La investigación “Redes y Lealtades detrás del poder”, realizada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC, y OXFAM Honduras, señala como el modelo ha puesto en marcha una serie mecanismos para alcanzar sus objetivos entre estos, quizás el más importante, trasladar recursos del sector público al sector privado, y garantizar la maximización de sus ganancias y beneficios.
“Redes y Lealtades”, revela que la privatización de los recursos públicos es el hilo conductor de la consolidación del sistema, pero sus modalidades han variado desde la privatización o ventas de las empresas públicas, hasta las actuales alianzas público- privadas.
A criterio del analista político Hermilo Soto, la privatización de los recursos del Estado es un problema que viene desde inicios de la década de los 90, en esta etapa se desmontó una buena parte de la estructura del Estado, en términos que las empresas que estaban pensadas y diseñadas para prestar un servicio a la población pasaron a ser privatizadas con el afán de acumular ganancias y no tanto con el de dar un servicio.
Este es un problema que afecta mayoritariamente a las poblaciones más vulnerables de nuestro país, porque ya la lógica de los servicios básicos no es la atención a la ciudadanía con un enfoque de derecho, si no la ganancia, la acumulación de dinero para beneficiar a la empresa privada. En esa lógica privatizadora han entrado las carreteras, los bienes naturales, la salud, los servicios básicos y estatales, apunta el analista.
El investigador del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC, Marvin Barahona, dice que el impacto y el significado que tiene en términos económicos y políticos el traspaso de los recursos públicos a manos privadas es tan grande que ha dejado sin salud, educación y sin protección social a la mayoría de población hondureña. Por eso hay que establecer una relación estricta entre la dirección que han tomado los recursos estatales para favorecer a los intereses privados, y desfavorecer a la mayoría de la población.
Coalianza
La Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza) fue creada en 2010. Su misión consiste en diseñar y gestionar un modelo de coinversión para elevar la competitividad de la economía hondureña mediante proyectos de capital mixto para implementar obras y servicios públicos.
Coalianza se focaliza en 5 sectores estratégicos: infraestructura, energía, recursos naturales, servicios; economía y turismo, aunque se subdivide en 28 subsectores, abarcando mayoritariamente la infraestructura y los recursos naturales.
Marvin Barahona, explica que la creación de Coalianza es la mayor representación de las estrategias utilizadas por los grupos de poder para garantizar la maximización de sus ganancias. Coalianza, es la expoliación de los recursos económicos y naturales del país. Es decir el despojo y robo de todos los recursos estatales, que deberían ser el factor principal para el desarrollo social.
Barahona explica que por eso cuando se quiere hacer explotación se recurre al término de desarrollo económico, inserción en la globalización, modernización del aparato productivo, pero jamás se habla de desarrollo social, ni se plantea como el verdadero motor de lo que debería ser el desarrollo nacional en materia económica, política, social y cultural. Por eso la expoliación de estos recursos es una clave fundamental para entender las redes de poder.
La privatización disfrazada de los recursos públicos ha sido el mecanismo denunciado con mayor frecuencia, pues se considera que este es el que mejor revela los objetivos reales de la política concesionaria que se consolidó con la creación de Coalianza.
Coalianza es un subproducto del golpe de Estado y, en consecuencia, un factor de polarización de la sociedad hondureña. De hecho, su creación originó un proceso sistemático de aprobación de leyes y decretos legislativos centrados en la concesión y explotación de los recursos naturales y bienes nacionales, concedidos con urgencia y por largos períodos al gran capital extranjero y nacional.
El analista Hermilo Soto, dice que Coalianza es una deuda pendiente de conocer. Porque poco o nada se conoce de su verdadera manera de operar. Es decir, se mueve en el campo de la sospecha, de los grupos de poder privilegiados, que están con un afán desenfrenado de acumular ganancias, sin importar que de esa manera afecten a la población que cada día mira más difícil satisfacer sus necesidades básicas.
La investigación concluye que con Coalianza se restableció el régimen concesionario instaurado desde las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, lo cual coincide con la ausencia de una definición de las prioridades nacionales, como lo demuestran los proyectos de construcción del Centro Cívico Gubernamental y del aeropuerto internacional en Palmerola, concesionados en 2016.
En total se previeron 1300 millones de dólares para la construcción de estas obras, pero las cifras han evolucionado en el curso de los últimos años. A mediados de 2015, el 65% de estas obras se hallaban en ejecución o se preveían adjudicarlas a corto plazo, mientras que para el 35% restante se buscaba crédito internacional o la creación de alianzas público-privadas, para su ejecución.
Concesión de los bienes naturales
En el área de concesión y explotación de los bienes naturales, destaca el proyecto para establecer un Parque Minero en el municipio de El Corpus, Choluteca, aprobado por el Decreto Ejecutivo
PCM-036-201428, y cuyo costo será de 5000 millones de dólares en un período de treinta años. Se ubicará en una Zona de Reserva Minera de 1684 hectáreas. Para ello se constituyó una APP bajo la responsabilidad de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) y Coalianza.
Este puede considerarse, entre los proyectos de Coalianza, el de mayor envergadura en el área de recursos naturales. En el cuadro siguiente se presenta una relación de los proyectos concedidos y los que se ejecutan actualmente por medio de fideicomisos administrados por diversos bancos.
En el tema de la concesión de los recursos naturales, el ambientalista Pedro Landa, dice que el informe es claro sobre cómo las élites se han repartido el país. Eso implica la aprobación de una serie de leyes que facilitan las concesiones y la creación de mecanismos de criminalización de personas que se oponen a los proyectos extractivistas. Esas leyes se han ido reacomodando mayoritariamente desde el golpe de Estado del 2009.
En ese sentido, explica que a raíz de todo el acaparamiento se ha aumentado el despojo de los bienes que tradicionalmente ha pertenecido a las comunidades, y el aumento de la conflictividad en las poblaciones que se oponen a la explotación de los bienes. Al grado de que las persecución, criminalización y asesinatos contra ambientalistas se han incrementado.
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