Por Hugo Noé Pino
El Decreto 278-2013 contentivo de la “Ley de Reordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medias Antievasión” aprobado por el Congreso Nacional el pasado 20 de enero constituye uno de los ajustes fiscales más inequitativos y groseros que se hayan aprobado desde la década de los noventa.
Se hizo en la forma tradicional de hacer política en nuestro país, no de cara a la ciudadanía, sino en las vísperas de Navidad, dispensándole dos debates y sin mayor discusión en un Congreso que se recordará por su incapacidad y falta de representatividad del pueblo hondureño.
Lo consensuaron únicamente los equipos de transición del presidente saliente, Porfirio Lobo, y del presidente entrante, Juan Orlando Hernández. En el más claro estilo neoliberal y sin ninguna consideración por el bienestar de la mayoría de la población decidieron que era el pueblo hondureño el que tendría que pagar por las fiesta de gastos en los últimos dos años que condujo a déficit fiscales muy altos y a una acumulación de deuda pública impresionante.
Que había que realizar ajustes en las finanzas públicas, eso nadie lo discute, pero es bastante claro que de acuerdo al tipo de ajuste así se afecta un sector determinado de la población. En este caso, los gobiernos salientes y entrantes han puesto la carga sobre las espaldas de la mayoría del pueblo hondureño. El análisis de las medidas adoptadas, y de otras aparte del Decreto 278-2013, requiere mucho espacio por lo que nos limitaremos en este artículo a considerar los aspectos más generales del mismo.
En primer lugar, ¿de dónde surge la necesidad de este ajuste? Obviamente del aumento del déficit fiscal, principalmente en los últimos dos años que de 4.6% del PIB en el 2011 pasó en a 6% en el 2012 (3.5% en el presupuesto aprobado por el Congreso) y a entre 6% y 8%, cuando se terminen de hacer las cuentas, en 2013 (4.5% cuando se aprobó). El efecto de este déficit continuo ha provocado un aumento considerable de la deuda pública y cuyo servicio (pago de capital e intereses) absorbió 18 mil millones de lempiras en el año recién finalizado.
Es cierto que los ingresos cayeron debido a la reducción de la actividad económica en los dos años mencionados, pero el gobierno estaba en la obligación de hacer los ajustes en el gasto para compensar la pérdida de ingresos. Sin embargo, y por razones más que todo políticas no se tomó esa vía, ni el 2012, mucho menos el año pasado.
En segundo lugar, es bien conocida la naturaleza altamente regresiva de la estructura tributaria hondureña. Esto quiere decir que más de dos terceras partes de los impuestos no afectan los ingresos y la riqueza, sino a los consumidores finales a través de impuestos indirectos que se reflejan en los precios de los bienes y servicios adquiridos. El aumento del impuesto sobre ventas de 12% a 15%, la reducción de las exoneraciones a más de 100 productos que ahora pagarán el 15%, el aumento al impuesto sobre los derivados del petróleo de 5 lempiras para las gasolinas y el diesel, de 3 lempiras al LPG de 25 libras, de 3 al Kerosene, la reducción del subsidio a la electricidad de 150 a 75 kilovatios/hora al mes, tendrán un efecto multiplicador en los precios reduciendo la capacidad de consumo de las familias. A esto habrá que agregar el aumento de la tarifa de la energía eléctrica y del peaje en las carreteras.
En tercer lugar, al mismo tiempo que se le imponen más tributos a la mayoría de la población se elimina la obligación de pagar el 10% del impuesto sobre la renta a los ingresos provenientes de dividendo de los regímenes especiales como zonas libre y otras, al mismo tiempo que se amplían las exoneraciones a empresas como los denominados call centers y otros protegidos por leyes especiales. Las exoneraciones no se reducen sustancialmente como había prometido el presidente Lobo, sino que mantiene los privilegios a grupos económicos determinados, como los de las comidas rápidas y las térmicas. Esto contribuirá a acrecentar la desigualdad en el ingreso en Honduras.
En cuarto lugar se parte del principio de que el gobierno es como el rey Midas, de acuerdo a expresiones de un asesor del Congreso, de que todo lo que toca el gobierno lo corrompe y que por lo tanto hay que privatizar cuantas actividades gubernamentales sea posible. En otras palabras, se renuncia a adecentar y hacer eficiente el gobierno y se privatizan o concesionan las carreteras, los puertos, los aeropuertos, y ahora, la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Uno pensaría, entonces, por qué no privatizamos la presidencia de la República, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, así tendríamos mejores decisiones, mejores leyes y mejor aplicación de la justicia. Esto es no entender la diferencia entre lo público y lo privado, cuando en la mayoría de los países de nuestro continente se busca el rescate de lo público después del auge neoliberal que dejó tanta pobreza. Solamente habría que recordar al Papa Francisco en su alusión a la teoría del derrame.
Hay muchos más elementos que iremos analizando en el transcurso de las semanas, pero lo brevemente presentado muestra lo grosero de cargar a la mayoría de la población con los costos de la fiesta que no disfrutó, sin exigirle sacrificios a otros sectores con mayor capacidad económica, ni al gobierno mismo. También preocupa el dicho popular: “que por la víspera se conoce la fiesta”.
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