La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción –UFECIC-, a cargo del abogado Luis Javier Santos, en los últimos meses y después de haberse concretado la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández, ha desafiado a las esferas políticas y de poder en Honduras presentando requerimientos contra diputados y funcionarios que asaltaron las arcas del Estado, y utilizaron fondos para la compra de conciencias y sacar a flote sus proyectos electorales.
Uno de esos diputados, acusados por lavado de activos, es Rodolfo Irías Navas, oriundo del departamento de Atlántida, “corredor central del desarrollo”. La UFECIC develó el caso “Pandora” en el que se demuestra como el Partido Nacional desfalcó 282 millones de Lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería –SAG- para financiar su campaña electoral, la del Partido Liberal y el Frente Amplio en el año 2013.
Irías Navas, diputado nacionalista que se equipara a un fósil de dinosaurio en el Congreso Nacional –por sus reiteradas reelecciones-, confesó a un medio de comunicación corporativo que: “el 19 de noviembre del año 2013 recibimos una cantidad alrededor de 3.2 millones de Lempiras, como ayuda para manejar el departamento en el día E”.
Con la mayor tranquilidad y confianza, confirmó que el Comité Central del Partido Nacional le realizó el depósito a su cuenta y dijo: “me lo mandaron doble, por cierto, me llamaron a la hora y me dijeron que lo habían hecho de esa manera; abrí la cuenta y efectivamente hice un cheque a nombre de la Comisión Nacional de Campaña y deposité en la cuenta lo que me habían mandado de demás y me quedé con los 3.2 millones”.
Esferas de poder político y mecanismo de funcionamiento
Durante un evento en Tegucigalpa, ciudad que concentra semana a semana a los parlamentarios de todo el país, se presentaron los hallazgos de la investigación denominada “Elites, Redes de Poder y Régimen Político en Honduras”. El estudio, liderado por el historiador e integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación –ERIC-, Marvin Barahona, evidencia la forma de operar de las esferas económicas y políticas a través de la institucionalidad en los últimos 40 años.
El estudio, además de colocar nombre y apellido a los grupos de poder, detalla como las formas de operar de las elites han llevado a la desigualdad económica y social en Honduras. Una de esas formas es la desproporcionada distribución de diputados propietarios reelectos, que ilustra el poder absoluto que los dos partidos tradicionales han tenido durante el proceso de la llamada era democrática, iniciado en 1982, hasta convertir al bipartidismo –Nacional y Liberal- en una alianza hegemónica.
“Estas características se manifiestan en la información sobre los diputados propietarios reelectos en las elecciones generales que se llevaron a cabo entre 1989 y 2013, los partidos Nacional y Liberal acapararon el 94.7% de los diputados propietarios reelectos, ante un insignificante 5.3% de otros partidos”.
Entre los diputados reelectos en cinco o más ocasiones, de acuerdo al estudio del ERIC, figuran Roberto Micheletti Baín -diputado en cinco periodos-; Oswaldo Ramos Soto -nacionalista, presidente de la Corte Suprema de Justicia y diputado en cinco periodos-.
A ese grupo se le une el parlamentario que engrosa la lista de los requerimientos fiscales en el caso “Pandora”: Rodolfo Irías Navas -nacionalista, presidente del Congreso Nacional durante 1990-1994, diputado en siete periodos consecutivos-.
“Una característica adicional es que, de los nueve diputados propietarios reelectos en cinco o más veces, casi todos representan a departamentos ubicados en el corredor central de desarrollo”, apunta el Marvin Barahona en los hallazgos del estudio “Elites, Redes de Poder y Régimen Político en Honduras”.
Lo anterior, a criterio de Gustavo Irías, director del Centro de Estudio para la Democracia –CESPAD- evidencia un marco de cómo las élites se van conformando entre lo lícito y lo ilícito hasta llegar a convertirse en una mafia: “sobre todo si tomamos en cuenta como en los últimos años éstas élites han establecidos vinculaciones con grupos ilegales del narcotráfico”.
En el estudio del ERIC se describe cómo las élites de poder y económicas han construido una serie de mecanismos para trasladar recursos del sector público al sector privado, normativas pactadas que sellan sus representantes en el Congreso Nacional.
“Como devela el estudio lo que vemos es un diseño de Estado, de leyes, de marco institucional que garantiza privilegios para una minoría y niega derechos a una mayoría en materia de educación, en materia de salud, además las exoneraciones fiscales y las concesiones que conllevan a una acumulación cada vez mayor de capitales y bienes a manos de una élite reducida”, apunta George Redman, director de Oxfam en Honduras.
Según el estudio del ERIC, un total de 36 diputados propietarios fueron reelectos en tres períodos, “y dos de ellos alcanzaron la Presidencia de la República: José Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa, ambos empresarios y ricos propietarios en el departamento de Olancho”, junto a ellos el actual dirigente del régimen nacionalista, Juan Orlando Hernández.
“Según la importancia que le atribuyan a determinada coyuntura, los empresarios también se pueden hacer representar por sus hijos e hijas, a quienes la tribuna legislativa les sirve como un espacio para visibilizarse”, considera Marvin Barahona en el estudio.
A continuación, los grupos económicos en Honduras que han tenido una incidencia directa en el Poder Legislativo:
Grupo Continental de Jaime Rosenthal
Carlos Kattán de la industria textil
Eduardo Kafati del Grupo Intur
Camilo Atala Faraj del Grupo Ficohsa
Gilberto Goldstein del Grupo Atlántida
Ángelo Botazzi y Nazry Asfura Zablah de industria de la construcción
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