Por Federico Larsen
En las últimas semanas, las migraciones volvieron a estar en el centro del debate internacional. La aplicación de la política de “Tolerancia Cero” por parte de la administración Trump (y sus consecuencias sobre la situación de los menores en la frontera con México) y la negativa de Italia a recibir en sus puertos las embarcaciones de ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo, tuvieron lugar mientras el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) celebraba un nuevo Día del Refugiado dando a conocer nuevos e impactantes datos sobre este fenómeno. Ambos casos parecen responder a una nueva oleada de xenofobia y miedo en la que los líderes más conservadores de los dos lados del Atlántico se escudan detrás de la defensa de los valores, de la cultura y de la ley ante lo que definen como “invasión”, sin ruborizarse.
Italia cada vez más cerca del este y alejada del sur
Cuando Matteo Salvini, actual ministro del Interior de Italia, negó el permiso de llegar a un puerto italiano al Aquarius, barco cargado con 630 migrantes rescatados en una noche de las aguas del Mediterráneo, sabía bien lo que eso conllevaría. En primer lugar, estaba cumpliendo con su discurso de campaña. En las elecciones italianas del pasado 4 de marzo su partido de derecha, La Lega, obtuvo un resultado sorprendente gracias a su línea anti-inmigración. Salvini, acusado de xenofobia y de promover el odio racial, vistió de humanitario el rechazo al desembarco: sin puertos adonde llegar no va a haber más travesías, ni tragedias en el mar. También se enfrentó abiertamente a quienes había acusado tantas veces desde los púlpitos televisivos en los que se jugaron las elecciones: las ONG humanitarias. El Aquarius pertenece a Médicos Sin Fronteras y a SOS Mediterranée, dos organizaciones internacionales que prestan ayuda a los miles de migrantes en dificultad en el camino hacia las costas europeas, muchas veces engañados, abandonados en aguas internacionales o atiborrados en barcazas a punto de hundirse.
La nueva cruzada contra migrantes, ONG y burócratas le valió a la derecha xenófoba italiana una popularidad del todo inesperada.
Pero para Salvini, y aparentemente para un cuarto de los votantes italianos también, con la excusa de los derechos humanos –frase internacionalizada si las hay– las ONG promueven la inmigración ilegal y hasta serían parte de un negocio millonario. Su decisión fue también un claro mensaje a la Unión Europea (UE): en Italia las cosas cambiaron. El precedente gobierno de centro-izquierda había levantado la voz repetidas veces en Bruselas exigiendo un cambio en las políticas migratorias en favor de los países receptores en el sur del continente, pero también había aceptado todas las dilaciones y parches que la UE le dio al asunto con tal de no poner en tensión las relaciones continentales. Con Salvini, ahora, Italia está dispuesta a ir al conflicto con sus socios, especialmente franceses y alemanes.
La nueva cruzada contra migrantes, ONG y burócratas le valió a la derecha xenófoba italiana una popularidad del todo inesperada. Según una encuesta difundida luego del accidente del Aquarius, La Lega es hoy el primer partido en intención de voto, superando inclusive a sus socios en el ejecutivo del Movimiento 5 Estrellas. Y en Europa también hubo reacciones muy positivas. El grupo de Visegrad, formado por Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia ve con muy buenos ojos las posturas del nuevo gobierno italiano, un potencial aliado contra Berlín y París. Se trata de cuatro países gobernados por partidos de derecha, con buenas relaciones con Rusia y con posiciones muy duras contra los inmigrantes –en 2015, el gobierno de Orban en Hungría construyó un muro en la frontera con Serbia para impedir el paso a los refugiados de la guerra siria, y hace pocas semanas emanó una ley que prohíbe ayudar a migrantes ilegales en su territorio–. A este bloque se le agregan hoy Austria y su gobierno ultra-conservador –guiado por Sebastian Kurtz– e Italia, que lograron volver a poner en discusión la política europea sobre migración y forzaron a Francia y Alemania a elaborar un nuevo plan de cara al Consejo Europeo de fines de junio.
La posición del grupo díscolo es clara: la política migratoria de la UE ha fracasado y es necesario tomar medidas drásticas. Durante la cumbre informal sobre migraciones que se celebró el pasado fin de semana en Bruselas, el primer ministro italiano Giuseppe Conte presentó oficialmente el European Multilevel Strategy for Migration, una propuesta basada en unas pocas ideas clave que resumen la posición italiana, muy similar a la de los gobiernos del este. Una presentación que tuvo el gusto de una amenaza: de no avanzar hacia el endurecimiento de la política migratoria, la por ahora velada alianza populista y xenófoba podría consolidarse.
En principio, el proyecto pide establecer una mayor presencia europea en los puntos calientes de los flujos migratorios desde África, que para Roma son Níger y Libia. Italia ya envió un contingente de 470 militares y 130 medios de tierra y aire en Níger para “combatir a las mafias y los traficantes de seres humanos”, y disminuir la llegada de migrantes desde el centro y oeste del continente. En febrero de 2017, el entonces gobierno de Gentiloni firmó un memorándum con el primer ministro del gobierno de Tripoli, Fayez al Serraj (hay que recordar que desde la caída de Muamar Kadafi en 2011 Libia está sumida en el caos institucional y hay más de un gobierno que reivindica la soberanía del país), pacto que prevé el desembolso de 800 millones de euros para la formación y provisión de la guardia costera libia, para que evite nuevas partidas hacia Italia y se haga cargo del rescate en aguas internacionales. Hoy, en cambio, se propone un sistema más parecido al que la UE negoció con Turquía en el pico de la crisis de los refugiados sirios: se crearían en África centros de detención y repatriación, los hotspots, financiados con fondos europeos. En un principio, el boceto prevé también la participación de Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a pesar de que estas últimas hayan tenido un discurso muy crítico frente a la gestión italiana en el Mediterráneo.
Los acuerdos con Libia y Turquía han recibido todo tipo de acusaciones, desde el desvío de los fondos de la cooperación hasta la incapacidad de las autoridades locales de enfrentar su propia debilidad institucional. Reportajes e investigaciones comprobaron prácticas inhumanas en las costas de Libia, como la trata, prostitución forzada y hasta la venta de esclavos, con la tácita anuencia –o hasta complicidad– de las instituciones financiadas con fondos italianos y europeos. La guardia costera libia ya recibió sendas denuncias por maltratos, violencia, abandono y por negarse a prestar ayuda a náufragos en alta mar.
Hoy Italia amenaza con rever los parámetros del Tratado de Schengen, que determina la libre circulación de las personas dentro de los países UE, uno de los pilares fundamentales de la Unión misma.
También por eso, el otro punto sobre el que insisten los italianos es el de reforzar las fronteras externas de la UE. Esto significaría la creación de una Guardia Costera Europea conformada por profesionales de los 28 Estados, con poderes de policía para perseguir a los traficantes de migrantes pero también a las ONG acusadas de ser sus cómplices. Pero también se lee en el documento la necesidad de profundizar la relación con las Armadas y Guardias Costeras de los países del norte de África. En fin, aumentar la militarización del Mediterráneo y poner los criterios de seguridad por encima de los de derechos sociales y humanos de las personas desplazadas.
El otro principio que reivindica el nuevo gobierno italiano sostiene que “el que desembarca en Italia, desembarca en Europa”. Hasta ahora, los criterios para la obtención del estatus de refugiado en la UE están establecidos en el Tratado de Dublín, creado en 1990 y reformado en 2003 y 2013; allí se definió que el Estado europeo que debe evaluar cada pedido de refugio es el primer Estado receptor. Para alivianar la disparidad que pesa sobre países como Italia, Grecia o España, que son los primeros receptores del 90% de los migrantes, se propusieron diferentes soluciones, pero siempre todo se redujo a la ayuda financiera de Europa a los países del sur. El caso italiano es paradigmático: en 2017 gastó 4.300 millones de euros en su –débil– sistema de acogida y recibió 77 millones de la UE. En los últimos años, el gobierno alemán propuso un sistema de cupos para la distribución equitativa de los migrantes. Sobre la base de datos como PBI, población y extensión territorial se calculó cuántos migrantes debería recibir cada miembro de la UE, una propuesta que chocó de inmediato con la oposición del grupo de Visegrad y los movimientos conservadores de casi todo el continente. Hoy Italia, ante lo que entiende como una grave emergencia de seguridad, amenaza con rever los parámetros del Tratado de Schengen, que determina la libre circulación de las personas dentro de los países UE, poniendo en discusión uno de los pilares fundamentales de la Unión misma.
El proyecto deberá ser discutido en el Consejo de la UE a fines de junio, y ya son varios los puntos críticos a resolver. Desde la oposición del presidente francés, Emmanuel Macron, hasta la negativa explícita de algunos Estados africanos, como Túnez o Libia, a alojar los hotspots europeos en su territorio. Sin embargo, no quedan dudas de que la inmigración volvió a ser el tópico número uno en las preocupaciones de los medios que generan tendencia de opinión, y se multiplican gestos y actos de intolerancia, especialmente en Italia, donde el super-ministro Salvini –que ya opacó a sus aliados y hasta al primer ministro Conte– sigue cerrando los puertos a los barcos de salvataje humanitario, con el aplauso cada vez más fuerte de sus electores.
Trumpismo sin tolerancia
El senador y exaspirante a la candidatura presidencial en EEUU, Bernie Sanders, publicó recientemente en sus redes sociales un artículo del Guardian sobre Salvini, asegurando que los ataques de Trump contra los inmigrantes “representan un ejemplo para los demagogos del mundo entero”. Efectivamente, no es el primero en calificar de “trumpismo” a esta política de rechazo neto a la inmigración, aunque, teniendo en cuenta los antecedentes europeos –La Lega de Salvini pedía bombardear a los barcos cargados con migrantes en los años 90–, parecería más bien que el magnate norteamericano sea quien se sirvió del ejemplo de las derechas xenófobas del viejo continente.
La última bravuconada del presidente Trump fue la aplicación, desde abril de este año, de la llamada política de “Tolerancia Cero” en la frontera sur con México. En la práctica no sería otra cosa que la aplicación al pie de la letra de la política migratoria norteamericana que permite tratar a una persona que llega ilegalmente a los EEUU como un problema de seguridad, inclusive cuando solicita el estatus de refugiados.
Esta es claramente una continuidad con lo que sucede en Europa. En EEUU –y en la mayoría de los países del mundo– las migraciones son entendidas como un fenómeno con causas y efectos sociales y económicos. Desde los años 90, sin embargo, hay una corriente de pensamiento que sostiene la necesidad de enfrentarlo como un problema de seguridad y, por lo tanto, reafirmar el imperio de la autoridad y la ley sin contemplaciones ante las difíciles condiciones sociales y económicas en que se da ese fenómeno, y el desamparo de quienes lo viven.
Entre el 19 de abril y el 31 de mayo, unos 1995 niños y niñas fueron separados de 1940 padres y madres.
Cruzar la frontera sin papeles ni visa es un delito. Por lo tanto, la administración Trump recalificó a quienes lo cometen de migrantes a delincuentes. Si hasta hace pocos meses quienes eran capturados en la frontera podían contar con semanas, meses y hasta años antes de llegar a una sentencia de expulsión, con la política de Tolerancia Cero es la Justicia Federal la que de inmediato debe tomar cartas en el asunto. A la espera de la sentencia, los migrantes son detenidos en cárceles federales, donde los menores no pueden ingresar. Hasta hace unos meses, las familias arrestadas en la frontera pasaban a disposición del Departamento de Justicia, Vivienda y Servicios Humanos, a la espera de una decisión sobre su futuro. Ahora, es el Departamento de Seguridad Interior (DHS) el que determina qué hacer con ellos.
El Fiscal General, Jeff Sessions, advirtió: “Si no quieren separaciones no vengan con niños. Si vienen con sus hijos serán separados de ellos y ustedes irán a la cárcel”. Según un documento filtrado a la agencia Associated Press, entre el 19 de abril y el 31 de mayo unos 1995 niños y niñas fueron separados de 1940 padres y madres. El periódico The New York Times llegó a contar 74 condenas a migrantes por minuto en el Juzgado Federal de Texas; todas ellas fueron expulsiones. Y en los casos en que se tratara de padres llegados a EEUU con hijos, no se les dejó entrar en contacto con los menores antes de la ejecución de la condena.
Cálculos no oficiales llegaron a contar unos 2300 menores separados de sus familias y encerrados en centros de detención improvisados, en jaulas retratadas en fotos que dieron la vuelta al mundo. Las autoridades estadounidenses tenían la obligación de contactar con un familiar cercano, en EEUU o en el exterior, para entregarle el niño, pero ya son decenas los casos de familias que desconocen el paradero de sus pequeños. La indignación frente a estos casos generó un fuerte pedido de revisión de la política hacia familias migrantes, que se concretó con un decreto presidencial que permite temporalmente a los menores ser alojados junto con sus padres, aunque estén aún bajo custodia del DHS. Es decir que la lógica securitaria se mantuvo, y ahora abarca también a menores de edad, algo que viola la mayoría de los convenios internacionales sobre niñez y adolescencia.
La justificación se encontraría bajo la vieja norma según la cual los inmigrantes serían una de las principales causas del aumento de la violencia y la criminalidad en los países centrales. Sin embargo, son los mismos datos empíricos elaborados por las agencias de seguridad de esos Estados los que demuestran lo contrario. Según estadísticas publicadas por el FBI, el número de migrantes irregulares en los EEUU pasó de 3,5 millones en 1990 (el 7,9% de la población) a 11,2 millones en 2013 (el 13,1% del total). Durante ese mismo período, los delitos violentos decayeron un 48% y los delitos contra la propiedad un 41%. Es decir, cuantos más migrantes ilegales, menos delito.
Según datos de la ONU, en EEUU viven hoy 49,8 millones de inmigrantes, lo que equivale al 15,27% de la población. La mayoría de ellos vienen de México (12 millones) seguidos por China, India, Filipinas, Vietnam y El Salvador. Pero las políticas gubernamentales se han concentrado en seleccionar la inmigración en base al grado de violencia presunto en el país de origen, y en base a eso establecer prohibiciones. Ejemplo de ello ha sido el controvertido Muslim Ban, que prohibía el ingreso al país a demandantes de asilo de Irán, Somalia, Libia, Yemen, Siria y Sudán, en el medio de la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. En ese caso, quienes quisieran ingresar a los EEUU desde esos países debían demostrar relaciones “genuinas y creíbles” con el país, y fue largamente resistido por la Justicia.
El otro foco de atención está puesto en Centro América. En junio de 2017, durante la Conferencia para la Prosperidad y Seguridad de Centroamérica, Trump amenazó con quitar a varios de sus vecinos centroamericanos el Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite a los extranjeros de determinados países afectados por alguna calamidad natural o económica permanecer en territorio estadounidense. El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua están incluidas en esa lista hace ya más de una década, y la administración Trump tiene toda la intención de desafectarlas.
EEUU sólo cobija a 640.000 de los 68,5 millones de refugiados que hay en el mundo. Es el país del norte con menos refugiados pero con la mayor cantidad de solicitudes.
Esta política, sumada a las humillantes declaraciones sobre México, los mexicanos y el famoso muro que Trump quiere construir al norte del Río Bravo, generan fuerte preocupación en el interior mismo de los EEUU. Las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley estuvieron entre las primeras en levantar la voz en contra de las restricciones a la llegada de migrantes al país. Alrededor del 70% de las empresas informáticas estadounidenses están guiadas por migrantes de primera y segunda generación, y más de la mitad de sus técnicos provienen de países de Asia.
La comunidad internacional también presiona para que haya un cambio en este tipo de políticas. Según el reciente informe anual de la Acnur, EEUU sólo cobija a 640.000 de los 68,5 millones de refugiados que hay en el mundo. Es el país del norte con menos refugiados pero con la mayor cantidad de solicitudes: hay 642.700 pedidos de refugio que esperan respuesta y sólo fueron atendidos 65.600 casos.
De uno y del otro lado del Atlántico Norte, las migraciones volvieron a ser tema de debate público a partir de las decisiones de diferentes gobiernos de insertarlas en el marco de su agenda de seguridad y no entre sus políticas sociales. Sumado a eso, con el futuro de millones de migrantes se están intentando resolver conflictos políticos entre Estados y relaciones de poder domésticas. En ambos casos, los resultados son más fáciles de mostrar al grande público: soldados en la frontera, Guardias Costeros en los puertos y migrantes estibados en móviles de las fuerzas de seguridad, generan un rédito político muy alto con un costo relativamente bajo a corto plazo. Sin embargo, el riesgo de que se filtre la imagen de una niña desgarrada llorando mientras la separan de su madre o de una barcaza dada vuelta con niños y mujeres ahogados, obliga muchas veces a los gobernantes a elaborar discursos de justificación, o a inculpar a otros: la irresponsabilidad de padres que viajan con niños, las ONG cómplices de los traficantes, los burócratas liberales de Bruselas o Washington que quieren decidir por encima de la voluntad de las poblaciones locales. Casos como el “trumpismo” anti-migrantes y el “salvinismo” xenófobo abren variadas aristas de análisis para un fenómeno viejo que está tomando el peor de los caminos, el de las cárceles, los campos de encierro, la violencia y la muerte de miles de personas. Y siempre los que mueren, los expulsados o encarcelados son los más débiles, por más que esta nueva internacional de la xenofobia trabaje para hacernos creer que las víctimas son ellos.
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