“Si se instala la compañía minera, empresa “Emilio S.A. de C.V.”, estaríamos condenados a ser desplazados de nuestras propias comunidades. En pocas palabras con la apertura y explotación se pondrá en riesgo nuestra subsistencia, así como los recursos ambientales de la zona, que es un área natural de más de 12,800 manzanas, protegidas por un título ancestral”, manifestó Narciso Garay, ex presidente del Consejo de la tribu Las Vegas de Tepemechín, Victoria, Yoro.
Ante tal situación, desde cinco años, las 15 comunidades indígenas que componen la tribu, han emprendido una batalla contra las autoridades locales, nacionales y la empresa minera de capital italiano, interesada en explotar las riqueza minera de la tribu. “Nosotros queremos que sean respetados los convenios nacionales e internacionales que, en teoría, protegen nuestros derechos y territorios”, manifestó.
Dirigentes y representantes de las comunidades tolupanes denuncian que la concesión minera abarca la mayor parte del territorio ancestral. Durante una reunión, los líderes indígenas expresaron su preocupación por la posible destrucción de sus montañas y la contaminación de las fuentes de agua.
Pidieron al Estado acciones claras frente a esta situación. “Exigimos que se anulen de manera inmediata la concesión minera y que se prohíba la minería en nuestros territorios, fuentes y nacimientos de agua”.
“Para los Gobiernos, nosotros no somos importantes, nos tienen olvidados y hoy nos quieren quitar nuestro territorio que es lo único que tenemos. Ellos creen que nos pueden engañar porque somos indígenas, pero se han equivocado porque nuestra dignidad no tiene precio”, afirmó.
Violación a la consulta previa
“En Honduras, tenemos en rango de Ley el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, pero lamentablemente no se aplica en beneficio de los territorios indígenas”, manifestó Suyapa Palma, quien forma parte de la juventud Tolupán.
“Exigimos se cumpla con el consentimiento previo, libre e informado y vinculante con las comunidades afectadas (consulta previa), antes de que se tomen decisiones de otorgar los permisos a la minera. Esto está enmarcado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, y el Estado está obligado adoptar esas medidas”
El artículo 32 numeral 2 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas indica: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”
Sin embargo en el caso de Honduras y en específico en la tribu Tepemechín, según la joven Tolupán, los problemas que sufren como comunidades afectadas por las actividades mineras y de construcción de represas hidroeléctricas, se convierten en violaciones a sus derechos con el aval del Estado hondureño.
Cronología de lucha
Desde el 2010 la empresa minera comenzó hacer las gestiones. “Vinieron coreanos, israelíes e italianos a visitar la tribu, sin embargo no hablaron con las bases de las comunidades, es más estaban haciendo un convenio entre los inversionistas, el alcalde y el consejo directivo de tribu”, denunció el dirigente indígena Juan Posantes.
El 2014 el nacionalista Sandro Martínez, quien funge como alcalde desde 2010, desarrolló un cabildo abierto en la comunidad Las Vegas. Según la dirigencia indígena allí repartieron el bono 10 mil entre activistas del partido Nacional quienes mostraron su apoyo a la actividad minera.
Ese mismo año se firmó una carta de intención entre el presidente de la tribu y el alcalde, sin embargo las comunidades desconocen lo pactado. Desde noviembre de 2015 llegó la compañía a elaborar exploración en el sector de la Peña, pero se encontró con la oposición de las comunidades quienes se movilizaron al lugar donde querían explotar.
Ante esta situación días después se desarrolló la toma de la alcaldía y en el cabildo, realizado el 11 de diciembre en Victoria, la población no se aceptó la explotación.
En rechazo a la explotación minera, el 2016 se organizó el Comité de Protección a la Salud Ambiental de Victoria, Yoro (COPROSAVY), y actualmente la integran 27 comunidades, unas de la tribu Tepemechín y otras no indígenas.
El 14 de mayo del presente año la compañía minera llevó maquinaria para iniciar con los trabajos de exploración, sin embargo las comunidades llegaron hasta el lugar y lograron la salida de los tractores, cargadoras y volquetas.
De acuerdo al ambientalista Pedro Landa, actualmente el 35 % del territorio nacional está concesionado para la explotación minera, sumándole a esto, hay 108 concesiones de ríos para la instalación de represas. “Esto es preocupante porque la explotación minera y las hidroeléctricas solamente dejan despojos, persecuciones, muerte, contaminación ambiental y división en las comunidades”, indicó.
“Lo único que queda es que las comunidades se muestren firmes en la defensa de su territorio y los bienes naturales, y el Estado, tiene la obligación de respetar la decisión soberana de las comunidades cuando dicen NO a los proyectos extractivitas”, concluyó Landa.
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