Por cuarto año consecutivo, Honduras es sede del Congreso Internacional de Minería, que impulsa el gobierno de Juan Orlando Hernández y la Universidad Politécnica de Ingenierías. Representantes de 28 nacionalidades llegarán para conocer las riquezas minerales que posee el país, de cara a la instalación de empresas mineras.
Este año el Congreso se desarrollará el 17, 18 y 19 de julio, en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, y tendrá como tema principal la consulta previa y la participación ciudadana. En representación del Estado participarán: el Instituto Hondureño de Geología y Minas, INHGEOMIN, y la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, MiAmbiente.
En los últimos años, las actividades mineras en Honduras han incrementado, generando conflictividad entre el Estado, las compañías mineras y las comunidades donde se instalan los proyectos. La conflictividad deviene en enfrentamientos, violaciones a derechos humanos, marco legal débil y favorable a compañías, quienes cuentan con la institucionalidad como respaldo.
Organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos opinan que la celebración del Congreso Minero, es reflejo del papel colaborador del gobierno con estas empresas, en ese enfoque el Estado sostiene una posición intransigente de entregar el territorio al mejor postor a pesar de los conflictos que generan.
A criterio del ambientalista Pedro Landa del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, de la Compañía de Jesús- ERIC,- con este Congreso el gobierno pretende seguir multiplicando el número de concesiones mineras, que asciende a más de 750 otorgadas. “Además, buscan empujar el ante proyecto sobre consulta previa, catalogado por las comunidades indígenas como dañino”, explica Landa, quien sostiene que los proyectos extractivistas únicamente generan pobreza extrema y muerte en las comunidades.
Por su parte Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, dice que las comunidades garífunas rechazan de forma rotunda la realización del Congreso Minero que impulsa el gobierno de Honduras, y la posible aprobación del anteproyecto de ley sobre consulta previa, que no se apega a estándares internacionales en materia de derechos indígenas.
Miriam, sostiene que el Estado ha agregado a la propuesta de ley, una serie de adefesios jurídicos que tergiversan el significado de la consulta previa, convirtiéndola en un trámite administrativo, donde sólo existe la posibilidad de aceptar las imposiciones del Estado y los empresarios.
“Es una ley que cuenta con el aval de la OIT pero sirve para legalizar la expropiación de los bienes naturales en territorios indígenas”, afirma Miranda, quien se encuentra realizado jornadas de socialización, para que las comunidades garífunas conozcan los efectos negativos del ante proyecto.
Aunque el derecho a la consulta previa, libre e informada es exclusivo de pueblos indígenas, el resto de las comunidades hondureñas amenazadas por las empresas mineras, reconocen que políticamente la consulta y la participación ciudadana son derechos que les asisten. Por lo tanto, las autoridades están en la obligación de consultar a la ciudadanía si quieren o no la instalación de una minera en sus territorios.
Pero en Honduras esos derechos son violentados. Un claro ejemplo es lo que viven las comunidades de Atlántida, al norte del país, donde la gente ha sido reprimida y criminalizada por defender el río y la montaña. También, en Yoro, donde la tribu Tolupán, constantemente es amenazada por el empresario maderero Wilder Domínguez, quien está saqueando más de 16 mil metros cúbicos de madera de pino, con el aval del Instituto de Conservación Forestal, ICF, según denuncia el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
Otro ejemplo se ubica en el departamento de Colón, donde la empresa minera Inversiones Pinares, antes llamada Emco Mining Company, propiedad Lenir Pérez y Ana Facussé, ha comenzado los trabajos de apertura de calle para la explotación de minerales en el sector conocido como Ceibita en Tocoa, Colón, provocando daños severos al río Guapinol, principal fuente de agua en la zona.
El alcalde municipal de Tocoa, Adán Fúnez, lejos de escuchar la demanda ciudadana, está orquestando una campaña de desprestigio hacia la ciudadanía que está liderando una lucha contra la explotación minera en el departamento, donde según el Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, existen 59 concesiones mineras, de las cuales 34 se concentran en la parte alta del municipio de Tocoa.
“Los resultados de este Congreso serán catastróficos para las comunidades”, dice el ambientalista Pedro Landa, asegurando que este evento será el escalón que necesitan los empresarios para que el Congreso Nacional apruebe una ley de consulta previa a la medida de las mineras y en contra de las comunidades, especialmente indígenas.
En los días del evento, las organizaciones ambientalistas realizarán acciones en Tegucigalpa, donde se visibilizará el impacto negativo que tiene la explotación minera en las comunidades.
Estudios realizados por organizaciones defensoras del ambiente confirman que actualmente más de un 35 % del territorio nacional está concesionado para la explotación minera, las investigaciones indican que hay departamentos como Santa Bárbara donde la concesión alcanza hasta un 50% del territorio, cifras que podrían ser mayores después de la realización del cuarto Congreso Internacional de Minería.
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