La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, expresó su preocupación por la falta de publicidad, transparencia y motivación en la conformación de la nómina de cinco candidatos, que la Junta Proponente remitió ayer al Congreso Nacional.
OACNUDH lamenta que la Junta Proponente no haya atendido al llamado reiterado hecho por la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a garantizar y hacer efectivos los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso estuviese abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales, que contribuyese a la confianza ciudadana de que los candidatos y las candidatas han sido seleccionados con base en sus méritos, capacidad, idoneidad y honradez, y conforme con los estándares internacionales de derechos humanos.
En comunicado público la OACNUDH reiteró lo señalado el pasado 18 de junio por la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, en relación a la labor de la Junta Proponente en la conformación de la nómina.
“Es fundamental que la sociedad civil, los organismos observadores y cualquier ciudadano que demuestre interés en el proceso de selección puedan participar en los debates sobre quién está en la lista de candidatos”, señaló el Relator Diego García-Sayán.
En esta nueva etapa a cargo del Congreso Nacional, la Oficina considera fundamental que dicho Poder del Estado realice una evaluación exhaustiva de los cinco candidatos, de acuerdo a criterios de idoneidad, mérito, capacidad y competencias, incluyendo el desarrollo de Audiencias Públicas previstas en la ley.
La Oficina considera, que el plazo de dos meses, hasta el vencimiento del mandato del actual Fiscal (Septiembre 2018), es razonable para permitir al Congreso el desarrollo de dicho escrutinio con veeduría social.
Finalmente, la Oficina comparte la preocupación expresada por el Relator Especial en relación a “que algunos de los miembros de la comisión parlamentaria que examinarán los antecedentes de los candidatos hayan sido cuestionados públicamente e incluso estén procesados por corrupción”, y exhorta al Congreso Nacional a adoptar todas las salvaguardas para garantizar que el proceso esté exento de interferencias indebidas en aras de fortalecer el sistema de justicia y el Estado de Derecho.
La Oficina desea destacar la importancia de que esta elección contribuya al fortalecimiento de la Institución del Ministerio Público en sus esfuerzos en el combate a la impunidad y a la corrupción.
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