Por Riccy Ponce
Abrieron su tumba para comprobar lo que su familia ya sabía, que el cuerpo encontrado a orillas del Río Negro, frontera de Honduras con El Salvador, eran de Juan Humberto Sánchez, detenido desaparecido el 11 de julio de 1992.
Sánchez de 26 años de edad, operador de la radio Venceremos de El Salvador, fue detenido por militares cuando visitaba a su familia en Colomoncagua, Intibucá. El día que logró su liberación fue secuestrado por al menos 15 militares, según denunció en su momento su padrastro Juan José Vijil.
Cuando el joven descansaba junto a su familia, la vivienda fue rodeada por militares, de los cuales tres se subieron al techo y comenzaron a quitar las tejas, siete quedaron vigilando en los alrededores y cinco entraron a la casa.
Obligaron a sus ocupantes a apagar las luces, a permanecer todos en silencio en el piso y boca abajo; el reflejo de los focos que portaban los asaltantes permitió al padrastro de la víctima identificar las armas, las botas y sombreros que usaban los soldados del Batallón de las Fuerzas Territoriales, localizadas en las instalaciones del Décimo Batallón de Infantería.
Juan Humberto Sánchez fue atado por los militares, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido, amenazaron a su familia a la que mantenían en silencio.
Su madre, Dominga Sánchez, responsabilizó al sub teniente Ángel Belisario Hernández como la persona que dio la orden de capturar a su hijo. Los padres de la víctima sufrieron presiones y amenazas para variar su versión original de los hechos.
Para dar con el paradero de Juan Humberto Sánchez se presentó un habeas corpus el 20 de julio de 1992 ante la Corte de Apelaciones de Comayagua, pero el mismo fue declarado sin lugar el 14 de agosto de ese año.
El 22 de julio, 11 días después de haber sido secuestrado, apareció el cadáver de Juan Humberto Sánchez en las orillas del río Negro en Santo Domingo, zona fronteriza entre Honduras y El Salvador.
Unos campesinos que se encontraban sembrando una milpa a la orilla del río Negro, encontraron el cuerpo, el que se había quedado atrapado entre las rocas. Ellos avisaron al Juez de Paz y a la policía de Colomoncagua, Intibucá.
Su cuerpo mostraba señales de tortura, estaba atado de brazos y pies con un lazo; su lengua, nariz y genitales fueron cercenados. El juez Carlos Pineda del Cid ordenó su terraje en la ribera del río, por su alto grado de descomposición del cuerpo.
El caso sucedió en 1992, pero fueron similares a las circunstancias que utilizaron los militares en los años ochenta, durante la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, apoyada por los Estados Unidos y empresarios hondureños.
Hasta la fecha ninguna persona ha sido juzgada ni sancionada por “el secuestro, tortura y ejecución” de Juan Humberto Sánchez, por lo que subsiste una situación de impunidad en relación con el caso.
Han pasado 26 años y el cuerpo de Juan Humberto Sánchez aún no ha podido descansar en paz.
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, es del criterio que en el caso de Juan Humberto Sánchez el Ministerio Público tiene una estrategia para justificar a través de los infiormes ante el Grupo de Trabajo de Desaparidcion Forzada de las Nacionaes Unidas, con sede en Ginebra, que está cumpliendo.
Asimismo agregó que el Ministerio Público procedió nuevamnete a exhumar los restos de Juan Humerto Sánchez para asegurrase que fueran sus restos, acción que fue ejecutada sin el consentimiento de la familia y de sus representantes, porque estos nunca tuvieron dudas que los restos exhumados en el 2004 de la orilla del río Negro eran del joven.
“La Corte Interamericana de Derechos Humnanos no mandó al Estado de Honduras a que hiciera proceso de exumacion porquer no se tenia duda de eso”, agregó la defensora de los derechos humanos.
En su resolusión La Corte Interamericana demandó del Estado de Honduras exhumar los restos de la víctima y trasladarlos a un sitio de elección de la Familia. El proceso de exhumación se realizó en el 2004, pero fue hasta el 10 de mayo del 2007, acatando El fiscal general del Estado, Leónidas Rosa Bautista, encabezando a otras autoridades hondureñas, entregó a la familia Sánchez los restos de Juan Humberto Sánchez, y pidió disculpa a sus parientes y prometió continuar las investigaciones del caso.
En el 2017 la Fiscal especial de Derechos Humanos Soyara Morales, y Jacobo Santos, asignado al caso, procedieron a la profanación de su tumba, en Colomoncagua, Intibucá, con la oposición de los familiares.
“El Ministerio Público con el afán de dar informes que esta haciendo algo en el caso de las desapariciones forzadas, encontró mas fácil ir a profanar la tumba de Juan Humberto Sánchez sin consentimiento de la familia, más bien con la negación de la familia”, añadió la la defensora de derechos humanos.
La coordinadora del Cofadeh agregó que a la fiscal de derechos humanos no le importó las lágrimas, no le importó la cultura, si no que se exhibió; ordenó que exhumaron sus restos para tener el resultados que ya sabían.
“Exhuman los restos y dan una certificación donde dicen que sí son los restos de Juan Humberto, vea usted allí no hay novedad”, enfatizó Berta Oliva.
La sentencia de la Corte Interamericana también obliga al Estado a aceptar su responsabilidad en los hechos; a reparar los daños inmateriales, daños materiales y gastos que provocó a los familiares.
Además el Estado hondureño está obligado a implementar un registro de detenidos, para evitar que casos como este vuelvan a ocurrir. También debe concluir las investigaciones del caso para enjuiciar a los autores intelectuales y materiales del asesinato.
Para la década de los noventas (1990) COFADEH ya trabajaba en la zona de La Paz e Intibuca, ya tenia colaboradores en el sector. En 1992 el padre Celso Sánchez quien trabajaba el tema de desarrollo de los pueblos fronterizos le pidió al COFADEH que fuera a investigar un caso de desaparición forzada en Colomoncagua.
El COFADEH acude al llamado y se da cuenta que es un caso grave. Durante diez días realizó diligencias para dar con su destino; interpuso dos Hábeas Corpus en su favor, pero sin resultado alguno.
Dominga Sánchez, madre del joven desaparecido, estaba en coma por el impacto que le causó la detención de su hijo.
COFADEH, además de ayuda legal, brindó apoyo humanitario, ya que la madre se encontraba en coma, el padre había sido secuestrado y había niños pequeños.
Se realizaron denuncias públicas y se abortó la versión de los hechos de las Fuerzas Armadas, que señalaba que Juan Humberto era un delincuente de la zona.
La denuncia e investigación sobre la desaparición de Sánchez fue presentada por el COFADEH ante la CIDH en octubre de 1992, y, diez años después, en el 2002, el caso es turnado ante la Corte Interamerica.
El 7 de junio de 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró culpable al Estado de Honduras de violar los derechos humanos de Juan Humberto, consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Juan Humberto Sánchez, era padre de dos niñas, residente en la república de El Salvador, trabajaba como operador en Radio Venceremos del FMLN. Es recordado como el Mártir del Río Negro.
En ninguno de los casos de desaparición forzada hay personas juzgadas o que estén pagando alguna pena por esos casos, lo que sí es verdad es que el Estado de Honduras mantiene una deuda pendiente con los familiares de todas las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad.
1 comentario:
Lamentable lo ocurrido, de esos casos se dieron muchas desapariciones que aún el estado no responde castigando a los mal hechores
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