Por Sandra Rodríguez
A casi cinco años de las agresiones, vejámenes, torturas y detención ilegal que sufrió un grupo de 24 personas en el marco del golpe de estado del 2009 en Honduras, en el juicio iniciado contra elementos de la policía Preventiva y Dirección Nacional de Investigación Criminal, DGIC, responsables de estas violaciones a los derechos humanos, se suspende una vez más sus audiencias, ahora por una confusión en un dictamen emitido por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en cuanto a qué procedimiento seguir en los Juzgados.
El juez Víctor Méndez, del juzgado de Letras de lo Penal en Comayagüela, determinó la suspensión de la audiencia citada para este día, en el caso denominado “12 de agosto”, en poder el área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.
Según la resolución tas suspensión de la audiencia, el juez determinó que hay inconsistencia en una resolución de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, dónde no deja claro cuál es el procedimiento a seguir, si se continua continuar con la audiencia inicial contra cinco miembros de la policía, por suponerlos responsables del delito de vejámenes en perjuicio de más de 20 ciudadanos.
Por lo que el juez Méndez, pedirá la aclaración sobre esta resolución a la Sala de lo Constitucional, para seguir el proceso que se encuentra en audiencia preliminar, porque el 12 de agosto del 2009, policías torturaron y encarcelaron ilegalmente a Gerardo Arturo Flores Valeriano, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera López, José Natividad Pérez Lorenzo, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Alba Leticia Ochoa Camacho, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said Hernández Carbajal, Oslin George Cantillano, Rosario Vásquez, Emerson Rosicler Barahona y Daniel Ángel Cárcamo Sánchez y otras nueve personas más, sumando en total 24, que fueron llevadas ese día 12 de agosto de 2009 al Escuadrón Cobras, siendo una detención ilegal.
Los acusados son José Ventura Flores Maradiaga, Carlos Isaac Polanco Padilla, Estela Esperanza Ramos Sánchez, Juana María Alvarado Barahona y Suyapa María Elvir Escalante y Elder Madrid Guerra, a quienes las víctimas los identifican.
Luis Fernando Padilla, Fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, MP, expresó que la audiencia no se desarrolló porque existe una confusión en relación a una resolución emitida por la sala de la CSJ, y considera que se debe a que el expediente no se estudió bien en la Sala de los Constitucional, para emitir esa resolución.
En el caso de solicitar el decreto de Amnistía 02-2010 en favor del ahora Comisionado de Policía Elder Madrid Guerra, que en 2009 era el encargado del comando de Operaciones Especiales, COBRAS, “este recurso de amnistía no cabe en este caso, porque se deberá solicitar para los delitos de terrorismo y sedición y delitos políticos conexos con otros caso, pero en este caso el MP no está acusando por delito políticos, sino por violaciones a derechos humanos aunadas a los abusos de autoridad”, explicó el fiscal Padilla.
Alba Ochoa, una de las torturadas el 12 de agosto
Elder Madrid, es uno de los principales imputados en este caso, fue sobreseído por el delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y detención ilegal.
Únicamente quedó acusado por el delito de vejámenes, sin embargo la CSJ ya estableció que no hay un doble juzgamiento, como en aquel entonces lo planteó la defensa.
Pero el último interprete de la justicia, es la Sala de lo Constitucional, y allí se dijo que no hay un doble juzgamiento, y esa posición es acertada, es también la posición del MP, declaró el fiscal de DDHH.
Aclaró que no hay un doble juzgamiento, porque en ese momento sólo se presentó requerimiento fiscal contra Elder Madrid Guerra, por una víctima, Milton Durán Céspedes, de Colombia, pero se dejó por fuera a las 23 personas que hoy son imputados, y para que haya doble juzgamiento debe haber identidad de objetos, hechos, igualdad de personas y víctimas, porque el bien jurídico protegido es diferente para cada persona. Se continúa con la audiencia inicial o se inicia la audiencia preliminar, donde quedó el proceso cuando el juez de primera instancia sobreseyó la causa.
La impunidad dilata el proceso
En una sala de espera, permanecían varias delas víctimas en este caso, ellas creían que hoy se podría iniciar el proceso de aplicación de justicia, sin embargo la noticia dela suspensión de audiencia les hace creer que es parte de la impunidad en este país, que no ejerce justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Mabel Carolina López, dijo que “creíamos que hoy si se iba a iniciar esta audiencia, pues tenemos casi cinco años esperando que se haga justicia en favor de todos nosotros que sufrimos golpes, vejámenes y demás violaciones a los derechos humanos, porque nosotros si fuimos procesados”.
Pero el Estado le ha dado largas a este proceso en el que identificamos a las personas que nos agredieron. La justicia no está a favor de las víctimas, sino a favor de los violadores de los DDHH, manifestó Mabel.
Por su parte Alba Ochoa, quien ese 12 de agosto del 2009 grababa algunas de las imágenes de las represiones y fue capturada por la policía, denunció que la táctica de los representantes del Estado, policías, de los órganos represivos de este país, siempre están tratando de intimidarlos y hacerlos sentir mal, esto porque hoy cruzó palabra con uno de los acusados, José Ventura Flores Maradiaga, “él quería que nosotros cambiáramos nuestra opinión y versión de lo que ha pasado, Flores Maradiaga nos vino a decir que no tenía nada que ver, pero ese día dirigía las operaciones en los bajos del Congreso Nacional, y después estaba en el CORE-7, a él las mujeres policías le entregaron mi cámara y un celular, un años después me entregaron la cámara pero no el teléfono”.
La suspensión de esta audiencia, es parte de la estrategia de darle larga al asunto para mantener más la impunidad, dijo a otro tipo de personas, las juzgan en cuestión de horas sin embargo, a estos policías violadores de DDHH y a los ladrones del fisco pasan años y años, y nunca les pasa nada.
“El fiscal nos dijo que para hoy iban a pedir orden de captura para estos violadores de DDHH, sin embargo no pasa nada, la impunidad sigue reinando en este país”, lamentó Ochoa.
Seguiremos la lucha por nuestros derechos, porque si nosotros bajamos la cabeza y permitimos que no se haga justicia, entonces ahí si podemos decir que ya no hay esperanza para Honduras. Creemos que tenemos que continuar la lucha y la esperanza para ver una Honduras diferente, aseguró Alba Ochoa.
También continuaremos en este caso que involucra a Elder Madrid Guerra, que era el jefe de los COBRAS, a quien le habían dado sobreseimiento definitivo por el caso del colombiano y de nosotros que somos 23 que lo acusamos, sin embargo la CSJ dejó sin lugar esa resolución, y que nuevamente se le juzgue como responsable de las tortura, detención ilegal, golpes y vejámenes que nosotros sufrimos.
Ochoa agregó que, “A este señor que se le ha dado continuos ascensos, recientemente a Comisionado general de Policía, y que se escucha podría ser nombrado jefe nacional de la Policía, a lo que nosotros nos oponemos porque no es posible que los torturadores y violadores de DDHH ocupe ese cargo”.
Pero situaciones de violaciones a los derechos humanos en el marco del golpe de estado del 2009, no solo afectó a este grupo de más de 20 personas, sino que repercute aun, en sus familiares.
Allí estaba la madre de uno de los jóvenes agredidos, Raquel Hernández, dijo que como mamá fue difícil esa situación, porque su hijo Allan Samuel Cruz Hernández, fue detenido, él tenía 18 años de edad y solo iba pasando por el parque central de Tegucigalpa.
Mi hermana lo vio en la televisión, es un caso en que cayó mucha gente inocente. Mi hijo ese día fue a mi centro de trabajo, y le dije que fuera a la Dirección ejecutiva de Ingresos, DEI pro un encargo que le daría mi hermano.
Al darme cuenta, muy desesperada me fui a buscarlo, suponiendo que estaría en el CORE-7 (Policía Metropolitana número 1) pero no estaba allí.
Al poco tiempo otro muchacho de los detenidos le prestó un teléfono, se comunicó con una sobrina mía, y le dijo que estaba en los COBRAS, otras personas nos movilizamos hasta allá, y me dijeron que ahí era un centro de entrenamiento y no de detención, pero otras personas nos confirmaron que ahí estaba mi hijo.
Había varios heridos, era desesperante, y con cada carro que entraba o salía, nos colgábamos a ver que no se los llevaran, en la noche mucha gente se fue a acompañarnos, y como ya era público, los policías no tuvieron más que trasladarlos al hospital o al CORE-7.
El 13 de agosto del 2009, les llevé almuerzo al CORE-7 y lanzaron una bomba lacrimógena, se sintió el humo que les cayó a ellos, la policía niega que no fue una bomba, el policía Flores Maradiaga lo negó hoy, dijo que era el humo de un vehículo, relató Hernández.
Actualmente mi hijo está terminando su carrera universitaria, sin embargo ha sido una situación que nos ha marcado como familia, pero verlo en ese entonces, con apenas 18 años y siendo inocente, aun lo recuerdo. Son cinco años con miedo, temor y vivir a la expectativa.
Otra familia afectada es la de Nelson Hernández, quien desde entonces perdió su empleo, “cuando se dieron cuenta que yo iba a firmar a los juzgados porque tenía medidas sustitutivas a la prisión y me despidieron, después de eso se me ha hecho difícil tener un empleo fijo, en la parte económica ha impactado directamente en la estabilidad familiar”.
También en la parte sicológica afecta, aseguró, porque uno tiene temor, no hay confianza, porque los violadores de DDHH son parte del Estado, ya no se puede confiar ni en las instancias a las que uno debería abocarse para que nos protejan y nos garanticen justicia.
La abogada Karol Cárdenas, procuradora de DDHH del COFADEH, dijo que el proceso se ha retrasado debido a la impunidad, tras cinco años nos ha pasado de la audiencia preliminar, en la cual ha habido dilatorias, si la defensa no llega, si el juez no se presentan, si hay acepciones y si las declaran con lugar hay que irse a otras instancias, en este caso hay que recurrir a un amparo, tanto el MP como esta acusación privada y la que finaliza con la resolución de la CSJ que ordena se prosiga con la audiencia inicial.
Las víctimas piden justicia en el caso de sus derechos humanos, agentes de la policía preventiva y DGIC, dirigidas por Madrid Guerra y Flores Maradiaga, ellos permitieron que sus subalternos cometieran estos abusos, pudiendo detenerlos, no lo hicieron.
