Pasan los días y los casos de corrupción en Honduras descansan en las gavetas de la impunidad. En la actualidad el Poder Judicial se encuentra de vacaciones y por el trámite que evidencia parece que también lo hace la respuesta de los jueces ante el caso Pandora, que involucra a 38 personas entre ellos diputados, funcionarios y exfuncionarios del gobierno en actos de corrupción.
Ya casi pasó un mes desde que el Ministerio Público presentara en conjunto con la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), los 38 requerimientos fiscales, por ahora el trámite que debería dar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es un completo enigma.
“En una institucionalidad que funcionara, con jueces que operen con rapidez y con una justicia despolitizada, estas personas ya tendrían que haber enfrentado una captura, pero hay una lentitud sospechosa”, valoró en primera instancia el analista en temas jurídicos, Heriberto Baquedano.
Paulatinamente a la acusación en este caso, la defensa de los imputados presentó un recurso para declarar inconstitucional el artículo 184 del Código Procesal Penal, que busca sacar del delito de lavado de activos del paquete que prohíbe defenderse en libertad.
Actualmente las personas acusadas por este delito no pueden defenderse en libertad, deben hacerlo en la cárcel, y en este caso Pandora los acusados además de lavado de activos, están acusados por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. La resolución tampoco ha sido resuelta por la CSJ.
Para Baquedano la institucionalidad en Honduras está politizada, eso significa que antes de dar una resolución, un fallo o emitir una orden de captura, debe existir un visto bueno de parte de quienes dominan el poder político y también económico, bajo esa lógica será muy difícil que la realidad del país cambie.
Por su parte el director de Tribunales de Sentencia del Poder Judicial, Mario Díaz, asegura que la lentitud del caso se debe exclusivamente a la investigación y evaluación de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Díaz afirma que se debe tener responsabilidad al tocar estos casos, es decir se deben agotar todos los protocolos de investigación para que de esa forma al emitir ya sea una resolución o una orden de captura, se haga con la certeza que las pruebas lo respaldan.
Díaz ahora como empleado del Poder Judicial defiende su institución, de la que incluso en el pasado cuando formó parte de la Asociación de Jueces por la Democracia era muy crítico.
En la medida que avanza el tiempo los casos van quedando en el olvido de la gente, la opinión pública y pareciera que también de los órganos de justicia. Para la diputada Doris Gutiérrez, en esta lentitud del caso Pandora hay gato encerrado. Ella fiel a su estilo asegura que la clase política que respalda y defiende a los acusados está tramando algo, y que puede ir más allá de esperar una resolución de la Corte o de los propios jueces.
“Mire todo indica que esta gente puede usar el Congreso para reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal, y así garantizarles libertad durante el proceso a sus apoderados”, valoró Doris, ella mantiene esa hipótesis de la que afirma que sólo el tiempo le dará la razón o, todo lo contrario.
Pero mientras esa nebulosa se lleva la polémica de estos casos, el analista Longino Becerra manifiesta que la ciudadanía debe tener un compromiso claro con esto, y que ese compromiso debe ir de la mano con acciones de protesta popular que mantenga en la discusión pública, en la protesta pacífica y en la incidencia ciudadana a este tipo de casos.
“La gente no debe olvidar y la mejor forma de hacerlo es presionando para que se investigue y castigue a los responsables de desfalcar al Estado”, apuntó Becerra.
En ese sentido el abogado Fernando González, cree que en efecto a todas las personas se les debe garantizar el debido proceso, darles la presunción de inocencia, pero así como esas garantías deben respetarse, también lo debe hacer los encargados de impartir justicia, si es que en algún momento se quiere cambiar estas prácticas llenas de duda y poder político.
González asegura que es un secreto a voces que en muchos casos la política se impone ante la aplicación de justicia, y esto no es nada bueno para poder rescatar la institucionalidad hondureña.
Desde su perspectiva el abordaje del caso Pandora debe ser acompañado del respeto de las garantías de los imputados y también de la agilidad del Poder Judicial.
Heriberto deja en claro que por la presentación del recurso contra el artículo 184 del Código Procesal Penal, la Corte no debe parar de emitir las órdenes de captura, desde su análisis jurídico afirma que los jueces deben asumir su responsabilidad y en el marco de las pruebas que tienen en su poder actuar de forma imparcial.
El Poder Judicial regresa en aproximadamente una semana a sus labores, al final las conjeturas dejan establecidas las dudas sobre la lentitud de este caso, si es que se deben a las vacaciones, a presiones políticas o a dilataciones para que los acusados preparen una maniobra política y judicial en el caso. Las respuestas las dará el futuro cercano.
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