Una delegación internacional compuesta por expertos internacionales e integrantes de organizaciones de derechos humanos que provienen de Argentina, Guatemala y Suiza[1] ha visitado Honduras entre 18 y el 22 de junio de 2018 para verificar la situación de la tortura en el país y las medidas adoptadas por parte de las instituciones del Estado para erradicarla y garantizar el acceso a la justicia y reparación de las víctimas.
La misión internacional, iniciativa conjunta de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Plataforma Internacional contra la Impunidad, agradece la colaboración y el diálogo entablado con las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del estado y víctimas que participaron en distintas reuniones, visitas y actividades llevadas a cabo en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Las autoridades hondureñas en el transcurso de los últimos años han emprendido reformas legales e institucionales importantes para fortalecer el sistema de justicia y las instituciones penitenciarias con el fin de incorporar salvaguardias contra la comisión de hechos de tortura y malos tratos. Asimismo, Honduras se ha sometido al escrutinio de múltiples mecanismos internacionales de supervisión de los derechos humanos, destacando varias visitas de Relatores de la ONU y exámenes por parte de Comités del Sistema Universal de Derechos Humanos.
Sin embargo, consideramos que es urgente que se tomen medidas firmes y contundentes para revertir los problemas y desafíos que hemos podido constatar, tomando como referencia las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en su última evaluación de Honduras en agosto de 2016 (CAT/C/HND/CO/2).
En el transcurso de la visita, la misión ha recibido informes múltiples y coincidentes que indican que la tortura es una realidad muy presente y afecta en particular a sectores en situación de mayor vulnerabilidad. La misión solicitó datos estadísticos o cualitativos de la incidencia de la tortura en sus reuniones con instituciones del Estado involucradas en su prevención y erradicación incluyendo la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección General de Medicina Forense, el CONADEH y organismos del Ministerio Público, pero estos no fueron proporcionados, lo que indica una grave falta de sistematización y transparencia en este ámbito.
La misión ha recabado múltiples y consistentes alegaciones de actos que podrían constituir tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en adelante, malos tratos) en los siguientes contextos:
– En el momento de la detención, traslado y privación de libertad en posta policial o militar: entre otros métodos, mediante golpes, asfixia seca o húmeda, amenazas, insatisfacción de necesidades básicas, privación sensorial, abusos sexuales y periodos de incomunicación. Las personas entrevistadas coinciden en relatar que no se observaron las garantías más fundamentales, destacando la falta de comunicación de sus derechos en el momento de la aprehensión y la vulneración del derecho a ser examinado por un médico. La misión identifica como uno de los factores de riesgo que la Policía Militar del Orden Público desempeñe funciones de captura y detención, tal y como está previsto en el Decreto 168-2013.
– En los centros penitenciarios: mientras que la capacidad de los centros penitenciarios no llega a las 11.000 personas privadas de libertad, en el mes de junio de 2018 la población penitenciaria supera las 20.000 personas, lo que indica la duplicación de la capacidad y consiguientemente un hacinamiento grave y generalizado. Este hecho se enmarca en una tendencia a la militarización y deshumanización del tratamiento al colectivo de las personas reclusas. En visita a uno de los centros de más nueva construcción, el establecimiento penitenciario de máxima seguridad “El Pozo I” en Ilama, Santa Bárbara, se constató que los privados de libertad vivían en condiciones que no cumplen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (« Reglas Nelson Mandela »), incluyendo un régimen restrictivo y excesivamente burocrático de visitas y comunicación con familiares que condena a miles de presos de libertad a la incomunicación. Asimismo, se detectó el uso de celdas de aislamiento, de escasos metros cuadrados, en las que permanecían un número elevado (en un caso se contabilizaron 18 personas) de presos hacinados – procesados y condenados – , por un tiempo indefinido, con personas entrevistadas que llevaban hasta siete meses, sin que exista ningún control o revisión. En este contexto, los integrantes de la delegación expresan seria preocupación por el hecho de que este centro esté dirigido y administrado por personas integrantes del poder militar, incluyendo la custodia de los presos, quienes van con la cara cubierta y sin identificación.
– En el manejo de protestas y desalojos, con un uso excesivo de la fuerza. Tal y como evidenciaron las decenas de muertes y centenares de heridos en las protestas a raíz de la crisis post electoral, la participación de la PMOP así como el uso de armas de fuego y gas lacrimógeno, entre otros, como métodos usados para disuadir y dispersar las protestas sin respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución, hacen evidente la necesidad de aprobar un marco regulador del uso de la fuerza, incrementar la capacitación de integrantes de las fuerzas del orden y excluir a las fuerzas armadas de tareas relacionadas con el orden público.
La misión ha podido observar que las denuncias de las víctimas son infrecuentes por el temor a represalias, que ni la defensa pública ni las fiscalías trabajan pro activamente para detectar la comisión de hechos de tortura y que en pocos casos en los que las víctimas denuncian, la gran mayoría son desatendidas. Cuando las investigaciones avanzan, la percepción de abogados defensores y fiscales es que los jueces son muy poco proclives a calificar los hechos como tortura y malos tratos y a sancionarlos.
Esta situación genera un clima de impunidad generalizada, como asimismo indica la ausencia de condenas por el delito de tortura. Un caso emblemático es el de cuatro defensores de derechos humanos y seis estudiantes universitarios quienes sufrieron detención ilegal y actos violatorios de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos el 8 de septiembre de 2017 en el marco del desalojo de una protesta estudiantil[2]. El poder judicial dictó el pasado 6 de junio de 2018 sobreseimiento definitivo argumentando que eran los defensores de derechos humanos quienes habían provocado la actuación policial, lo que también denota la falta de respeto y reconocimiento a la labor de defensa de los derechos humanos por parte de la administración de justicia. Esto es un ejemplo de acto que estigmatiza y expone a situaciones de mayor riesgo el ejercicio a los defensa de los derechos humanos, quienes no gozan de las garantías de protección necesarias para poder denunciar casos de tortura y malos tratos.
Finalmente, la misión quiere agradecer en especial el apoyo y la colaboración del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura y los malos tratos (MNP), el CONAPREV, en el transcurso de la visita. Sin embargo, nos preocupa que se encuentre con obstáculos que dificulten su independencia, piedra angular para el cumplimiento de su mandato. En este sentido, consideramos fundamental que las autoridades reformulen el Decreto de 23 de marzo de 2018 (art. 2.12), quien vincula el mecanismo al Gabinete de Gobernabilidad, así como el aumento de su asignación presupuestaria, como condición básica para que pueda desempeñar su labor con independencia y eficacia. En la reunión con la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, esta se comprometió a mejorar el financiamiento del mismo. Asimismo, consideramos esencial que se reformen los criterios de selección de sus comisionados para que prevalezca su profesionalidad e imparcialidad.
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