Por Javier Suazo
“El combate de la corrupción en Honduras necesita del estudio permanente
del derecho y fortalecimiento de la institucionalidad judicial,
pero también de la denuncia pública”.
Daniel Rivera Mena, Jurista Internacional
Uno de los legados más visibles del golpe de Estado de 2009 y sus secuelas, es el aumento de la violencia y corrupción. El gobierno de la República ha venido anunciado una disminución en los índices de violencia en el país, pero la población no le cree ya que, a diario, se presentan muertes de personas, en especial jóvenes y niños, producto de la violencia. Las organizaciones de derechos humanos reconocen una disminución de dicha tasa, pero no en el porcentaje que dice el gobierno y su vocero, el Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH; igual, la tasa oficial actual (2017) de 42.8 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, sigue siendo una de las más altas de Latinoamérica y planeta.
En el caso de la corrupción con todo y Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) recargada (nombramiento de un nuevo vocero después que Almagro de la OEA quitó unilateralmente el apoyo a Jiménez Mayor para orillar su renuncia), es donde menos se ha avanzado. Un caso emblemático que dio vida al movimiento de los indignados, es el saqueo de los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por un monto que supera los 7 mil millones de lempiras, donde no todos están presos y han sido condenados, recuperándose una mínima parte de estos recursos.
Lo que más indigna, es que todavía no se conozca la forma de cómo estos recursos se robaron, ya que, los informes de la Comisión Interventora nombrada por el Ejecutivo, no presenta públicamente un análisis detallado del saqueo que cuantifique los montos reales y documente información (contratos, pagos, cheques, prebendas, mojes,) que sirva para procesar y mandar a la cárcel a todos los involucrados, incluso aquellos políticos que no dan la cara.
En esa línea, se ubica la llamada operación Caja (¿Olla?) de Pandora que involucra a 38 funcionarios de gobierno, activistas y diputados de los partidos políticos, por haber sustraído recursos del presupuesto nacional y desviado a cuentas privadas 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaria de Finanzas (SEFIN), según la investigación de los órganos fiscalizadores del Estado, especialmente el Consejo Nacional Anticorrupción, Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la propia MACCIH. Los implicados utilizaron dos (2) fundaciones privadas: Dibbattista y Todos Somos Honduras, para desviar dichos fondos a proyectos de desarrollo agropecuario, social y económico que no aparecen.
El personal de la Agencia de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó 3 órdenes de captura de las 36 libradas, básicamente los llamados peces “flacos”, o sea un motorista, diputado suplente y abogada; resta capturar los peces “gordos”. Estos últimos, a través de sus abogados, pidieron defenderse en libertad ya que no andan huyendo, manifestando su anuencia a presentar la fianza exigida por la Juez. Un exministro de Finanzas, involucrado en este escándalo, falleció recientemente. La Juez que lleva el caso, después de la declaración de imputados, decidió enviar a dormir en la cárcel a 19 implicados más, incluyendo a connotados dirigentes y diputados del Partido Nacional y Liberal, y funcionarios de instituciones de gobierno.
Desde la óptica ciudadana, se demanda como en el caso del IHSS, que los culpables sean apresados, juzgados y condenados, y además recuperen los fondos sustraídos (efectivo o en bienes). Las expectativas no son muy optimistas ya que, las instituciones encargadas de impartir justicia, han perdido credibilidad pública y capturadas por las élites económicas y políticas. Se habla también de una corrupción institucional que abarca a la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Tribunal Superior de Cuentas y Juzgados, que no permite tener la plena certeza que se actuara en forma transparente e imparcial al momento de impartir justicia.
Desde la óptica de la cooperación internacional, Honduras avanza en la lucha contra la corrupción, independientemente si los implicados son llevados a la cárcel, condenados y los dineros del pueblo devueltos; el sólo hecho de la denuncia, libramiento de la orden de captura y resolución de la Juez para que pasen unos días en la cárcel, es un gran avance. Esta percepción de combate de la corrupción es equivocada, ya que hoy más que nunca los corruptos se sienten más seguros que antes, ya que la débil institucionalidad y práctica de la corrupción, les da la certeza que, al final del proceso, saldrán libres, aunque sean culpables.
En un sistema como este, los abogados a contratar son mejores que los existentes en la Corte de Justicia y juzgados, los que responden o son fieles al partido político que los apoyó para ser electos, por lo que la mayor parte de los implicados, en especial los peces “gordos”, es poco probable que sean vencidos en juicio y condenados. Para parafrasear a Karl Popper, este debería verse como una parte en el avance del asentamiento de la justicia, la libertad y la verdad, ya que no se puede pensar que el ser humano tenga una única solución para toda la problemática que enfrenta la nación; de poco a poco se avanza.
La Academia guarda silencio ya que es parte del problema al apoyar y, en algunos casos, acompañar a las instituciones de gobierno en su lucha contra la corrupción, destacando lo logros alcanzados (Operación Pandora, por ejemplo) y proponiendo soluciones que no modifican la estructura clientelar existente. Muy poco analiza los procedimientos seguidos para elegir a los magistrados y jueces, los antecedentes (formación académica y ejercicio profesional de estos) y la militancia política; peor aún, los llamados padrinos que están detrás de sus ejecutorias, ya que no existe almuerzo gratis. Hay ausencia de una propuesta sobre estrategias y políticas institucionales para reformar y modernizar el poder judicial, ampliar la participación y representación legítima de una ciudadanía independiente, documentar el ejercicio de prácticas transparentes y justas en la impartición de justicia.
De allí que, la Olla de Pandora tenga una Tapa que no permite que lo que se cocinó y cocina dentro salga como espera la población, sino como mandan los dueños de casa.
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