económico penetra ya todas las esferas del conocimiento y, aún más, del conocimiento aplicado. Hay muchos motivos para desconfiar del origen “natural” del coronavirus y muchos motivos también para desconfiar de esas vacunas desarrolladas a velocidad sideral para contenerlo; pero ninguno de ellos tiene nada que ver con la maldad del gobierno chino o el afán de dominio mundial de Bill Gates. Ojalá fuera todo tan sencillo y tranquilizador.

Queremos creer en los políticos y resulta que la política está secuestrada por los índices bursátiles, la prima de riesgo y los límites draconianos de déficit público. Queremos creer en los científicos y resulta que la ciencia está secuestrada por las farmacéuticas. El mercado, en efecto, es la sindemia. Fijémonos en lo que significa “ciencia”: la idea hermosísima de una comunidad efectiva de intercambio transparente y generalizado en la que el progreso, necesariamente lento, sólo puede ser garantizado por la colaboración entre sus miembros y el apoyo de la ciudadanía exterior a través del Estado. Esa comunidad existe y sigue produciendo resultados epistemológicamente fundados; si no fuera así, si las farmacéuticas sólo vendieran aire y humo, habrían patentado y comercializado el cuerno de rinoceronte, el bálsamo de Fierabrás y los abracadabras de las magias blanca y negra. Esa comunidad existe y trabaja sin parar, pero ha sido intervenida, fragmentada y redirigida por un mercado paradójico que necesita verdadera ciencia y científicos convencidos, pero que sólo puede funcionar, al contrario que la ciencia y sus científicos, con opacidad, insolidaridad y precipitación; es decir, que sólo puede funcionar violando las reglas íntimas de la comunidad científica. El mercado, digamos, necesita vender verdadera ciencia y necesita disolver, al mismo tiempo, las únicas condiciones en las que la humanidad puede producir verdadera ciencia; necesita una comunidad científica universal y efectiva y necesita –y no sólo en el ámbito de la ciencia– destruir todos los vínculos comunitarios universales y efectivos. Cuando no somos capaces de advertir y afrontar esta contradicción, acabamos cediendo sin remedio a una de estas dos tentaciones: la de confiar en el mercado, confundiéndolo con la ciencia, o la de desconfiar de la ciencia, confundiéndola con el mercado. Una y otra tentación alimentan la sindemia; la primera, la de los consumidores pasivos, porque acepta sin protesta la pérdida de transparencia, universalidad y eficacia médica; la segunda, la de los conspiranoicos totalitarios, porque no deja ninguna grieta por la que pueda colarse la verdadera política y la verdadera ciencia. La verdadera política, por cierto, nada tiene que ver con la gobernanza neoliberal y la verdadera ciencia no se agota ni en las enfermedades ni en los remedios que reconoce y rentabiliza la farmacéutica privada o el “sistema médico” en general.

La cuestión es la siguiente: la producción y distribución de vacunas –cuya existencia hay que celebrar con alborozo– reproduce el modelo sindémico de la producción y distribución del virus. Es decir: hay presión sobre la comunidad científica desde las farmacéuticas como hay presión sobre los animales y sobre la naturaleza desde las empresas agroalimentarias; y hay desigualdad social –y por lo tanto geográfica– en la distribución de las vacunas como la hay en la distribución e incidencia de la enfermedad. Eso es, en realidad, lo que quiere decir “sindemia”.

Como sabemos, la velocidad con la que se han desarrollado las primeras vacunas contra la covid-19 (Moderna, Pfizer, Oxford) no tiene precedentes en la historia de la medicina. Siguiendo a la profesora Charlotte Summers, podemos aceptar que eso se debe en parte a los conocimientos acumulados en los últimos años, que garantizan a los hallazgos un mínimo de seguridad epistemológica; es decir, el mínimo de fiabilidad que los hace vendibles en el mercado. Pero esa velocidad despierta también justificadas reservas dentro de la propia comunidad científica, algunos de cuyos miembros consideran, con no menos fundamento epistemológico, que la presión sindémica ha impedido agotar los plazos cautelares aplicados a investigaciones anteriores, de manera que –como explica Els Torreele, fundadora de la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas– no tenemos ninguna certeza acerca de la duración de la cobertura inmunológica de estas vacunas ni está claro que los vacunados no puedan transmitir el virus. Esta incertidumbre, añade la científica belga, está asociada a la competencia entre empresas farmacéuticas rivales que han mantenido en secreto sus investigaciones, contraviniendo las reglas de la práctica científica misma; así que al final las agencias sanitarias de los Estados han autorizado muchas veces estos productos “sin más datos que una nota de prensa de la empresa”. La velocidad, pues, es inseparable de la opacidad y de la falta de colaboración y genera un resultado inseguro que –añade Torreele– puede acabar siendo contraproducente, no sólo por los eventuales efectos colaterales para la salud sino porque puede minar además la confianza en la vacunación en general, alimentando las peligrosas teorías de la conspiración. La urgencia ha estado, sin duda, justificada, pero no conviene ignorar los riesgos potenciales –incluso para la credibilidad de la ciencia– de esta precipitación inducida extramuros de la comunidad científica.

¿Y por qué esta velocidad? Las presiones, externas e internas, son obvias. Las internas tienen que ver con el hecho de que, aunque buena parte de la financiación es pública, las patentes de explotación comercial son privadas. El capitalismo sindémico, que ha seleccionado siempre y sigue seleccionando qué enfermedades son curables y cuáles no en virtud de criterios puramente económicos, ha encontrado la más fabulosa oportunidad de negocio en un mercado literalmente global que convierte a 7.600 millones de seres humanos en potenciales clientes de sus productos. La misma lógica extractiva que se aplica a otros sectores –del petrolero al agroalimentario– se ha aplicado aquí para extraer fondos de los Estados y conocimientos de la comunidad científica. En cuanto a las presiones externas, cabe señalar dos orgánicamente asociadas: la de los gobiernos nacionales a los que ha tocado gestionar la pandemia y que –incluso por razones electorales– tienen que responder ante sus ciudadanos; y la de la población mundial, sobre todo la clase media occidental, a la que se prometió “seguridad total” y que, por eso mismo, temblorosa y levantisca, exige una solución inmediata y definitiva. Ni el capitalismo sindémico ni sus víctimas humanas –al menos en Occidente– pueden aceptar la idea de la muerte y la fragilidad. La paradoja es que, para satisfacer la demanda de inmortalidad individual, una vacuna insuficientemente testada puede aumentar, al contrario, la vulnerabilidad e inseguridad generales.

La producción de vacunas remeda, pues, la del propio virus. Ahora bien, eso mismo ocurre en el ámbito de la distribución farmacéutica, donde la velocidad de la rivalidad empresarial impide la falta de colaboración; es decir, la universalización de los beneficios. Como recordaba Juan Elman en un reciente artículo “la gran mayoría de los países no tienen garantizadas las dosis necesarias para vacunar a su población”. Mientras que Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, la UE, Australia y Japón tienen ya aseguradas entre 4 y 8 dosis por persona, son muy pocos los países de renta media que llegan a una sola dosis (cuando se necesitan dos para la inmunización) y ninguno de los más pobres ha firmado acuerdo alguno para acceder a la vacuna. La propuesta inicial de India y Sudáfrica para liberar las patentes y suspender cualquier derecho intelectual sobre medicamentos o vacunas –al menos hasta que el 70% de la población mundial estuviera inmunizado– fue rechazada en la OMS por los países europeos, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Por otro lado, el fondo Covax, supervisado por la propia Organización Mundial de la Salud y destinado a vacunar a poblaciones de bajos recursos, no ha sido apoyado por Estados Unidos y no recibe más que migajas de los países que acordaron su creación. Las vacunas, como vemos, reproducen, en lugar de interrumpir, el movimiento en bucle, articulado y sin salida, de la sindemia capitalista.

En definitiva, si el capitalismo es una sindemia, va a seguir produciendo sin parar virus y pandemias; y va a seguir produciendo, también sin parar, vacunas y medicamentos selectivos y mal distribuidos. Ese es el futuro y no es halagüeño para la humanidad. Pero si el capitalismo es una sindemia, entonces la política y la ciencia, hoy cautivas, deberían estar luchando para liberar a la humanidad y a sí mismas del capitalismo. Eso sí sería bueno para todos.

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Este artículo fue originalmente publicado el pasado 24 de diciembre en el periódico digital en lengua árabe aljumhuriya.net, fundado en el año 2012 por intelectuales y académicos sirios. Agradezco a su jefe de redacción, Yassin Swehat, su precisa y brillante traducción al árabe.


viernes, 29 de enero de 2021

¡No olvidamos! ¡Aparición con vida ya!


Defensores en Línea

Por Giorgio Trucchi l Rel-Uita

Foto: Giorgio Trucchi

Este 18 de enero se cumplieron 6 meses de la desaparición forzada de cuatro activistas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellos el presidente del patronato Alberth Sneider Centeno, y de una quinta persona.

El 18 de julio del año pasado, hombres fuertemente armados vistiendo uniformes policiales irrumpieron en dicha comunidad. Además de Centeno, los uniformados se llevaron de sus casas a Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Róchez.

Los cuatro son miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Juárez, la otra persona secuestrada y desaparecida, es un allegado de la comunidad.

De inmediato, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió a Honduras adoptar todas las medidas necesarias para determinar el paradero de los jóvenes y presentar un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución.

También instó a proteger los derechos a la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas exigió a las autoridades hondureñas “establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para la búsqueda exhaustiva e inmediata y para la investigación imparcial de las desapariciones forzosas”.

El 27 de noviembre, 57 europarlamentarios enviaron una carta al presidente Juan Orlando Hernández y a otras autoridades hondureñas, exigiendo la inmediata aparición con vida de los jóvenes garífunas.

También pidieron el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que en 2015 ordenó al Estado de Honduras devolver a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra los territorios sustraídos ilegalmente a raíz de la expansión de monocultivos y la instalación de megaproyectos turísticos.

Seis meses después, los resultados son prácticamente nulos y en Honduras se multiplican los casos de desaparición forzada. Según el Cofadeh1 son al menos 16 los casos reportados durante el periodo de suspensión de garantías constitucionales por la pandemia de Covid-19.

Impunidad y desprecio

“El Estado de Honduras sigue sin brindar informaciones fehacientes y veraces sobre el paradero de nuestros compañeros.

Los informes que ha presentado son ridículos. No sólo muestran el desinterés de las autoridades ante esta barbaridad, sino que evidencian su complicidad y responsabilidad”, dijo a La Rel, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.

Durante una actividad que se realizó este lunes frente a las oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa, la organización garífuna denunció “el desprecio, el racismo y el plan genocida del actual narco-gobierno en contra del pueblo garífuna”2.

Son al menos 40 los miembros de comunidades garífunas asesinados en los últimos dos años. Otra gran cantidad tuvo que abandonar sus comunidades por las amenazas, la criminalización y la persecución.

Asimismo, son centenares las y los garífunas que se han sumado a las caravanas que a menudo emprenden camino hacia Estados Unidos, huyendo de la miseria, la violencia, la crisis climática y la falta de futuro.

Complicidad del Estado

“Hay toda una política que impulsa el Estado, en contubernio con el gran capital nacional y transnacional, para exterminar a los pueblos indígenas, adueñarse de sus territorios y saquear los bienes comunes.

La desaparición de nuestros compañeros responde a este plan de violencia sistemática y de vaciamiento de territorios. No vamos a parar hasta conocer la verdad y ver castigados a los responsables”, apuntó Miranda.

En este sentido, la Ofraneh demandó la instalación de un Comité independiente de investigación y búsqueda, para dar con el paradero de los jóvenes activistas, llevar los responsables ante la justicia y brindar atención y acompañamiento a los familiares.

“Tenemos derecho a quedarnos en nuestras tierras, a desarrollar nuestra cultura, a construir un mejor futuro”, concluyó la lideresa garífuna.


El éxodo de la desesperanza


Defensores en Línea

Por Giorgio Trucchi l Rel-Uita

Son varios miles los hondureños y hondureñas −muchas las familias con menores de edad− que han vuelto a juntarse en la terminal metropolitana de San Pedro Sula y han emprendido un largo y peligroso viaje hacia Estados Unidos, huyendo de la miseria, la violencia y la falta de futuro.

Luego de romper el cerco policial en el puesto fronterizo El Florido, la caravana logró entrar a territorio guatemalteco avanzando hasta la localidad de Vado Hondo, Chiquimula, donde fue brutalmente reprimida por un fuerte contingente militar.

Hay varios heridos y unas 1.300 personas fueron capturadas y regresadas a Honduras o están todavía en manos de las autoridades migratorias.

La violenta represión es consecuencia directa de las medidas adoptadas por el gobierno guatemalteco, que en los días pasados declaró estado de prevención en siete departamentos y autorizó disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública.

Una estrategia que responde a las políticas migratorias impuestas por el saliente gobierno Trump a los países del Triángulo Norte.

Actualmente, miles de hondureños y hondureñas permanecen a la intemperie, esperando el momento propicio para intentar continuar su odisea hacia Estados Unidos.

Contrariamente a lo que muchos piensan, las personas que integran estas caravanas que salen de Honduras no persiguen el ‘sueño americano’, sino que huyen de la pesadilla hondureña.

“Lo que hay es desesperación. Huyen de la miseria, de la violencia, de la falta de trabajo. No pueden esperar más. Prefieren enfrentarse a un viaje lleno de incógnitas y peligros antes que quedarse en Honduras”, dijo a La Rel, Bartolo Fuentes, periodista y experto en temas migratorios.

El desastre hondureño

Honduras es uno de los países con el mayor índice de desigualdad y pobreza en América Latina, con casi el 70 por ciento de la población hundida en la pobreza y más del 40 en la pobreza extrema.

También ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para las personas que defienden la tierra y los bienes comunes. Más de 140 defensores y defensoras han sido asesinadas en la última década.

Más dramática aún es la situación de la violencia contra las mujeres, los periodistas y la comunidad LGBTI.

Son casi 6.300 las mujeres asesinadas en menos de dos décadas, más de 360 las personas LGBTI que han perdido la vida de forma violenta en los últimos 10 años, y casi 90 los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001.

La impunidad supera el 90 por ciento de todos estos casos.

Una situación que se ha vuelto aún más dramática el año pasado por la incapacidad e irresponsabilidad mostrada por las autoridades hondureñas ante los embates de la pandemia de Covid-19 (135 mil casos, 3.400 fallecidos y un sistema de salud colapsado) y de dos huracanes (100 muertos y 15 mil millones de dólares de pérdidas, sobre todo en el área rural).


Dudas y expectativas rodean el anuncio de nuevas políticas migratorias del gobierno de Biden


Radio Progreso

Hablar con certeza sobre las expectativas de lo que podrían ser las políticas migratorias del gobierno de Joe Biden, es complicado en el contexto de la caravana de migrantes y de la inestabilidad en los Estados Unidos, dijo en Radio Progreso Yolanda González de la Red Jesuita con Migrantes en Centroamérica.

El Presidente Joe Biden estaría iniciando con la implementación de un plan integral de inmigración durante su primer día en el cargo. Se tratará de una agenda que proporciona un camino de varios años hacia la ciudadanía para los millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran actualmente en Estados Unidos.

Se espera que la propuesta se envíe hoy al Congreso, poco después de la toma de posesión de Biden. El plan también busca abordar la causa raíz de la migración desde países de Centroamérica, así como mejorar el uso de tecnología en la frontera.

Yolanda González cree que en los próximos días se comenzará a ver que el gobierno de Biden revierta algunas órdenes ejecutivas, pero tardaremos en ver cuál será verdaderamente su política migratoria y cómo se concretará en la situación de los miles de centroamericanos y centroamericanas.

Consultado por Radio Progreso, el Sociólogo Eugenio Sosa dijo que una nueva administración en Estados Unidos no significa cambios importantes, pero hay algunos matices que sí marcarán la diferencia en comparación con el gobierno de Trump.

Sosa cree que, en el caso de Honduras, no estarían animados a apoyar una reelección ilegal y podrían también actuar contra altos personajes, que en la región estén involucrados con la corrupción y el narcotráfico.


2020, más extraño que la ficción


 Página/12

Por Guadalupe Treibel 

Pensó que vendrían tiempos bravos, más nunca imaginó hasta qué punto lo serían…

Hace poco más de un año, la artista Jolie Goodman comenzó 1872 Days of Tory Government: serie de ilustraciones que tenían por propósito registrar los eventos más relevantes que fueran sucediéndose en Reino Unido (y en el mundo) durante el mandato de Boris Johnson, tras vencer por amplia mayoría el Partido Conservador en las elecciones generales de diciembre 2019. Con ilustraciones diarias -en ocasiones, acentuadamente satíricas-, ha hecho gala de su talento con la pluma digital y el dibujo figurativo esta mujer londinense, zambulléndose en una faena colosal, que actualiza religiosamente vía cuenta de Instagram, reinterpretando imágenes o acontecimientos clave en tono disruptivo, amén de digerir lo que indudablemente sigue resultando indigesto, ejercitándose a sol y sombra en las bondades del corrosivo humor político.



“Trabajar en este proyecto me ha ayudado a procesar con salero lo que sucede en el mundo”, reconoce quien -sin pausa, con algunas prisas- continuará esta suerte de bitácora hasta cumplir los mentados 1872 días. Aunque, de momento, haga paréntesis su propuesta con un balance necesario: bajo el nombre The Covid Drawings 2020, en breve lanzará un libro que reúne las mejores y más representativas piezas del que acabó siendo un año decididamente extraño, terriblemente convulso.



Desde un pícaro príncipe Carlos llevando el covid-19 bajo su reveladora falda escocesa hasta las multitudinarias protestas del movimiento Black Lives Matter, desde la obsesión en marzo por abarrotarse de papel higiénico hasta aves costeras pescando barbijos abandonados, de todo como en botica en las viñetas de doña Jolie Goodman, que además de trabajar como ilustradora freelance, labura en la Mental Health Foundation. Al respecto, reconoce que bosquejar a diario le salvó las papas en una época donde la salud mental pende de un hilo finito, finito: “El arte tiene un impacto poderoso. Puede servir para hacer un seguimiento de lo que acaece en la realidad cotidiana, sí, pero también para alejarnos de la actualidad penosa, trasladarnos a un mundo más seguro, donde nos sintamos un poco más relajados”. Haya o no una pandemia en curso…



Más en https://www.instagram.com/jolie.goodman/



jueves, 28 de enero de 2021

Arte urbano, un espejo crítico del contexto histórico en Latinoamérica


Contagio Radio

Imagen: Arte @tavogaravato

Colectivos y artistas buscan transmitir su lectura de la realidad en medio de un momento en la historia en el que la movilización social ha cobrado fuerza en toda Latinoamérica y en que, en particular en el contexto nacional de Colombia, las violaciones a los DD.HH. continúan y estas buscan ser denunciadas a través de expresiones como el muralismo, el cartelismo y en general el arte urbano.

La galería de arte más importante es la calle

Desde el Colectivo Beligerarte, un proceso que surge a partir de estudiantes de sociología, ciencias políticas y humanas que vieron la necesidad de tomarse las calles con la intención de hacer del arte callejero una herramienta comunicativa frente a una realidad compleja.

Para el colectivo, la calle termina siendo «el único espacio que nos queda para apropiarnos, es evidente que no hay una posibilidad de representación política ni en los grandes medios de comunicación y en ese sentido la calle termina siendo el último lugar al que nos han empujado», un lugar en el que señala, puede exponer su lectura y pensamientos frente a la realidad que acontece.

Por su parte, Gustavo Bernal, uno de los promotores de La Causa Latinoamericana, una exposición de cartelismo y activismo gráfico que aborda el tema de las protestas sociales en América Latina señala que la idea es replicar esta idea a diferentes ciudades del continente siempre con la intención de exigir el fin de la corrupción, el acceso a la educación y la salud, y derechos fundamentales.

Otros colectivos, como Brandalismo, una idea que surge en 2011 en Londres como respuesta a las agencias de la publicidad, y que llegó a Colombia en 2019, afirman que su trabajo es un espejo crítico que busca llevar un mensaje mediante el sabotaje de marcas nacionales e internacionales a través de la estética.

«Si el arte no tiene un mínimo de mensaje social es tan solo decoración»

Del mismo modo, el Colectivo Guarichas que trabaja desde México, Argentina y Colombia busca denunciar la violación de DD.HH. que ocurre en Colombia en el marco de una continuidad del conflicto armado a otras regiones como una apuesta de resistencia popular el demasiado más grande resulta condensar en una pieza un mensaje y ha sido el gran reto de lo colectivo de lo que implica hacer piezas colectivas y cómo compaginar la denuncia con la esperanza.

El riesgo de llevar un mensaje a través del arte

Desde el colectivo Guaricha afirman que se trata de entender el espacio público y poner a disposición de todas las consecuencias privadas de la guerra y la huella que esta deja en los cuerpos y en las mentes, «en este momento en Colombia, el riesgo es respirar, la continuidad de la guerra nos está poniendo a todos en riesgos en cualquier escenario» afirma la integrante del colectivo resaltando el cómo se ha usado el aparato político para perseguir la protesta y la movilización.

Pese a que en la actualidad pesa sobre el mural de ‘Quién dio la Orden’ – que expone a los miembros de la Fuerza Pública vinculados a las ejecuciones extrajudiciales – un fallo de la Corte Constitucional que prohíbe su reproducción a raíz de las tutelas interpuestas por miembros del Ejército Nacional, sus creadores señalan que lo interesante de lo ocurrido es que la imagen ya pertenece y es patrimonio de la sociedad pese al intento de censura.

«Hay un punto en el que era inevitable la reproducción masiva de la imagen» expresa el artista respecto a la respuesta de apropiación de la imagen que permitió que tuvieran un impacto sobre su mayor difusión.

«En los barrios, en las comunidades, en los territorios donde el conflicto armado ha sido más fuerte el riesgo es, en realidad el riesgo que asumimos en una apuesta como la de ‘Quién dio la orden’ viene siendo un riesgo más "expresa Beligerarte, agregando que a su vez existe la posibilidad de construir imágenes en las «que no solo expresamos lo que sentimos sino logramos ciertos niveles de presentación en sectores de víctimas y en grandes masas de la población apostando a la transformación social".

Publicado originalmente en Contagio Radio



Migración masiva, legado post-Covid-19


Alainet

Por Javier Suazo

Foto: La prensa. hn.

“La respuesta de Trump ha sido promulgar políticas de inmigración draconianas 

que buscan anular nuestras leyes de asilo y refugiados, junto con reducciones 

severas en nuestra asistencia extranjera a la región”.

Joe Biden

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En los programas de reforma agraria de la década de los 70s y parte de los 80s, la migración interna era parte de la política de Estado de organización y capacitación de los campesinos y campesinas, a efecto de poder acceder a tierra productiva de buena calidad, inculta y en poder de terratenientes latifundistas. Igual, una estrategia para trasladar a familias campesinas de zonas de menor desarrollo, a aquellas con mayor potencial, aunque parte de la tierra prometida fuera de naturaleza nacional, o sea propiedad del mismo Estado.

Estas políticas y acciones contaban, por un lado, con el apoyo de la cooperación internacional, proveyendo alimentos y vestuario a los campesinos “migrantes”, igual, por el propio Estado, con programas de asistencia técnica, crediticia e instrumentos trabajo. Pero, también, eran beneficiarios de la banca multilateral para ejecutar proyectos de desarrollo agrícola, sustentados en la explotación de rubros para la exportación (bananos, marañón, algodón, cítricos), controlando empresas transnacionales e intermediarios locales la comercialización de los productos, como una manera de trasladar el riesgo de producir a los mismos campesinos y gobierno.

No ha sucedido lo mismo con las migraciones fuera del país, donde sin bien el riesgo lo asumen las personas y familias migrantes (hoy buscan el sueño americano, el padre, la madre, los hijos y demás parientes), éste ha sido mayor después de la crisis política generada por el Golpe de Estado en junio de 2009. Antes de ello, por lo general, la migración externa era voluntaria y espontánea. Las personas que lograban pasar la frontera entre México y EEUU enviaban dinero a sus parientes para que se fueran, o contrataban un “coyote” que les ayudara en su ruta de viaje al país del norte. Algunos de ellos (as) se quedaban trabajando en Guatemala o México, mientras reunían el dinero para garantizar un paso seguro, otros se regresaban sin más, o eran deportados por las autoridades de migración mexicana o gringa.

Hoy la migración al país del norte se ha complicado. Por un lado, la parálisis y el abandono de los programas de reforma agraria estimuló la expulsión de población campesina del campo a la ciudad, y eliminó los programas de migraciones inducidas apoyados por el Estado y la cooperación internacional. Con ello aumentó la concentración de la propiedad y precariedad rural, que se tradujo en mayor pobreza e inseguridad alimentaria. Desde los 90s, los programas de moda son las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y de ayuda alimentaria, endeudando más al país y utilizando el excedente de granos básicos generado por productores gringos “subsidiados” por el Estado, que no se puede comercializar en el mercado regional, con un impacto negativo en la producción local.

Ello se complicó más, con la profundización de las políticas y programas de estabilización económica ortodoxa y ajuste estructural, apoyados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial, donde se observa una contracción del gasto público productivo del Estado en contra de campesinos y campesinas del agro nacional, sumado a la profundización de la concentración de la propiedad y el despojo de recursos naturales y biodiversidad a las comunidades. Contrario a lo que se pensaba con su diseño, estas políticas han generado mayor migración, pero también menor protección económica y social para las familias vulnerables y en situación de pobreza.

El Covid-19 y los fenómenos naturales como ETA i IOTA, han hecho más visible esta situación de desigualdad y falta de oportunidades para las familias rurales, a las que se le ha sumado aquellas de centros poblados, en su mayoría jóvenes, donde los empleos son un bien escaso, y la violencia, narcotráfico y corrupción involucra directamente al gobierno.

El discurso gubernamental y de los políticos de turno, es que los migrantes son el problema, por lo que hay que tratar por todos los medios posibles para que no lo hagan; aunque, en realidad, es un derecho humano. Un padre de familia que perdió sus tierras por no pagar deudas en la banca porque la cosecha se perdió, ya en la ciudad, fue despedido de su empleo precario por el confinamiento y evitar el contagio Covid-19, y además su casa fue destruida por ETA, tiene pocas opciones para alimentar a su familia y subsistir, y lo más a mano es la migración o la muerte.

El gobierno de la República espera que se vuelva a la “normalidad”, tal como existía antes del Covid-19, pero con políticas que promueven la concentración de la propiedad rural, la destrucción de los recursos naturales, la exclusión económica y social por ausencia de programas masivos de viviendas populares, acceso a la educación, salud y empleos sostenibles liderados por el Estado, esta normalidad no es tal, más bien era y será una normalidad excluyente.

La política de Donald Trump, aceptada sin más por el gobierno de Honduras, Guatemala y México, hizo posible además que, en la práctica, la migración fuera penalizada como un delito, aunque el discurso de funcionarios públicos y policías dice que es y sigue siendo un derecho humano. Estos países se convirtieron en una extensión de la “migra gringa”, ya que sus cuerpos policiacos son responsables de perseguir a los migrantes. Estos se organizan y concentran en centros públicos (algunos les llaman jaulas) o de carácter social, esperando se les resuelva su solicitud de asilo, lo que no llega; pero otros son deportados sin más y separados de sus hijos, cuando no han realizado el trámite de dicha solicitud a través de las autoridades de un país seguro, llámese Guatemala o México.

El 14 de enero de 2021, salió de San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras, una nueva caravana de migrantes, unas 3,000 personas según cifras oficiales, concentrándose más de 6,000 personas en la frontera con Guatemala el domingo 17 de enero (nuevas caravanas se sumaron el fin de semana), según datos de la prensa no tarifada, incluyendo niños y niñas, pero también adultos mayores, mujeres embarazadas y discapacitados. La Policía de Honduras, en vez de alentarlos a seguir y desearles buena suerte, les manifiestan que tengan cuidado con la “migra” chapina y de México, y que se olviden de llegar a la frontera con USA. Además de los papeles personales (identidad y partida de nacimiento de los niños), se les exige la prueba Covid-19 para poder ingresar a Guatemala, ya que los que no cumplan serán deportados.

La movilización de policías y militares chapines a la frontera con Honduras ha sido impresionante, igual de la policía mexicana a la frontera con Guatemala, donde la consigna es “No Pasarán”, tal como fue el compromiso con Donald Trump al aceptar operar como países “seguros” para el migrante. La prensa habla de deportaciones de hondureños antes de que ingresen a Guatemala, es decir desde la misma aduana y alrededores, pero, los migrantes, no piensan regresar y se enfrentan con la policía y militares, esperando superar unos 20 cordones de seguridad entre la frontera con Guatemala y México.

Los y las deportadas serán fichados por las autoridades de Honduras, ya que existe una Decreto Ejecutivo N. PCM-033-2014 que declara emergencia humanitaria por las migraciones masivas, debiendo el gobierno activar el sistema de protección social cuya política principal es la TMC y la ayuda alimentaria, sumado al empleo temporal y de mala calidad cuando existan recursos y proyectos que demandan mano de obra, en su mayor parte, no calificada. Igual, deben activarse los centros de atención a la niñez y familia migrante, pero no existe una garantía de una reinserción efectiva al mercado de trabajo, escuela y hogares.

Las cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras, muestran que en 2020 fueron deportados 43,757 hondureños de EEUU, México y Guatemala, de los cuales 10,484 son menores de edad. Un dato curioso, el mayor número de deportados proviene de México, y no de EEUU; lo que demuestra que la política de Trump ha sido efectiva, aunque los costos los asuma el país seguro, en este caso México.

La migración de hondureños ocurre a pocos días de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. En el imaginario de los migrantes existe la esperanza que el nuevo inquilino de la Casa Blanca flexibilice o elimine las políticas, acciones y leyes aprobadas por el gobierno de Trump, que al final de su mandato se ha dedicado a poner trabas a las acciones del gobierno entrante y dilatar la vigencia de nuevas leyes; igual, se apuesta a que Biden haga suya su promesa de campaña de otorgar la residencia al mayor número posible de latinoamericanos viviendo en EEUU. Se exige además que los niños y niñas no sean separados, y aquellos sin acompañante se le brinde la protección debida y sean reunificados, eliminando la llamada tolerancia “Cero” de Trump.

Se espera que retome la iniciativa del Plan de la Alianza para el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras) que lideró cundo era vicepresidente en el gobierno de Obama, pero que se descontinuó o quedó en papel, en tanto fue un gobierno especializado en deportaciones. Este plan tenía un presupuesto de 750 millones de dólares para acelerar las reformas necesarias en la región, focalizadas en el combate del crimen organizado, reducción de la pobreza y fortalecimiento de las instituciones públicas contaminadas con el virus de la corrupción y la ineficiencia. Un problema, además del congelamiento de los fondos por Trump, fue confiar en líderes y gobiernos contaminados con la corrupción y coludidos con el crimen organizado.

Esta iniciativa fue retomada por México con apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), al formular y aprobarse el Plan de Desarrollo Integral de El Salvador, Honduras, Guatemala y México, pero todavía los gobiernos de Centroamérica y las organizaciones de apoyo al migrante siguen esperando los recursos financieros en los montos prometidos. Además, aunque contó con apoyo de las Naciones Unidas y UE, este plan nació cojo, ya que se contrapone a la política de Donald Trump para la región que, incluso, desarrolló una agenda paralela a las propuestas del Plan; asimismo, se sustenta en gobiernos y líderes políticos cuestionados por actos de corrupción y denunciados por tener vínculos con el narcotráfico. Se espera que con Biden se retome la agenda de trabajo del Plan, pero CEPAL debería ajustar las propuestas, buscando rescatar un enfoque más benigno con el desarrollo integral de los países, consultando a la gente y sus organizaciones de apoyo.

A lo interno de Honduras, la evidencia demuestra que las políticas y leyes de apoyo al migrante no funcionan, ya que la política económica, agrícola y social ejecutada desde el Golpe de Estado, es excluyente por definición, al aceptarse como válido un modelo económico fracasado. Ello es extensivo a las acciones que ejecuta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, con la Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local, que se visualiza como un paliativo a la política de centralidad del poder y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, con poco impacto en la calidad de vida de las familias en los municipios y reivindicación de derechos ciudadanos.


Organizaciones internacionales esperan que la caravana cambie la política estadounidense hacia Centroamérica


Radio Progreso

La directora del Centro Presente en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, Patricia Montes, dijo en Radio Progreso que las caravanas de migrantes ponen en evidencia que el Estado Hondureño es un fracaso protegiendo los Derechos Humanos de sus poblaciones, especialmente las más vulnerables.

“Vemos que Honduras está expulsando a más gente a raíz de políticas que realmente no protegen los derechos humanos fundamentales de la población hondureña. Esta nueva caravana pone en evidencia que el Estado hondureño es un fracaso protegiendo los derechos humanos de las poblaciones, especialmente de las poblaciones más vulnerables”, dijo Montes.

Aseguró que espera que la caravana ponga en evidencia toda la inestabilidad política y económica que se vive en Honduras, y sirva para que la nueva administración de gobierno en Estados Unidos cambie las políticas hacia la región.

“Es necesario que haya cambios a nivel de políticas públicas en el tema migratorio. Y es para nosotros, como organizaciones de sociedad civil, una responsabilidad enorme de seguir tratando de hacer abogacía y tratar de implementar una agenda para demandar que la nueva administración entrante de Biden y Kamala Harris puedan entender la necesidad de hacer esos cambios”, sostuvo Patricia Montes.

Manifestó también que desde Estados Unidos ven con mucha consternación porque la caravana se dio en momentos en que Estados Unidos vive una transición marcada por la violencia. “Ha habido sucesos en este país marcados por la violencia de sectores de extrema derecha y seguidores del presidente saliente Donald Trump”, aseguró la directora del Centro Presente en Boston.


Las caravanas son el reflejo de la crisis humanitaria en Honduras


Radio Progreso

Los más 7 mil migrantes que integraban la caravana – reprimida y desintegrada por la policía y el ejército de Guatemala- representan la crisis humanitaria que atraviesa Honduras, misma que tiene su base en una institucionalidad debilitada. El gobierno utiliza los pocos recursos que hay al servicio de la corrupción y el narcotráfico, violentando los derechos básicos de la ciudadanía, dijo en entrevista a Radio Progreso el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj, Elvin Hernández.

La crisis humanitaria se suman los efectos de la pandemia Covid-19 y los daños económicos provocados por los huracanes Eta e Iota, que azotaron al país centroamericano en noviembre de 2020. “Lo que expresa esta caravana es la desesperación de la gente al no tener empleo, al estar aguantando hambre, tener su casita destruida y ver que no hay respuesta del Estado”, dijo Hernández.

Los migrantes en la caravana reconocen en el presidente Juan Orlando Hernández, al responsable de la crisis humanitaria. Coinciden que es necesaria su salida de la presidencia para que sea llevado ante los tribunales por su vinculación directa con el narcotráfico y escandalosos saqueos del erario público.

Ante esto diversos sectores preguntan ¿por qué no organizar una caravana rumbo a Casa Presidencial? ¿por qué llevarse la consigna Fuera JOH a otros países? ¿por qué no quedarse a luchar en Honduras? Elvin Hernández cree que no hay respuesta única a esas interrogantes, pero a la vista salta que la gente dejó de ver a Honduras como un país que pueda ofrecer alternativas.

Para la gente no hay un partido político que pueda transformar el país. “Es un sentimiento que dice: aquí no hay nada que hacer”, sostuvo asegurando que, otro elemento es la relación que hay con sus familiares migrantes en Estados Unidos. “La gente vive de la remesa y cree que en Estados Unidos puede encontrar las respuestas que están ausentes en Honduras, eso también tiene que ver con la ruptura del tejido social y la poca formación política ciudadana” dijo.  

Más del 40 por ciento de la juventud hondureña está decidida a migrar

Según estudios realizados por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso Honduras, los altos índices de violencia y pobreza, la falta de oportunidades socio laborales y educativas, están provocando que 4 de cada 10 jóvenes de Honduras emigren o estén pensando en hacerlo.

El director de Flacso Honduras, Rolando Sierra dijo que los jóvenes expresan haber sido víctimas directas de la violencia por el crimen organizado, además, que es difícil encontrar oportunidades para seguir viviendo en un país devastado. “A pesar del muro y la represión instalada en Guatemala, la migración estará presente con fuerza durante el 2021, porque hay factores endógenos que están forzando a la población a migrar”, Señaló.

Covid-19:  excusa para justificar la represión

A criterio del coordinador de la Red de Jesuita con Migrantes en Guatemala, José Luis Gonzáles SJ, la pandemia Covid-19 está siendo la excusa perfecta para que gobiernos de México y Guatemala no dejen pasar la caravana de migrantes procedente de Honduras, a pesar de que la migración es forzada y tiene raíces estructurales profundas.

En comparación a otros años en esta caravana – en su mayoría- van niños solos; huérfanos por la violencia y la pobreza agudizada en 2020, por la pandemia y los huracanes. Son imágenes dramáticas las que se observan de la caravana. Niños que van sin mochilas, núcleos familiares que únicamente cargan las ganas de llegar a Estados Unidos, porque en Honduras no tienen nada.

Gonzáles denuncia que bajo la excusa de la pandemia Guatemala se presta a los deseos de Estados Unidos, país que desde un tiempo está buscando a toda costa eliminar el acuerdo CA-4, que en teoría permite la libre circulación de ciudadanía centroamericana”.

Campaña de terror por pandemia y violencia

La población de Guatemala históricamente ha sido solidaria con los migrantes hondureños y hondureñas, sin embargo, la situación de pandemia provoca que la sociedad esté encerrada con temor, sin la capacidad de organizarse para dar una respuesta solidaria frente al hambre y frío que padecen los integrantes de la caravana, dijo en entrevista a Radio Progreso, Úrsula Roldan, investigadora y coordinadora del área de migraciones de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.

Para Roldán, el futuro de los migrantes en territorio guatemalteco es doloroso, porque también está vigente la disposición del gobierno de Alejandro Giammattei, que prohíbe a organismos internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR brinden acción humanitaria, por lo que el hambre y la represión están provocan que la gente retorne a la frontera.