Por Javier Suazo
Tal como se había anunciado por la dirigencia del Transporte Nacional, el paro de las unidades de transporte público se concentró al no poder alcanzarse un acuerdo en la mesa de diálogo entre el gobierno y dicha dirigencia. Inicialmente las demandas eran un ajuste de las tarifas ya que los aumentos de precio del barril de petróleo en el mercado internacional no se trasladan en forma automática a las tarifas, aun cuando el gobierno captará más por el impuesto a los combustibles.
Frente al rechazo de la población, la nueva propuesta de la dirigencia del transporte es la rebaja en el precio del galón de combustible de 23 lempiras, el cual se cotiza en 100.45 lempiras la gasolina super, 91.79 gasolina regular, 83.35 el diesel y 47.51 lempiras el kerosene. Esta nueva demanda captó la atención y el apoyo de la mayor parte de la población, en tanto la rebaja los beneficia a todos, incluyendo a las empresas de menor tamaño cuyas actividades productivas y comerciales dependen del traslado diario de sus bienes a los centros urbanos de mayor población como Tegucigalpa y Sanpedro Sula.
El gobierno desechó la demanda por considerar que los transportistas ya gozan de un subsidio otorgado y demás prebendas, por lo cual el ajuste de la tarifa no se justifica. La dirigencia del transporte flexibilizó la propuesta inicial, demandando una rebaja de 20 lempiras en bomba por galón de combustible, pero el gobierno todavía sigue renuente, ya que les quita parte de la tajada (impuesto) que recibe por galón facturado. Esta tajada es de 1.41 dólares por galón de gasolina superior, 1.25 dólares por galón de gasolina regular y 80 centavos de dólar por el diesel.
El argumento del gobierno es que el impuesto al combustible sirve para financiar el presupuesto de las instituciones de gobierno, incluyendo el de la Secretaría de Seguridad que se encarga de reprimir a los manifestantes cuando protestan por la batería de impuestos recetados (el aumento de la tasa vehicular incluido) con la venia del FMI.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), llama a las partes (gobierno y dirigencia del Transporte) a ponerse de acuerdo en la mesa de diálogo, pero exigen que estas negociaciones sean publicas para que no existan acuerdos bajo de la mesa que tanto daño le han hecho al país y economía. Unos cálculos “magueados” por los representantes de la empresa privada, estiman que, si el gobierno cede a las demandas de los transportistas, las perdidas para el fisco serán de 7,300 millones de lempiras, siendo poco probable que este acceda, en tanto representa cerca del 59% de los ingresos fiscales captados en 2017 por este concepto. Igual, estiman que un día de paro le cuesta al país una pérdida de 2,189 millones de lempiras, bajo el supuesto que nadie asiste a los trabajos (supuesto irreal) ya que las tomas empezaron a partir de las 8 de la mañana cuando la mayor parte de los trabajadores de las empresas ya estaban en sus puestos, y otros se movilizaron en carros particulares no en transporte público. Prácticamente, el COHEP, se colocó al lado del gobierno al no realizar un análisis serio de beneficio/costo, o sea analizar no solo las pérdidas para el fisco sino también los beneficios al bolsillo de los pobladores, por el impacto en costos de producción y de los servicios que la rebaja de 20 lempiras causaría.
Las soluciones no son fáciles. En primer lugar, no hay que descartar la revisión de la fórmula de importación de combustibles, ya que el gobierno de Zelaya demostró que ello es factible y permitió una rebaja mayor de 10 lempiras en el galón de combustible; sin embargo, ello implica afectar las transnacionales del petróleo, cosa que el gobierno actual no está en capacidad de hacer. Otra solución es el fortalecimiento del transporte público con inversión pública, pero cuidando que no se roben el dinero y se abandonen las obras como sucedió con el proyecto de Trans 450 para la ciudad capital de Honduras, donde el pueblo está pagando el préstamo contratado por la municipalidad y la obra no se concluye y los responsables andan sueltos y apelan al perdón divino.
Una tercera solución es la liberalización del servicio de transporte, la cual es música para los oídos del FMI, con lo cual se eliminarían los subsidios y las prebendas, e incluso la corrupción (supuestamente). Esta solución, al parecer, enfrentaría al gobierno con la dirigencia del transporte y profundizaría la crisis, en una coyuntura donde el gobierno, la OEA y EEUU le apuestan a un diálogo nacional para legalizar el fraude electoral y limpiar la cara de las instituciones electoreras.
La Coalición Patriótica de Solidaridad, que aglutina a varias organizaciones sociales y gremiales en apoyo a los transportistas, plantean como solución la desdolarización del impuesto a los combustibles, revisión del octanaje, aprobación de una ley de comercialización de combustibles y el control de las importaciones y uso de los carburantes.
Un clamor desde la academia es construir una política pública e institucionalidad de transporte con los principales actores involucrados, y no un libelo aprobado por el Ejecutivo que crea el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) altamente politizado. Esta nueva política involucra directamente a la comisión reguladora y las empresas importadoras y distribuidores, y demás miembros de la cadena, ya que se buscaría identificar el porcentaje de ingreso captado por Galón facturado por cada uno, y reajustarlo Igual, incluiría un diagnóstico de las unidades existentes y la posibilidad de conformar el transporte público gubernamental para grupos especiales como estudiantes, tercera edad, vendedores de mercados y horarios de circulación para población trabajadora.
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