La empresa de capital transnacional Standard Fruit de Honduras, exonerada en 2008 del pago de más de 3 mil 300 millones de Lempiras, ocupó el primer lugar en el otorgamiento de concesiones, una práctica abusiva que impide una recaudación tributaria más equitativa en Honduras.
La segunda empresa beneficiada fue Olam Honduras con una exoneración de 720 millones. Otras empresas altamente beneficiadas fueron la automotriz Noven Car Interior Design (más de L 474 millones); las textileras Caracol Knits (más de L 262 millones) y Coral Knits (más de L 255 millones); Honduras Container Services (más de L 218 millones) y Minerales de Occidente (más de L 205 millones).
Estos datos fueron revelados en la reciente investigación “Élites, redes de poder y régimen político en Honduras”, que realizó el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC con el apoyo de OXFAM. El informe presentado esta semana en Tegucigalpa, revela que las empresas que más se beneficiaron en el periodo 2012-2016 fueron las de la industria maquiladora, las generadoras de energía eléctrica y el sector agroindustrial; el sector industrial acapara la mayor proporción de los beneficios fiscales.
“Entre 2012 y 2016, las empresas de la industria maquiladora recibieron dispensas por un valor de L 8,599.6 millones; el sector agroindustrial recibió L 1,582.2 millones”, cita la investigación.
Hablar de este proceso de exoneraciones fiscales es recordar el sistema de impunidad implantado en Honduras. “Recuerdo que el 22 de diciembre de 2017, cuando Estados Unidos reconoció a Juan Orlando Hernández como presidente, felicitó al sistema de impunidad que lo sostiene, y eso se expresa con datos y análisis que sustenta esta investigación. Por lo cual se debe convertir en lectura obligatoria para aquellos que queremos leer lo que está pasando en Honduras”, dijo Hugo Noé Pino, investigador y economista.
Ese mismo análisis sostiene el Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, FOSDEH quien asegura que el Estado de Honduras practica una abusiva política de exoneraciones que impiden una recaudación tributaria más equitativa, que potencialice la capacidad competitiva empresarial y disminuya los riesgos fiscales para intentar desarrollar un adecuado equilibrio macroeconómico y microeconómico.
Para Hugo Noé las élites en Honduras tienen influencia en la política pública a través de todos los niveles. “Los mecanismos están claros y descritos en esta investigación, eso nos ayuda a entender mejor lo que está pasando en el país. El uso que el gobierno le da a las exoneraciones fiscales y el papel de las alianzas público-privadas y la influencia del sector empresarial en diversos espacios”, dijo Hugo Noé.
El economista también recordó que en Honduras cerca del 6 al 7 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, representando en unos 30 a 35 mil millones de Lempiras, se pierden por el otorgamiento de exoneraciones fiscales, un proceso de beneficio a las élites económicas.
En esta dinámica tiene un estrecho vínculo entre la dimensión económica y la dimensión política, que se concreta en la alianza establecida entre los grupos económicos más poderosos y las elites políticas bipartidistas.
Sobornos
“Según un empresario de San Pedro Sula, entrevistado en 2016 para este estudio, antes del golpe de Estado de 2009 se rumoraba en los medios empresariales que, en el Congreso Nacional, durante la administración Zelaya Rosales, el empresario Fredy Nasser (Grupo Terra) tenía bajo su control a 37 diputados de los partidos Liberal y Nacional. Según la misma fuente, esos diputados recibían sobornos del empresario mencionado, para que aprobaran las leoninas concesiones que el Estado otorgó a sus empresas en el rubro de generación de energía termoeléctrica”, cita la investigación Redes y Lealtades.
En su análisis el investigador principal Marvin Barahona dijo que el rasgo más sobresaliente de esta política fiscal es su carácter antisocial que, mientras provee de vastos recursos adicionales al gran capital, niega a la mayoría de la población el acceso a recursos indispensables para sobrevivir o mejorar su calidad de vida.
Además, distorsiona el Estado de derecho, haciendo que unos sean más iguales que la mayoría ante la ley. Cuando los privilegios fiscales se otorgan en una proporción tan elevada —equivalente al 17.4% del Presupuesto General de la República—, como ocurrió en 2008, se impone una política tributaria que organismos como el Icefi y el Fosdeh han calificado de “regresiva”, puesto que sustenta los ingresos tributarios en impuestos indirectos como el impuesto sobre ventas (ISV).
En 2015, el ISV aportó el 41.5% de la estructura impositiva del país. El expresidente del Banco Central de Honduras y exsecretario de Finanzas, Hugo Noé Pino, considera que el peso del ISV reduce el poder adquisitivo del 70% de los contribuyentes. Y afirma que, pese a que Honduras tiene la presión tributaria más elevada de Centroamérica, esto no se refleja en mejores servicios de salud, educación e infraestructura. En último término, la justificación oficial de que los beneficios fiscales sirven para dinamizar la economía carece de fundamento, cuando se comparan los más de tres mil millones de Lempiras otorgados a la Standard Fruit en 2008, con el escaso dinamismo que se observa en el sector agrícola, incluso en el agroexportador. Esta diferencia es aún mayor cuando se compara con el aporte de los migrantes a la economía nacional a través de las remesas, que contribuyen a dinamizar la economía, al crecimiento económico y al fortalecimiento de las reservas monetarias internacionales. Sin embargo, para este aporte fundamental el Estado no ha decretado beneficios —y mucho menos privilegios— de ninguna naturaleza; por el contrario, siempre ha permitido que el envío y pago de remesas estén expuestos a diversos cobros que reducen su valor original.
A finales de 2016, ningún producto de exportación, industrial o agrícola, superaba el indicador de ingresos por remesas familiares. Y, a pesar de la diversidad de problemas que enfrentan los migrantes desde su salida de Honduras y de la ausencia de incentivos o recompensas por parte del Estado, las remesas mostraron un crecimiento sostenido durante el periodo.
En la actualidad Honduras cuenta con una masiva cantidad de leyes vigentes sobre exoneración tributaria y aduanera. Se estima que hay aproximadamente 68 decretos ley y acuerdos emitidos por el Congreso Nacional de la República y el Poder Ejecutivo, manejados en forma secreta por todos los Gobiernos de Honduras.
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