Aunque no hay una definición precisa sobre el “Estado fallido”, Honduras, por sus características actuales, coincide con este concepto radical, lo cual, aunque asombroso, no causa preocupación en su “clase” política, ni es percibida a conciencia por el común de nuestra gente.
Hay un índice mundial de Estados fallidos y en él, hasta ahora, no figura Honduras, sin duda porque su situación no merece la atención calificada en virtud de que no afecta intereses económicos y estratégicos de la hegemonía occidental.
Sin embargo, los factores clave que configuran el Estado fallido se presentan en la realidad hondureña, sobre todo ahora que la integridad del Estado y su soberanía han sido definitivamente vulnerados con la promulgación de la Ley del Estatuto Constitucional de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) —o sea el régimen de las “ciudades modelo” o “enclaves charters”— como base para la subasta internacional del país.
Uno de los principales elementos del Estado fallido es la pérdida del control del territorio, que, en nuestro caso, se confirma con la Ley del Estatuto Constitucional de las RED, lo mismo que la incapacidad para interactuar en la comunidad internacional, toda vez que las RED tienen facultades para suscribir convenios internacionales y para fijar sus políticas financieras, monetarias y cambiarias.
En términos generales, el Estado fallido se distingue por el fracaso político, económico y social, que condiciona un gobierno débil e ineficaz, sin capacidad para proporcionar los servicios básicos ni para garantizar el monopolio del uso de la fuerza.
Honduras es, bajo esta óptica, un país que ha perdido su institucionalidad, es el segundo país más pobre del continente americano, con el 80 por ciento de la población que carece de los servicios básicos y con un acelerado declive a la indigencia. La cuarta parte de su niñez menor de cinco años está desnutrida, pasa hambre y está sujeta a toda clase de enfermedades.
El monopolio del uso de la fuerza tampoco lo tiene el Estado de Honduras, y eso se comprueba fácilmente con el control territorial del crimen organizado, del narcotráfico, y de las maras que se han dividido el país. La nueva Ley Antimafia, que sustituyó a la Ley Antimaras, promovidas ambas en gobiernos del Partido Nacional, es inoperante. Cada 84 minutos se comete un homicidio, o sea un índice brutal de 125 asesinatos por 10,000 habitantes, uno de los más altos del mundo.
Tenemos, entonces, que a los altos niveles de criminalidad se suman otros factores propios del Estado fallido, como son la corrupción extrema, el desempleo, la degradación económica, el extenso mercado informal y el elevado desplazamiento poblacional por falta de condiciones para el arraigo en el suelo nativo.
A ello debemos agregar otros elementos principales del Estado fallido, que son la burocracia exclusivista, sectaria e impenetrable, la inseguridad jurídica, la ineficiencia judicial, y la interferencia militar en el control político.
La “clase” política hondureña, sin preparación ni voluntad para responder al enorme reto de rescatar el Estado de Honduras y construir una nueva institucionalidad, ha optado por vender nuestro país en pedazos, mientras el pueblo hondureño, sumido en la ignorancia y la pobreza, queda a la deriva y sin futuro.
Agosto 6, 2011
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