Por Ricardo Salgado
Después del golpe de Estado militar de junio de 2009, la represión, el asesinato político,el sicariato, la violación, la persecución político – judicial, la tortura y otra abominaciones, características de la inquisición (con muchos agregados), son prácticas comunes en Honduras, donde, a pesar de todos los discursos oficiales, ni ha habido reconciliación ni se ha cesado un solo instante de conspirar para continuar y perfeccionar estas acciones cobardes contra el pueblo hondureño y sus organizaciones.
Los golpistas, dirigidos por el comando sur de los Estados Unidos, han mantenido la política de terror contra toda forma de oposición, mientras desmembran aceleradamente el país, entregando su integridad territorial, su soberanía sobre cosas fundamentales como el acceso al agua o a los alimentos. Esta, y no otra, es la realidad de Honduras. Las injusticias se dan ante la mirada pasiva de la comunidad internacional, que observa a los buitres comportarse como niños malcriados, con la mayor impunidad, ensañándose contra un pueblo indefenso que poco a poco se acerca al límite de su paciencia.
Además de que, a pesar de la firma de los Acuerdos de Reconciliación Nacional y Reconstrucción de la Democracia, suscritos en Cartagena de Indias con el patrocinio de Colombia y de la Bolivariana Venezuela, más de 100 hondureños siguen en el exilio forzoso desde el Golpe, hoy se suman muchos más a esta legión de víctimas, incluyendo lideres connotados de la lucha popular hondureña (como el Padre Fausto Milla y su asistente Denia Mejía, ambos miembros de la Conducción del Frente Nacional de Resistencia Popular) o el padre Andrés Tamayo, miembro de la Comisión Política del frente; el asesinato de más de 200 hondureños y hondureñas sigue sin investigarse, aunque han sido denunciados en debida forma ante las “autoridades”competentes.
La lista de víctimas incluye ex funcionarios de la administración Zelaya, entre los que se pueden mencionar a la abogada Rixi Moncada quien fue acusada y amenazada con prisión por el hecho de haber alquilado un edificio para la empresa eléctrica (siendo ella la Ministra con facultades para hacerlo, y a pesar de que esta es una práctica que el régimen actual no solo ha adoptado, sino cargado de vicios de corrupción), o la Licenciada Rebeca Santos quien, por el solo hecho de haber sido Ministra de Finanzas, está sometida ahora al escarnio de los “jueces” y otros “paladines” de la injusticia, siendo tratada como reo, debiendo permanecer en el país, y reportarse ante los juzgados a firmar un libro dos veces a la semana indefinidamente, mientras la seudo justicia hondureña se ha negado a resolver un recurso de amparo presentado por su defensa hace más de seis meses. Hasta hoy los daños causados a estas personas, tanto en el campo moral, como familiar y profesional, son incalculables, llegando incluso a estar imposibilitadas para trabajar y ganar sus sostén diario; el régimen, insaciable bestia de la ignominia, pretende hacer pordioseros a hombre y mujeres que simplemente buscaron dar una cuota de trabajo a favor de la participación ciudadana y la profundización de la democracia en beneficio del pueblo hondureño.
Pero el caso más escandaloso avasalla a Enrique Flores Lanza, abogado, ex Secretario de la Presidencia en la administración Zelaya, y miembro de la Comisión Política del Frente Nacional de Resistencia Popular, quien a la sombra del Acuerdo de Reconciliación firmado en Cartagena, decidió enfrentar la que sabía era la misma estructura judicial que había conspirado y jugado un papel fundamental en el barracaso, que derrocó el gobierno legítimo de Manuel Zelaya, y había provocado su exilio. La presentación de Flores Lanza, contrario a lo que muchos afirman, es un acto consciente, que no descartó nunca la posibilidad de ser víctima de la atrocidad con que opera este sistema bárbaro, corrupto, servil y canalla.
Las pruebas sobre el caso indican la culpabilidad de otros actores, está involucrada la cúpula militar en el latrocinio del que acusan a Flores Lanza, existen incluso videos de gente connotada arrastrando la “carreta” en el interior del Banco Central de Honduras, pero es al miembro del Frente al que se acusa, en una jugada más bien digna de un “Reality Show” de bajo presupuesto que de una acción jurídica seria, responsable y civilizada; es como si los delincuentes manejaran la justicia bajo una carpa circense. A pesar de la abrumadora evidencia, la Corte Suprema de Justicia hace oídos sordos a toda la arbitrariedad y consiente no solo las medidas irracionales como la prisión preventiva a una persona que se ha presentado voluntariamente para defenderse, o la fianza “en las nubes” que ni siquiera a los narcotraficantes se ha aplicado nunca en este país, ahora lo mantiene rehén en el propio domicilio de sus padres, con vigilancia policial 24 horas, mientras asesinan personas a escasos kilómetros, sin un solo agente de policía en los alrededores.
La justicia de Macondo, o de cualquier otro sitio pintoresco de la América Latina de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, se ven como ejemplos de jurisprudencia, seriedad, honestidad comparados con esta pantomima que todos los días castiga a miles de hondureños a favor de los beduinos que se han adueñado de todo. El caso Flores Lanza es emblemático porque mientras las fieras de la oligarquía local tratan de presentar el caso como un escandaloso asunto de corrupción, el imputado exige a gritos que se le otorgue el derecho al debido proceso para defenderse y demostrar su inocencia. A esto los “sicarios judiciales” responden con más injusticia, impunidad y hasta burla de toda la civilización del planeta. Gran ironía que mientras más exigimos fin a la impunidad y juicios justos a nuestros presos, el régimen opta por demostrar cuan bestial puede ser.
Indudablemente el caso Flores Lanza, así como las expatriaciones forzosas de dirigentes del Frente Nacional de Resistencia, detallada en párrafos anteriores, exhibe un plan definido para liquidar a la oposición al Golpe de Estado, al régimen represor, y acallar a todas las víctimas de este anacrónico montaje antediluviano en pleno siglo XXI. Dos miembros de la conducción nacional y dos miembros de la comisión política del frente están bajo la metralla de los verdugos; también al Coordinador General se le hacen advertencias permanentemente. Esta es la novedosa estrategia para mantener vivo el sistema, es originada en laboratorios del imperio y ejecutada minuciosamente por los esbirros de la oligarquía hondureña.
No debemos desestimar la posibilidad de que apliquen a Flores Lanza una condena escandalosa, sin fundamento, con el propósito de desmoralizar la poderosa resistencia que hoy se ha convertido en un colosal agente de transformación revolucionaria en el país. Estamos apenas al comienzo de una monstruosa campaña que arranca con los casos descritos pero que seguramente arrastrara a Honduras a un holocausto.
No olvidemos a nuestras víctimas, ni a nuestros presos políticos, la comunidad internacional hermana, debería comenzar ya a condenar lo que, de antemano, sabemos está por venir. Exijamos la libertad de Flores Lanza para que se defienda de acuerdo a las leyes de Honduras, otro tanto para Rebeca Santos, y la repatriación inmediata e incondicional de los exiliados. Este es un reto para los pueblos de América, recordemos a Brecht, no dejemos que llegue a ser demasiado tarde.
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