Radiografía actual a 10 años del golpe

Rebelión

Por Luismi Uharte *

El golpe de Estado contra el presidente Zelaya en Honduras el 28 de junio de 2009 inauguró una fase de golpes parlamentarios contra gobiernos del eje progresista latinoamericano. A este le sucedieron los golpes contra Lugo en Paraguay (2012), contra Rousseff en Brasil (2016) y el fallido contra Maduro en Venezuela (2016-17).

Objetivos golpistas. El derrocamiento de Zelaya tenía como objetivo expreso abortar un proceso que había provocado un rechazo creciente de la oligarquía y el imperialismo estadounidense. Durante el primer año de su mandato (2006) no se produce ningún cambio relevante, pero a partir de 2007 se efectúa un giro con el acercamiento a Venezuela y la entrada en Petrocaribe. 2008 será clave ya que Zelaya se adhiere al ALBA, además de incrementar el salario mínimo más de un 60% y negociar con el movimiento campesino un decreto para legalizar tierras ocupadas.

La propuesta de consulta popular en 2009 para impulsar una Asamblea Constituyente será la gota que colme el vaso y que justifique el golpe.

Zelaya, además de “traidor de clase” para las elites del país, había intentado redefinir el papel geopolítico asignado históricamente a Honduras (ser plataforma contrarrevolucionaria contra los países del entorno, principalmente Nicaragua y El Salvador), por lo que el Pentágono planificó su caída.

El golpe no cuidó especialmente las formas: Zelaya fue secuestrado en plena madrugada por militares, trasladado a la base gringa de Palmerola (al lado de Tegucigalpa) y enviado por avión a Costa Rica. Al día siguiente, el parlamento quiso legitimar el golpe presentando una supuesta carta de renuncia del presidente, que este mismo denunció como falsa.

Laboratorio de distopía. El régimen que desde hace una década se ha impuesto en Honduras es una combinación de autoritarismo político y ultra-liberalismo económico, por lo que lo “liberal” se vacía de la ecuación política, pero se radicaliza en el plano económico. Es un ejemplo del nuevo tipo de régimen que se está ensayando en algunas zonas del planeta en el que se articula un capitalismo cada vez más extremo con sistemas políticos no literalmente dictatoriales, pero si en transición hacia un post-Estado de Derecho. En síntesis, una muestra del laboratorio de distopías del siglo XXI.

El nuevo régimen político post-liberal se expresa en la hibridación de un modelo de elección fraudulento con un modelo de administración del poder cada vez más coercitivo. Por un lado, las dos últimas elecciones presidenciales (2013 y 2017) han sido ganadas por la oposición de centro-izquierda (Partido LibRe y aliados), pero ha continuado gobernando la derecha golpista (Partido Nacional) a través de un fraude avalado por las potencias occidentales. El modelo electoral, por tanto, permite comicios multipartidistas, pero la presidencia no la ocupa quien realmente gana sino quien conviene que gobierne, suprimiendo abruptamente uno de los principios básicos del liberalismo electoral. En resumen, se garantiza el derecho a presentarse (‘no es una dictadura tradicional’) pero se hace inviable el derecho a gobernar.

El segundo pilar del nuevo régimen es un modelo de administración de gobierno en el que el ‘poder coercitivo’ tiene cada vez más peso frente al ‘poder persuasivo’. Generar consenso cada vez importa menos, por lo que se prioriza la coerción, la cual se ejerce combinando instrumentos legales e ilegales.

La represión ‘legal’ se está materializando a través de tres vías principales: la militarización, la judicialización y el encarcelamiento. COFADEH, una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas del país ha denunciado la creciente militarización, con la creación de una policía militar y el destino de las Fuerzas Armadas a labores policiales, además de la creciente presencia de asesores del MOSAD, del DAS y obviamente de la CIA. El actual ministro de Seguridad es una de las figuras de la represión de los años 80 y desde el 2011 el gobierno ha impuesto una ‘tasa de seguridad’ para financiar la escalada represiva.

La judicialización es otro instrumento privilegiado de la represión ya que se está haciendo un uso perverso de figuras penales muy duras (terrorismo, usurpación) para imponer penas desproporcionadas a líderes del movimiento popular. Además, en noviembre el Congreso pretende aprobar un nuevo código penal sumamente represivo. Lo anterior se complementa con un incremento sustancial del número de presos políticos y la creación de cárceles de máxima seguridad (formalmente para narcotraficantes, pero de facto para defensoras de la tierra y el territorio).

El régimen articula la represión legal con el uso de instrumentos ilegales de todo tipo. Por un lado, el movimiento campesino e indígena denuncia la infiltración para generar división al interior de las comunidades. Por otro lado, destacan las campañas de criminalización, caracterizando a líderes sociales como pandilleros, narcotraficantes o terroristas, para así legitimar acciones en su contra. A su vez, las amenazas y seguimientos han obligado a que un gran número de líderes populares vivan con fuertes medidas de seguridad y en algunos casos en régimen de semi-clandestinidad. Por último, las agresiones y asesinatos están a la orden del día, con un fuerte incremento de los feminicidios, apunta Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer. Esto en un contexto de impunidad de más del 90% de los crímenes. Para Berta Oliva, directora del COFADEH, “no estamos en un Estado de Derecho sino en uno de Desecho”.

Régimen económico ultra-liberal. Uno de los principales objetivos del golpe fue la restitución del modelo neoliberal y a su vez una radicalización de este. Los pilares del actual modelo son: intensificación del extractivismo y de la agroindustria, contra-reforma agraria, reducción abrupta del salario y privatizaciones.

A través de la denominada “diarrea legislativa” (Nueva Ley de Minería de 2013, etc.) se ha favorecido la entrega masiva de territorio a proyectos transnacionales mineros y energéticos. La minería ha aumentado un 100%, pero si sumamos los proyectos pendientes el incremento es del 450%. Desde La Vía Campesina de Honduras (LVC) denuncian que es habitual la entrega irregular de licencias ambientales.

Los impactos de todos estos proyectos en las comunidades campesinas e indígenas que habitan o viven cerca de los territorios concesionados son múltiples. Uno de los más destacados por LVC es la restricción del acceso al agua por la privatización de cuencas, el desvío de cauces y la contaminación de acuíferos. También destacan la restricción del acceso a recursos forestales por la tala masiva.

La contra-reforma agraria que viene de los años 90 (Ley de ‘modernización’ agraria) se ha intensificado con la expansión del modelo agro-industrial y la consiguiente expulsión de masas de campesinos de sus tierras. La concentración de tierra se ha acelerado en torno a los productos ‘estrella’ de exportación: café, banano, palma de aceite y caña de azúcar. Paralelamente, la importación de alimentos básicos se ha acelerado, incrementando los niveles de inseguridad alimentaria.

Rafael Alegría, dirigente histórico campesino, señala que el movimiento campesino sigue solicitando tierras al INA (Instituto Nacional Agrario), pero como este no cumple su función las familias se ven obligadas a ocupar (‘recuperar’ lo robado históricamente), y entonces el Estado activa el protocolo de desalojo, generando un alto nivel de conflictividad y represión. En la última década más de 8.000 campesinos/as han sido detenidas tras desalojos.

La reducción del salario de las clases trabajadoras se ha ejecutado a través de la Ley de Empleo por Hora de 2014, que permite pagar menos del salario mínimo. En cuanto a las privatizaciones, además de las vías terrestres, el gobierno ha intentado privatizar en 2019 la salud y la educación, pero no lo ha logrado producto de la movilización popular. Por otro lado, el proyecto estrella de la década han sido las ZEDES (Zonas Especiales de Desarrollo Económico), popularmente conocidas como “ciudades modelo”, donde no solo se entrega el territorio al capital transnacional, sino que además se autogobiernan y disponen de policía y administración de justicia propia. En síntesis, supresión radical de la soberanía nacional.

Las consecuencias sociales de este laboratorio de distopía son dramáticas ya que han llevado al país a una situación de evidente “emergencia social”. Sin embargo, el apagón mediático global invisibiliza esta realidad. En la actualidad, dos de cada tres personas son pobres y más de un 40% sufren pobreza extrema. A su vez, la emigración se ha disparado. Según Eugenio Sosa, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un 40% de la población tiene planificado migrar y un 20% más no descarta hacerlo.

Resistencia popular. A pesar de esta radiografía dramática, Sosa subraya una serie de elementos que muestran que existe una importante resistencia al modelo. Asegura que a lo largo de estos 10 años se ha desarrollado una lucha constante y que se ha producido un proceso de fuerte politización en los sectores populares. Destaca una serie de luchas que han simbolizado una década de resistencia: la larga lucha, de muchos meses, contra el golpe de Estado; la lucha diaria contra el extractivismo en todo el país; la reactivación del movimiento estudiantil; el gran movimiento contra el fraude electoral de 2017 y la más reciente movilización (exitosa) contra el intento de privatización de la salud y la educación. Concluye augurando una intensificación del conflicto y de la disputa entre el bloque golpista en el poder y el bloque popular del cambio.

* Luismi Uharte. Grupo de investigación Parte Hartuz, Universidad del país Vasco.

Medidas sustitutivas a la prisión dictan a defensores de Zacate Grande

Defensores en Línea

Santos, María y Abel/ foto: Allan Torres

Este martes en horas de la tarde, los defensores de derechos humanos la tierra, playa y territorio Abel Pérez, Santos Hernández y María Hernández, volvieron a sus hogares en Playa Blanca, tras permanecer una noche detenidos en celdas policiales de la Isla del Tigre, Amapala.

Abel Pérez, es el presidente de Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), además miembro de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), acompañada y formada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que con esta acusación por el supuesto delito de usurpación es el tercer proceso legal en su contra.

El defensor de 36 años, fue capturado frente al Juzgado de Letras de Amapala, municipio de Valle, en el pacífico hondureño, el lunes 25 de noviembre a las 3:30 de la tarde, cuando acompañaba a vocal III de ADEPZA, María Hernández, que acudía a la Audiencia Inicial tras su captura el 22 de septiembre; y al mismo tiempo se había acordado la presentación voluntaria del miembro de la organización de la península, Santos Hernández, que suma a seis requerimientos fiscales en el marco de esta persecución por la defensa de la tierra.

Las tres personas debían responder por el delito de usurpación en perjuicio del terrateniente Jorge Luís Cassis, supuesto dueño de las tierras en Playa Blanca y Puerto Sierra.

Pérez declaró a Defensores en Línea, que la criminalización ha afectado emocionalmente a María, quien fue llevada detenida por segunda vez, en esta ocasión su hijo de 10 años también iba dentro de la patrulla policial; mientras que a Abel y Santos (compañero de vida de María y papá del menor) los custodiaron hasta que se subieran en la paila del vehículo, el lunes por la tarde.

Ese día, el fiscal le avisó a la policía de que las audiencias habían concluido, entonces llegaron varios agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) para darme captura, ahora por un nuevo proceso que es de octubre del 2019, ya que tengo uno de noviembre del 2018 y la sentencia condenatoria por el caso del 2015, explicó el defensor.

“Traté de guardar la calma, le decía a Santos y María que íbamos a salir de está”, detalló Abel, quien ya estuvo en prisión durante 101 días en el 2016, el Nacaome junto a Santos Hernández. Ese expediente está en Casación tras dictarse condena de cinco años y un mes, según información proporcionada por el COFADEH que forma parte del equipo de defensa.

Para el actual proceso, la audiencia inicial será el 9 de diciembre a las 8 de la mañana, cuando nuevamente se enfrentarán al poder judicial coludido con los terratenientes, que criminalizan a quienes defienden los bienes comunes. En este caso, los y las vecinas de Playa  Blanca velan por un predio que sirve desde siempre como paso público y espacio de carga y descarga. Cassis se dice dueño del plantel, lo manda a cercar y hay personas que quitan los obstáculos para pasar, y de esto se señala a los criminalizados.

“Este señor (Cassis) ha llegado a la zona aduciendo ser dueño de la tierra en que está asentada la comunidad desde hace más de 50 años, cabe mencionar que este hombre es el mismo que acusó en el año 2003 a la familia Cárcamo, quien fue desalojada del lugar conocido como “Playa las Gaviotas” lugar donde construyó su enorme casa de playa el empresario Freddy Nasser, yerno del difunto Miguel Facussé”, denunció ADEPZA en su perfil de la red social Facebook.

Agrega que, continúan enfrentándose a una élite empresarial que tiene controladas las instituciones del Estado “nos quieren despojar del territorio, de las playas, del manglar no se los vamos a permitir”.

Por su parte el defensor de derechos humanos de la REDEHSUR, Allan Torres afirmó que, este martes fue un día lleno de tensión, en horas de la tarde militarizan los juzgados de la isla del Tigre llevando militares de la base naval que junto a policías nacionales y de la DPI se apostaron frente a la entrada de dicho lugar, pero al final el resultado fue positivo ya que los Defensores Santos Hernández Abel Pérez y la Defensora María Hernández quedaron en Libertad.

El Aniversario

Defensores en Línea

Este  sábado 30 de noviembre, las energías sociales, espirituales y culturales del Cofadeh estarán concentradas en el Hogar contra el Olvido, en Santa Ana, Francisco Morazán.

No es una fecha cualquiera. Es el 37 aniversario de la organización de madres, esposas y amigos de los héroes y heroínas de la resistencia hondureña que fueron desaparecidos por el batallón 3-16. Ese escuadrón de la muerte organizado por John Dimitri Negroponte desde la embajada de Estados Unidos, en complicidad con Suazo Córdova, su siniestro ministro de la Presidencia, y el asesino Álvarez Martínez, no puede ser olvidado ni perdonado.

En ese mismo lugar donde hace 500 años los indígenas lencas construyeron terrazas de piedra fina para contener la lluvia y la tierra fértil, la organización de víctimas de la desaparición forzada construye espacios para contener la memoria histórica, desde hace 19 años.

Es en el municipio de Santa Ana, cerca del pico de las antenas sobre el Cerro de Hula, donde aquél batallón de la muerte ocultaba personas desaparecidas, para torturarlas en los años 80´s. Es aquí donde el Cofadeh decidió construir un hogar para educar, para perdonar y para nunca olvidar.

Como hemos informado a ustedes en años anteriores, la colonización de estas antiguas terrazas empezó con la siembra de árboles – robles, malcincos, cedros, caobas, pinos, claveles, quebrachos, nances, y otros – para honrar la memoria de casi 200 hombres y mujeres flagelados por el Estado de Honduras con el apoyo de torturadores gringos, argentinos, hebreros y matones centroamericanos.

En el transcurso del tiempo, también fue construida aquí una escalinata que asciende hasta la cima de las terrazas, cuyo diseño representa una ave en vuelo, precisamente el logotipo del Comité, que evoca el movimiento de las víctimas nunca vencidas, nunca asesinadas, siempre en vuelo rasante para seguir cada paso de los culpables a lo largo del tiempo.

En la entrada de este hogar contra el olvido fue edificada una vieja casona con materiales rústicos, con detalles artísticos de buen gusto, para representar la vida modesta y sana de las familias que trabajan por la paz y la justicia, a favor de la memoria.

Más recientemente, fueron construidos dos módulos; uno destinado a la espiritualidad ecuménica de las familias dolientes, que contiene los rostros de las víctimas en las paredes y cúpula, y un segundo espacio amplio y ventilado en la parte alta, para celebrar con música la vida, la alegría y la esperanza.

En una semana, el próximo sábado, habrá eventos aquí en ocasión del 30 aniversario de la organización luchadora, perseverante y creíble, que ha sobrevivido a todo, a la persecución del gobierno de Flores Facussé después del huracán Mitch, a la dictadura instalada por el golpe de Estado desde 2009 y, a veces, a la desesperanza de quienes no conocen su propio coraje.

Según la planificación original, por la mañana del sábado, será ofrecido un desayuno a las personas madrugadoras que siempre han estado vinculadas a las luchas del Cofadeh, a la gente con juventud acumulada que ama el café caliente a buena hora, los frijoles y las tortillas con memoria indígena, para planificar el porvenir siempre desafiante.

Enseguida, está previsto un convivio con las redes de juventudes voluntarias, que esta organización ha capacitado a nivel nacional durante los últimos 10 años en promoción y defensa de derechos humanos.

Más tarde, después del mediodía, tendrá lugar un encuentro con directores de organizaciones sociales, representantes de cooperación internacional que trabajan en Honduras la agenda de los derechos humanos, y miembros de las representaciones diplomáticas que permanecen atentos a la situación del país.

Hacia el final de la tarde, las juventudes del Cofadeh inaugurarán la gran sala de conciertos, ubicada en la cima de la escalinata, con participación de artistas siempre vinculados a la lucha por la justicia, la verdad, la democracia y la paz, que se mueven siempre al ritmo de la memoria histórica de los pueblos.

El salón de la espiritualidad, con la iconografía de los desaparecidos y desaparecidas, permanecerá abierto todo el día para quienes deseen orar, invocar, declarar o bendecir su memoria.

Este año 2019, la conmemoración del Cofadeh coincide con un entorno latinoamericano en ebullición: Colombia en paro contra Duque, Chile en rebelión contra el neoliberalismo nutrido de la dictadura católica Pinochetista. Argentina en solidaridad con Bolivia. Brasil que vibra con la libertad de Lula. Bolivia que resiste el golpe cobarde de los halcones evangélicos.

Así, el sábado vamos a la conmemoración de los 37 años del Cofadeh con una Centroamérica abatida. Una Guatemala convertida en receptáculo de emigrantes forzados, siendo ella misma expulsora de millares de guatemaltecos. Lo mismo El Salvador. Igualmente Honduras, donde los sátrapas imperialistas impusieron a un impostor narcotraficante que acepta represar aquí a millares de demandantes de asilo que van rumbo al Norte, precisamente en esta olla caliente que produce caravanas.

En el mismo instante que preparamos nuestro 37 aniversario, el Congreso de Estados Unidos juzga a Donald Trump por fraude y traición, y sus narco representantes hondureños asesinan testigos por doquier, tratando de evitar nuevas pruebas contra la gran familia hondureña de corruptos y traficantes que pueblan Nueva York y Miami, extraditados o cazados por la justicia estadounidense, a veces a pesar del Poder Ejecutivo americano.

Este es el contexto internacional de la semana, con dos nuevos agregados: En Tegucigalpa, la Comisión Interamericana se sienta con el gobierno impostor a conversar sobre las viejas sentencias incumplidas, y un senador influyente en Washington pide sorprendentemente al liderazgo social hondureño que se integre al gabinete del impostor, para evitar más convulsión social en un país donde la oposición política ya no tiene propuesta.

Vamos a terminar bien este editorial, señores y señoras, vamos a decir que eso que acaban de escuchar es inaceptable. Puede ser cierto que la oposición de partidos políticos no haya comprendido el momento histórico del país y carezca, efectivamente, de una propuesta clara para desplazar a los narcotraficantes cristianos del poder. Pero es inadmisible que en su sano juicio la resistencia social al modelo narco se integre a cogobernar con los criminales. Con los violadores. NO. Eso no. Nos vemos el sábado para seguir la discusión!

Otro error de la justicia sobre las violaciones

Público.es

Por Ana Bernal-Triviño

Ha vuelto a suceder

Cinco hombres, Cinco, penetran a una adolescente, a una MENOR de 14 años, bajo un estado de embriaguez y no existe agresión sexual porque ella estaba inconsciente y, por eso, no hubo violencia. El tribunal, con el precedente del Supremo de La Manada de Pamplona, podría haber interpretado a favor de la víctima dadas las circunstancias, pero se ciñe letra por letra a lo que dice el Código Penal.

De esta manera, podemos quedarnos en este error de forma eterna mientras se desprotege a las víctimas. Y como otra vez ha vuelto a suceder, otra vez surgen las mismas reflexiones, las mismas machistadas y nos vemos obligadas a recordar una serie de puntos.

Fuera paternalismo

De verdad… tertulianos, abogados, jueces sin formación en violencia de género, eruditos en general… No hace falta ser paternalistas. Sabemos leer. Hablamos porque nos hemos leído el Código Penal cien veces y sabemos qué es lo que aparece, lo que establece la diferencia entre agresión sexual (violación) y abuso sexual.

Tenemos más que aprendido lo de violencia e intimidación. Sobra, además, el paternalismo cuando dentro de la judicatura vuestras propias colegas, mujeres y hombres con perspectiva de género, alertan del error que supone ese espacio en el Código Penal y lo ignoráis.

La lección que deja la sentencia

El mensaje que queda y que se traslada a la sociedad, y a los posibles agresores, es que “si emborrachamos, si drogamos, si dejamos inconsciente a una mujer, podemos violar sin que se considere así”. El mensaje que se queda es que el cuerpo de la mujer vale menos que un objeto, porque si me roban el móvil estando yo borracha, se sigue considerando ese delito como un robo.

Cuando estás borracha, drogada o inconsciente NO puedes consentir. Es de primero, es básico. Lo peor es que, en este caso, estamos hablando de una menor y en todo caso, cuando se trata de una menor, no media el consentimiento.

La justicia sí tiene que ser feminista

No es porque lo digan las feministas. No es porque sea una reivindicación de mujeres de la propia judicatura porque les apetezca. Es que la justicia tiene que ser feminista porque así lo reconoce la Cedaw de 1979 (art. 15) y el Convenio de Estambul (art. 4). Y tenemos como Estado (incido en lo de Estado por los patriotas con golpe en el pecho) la obligación de adaptarnos a esas resoluciones porque está recogido en la Constitución (art. 96).

No sé por qué muchos de esos partidos que se consideran “Constitucionalistas” no se ciñen a las normas y critican esta perspectiva, salvo que el machismo se lo impida. Por otro lado, hay que volver a reivindicar lo básico: formación de género a todos los agentes de la judicatura, absolutamente a todos.

Solo el sí es sí

Es eterno este debate. Con los agresores sexuales grupales de Pamplona, ya se dijo que se reformaría de forma urgente el Código Penal para adaptarlo a lo que demandaba el Convenio de Estambul, asignatura pendiente que tenemos desde 2014. Vamos por 2019 y seguimos igual.

El convenio incide de forma muy clara que cuando un acto sexual se ejecuta sin consentimiento libre, es violencia. Por lo tanto, no es que lo digamos nosotras, es que sin consentimiento hay agresión sexual y luego se gradúa la pena. Hay países europeos que ya aplican este convenio en su código penal y no se ha acabado el mundo ni se han llenado las cárceles de hombres. Por otra parte, recordemos el concepto de “intimidación ambiental” que defendió al Supremo en el caso de la agresión sexual en Pamplona.

Cambiar el Código Penal

Esto deriva del punto precedente. A los intoxicadores de información les encanta aislar esta petición de todo contexto, como la normativa del Convenio de Estambul. Pero lejos de quienes dan preferencia al corporativismo en la justicia, hay quienes se han manifestado a favor del cambio. El magistrado Joaquim Bosch publicó un evidente tuit donde explicaba: “Hay que suprimir del Código Penal el término ‘abusos sexuales’.

Sugiere que con las mujeres lo normal es el uso y lo inadecuado el abuso. Pero las mujeres no están para ser usadas. Y lo del abuso no encaja en casos como la Manada de Manresa, que deberían ser juzgados como violación”. También se han manifestado a favor magistradas, abogadas, fiscales que subrayan el estado de indefensión que se deja las víctimas.

Los hombres que no comprenden esta modificación me terminan siempre por resultar sospechosos porque si no eres un violador en potencia, no debería de preocuparte la reforma. Si eres un tipo demócrata, que apoya la igualdad y la libertad sexual de las mujeres estarás a favor. Comprometerse con medidas y actos es una forma de definirse.

Cuidado con las propuestas populistas de la ultraderecha.

La ultraderecha es la principal que considera que, sin ellos, las mujeres no están protegidas. Se venden como salvadores. Pero solo… ante lo que le conviene. Vox son los que piden derogar la ley de Violencia de Género, anulando todo el amparo internacional desde su propia concepción, pero son los que se marcan una “cadena perpetua” para los agresores sexuales. La agresión sexual no es aislada, su motivación de hecho no es ni el placer sexual, sino el poder que otorga la dominación y sumisión sexual.

El feminismo reivindica la educación, porque ningún hombre nace machista, se aprende a través de un proceso educativo y cultural. Podemos llenar las cárceles de agresores sexuales pero seguirá habiendo machistas, porque la cárcel no actúa como un factor disuasorio. Y Vox, como partido machista, nunca reconoce el machismo, nunca va a hacer por educar en igualdad a hombre y mujeres. Podemos llenar las cárceles de agresores sexuales pero nos seguirán violando. No caigamos en esta trampa.

¿Otra manifestación?

Sí, y las que hagan falta. Se dice por activa y por pasiva que dónde está el movimiento feminista cuando se le reclama. Pues aquí está, en las calles. Por supuesto, ha sido otra de estas sentencias que se lanzan cuando comienza un puente festivo, pero hemos podido coordinar las movilizaciones.

Nos da igual la nacionalidad de los agresores porque no te convierte en agresor sexual la nacionalidad, sino el machismo que has aprendido y que deshumaniza el cuerpo de la mujer. Iremos a la calle porque no es un asunto aislado de una mujer, sino porque tenemos que aplicar el Convenio de Estambul y su falta de aplicación correcta deja en situación de vulnerabilidad a todas. Y también, porque tenemos que señalar otra parte de esta sentencia.

Como bien apuntaba la magistrada Victoria Rosell, la indemnización de la víctima de 12.000 euros “para daños y perjuicios de esta niña de 14 años, por cuatro penetraciones y dos felaciones. Dos mil y pico euros por acusado, eso no da ni para una terapia mínima. Hemos visto indemnizaciones de 72000 euros a Messi por insinuar falsamente un periodista que se dopaba, o de 162000 euros a un juez por decir en unos periódicos de Tenerife y Las Palmas que no actuó correctamente y difamar. Ahí lo dejo, pero pensadlo”.

Sí, hay motivos de sobra para no callar.

Fuente: https://blogs.publico.es

Estalla la confrontación

Prensa Latina

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

En América Latina, las reacciones sociales que se han manifestado en países como Ecuador, Chile o Haití, han enfilado directamente contra el modelo empresarial-neoliberal. El triunfo de Alberto Fernández en Argentina también expresa esa orientación, tras el desastre social ocasionado por el gobierno de Mauricio Macri. En México, el posicionamiento contra el neoliberalismo se afirma con Manuel López Obrador. En Uruguay el neoliberalismo fue apartado hace tres lustros. Y en otros países de la región las manifestaciones igualmente empiezan a delinear el hastío social contra ese mismo modelo, aunque todavía sus líneas se siguen en Brasil, Colombia o Perú. Desde luego, Cuba, Venezuela o Nicaragua deben ser observados desde otras perspectivas y, sin duda, sus respectivos caminos históricos en la realidad contemporánea, generan todo tipo de polémicas.

La implantación de los modelos empresariales-neoliberales no es muy antigua. Se inició en la época de las dictaduras terroristas del Cono Sur y específicamente con Augusto Pinochet en Chile, en 1973. Durante las dos décadas finales del siglo XX, ese modelo fue impuesto a causa de una serie de factores: la crisis de la deuda externa, las cartas de intención con el FMI, el derrumbe del socialismo mundial, la globalización transnacional, el auge de los poderes empresariales privados, la nueva expansión imperialista, los gobiernos identificados con las derechas políticas y sociales.

Sin duda, el ciclo de los gobiernos “progresistas” fue un freno a ese progreso neoliberal. Pero una vez que a la mayoría de esos gobernantes sucedieron gobiernos conservadores que se subordinaron a los criterios del mercado y la empresa privada, el neoliberalismo retornó en América Latina, aunque solo por poco tiempo, pues las reacciones sociales a las que he aludido anteriormente, marcan un nuevo derrumbe de ese modelo.

De repente, América Latina luce ante el mundo como una región explosiva; y, mientras desde las esferas oficiales se trata de vincular a las reacciones sociales con la violencia, la delincuencia o los saqueos, la represión desatada contra los manifestantes, como ha ocurrido en Chile o Ecuador, no ha tenido límites e incluso se justifica con la idea de liquidar movimientos encaminados a destruir la paz y acabar con regímenes “democráticos”.

Tanto el auge como el derrumbe del neoliberalismo han dado paso a que la confrontación política sea desplazada por una evidente lucha de clases: las elites del poder no están dispuestas a ceder en sus intereses, en el tipo de economía que tanto les beneficia y en su hegemonía sobre la sociedad, que les ha llevado a controlar al Estado; pero, a su vez, amplios sectores de las clases medias, los trabajadores y clases populares tampoco están dispuestos a soportar un tipo de economía que margina sus condiciones de vida y de bienestar.

Como no había ocurrido antes en la historia de la región, en las relaciones de poder hay un sector dominante que comprende a los gobiernos conservadores, los altos empresarios, los medios de comunicación privados que blindan esos intereses, fuerzas armadas, el capital transnacional, el imperialismo y los organismos multilaterales de crédito (FMI, BM) o americanistas (OEA), que obran unificados para defender la economía neoliberal sobre la idea de que todos están garantizando la “democracia” que parece entrar en peligro al momento en que las “masas” irrumpen y explosionan para cuestionar su sistema.

Ese “bloque del poder” para utilizar una categoría del sociólogo greco-francés Nicos Poulantzas (1936-1979) se niega a aprender del pasado y se resiste a asimilar el presente. Y, en la actualidad, une a ese poder otro elemento: la persecución o sospecha de “insubordinación”, sobre cualquier opositor; el trato como “amenaza” a quienes protestan y la marginación o “seguimiento” a quienes se manifiestan críticos por su pensamiento y su palabra, como ocurre contra quienes actúan desde la academia. De este modo, en América Latina empieza a perfilarse el fascismo como un fenómeno aliado al modelo empresarial-neoliberal que, de otro modo, no podría mantenerse.

La polarización resulta “mala consejera”, porque no es posible advertir hacia dónde puede tener sus salidas la abierta lucha de clases que se ha venido agudizando en nuestra América Latina.

Revertir el neoliberalismo implica cambiar mentalidades, y esto es lo más difícil. Habría que “convencer” a las elites de altos empresarios y clases medias, que deberán admitir altos impuestos sobre rentas, patrimonios, ganancias y herencias, para afirmar una rápida y sólida redistribución de la riqueza. A esos sectores igualmente habrá que convencerles que los trabajadores son seres humanos que requieren no solo de salarios y puestos de trabajo, sino de condiciones favorables y con bienestar, lo que significa buenos salarios, jornadas máximas reguladas y supervisadas, amplios derechos y también indemnizaciones cuando ellos son violados. A muchos toca convencer que en las relaciones internacionales los mercados libres y absolutamente abiertos han hecho daño a la región y que merecen ser regulados para garantizar las economías de cada país.

Además, tocará convencer a la misma sociedad, que se requiere de Estados con amplias capacidades y fuertes recursos, no Estados “achicados”, pues solo así puede garantizarse la educación universal, pública y gratuita; la medicina socializada e igualmente pública, universal y gratuita; lo mismo con la salud y, sobre todo, con la seguridad social (para no repetir el desastre de las administradoras de fondos privados de Chile), que bien puede adquirir los rasgos y experiencias de las economías europeas (a pesar del “neoliberalismo” que también ha avanzado en ese continente), particularmente de los países nórdicos o la que tiene Canadá.

Por cierto, muchos de esos rasgos de economía social, son los que los propios Estados Unidos de Norteamérica empezaron a construir a partir del New Deal de Franklin D, Roosevelt (1933-1945), que continuó a medias en años posteriores, y que liquidó definitivamente el presidente Ronald Reagan (1981-1989), padre del neoliberalismo contemporáneo.

En plena crisis económica, Roosevelt impuso códigos de competencia, precios, horas de negocio a las empresas; persiguió a comerciantes inescrupulosos; inició un vasto plan de inversiones estatales, trabajo en obras públicas, fomento del empleo; sancionó despidos de trabajadores, introdujo la seguridad social, pensiones por desempleo, salud y jubilación; creó o aumentó impuestos (taxes) como el de la renta y las herencias, persiguiendo la evasión; dictó leyes para garantizar salarios mínimos, elevarlos, proteger sindicatos, contratos colectivos y otros derechos laborales.

En los EEUU, el candidato Bernie Sanders, así como Alexandria Ocasio-Cortez, han logrado “despertar” a la sociedad norteamericana contra el neoliberalismo, con propuestas que reviven las políticas de Roosevelt. También han provocado las reacciones de los poderosos.

En América Latina, la conquista de una economía social de la mano del derrumbe del conservadorismo y del modelo empresarial-neoliberal, anuncia una tendencia que da esperanzas de futuro.

Artículo original en Firmas Selectas. Prensa Latina: https://bit.ly/2PGIOkO

Resultados positivos deja proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia de La Población Lenca del departamento de La Paz

Defensores en Línea

Por Riccy Ponce

Mejorando el Acceso a la Justicia para La Población Lenca del departamento de La Paz, es un proyecto que tuvo duración de cinco años, mismo que fue ejecutado por El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),  el Centro de Estudios de La Mujer- Honduras (CEM-H) y el Centro Hondureño de Promoción Para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), financiado por Trocaire y Eurojusticia, el cual cerró con resultados positivos para la población lenca.

El proyecto consistió en fortalecer a hombres y mujeres para que conozcan sus derechos a fortalecer la organización, en comités de acompañamientos en derechos humanos, en muchas estructuras  para defender sus derechos para pedir el acceso a una justicia equitativa en Honduras.

Hervè Bund, director de Trocaire para Honduras, expresó que “uno de los resultados más importantes del proyecto fue la creación y fortalecimiento de organizaciones locales comunitarias, redes de mujeres, consejos indígenas y muchas estructuras”.

Agregó que más de mil personas involucradas que han adquirido destrezas y conocimientos para defender sus derechos, “y yo creo que también quedó en el sistema de justicia en La Paz, con la policía, con los fiscales y con los jueces un entendimiento que ahora si tienen que dar un trato diferente a la población indígena, que tiene que atender las demandas de la mujer que luchan para una vida libre de violencia”.

“Todavía hay muchos retos, se ha visto que la situación de conflicto en general en el departamento ha bajado un poco en intensidad, aunque todavía hay mucho hostigamiento hacia a defensores y defensoras de derechos humanos, pero el clima ha mejorado en la zona”, añadió.

Así mismo dijo que “se eligió trabajar con población lenca del departamento de La Paz porque es una población que tenía todos los ámbitos en donde trabajaba Trocaire, que tenía más barreras para acceder a la justica, barreras geográfico, de nivel cultural, económicas, que hay un desfase de la justicia, digamos mestiza que predomina en Honduras y la cosmovisión y la necesidad de pueblos indígenas”.

Indicó que es un departamento que por el nivel de concesionamiento existe industrias extractivas, y de energía, donde hay mucha persecución, muchas violaciones a los derechos humanos, entonces por todas esas razones se escogió la población lenca del departamento de La Paz”.

Por su parte Claudio Escobar de COFADEH, añadió que  las barreras que se encontraron para que la población pudiera acceder a  la justicia de una manera oportuna y justa, “hay dos tipos de situaciones en cuanto a  barreras, y por un lado hay un  tema cultural de discriminación que todavía pesa  muchísimo  en cuanto a la atención de los  pueblos originarias, en este caso  en particular del pueblo lenca”.

Señaló que hay matices de discriminación por su condición y cundo hablamos de mujeres lencas, entonces es como un bum esas barreras de tipo cultural que se traducen en esas expresiones de marginación y exclusión hacia los pueblos originarios.

Y por otro lado, agregó, tenemos otro conjunto de barreras  que las podríamos agrupar de manera general  en una categoría  grande como las barreras que son de carácter estructural  y que  tienen que ver más con el sistema  mismo.

Asimismo añadió que  el proyecto ha ido contribuyendo para que se reduzcan estas barreras, en este caso las redes que se organizaron  de mujeres y de defensores de derechos humanos, tuvieron la oportunidad  de ir a esas instancias, llámese juzgados, Ministerio Público y estar dentro de esas  instituciones como titulares de derecho, pero también como defensor, ha sido de suma importancia para lograr disminuir estas barreras.

Una de las redes que fue creada bajo la implementación de este proyecto fue la REDIL-PAZ donde se formaron más de 30 hombres y mujeres quienes fueron empoderados y acompañados por el COFADEH durante todo el proceso, la red se dio a conocer en todo el departamento al ejercer la defensoría de derechos humanos  y por acompañar a los campesinos y campesinas criminalizadas.

Nulman Madariaga defensor de derechos humanos e integrante de esta red, dijo a defensoresenlinea.com que comenzamos a darnos a conocer como red al dar acompañamiento en nuestro departamento, nuestra presencia ha logrado que disminuyan las violaciones a los derechos humanos.

“No decimos que la Redil- Paz arregló todo, pero hemos sido precisos y constantes, hemos reclamado en algunos momentos como red de que las órdenes de captura tienen que ser legales, ya que muchas veces se ve la forma como los policías agreden a las personas al ser capturadas.

Ahora que termina el proyecto nosotros no nos quedaremos hasta aquí, seguiremos en la lucha y defensa de los derechos humanos, para que ya no se violenten los derechos de las personas en este departamento, y como red agradecemos a COFADEH por las capacitaciones, pasantías y apoyo brindado desde la creación, esta red va a seguir adelante.

Así como la REDIL-PAZ, se organizaron comités de mujeres, se empoderaron en materia de derechos humanos, derechos de la mujer,  se acompañaron campesinos y campesinas que enfrentaban procesos legales, también talleres de derechos humanos en las comunidades  y asesorías en materia legal por parte de las organizaciones que ejecutaron durante estos años que duró el proyecto.

¡Con la primera que maten, ya nos fuimos todas!: Sobreviviente masacre de El Tumbador

Marpa

Defensores en Línea

Jesús Regalado. Apolinaria Urrea. Lilian Urrea Sagastume y María Arcadia Ramos

Varias mujeres que sufrieron torturas, vejámenes, tratos crueles, inhumanos y degradantes de la comunidad Guadalupe Carney, cargan con las huellas del dolor producido, pero abrigan la esperanza de alcanzar justicia en el sistema interamericano.

Se trata de mujeres campesinas que también fueron víctimas de la masacre perpetrada por guardias de seguridad en la finca El Tumbador que dejó 5 campesinos asesinados, en un hecho sangriento ocurrido el 15 de noviembre de 2010.

Actualmente reciben acompañamiento y atención psicológica de personal especializado del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Militares y Guardias en el Bajo Aguán

Tanto el COFADEH, como Abogados Sin Fronteras/Canadá y la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), organizaciones peticionarias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentaron el caso “Tumbador” en 2018.

La petición surge a raíz de los pocos resultados en las investigaciones, en la identificación y juzgamiento de los responsables, así como la poca diligencia en asegurar a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas, una adecuada reparación.

Las organizaciones peticionarias demostrarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el estado de Honduras es responsable del derecho a la integridad personal, en perjuicio de las víctimas, en virtud de la represión violenta de la manifestación pacífica de los campesinos causando la muerte de cinco personas.

Asimismo, atestiguarán sobre la falta de investigación por intento de asesinato de Francisco Celedonio Ramírez Licona, Pedro Deras Olivera, Marvin Jerónimo Méndez Leiva, Abraham Martínez Ventura, víctimas de heridas de gravedad por armas de fuego y la detención y los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra Apolinaria Urrea Sagastume, Lilian Elizabeth Urrea Sagastume, Jesús Regalado y María Arcadia Ramos Santos.

Apolinaria Urrea dijo a www.defensoresenlinea.com que la vida no ha sido fácil, ha habido temor y vemos que no ha habido respuestas de lo que pasó. Ha sido muy duro para nosotras porque vivimos un momento en el que creímos que perdíamos la vida, pero gracias a Dios, él nos protegió y aquí estamos.

“Pero sí esperamos que haya una respuesta buena para todos los que estuvimos a punto de morir y también para las mujeres que quedaron viudas con sus niños”, demandó Urrea.

Por su parte María Arcadia Ramos expresó que su vida no ha cambiado después de los hechos del 15 de noviembre de 2010. “Me siento mal, me pongo a pensar y digo: Esto hacia dónde nos va a llevar, en qué nos podrá ayudar. Si la familia Facussé se quedará con la finca o será que no nos va a dar nada, será que nos van a ayudar o nos vamos a quedar sin ninguna ayuda. Siempre paso pensando lo que sufrimos”.

Ramos señaló que a lo largo de los años ha brindado testimonio de los hechos y que siente que el caso no avanza. “Y pienso, será que va a suceder algo, y siento que a veces flaqueo por la duda”.

Durante 9 años, María Arcadia ha tratado de olvidar lo que pasó, aunque afirma que, en momentos, las torturas, las amenazas de los guardias de seguridad, la pistola en su cabeza, vuelven a su mente.

“Seguimos adelante, pensando en nuestros trabajos y cómo vamos a hacer para sobrevivir, porque no crea, yo tengo bastante complicación en cuanto a las tierras, debido a que estoy enfrentando un proceso judicial y me preocupa; porque a veces no tengo ni para comprar frijoles, ni una libra de azúcar”, explicó,.

El 15 de noviembre de 2010, María Arcadia, junto a las demás mujeres que la acompañaban, vieron cómo caían los campesinos heridos producto de las balas disparadas por los guardias de seguridad que se apostaron frente al portón de acceso y en otros puntos dentro de la finca.

“Vimos a Noño (Francisco) herido del rostro, oímos aquella gran balacera, nos escondimos, pero al ratito venían unos 15 carros 4X4 color crema, llenos de policías. Más atrás venían unos camiones, y unas volquetas llenas de militares y gente civil, y esos fueron los que nos rodearon a nosotras arriba, cuando nos hicieron la emboscada”, detalló.

Añadió que cuando ya había pasado la balacera, intentamos salir de donde estábamos, pero cuando nosotras queremos salir, ellos estaban quietos tirados en el suelo (policías, guardias de seguridad, civiles armados con camisetas blancas arremangadas).

“Cuando salimos a la calle vimos a todos que estaban ahí, yo sólo recuerdo que me pasé la mano por la cara, y dije: ¡Hoy sí terminamos, la vida se nos fue! Entonces vinieron todos y nos encañonaron, entonces dijo un hombre que supuestamente era el jefe de ellos: No, no las vayan a matar vamos a entrevistarlas”.

Nos agarraron y nos llevaron a entrevistarnos, nos preguntaron si éramos del grupo de la gente que andaba invadiendo tierras, y nosotras les dijimos que no, que éramos madres solteras y que íbamos a trabajar a la finca de Nájera para mantener a nuestros hijos, comentó María Arcadia.

Nos preguntaban si éramos familia de los campesinos, que si conocíamos al dirigente y que de dónde éramos nosotras. Entonces le preguntaron los mismo a las otras.

Me acuerdo que un peludo dijo: ¡Estas mujeres lo que merecen es violarlas, pero entonces les dijo el jefe, no, nadie ha venido a violar mujeres, traemos orden de matar, nosotros andamos matando, no andamos violando, eso sí lo dijo él, aseguró la mujer!

“Nos agarraban del pelo, nos tiraban al suelo, nos levantaban de vuelta, nos decían que nos sentáramos, que nos paráramos; nos trepaban a un carro, nos bajaban de vuelta. Nos ponían unos cuchillos acá bien afilados y nos ponían las pistolas acá, nos decían que abriéramos la boca y nos amenazaban que nos iban a disparar, y yo decía: ¡Con la primera que maten, ya nos fuimos todas!, narró a www.defensoresenlinea.com, María Arcadia Ramos.

Los interrogatorios, las torturas psicológicas y los tratos crueles contra las mujeres se extendieron por un espacio de 5 horas, dado que la masacre se ejecutó antes de las 7:00 de la mañana.

El 15 de noviembre de 2010, en medio de un gran desplazamiento militar y policial en la finca de palma africana conocida como “El Tumbador”, jurisdicción de Trujillo, Colón, guardias de la empresa Orión, que brindaban servicios de seguridad a la Empresa Dinant, (en posesión de la finca), emboscaron y mataron a disparos a 5 campesinos que se preparaban para trabajar la tierra.

Los campesinos asesinados fueron identificados como Raúl Castillo, Ignacio Reyes, Teodoro Acosta, Ciriaco Cárcamo y José Luis Sauceda Pastrana

Está en peligro la renovación de Convenio de la MACCIH

Radio Progreso

Dos de los tres poderes del Estado, Judicial y Legislativo, han dado a entender que Honduras puede caminar sola sin el acompañamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) para combatir la corrupción.

En los últimos días Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que de no renovarse el convenio la institucionalidad está preparada para asumir el reto, en ese sentido el analista político y dirigente de sociedad civil, Luis León, cree que esa afirmación es totalmente errada pues Honduras no está preparada para que la MACCIH salga del país.

Según el analista Luis León no podemos decir que estamos en un estado fallido, pero si podemos mencionar que, estamos en un Estado incapaz. Según el analista es con la llegada de la MACCIH que, se ha podido ver casos de corrupción reales que han terminado judicializados, así es como la Macchi vino a poner nombre y apellido a los corruptos. Destaca la creación de los Juzgados Anti corrupción y la UFECIC como parte del proceso.

“No estamos en la capacidad de caminar solos porque ya tenemos instituciones como el Consejo Nacional Anticorrupción que hace grandes esfuerzos, pero sólo pueden hacer la investigación no judicializar debido a sus limitaciones,” dijo León.

Ante las declaraciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el analista dijo que, la institucionalidad no está preparada para asumir el reto, que debemos ser realistas porque la situación se compara con tener un vehículo, pero sin combustible y ese combustible se lo debe poner la Maccih.

En el marco del Congreso Móvil que se celebró esta semana en el departamento de Choluteca, el Presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, dijo que hay que esperar la evaluación que tanto la Organización de Estados Americanos, OEA y el gobierno de Juan Orlando Hernández están desarrollando sobre el trabajo de la Misión en estos primeros cuatro años de presencia en el país, para luego tomar la decisión si se renueva o no su continuidad.

Ante tal declaración, Ismael Zepeda quien forma parte de la Coalición de Organizaciones por la renovación del convenio dijo que, la evaluación que actualmente se hace de la MACCIH no tiene carácter vinculante y así lo dejó claro la misma secretaría de la Organización de Estados Americanos, por lo que Zepeda considera que la afirmación de Oliva deja clara la intención de preparar el camino para una posible no renovación del convenio.

“Esto significa que no quieren tener un verdadero combate a la corrupción, por lo tanto, las declaraciones contra la Maccih se van seguir dando, aunque la evaluación que se realiza no es vinculante porque existe un cierto temor, ya que ellos saben que van a continuar las indagaciones en los casos de corrupción del poder Legislativo, y uno de los mencionado es el señor Mauricio Oliva”, manifestó Zepeda.

Insistió en que ellos, como Coalición, viajaron a Washington y hablaron con el Secretario General de Estados Americanos, OEA, quien les manifestó que esta evaluación no será vinculante con la decisión de si la MACCIH se queda o se va del país.

Tras la instalación de la MACCIH, el 22 de febrero de 2016 en Honduras, se ha logrado judicializar alrededor de 4 caso de impacto que fueron nombrados como: Caja Chica de la Dama; Caso Pandora; Red de Diputados y Pacto de impunidad.

Actualmente existe incertidumbre. Varios sectores demandan la continuidad de la MACCIH chocando con un discurso oficial que apunta hacia un desánimo para su no renovación debido a los grandes intereses que están en juego.

Sectores de oposición, liderados por el ex presidente Manuel Zelaya Rosales, han convocado para las próximas horas una movilización para demandar que se quede la Misión en el país y continúe su trabajo en el combate a la corrupción.

La paradoja del patriotismo militarista latinoamericano

Rebelión

Por Jorge Majfud

En una reciente entrevista * , hice referencia a la función complementaria que la mayoría de los ejércitos latinoamericanos han cumplido desde el siglo XIX en la dinámica global administrada por las grandes potencias. Como siempre, narrativa y realidad estuvieron divorciadas hasta que la primera se inoculó en la segunda y luego se fosilizó en el subconsciente popular de un sector de la población. La idea medieval del “honor” (XIII), las más modernas de “la reserva moral de la Nación” (Chile, 1924) y de la doctrina de la “Seguridad nacional” para América Latina (Washington, 1962), resultaron ser sus estrictos opuestos: gracias a estos ejércitos, las superpotencias mundiales fueron capaces de intervenir, dominar y dictar las políticas de sus patios traseros (África y América latina).

Inmediatamente me llegaron los clásicos insultos acusando de “vendepatrias”, “infiltrados” y “traidores” a los críticos de la Santa Institución, de la política del Palo largo y de la ideología militarista que seduce tanto a quienes se les acalambra el brazo, la mano y los dedos.

La lista de evidencias es ilimitada, pero mencionemos unos pocos ejemplos, los menos conocidos. Cuando en 1928 los campesinos colombianos de Ciénaga se dieron cuenta que ninguno de ellos llegaba a viejo, iniciaron una huelga contra la poderosa United Fruit Company exigiendo, no una revolución comunista ni de ningún otro tipo sino algunas mejoras como la construcción de una clínica y la contratación de médicos para los miles de trabajadores que cortaban bananas para la felicidad de la compañía y de los consumidores civilizados. La Compañía no aceptó los reclamos y se negó a pagar los beneficios establecidos por la ley colombiana de 1915, alegando que sus trabajadores no eran sus trabajadores sino de un subcontratista colombiano. Cinco mil trabajadores fueron a la huelga y el gobierno de Estados Unidos, presionado por la compañía bananera, amenazó a Colombia con enviar, como era su costumbre, los marines. Al fin y al cabo, los marines se encontraban ocupando o supervisando varios países cercanos en América Central y en el Caribe, países incapaces de gobernarse a sí mismos por defecto de sus razas inferiores, como lo reconocía la prensa estadounidense del momento. El presidente colombiano, Miguel Abadía Méndez, temiendo otra intervención que le recordara el desgarro de parte de parte de su territorio, Panamá, veinticinco años atrás, envió su propio ejército a Ciénaga. Según un cable del consulado estadounidense, no todos los soldados estaban dispuestos a cumplir con su deber, pero en la noche del cinco de diciembre, los soldados colombianos, casi tan pobres (el “casi” es relevante) como los campesinos a quienes fueron a reprimir, encontraron a cinco mil trabajadores durmiendo en las calles del pueblo a la espera del gerente de la compañía todopoderosa. Los soldados les leyeron el comunicado de toque de queda que prohibía reuniones de más de tres personas. Como casi nadie pudo escuchar lo que decían, nadie obedeció. Cientos fueron masacrados en pocas horas y cargados por la madrugada en tren con rumbo desconocido. Cuando salió el sol, quedaban siete cadáveres sin recoger, lo que explicaba el tiroteo. La brutalidad militar y paramilitar se repetirán por mil por las próximas generaciones, pero bajo otras excusas.

Veinte años después, en 1948, Costa Rica, harta de manipulaciones, elimina su ejército y hasta resiste las invasiones de regímenes militaristas de la región. Desde entonces, pese a su contexto adverso y en medio del Patio trasero plagado de dictaturas títeres, nunca más supo de dictaduras militares.

Veamos el caso de la revolución boliviana de 1952. Fue la única revolución popular en América Latina aceptada por Estados Unidos. ¿Cómo se entiende esta excepción a la regla? Cuando un hecho contradice el patrón histórico, basta con bucear en los documentos originales para encontrar la respuesta. Uno de ellos es un informe enviado al presidente Truman el 22 de mayo de 1952 por su embajador en Bolivia, Dean Acheson, quien le advierte a Washington que si Estados Unidos no reconoce la nueva revolución popular encabezada por Siles Zuazo y Juan Lechín (Víctor Paz Estensoro se sumó desde el exilio), Bolivia se iba a radicalizar contra la presencia de las compañías estadounidenses. (Algo que la soberbia de Eisenhower y Nixon no comprendió cuando Fidel Castro los visitó en Washington apenas llegado al poder de la isla; creyeron que iban a resolver el problema de Cuba tan fácil como lo habían hecho con Guatemala e Irán seis años antes, pero la derrota militar en Bahía Cochinos les demostró lo contrario.) Truman concedió, siguió la sugerencia de Acheson, y los cambios en Bolivia empezaron a tomar forma. Aunque de forma muy marginal, los indios y los mineros comenzaron a existir como seres humanos.

El siguiente paso era obvio: Washington comenzó a exigirle al gobierno boliviano que desarme las milicias que hicieron posible la revolución del 52 (una contradicción ideológica para los fundadores de Estados Unidos) y en su lugar consolide un ejército tradicional.

Una de las figuras de la revolución, el presidente Paz Estensoro, comenzó a alinearse con las directivas del Norte. Consolidó un ejército fuerte en Bolivia hasta que él mismo fue desplazado por una nueva dictadura en su segundo mandato, orquestada por la CIA. Bolivia sufrirá otras dictaduras oligárquicas con la ayuda de algunos criminales nazis (como el carnicero de Lyon, Klaus Barbie) contratados por la CIA para ayudar a reprimir los movimientos populares que eran estratégicamente calificados como “comunistas”, como si sólo los comunistas fuesen capaces de luchar por la justicia social, la libertad individual y los derechos humanos de los pueblos.

Podríamos continuar, pero acabo de transgredir el límite intimidatorio de las mil palabras. Resumamos el patrón histórico que se induce de toda esta historia trágica. Después de analizar miles de documentos desclasificados creo que, además de probar la pasada función servil de la mayoría de los ejércitos latinoamericanos, podemos inducir y deducir que las superpotencias imperialistas sólo tuvieron éxito cuando las rebeliones populares llegaron al poder por elecciones (Venezuela 1948, Guatemala 1954, Brasil 1964, Chile 1973, Haití, 2004, etc.) y fracasaron estrepitosamente cuando éstas llegaron por una acción armada, no por sus ejércitos sino por sus milicias rebeldes (México 1920, Bolivia 1952, Cuba 1959, Nicaragua 1979). No estoy diciendo que esa sea la solución hoy, sino que esa fue la realidad a lo largo de más de un siglo y esa es la cultura fosilizada en un margen significativo de su población.

La función tradicional de los ejércitos latinoamericanos no fue luchar ninguna guerra contra ningún invasor (la guerra de Malvinas fue un recurso desesperado para salvar otra dictadura) sino reprimir a sus propios pueblos cuando éstos se revelaron contra la explotación de poderosos intereses criollos y extranjeros, protegidos por dictadores puestos y alimentados por las grandes potencias imperiales.

La marca en el subconsciente colectivo es tan poderosa que cualquiera que hoy se atreva a señalar estos simples hechos será estigmatizado como “agente peligroso”. El odio a los de abajo no ha desaparecido, incluso en países donde el brazo imperial se ha retirado. Queda el trauma, la tara, pero con nombres más elegantes. ¿Cuántos en Estados Unidos o en Francia tolerarían a su ejército desplegado en las calles de su propio país? En América latina es una vieja costumbre.

Para no hablar de lo que Malcolm X llamaba “los negros de la casa”, que cuando escuchan a alguien hablando de la oligarquía y los de abajo, se persignan y acusan al mensajero de crear grietas y divisiones en la sociedad.

Pueblos latinoamericanos en lucha

Plaza Pública

Por Mario Sosa

Latinoamérica se encuentra en un momento de efervescencia política. Esto se explica por las contradicciones generadas por los modelos económicos, las políticas neoliberales, la imposición de intereses imperiales y los regímenes políticos oligárquicos que profundizan las desigualdades y reprimen la protesta social.

En Chile, la protesta emergió contra el aumento al pasaje del metro. Prontamente se convirtió en un mar de gente movilizada contra la represión y la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Sebastián Piñera y, trascendiendo el hecho desencadenante, contra el falso milagro económico afincado en políticas neoliberales que, a través de recortes a las pensiones, a los salarios, a la educación y a la salud, han profundizado la desigualdad. Así las cosas, hoy se exige la renuncia del mandatario —que, por cierto, le declaró la guerra al pueblo movilizado—, elecciones anticipadas y el cambio de la constitución política surgida de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

En Ecuador, la movilización masiva se originó a raíz del llamado paquetazo , constituido por medidas de orientación neoliberal devenidas de compromisos del gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre otras medidas: la derogatoria del subsidio a los combustibles y la disminución salarial a trabajadores públicos, así como la eliminación, la reducción y el perdón del pago de impuestos a grandes capitales. Aun cuando se logró la derogatoria de la eliminación del subsidio a los combustibles, las demás medidas siguen vigentes, las heridas de la cruenta represión persisten y las fuerzas democráticas y populares se recomponen, lo cual augura posibles nuevas movilizaciones y la continuidad en la exigencia de renuncia del actual mandatario.

En Argentina, el rechazo popular se originó por las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. La disminución de prestaciones sociales, la quiebra de miles de empresas, la pérdida de empleos y la galopante inflación, sumadas al impacto de los acuerdos con el FMI, han generado el aumento sustancial de la desigualdad, de la miseria y del descontento social contra las políticas gubernamentales. En este contexto, la salida momentánea ha sido elegir como nuevo presidente a Alberto Fernández, político progresista que formó parte de gobiernos que superaron las afectaciones provocadas por el neoliberalismo.

Honduras experimenta un ciclo de protesta que empezó como un rechazo al golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009 y que se intensificó en determinadas coyunturas, como sucedió después de las elecciones de 2017, las cuales fueron calificadas de ilegales e ilegítimas por los movimientos sociales. Las movilizaciones actuales comenzaron en agosto y se dirigen a exigir la salida del presidente Juan Orlando Hernández, cuyo gobierno ha sido calificado de «narcodictadura». El hermano del mandatario, Juan Antonio, fue juzgado y condenado en Estados Unidos por sus actividades vinculadas con el narcotraficante Chapo Guzmán, quien financió la campaña electoral para la reelección presidencial. La respuesta represiva del Gobierno no ha logrado detener las movilizaciones sociales, que al mismo tiempo cuestionan las políticas neoliberales.

En Brasil, el gobierno derechista de Jair Bolsonaro fue rápidamente rechazado e impugnado por gigantescas movilizaciones populares a lo largo del país. Su gestión representa la continuidad de un régimen que se originó en el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff y la infame trama judicial contra Lula da Silva, quien probablemente habría ganado la presidencia en 2018. Bolsonaro acumula también el rechazo por el aumento al transporte, el recorte de los fondos de educación y de las artes y la reforma de la seguridad social, además de que es señalado de impulsar políticas genocidas contra los pueblos indígenas, los campesinos y la naturaleza, evidenciadas en su inacción y en su complicidad en los incendios de la Amazonía.

En Colombia, Perú, Paraguay, Panamá, Costa Rica y Guatemala, las resistencias y protestas populares también avanzan a pesar de las prácticas de aniquilamiento y represión que aplican sus Gobiernos. No obstante, crecen, maduran y podrían convertirse en movilizaciones de gran envergadura.

Estas luchas indican que estamos ante una coyuntura abierta por los pueblos en rebeldía, donde clases trabajadoras, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y campesinos confrontan las políticas neoliberales, la represión estatal y la injerencia del FMI y de Estados Unidos. Exigen la dimisión de mandatarios antipopulares y la instauración de nuevas políticas. Además, empiezan a ser planteados nuevos horizontes constitucionales en seguimiento de los ensayos boliviano, venezolano y ecuatoriano.

Preparan nueva Ley electoral sin reformas profundas

Radio Progreso

La segunda vuelta y la reelección no aparecen entre las reformas que se aprobarán.

Las comisiones electorales del Congreso Nacional avanzan en la discusión y elaboración del borrador de la nueva Ley Electoral, misma que sería presentada al pleno al finalizar el presente año. El documento es construido por miembros de las diversas fuerzas políticas y asesores, en su mayoría exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Se ha conocido que en la nueva Ley se está elaborando un reglamento sobre la inscripción de nuevos partidos, así como requisitos de permanencia relacionados a que cada partido tenga la obligación de recibir al menos 3% de los votos en cada proceso electoral para seguir existiendo.

“Hay varios temas que se discuten y todo se está haciendo para modificar y mejorar el sistema electoral hondureño, es uno de los objetivos de la nueva Ley”, dijo el exmagistrado del TSE y también parte del equipo asesor de la nueva normativa, Augusto Aguilar.

Otro de los puntos discutidos es la representación de partidos políticos en las mesas electorales, en la nueva Ley se plantearía que solo integrantes de las tres fuerzas mayoritarias sean los que participen como custodios y miembros de las mesas electorales, en este caso serían el partido Nacional, Liberal y Libre.

Esta propuesta ha causado polémica sobre todo en las fuerzas denominadas pequeñas, quienes han dicho que si esto se concreta será un golpe a la democracia. El presidente de la Unificación Democrática, Alfonso Díaz Narváez, dijo que están valorando esa iniciativa, pero que lo ideal es que cada partido tenga a su representante en la mesa.

Asimismo, se espera que en el borrador se incluya una propuesta de no permitir que las fuerzas recién inscritas puedan hacer alianzas con otros institutos políticos, pues deben garantizar en el proceso electoral que tienen votos de respaldo de la población dentro del porcentaje regulatorio que se establezca.

Uno de los representantes legales del partido en formación Salvador de Honduras, Tony García, dice que esa posible reforma va con dedicatoria contra su partido, pues temen que Salvador Nasralla en este caso, pueda definir alianzas con otras fuerzas políticas para enfrentar al oficialismo en los comicios de 2021.

García dijo que la inscripción de su partido sería una realidad en los próximos tres meses, por lo que no descarta que una vez inscritos en su momento consideren hacer nuevas alianzas electorales.

De inscribirse el partido Salvador de Honduras, ya serían 12 las instituciones políticas inscritas para participar en elecciones y se espera que en los próximos meses se presenten los requisitos para inscribir por lo menos 6 partidos más, significaría que Honduras podría tener un proceso electoral con unos 18 partidos en contienda.

Reformas cosméticas

Las fuerzas políticas en oposición afirman que hasta el momento no se han realizado reformas electorales profundas, mismas que indiquen un cambio sustancial del actual sistema electoral.

El exdiputado Rasell Tomé y exprecandidato presidencial por el partido Libre, dijo que estas reformas son cosméticas, porque no indican un cambio radical a la actual dinámica electoral.

Tomé afirma que la creación tanto del Consejo Nacional Electoral, como el Tribunal de Justicia Electoral, junto a sus representantes no es más que un cambio cosmético que no da ninguna garantía de transparencia y respeto a la voluntad popular.

Para el abogado Tomé es necesario poner en la mesa reformas como la segunda vuelta, voto electrónico y medidas orientadas a transparentar el sistema de conteo de votos y también de manejo de sistemas electorales.

En esa línea el abogado Tony García, cree que, si no hay reformas profundas, estamos a las puertas de un nuevo fraude electoral, cosa que no se puede descartar, pues sabe que el Partido Nacional tiene en el poder el boleto para continuar gozando de impunidad por los delitos que han cometido.

El Partido Nacional ha tomado posición sobre los movimientos electorales, el presidente del Congreso Nacional, dijo en sesión de Congreso que esperan que la nueva Ley Electoral pueda abrir la ventana de reformas que necesita el país para promover la democracia.

Aseguró que, en su momento y con el acuerdo del caso entre las fuerzas políticas, podrán abordar temas como la segunda vuelta y reelección.

Pero más allá del discurso, la realidad es que ambos temas no están siendo trabajados por ninguna comisión en el Congreso. Según el abogado García no se ve en el horizonte político alguna posibilidad palpable para que al menos la segunda vuelta pueda ser aprobada.

Al cierre de la segunda legislatura, las fuerzas políticas podrían aprobar la nueva Ley Electoral, misma que debe tener el apoyo de al menos 86 votos (mayoría calificada) para quedar habilitada para regular el próximo proceso electoral.

Peligro inminente enfrenta el regidor y defensor de derechos humanos Marlon Calles

Defensores en Línea

Marlon Calles aseguró que continuará en la defensa de la montaña El Jilguero texto/foto: Sandra Rodríguez

“Marlon no tiene enemigos, el único enemigo es la decisión personal que ha tomado de defender los recursos naturales, el agua y los bosques”, denunció Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ante las constantes amenazas contra la vida del regidor de la corporación municipal de Marcala, La Paz, Marlon Calles, quien se ha pronunciado en defensa de la Montaña El Jilguero, zona proveedora de agua.

El Jilguero está siendo descombrada, continuamente salen camiones cargados de madera, y estas denuncias que hace el defensor del bosque y el agua, puede ser el detonante para su persecución.

Cabe señalar que el defensor es beneficiario de medidas de protección a cargo del Mecanismo Nacional de Protección, y las denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público (MP), ya que desde el 2018 el COFADEH ha acompañado, documentado y denunciado las amenazas que lo tienen riesgo.

Ha habido compromiso de parte del Mecanismo de Protección de garantizar la seguridad de Calles, en su labor de defender los bienes comunes de la naturaleza, y el regidor, siendo un hombre que confía, creyó que el Mecanismo iba cumplir su palabra. Sin embargo Marlon sufrió las peores amenazas el pasado fin de semana, cuando le colocaron en su vehículo una nota con la leyenda “estás muerto”, denunció Oliva.

Si bien el mecanismo ha dicho que no es a esa instancia que le compete investigar, si tienen la obligación de exigir que se investigue, afirmó Oliva, quien acompañó a Calles en la conferencia de prensa.

Por su parte, Calles responsabiliza al Estado de Honduras por lo que pueda suceder contra él y su familia y afirmó que “estoy dispuesto a seguir en la defensa del agua y el bosque”.

De lo que pasó el domingo, él se levantó muy temprano y fue a su vehículo por un cargador, sin percatarse de lo que había dentro, cuando el  abre  la puerta del lado del conductor, es allí donde se da cuenta que le han quebrado el vidrio con una tapadera de cemento, y lo más grave que le han dejado una nota donde dice: "Estás muerto".

El defensor de derechos humanos y del ambiente, Marlon Calles, ha expresado que a costa de su vida seguirá defendiendo la  zona de reserva y  denunciando el  crimen contra la naturaleza.

Defensor de Derechos Humanos en Riesgo en Honduras

Defensores en Línea

Con preocupación el Comité de Familiares de Detenidos en Honduras (COFADEH), ha recibido información de la grave situación de riesgo que enfrenta el defensor de derechos humanos Marlon Enrique Calles Domínguez de 29 años, que ejerce su labor de defensoría en el departamento de La Paz, defendiendo los bienes de la naturaleza, en especial bosque y agua.

En las últimas dos semanas, las amenazas reiteradas desde febrero 2018 se han materializado.

El 6 de noviembre de 2019, en horas de la noche su carro fue abierto por desconocidos e información sensible fue sustraída incluyendo un expediente que contenía información que sustentaba la ilegalidad de un proyecto de Agua, y su celular que contenía información sobre la tala del bosque de pino en la zona de reserva de El Jilguero. Información que había obtenido ese mismo día durante la inspección de la zona productora de agua y habitad de más de 400 especies de aves.

Ante la magnitud del daño ambiental, Calles había invitado a la población a manifestarse y defender sus bienes naturales que estaban siendo talados desde septiembre de 2018. Esa misma tarde le habían cerrado el paso por la carretera, cuando documentó que 8 rastras estaban sacando la madera de la zona de amortiguamiento.

El 17 de noviembre de 2019, a las 7.00 a.m., Marlon Calles descubrió que el vidrio de su carro, en la ventana del pasajero había sido quebrado y una tapa pesada para alcantarillas estaba sobre el asiento con un mensaje impreso en el que se leía, “tas muerto”.

La Policía y la DPI llegaron a petición de Marlon, para tomar las primeras declaraciones e inspeccionar la escena. Pero no le dieron copia de la misma porque según manifestaron no había sistema.

El 22 de febrero de 2018, el COFADEH interpuso denuncia en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos por la detención ilegal de la que fue víctima Marlon Calles Domínguez, por agentes de la Policía Nacional.

El 3 de agosto de 2018, el COFADEH interpuso una segunda denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos a fin de hacer del conocimiento de esta Fiscalía que el señor Calles, estaba siendo víctima de nuevas amenazas por su ejercicio de defensa de los bienes comunes de la Naturaleza, que era sujeto de persecución por un carro color rojo tipo pickup doble cabina, sin placas y vidrios polarizados, quienes le daban seguimiento con el fin de intimidarlo.

El 28 de agosto de 2018 Cofadeh interpuso una tercera denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, a fin de ampliar las denuncias anteriores sobre amenazas a su integridad.

El 22 de enero de 2019, Marlon Calles interpuso denuncia en la Fiscalía Regional de Marcala, que fue recepcionada bajo el número F-04-2019, por amenazas recibidas el día 20 de enero de 2019, a su teléfono fijo; en esta ocasión una voz masculina desconocida le dijo “es una advertencia, deja de tocar el tema de la deforestación”.

El 21 de enero recibió una segunda llamada nuevamente una voz masculina desconocida le dijo “Ya tenemos la dirección de tu madre así que cállate”, ese mismo día en horas de la tarde recibió un mensaje de texto en su celular con la advertencia siguiente “ya deja de denunciar y subir fotos de la tala de madera. Nos estas afectando el negocio y hay gente enojada, te estamos avisando con tiempo”.

El 22 de enero recibió una nueva llamada al teléfono fijo, le dijeron “no pongas denuncia, te estamos siguiendo los pasos y solo es una advertencia de lo que viene”.

Las amenazas coinciden con una moción presentada por Marlon que también es regidor Municipal, en sesión del pleno de la Corporación Municipal de Marcala, a fin de solicitar a la Fiscalía del Ambiente, al Ministerio Público y al IFC, la investigación sobre la deforestación de la reserva de El Jilguero. Moción que fue aprobada por unanimidad de votos y transmitida a las instituciones pertinentes. Se presume que la Fiscalía Especial del Ambiente inició una investigación que comenzó con una inspección del área 23 de enero de 2019.

Frente a ello, el Estado hondureño, lejos de cumplir con su obligación de garantizar la protección a quienes defienden derechos humanos, dilata medidas o implementa medidas inefectivas.

Consideramos que en el contexto del país que desde hace años se encuentra sumido en una profunda crisis de violencia generalizada que se manifiesta en cifras escandalosas de asesinatos, feminicidios, personas desaparecidas, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, corrupción e impunidad, como consecuencia de la aplicación de políticas dictatoriales  que han propiciado el auge del crimen organizado, la militarización de la seguridad pública y de la institucionalidad, e implementación de  la economía extractiva. Ante este panorama, la labor de quienes defienden derechos humanos y de quienes a través del ejercicio de denuncia y documentación de violaciones a derechos es fundamental para revertir la situación y abonar a la necesaria transformación del país.

El COFADEH exige que se reconozca públicamente la labor de Marlon Calles, que se cumpla con la obligación de garantizar su protección efectiva, atendiendo las necesidades específicas del caso. Cumpla con las recomendaciones y obligaciones en materia de derechos humanos del SIDH y de la ONU. Y de manera efectiva e inmediata con la debida diligencia a fin de esclarecer los motivos y circunstancias del atentado en contra la vida de Marlon Calles e identificar y sancionar a las personas que resulten responsables.

COFADEH

De los Hechos y de los Hechores, ni Olvido ni Perdón