Por Eduardo David Ardón
Según algunos empresarios, como es el caso de Jimmy Dacaret, con la destitución de César Ham, volvería la paz al agro, porque está promoviendo la intranquilidad de la población en esa zona.
Concretamente, las muertes de campesinos y la inestabilidad que se vive en el Bajo Aguan, es responsabilidad única del Ministro del INA, César Ham.
Esto significa, ni más ni menos, que el dirigente de la UD es el culpable de que Honduras no exista una política agraria definida que genera empobrecimiento, alejamiento de la inversión, muertes de campesinos que luchan por su tierra, conflictos diarios y una anarquía generalizada. En lugar de garantizar la inversión, más bien la aleja. Expresa Dacaret que ahora los empresarios terratenientes no solo tienen que luchar contra el cambio climático, la calidad del producto, la eficiencia en la producción, la calidad del producto, los vaivenes del mercado, sino contra la inestabilidad generada por los campesinos.
También es culpable César Ham de que en Bajo Aguán se ha mezclado lo ideológico con lo político y como si esto fuera poco, la infiltración del Crimen Organizado revelado por la policía.
Esta posición ultra conservadora a todas luces equivocadas, la secunda el Presidente de la ANDI, Don Adolfo Facusse quien también acusa a Ham de ser el causante de los enfrentamientos en el Bajo Aguan al incitar a las invasiones (recuperaciones) que han provocado los asesinatos de campesinos inocentes.
Por estas “razones”, que a nuestro juicio no corresponden a la realidad, piden a gritos la destitución del Ministro del INA, porque según ellos, con tal medida vendrá la tranquilidad, haciendo a un lado las verdaderas causas del problema.
Es muy cómoda y estrafalaria la posición de estos dos empresarios que a los verdaderos culpables de los asesinatos a mansalva, no los mencionan y dirigen sus acusaciones de todo lo ocurrido sobre la persona del Ministro del INA.
¡Vaya que descaro y desfachatez! Al escamotear impunemente la verdad de los hechos. Si creen que engañaran al pueblo hondureño con estas mentiras garrafales están muy equivocados. La verdad es la verdad dígala Agamenón o su porquero.
La posición del pueblo hondureño y desde luego la nuestra, es que lo que ocurre en el Bajo Aguan no es nuevo y, mucho menos lleva dos años, como dice Don Eduardo Facusse.
Es un tema que surgió en tiempos de la Empresa Asociativa de Isletas, cuando se pretendió crear una economía de tipo socialista en el marco de las relaciones económicas del capitalismo y que, por ello, fracasó estrepitosamente.
Para entender correctamente el problema, hay que saber que en esta zona existen múltiples intereses de clase, desde los terratenientes, campesinos, estado, cooperativas, hasta el Crimen Organizado que ha convertido el lugar en una zona de guerra entre clanes pandilleros. Entonces, la situación es muy complicada, debido a que los intereses económicos de cada sector son muy fuertes.
Entendemos que los terratenientes empresarios defiendan hasta la muerte las tierras obtenidas a precios muy bajos compradas al estado dirigido por gobiernos plegados a los intereses que hoy enfrentan a los campesinos y sus organizaciones.
Al gobierno, la situación en Bajo Aguán, se le fue de las manos porque militarizó el lugar, solo para defender los intereses de los empresarios que detentan esas tierras fértiles, en contra de los campesinos y sus organizaciones a quienes han ultrajado y violado inmisericordemente sus derechos humanos y democráticos.
A una situación económica agraria, le dieron connotación política, ideológica y militar que propicio el caos en el que hoy se encuentra el Bajo Aguán.
La presencia policíaco militar en nada ha contribuido a la solución del candente problema, por el contrario, los asesinatos continúan porque estos cuerpos represivos se hacen de la “vista gorda” ante la actitud criminal de los cuerpos de seguridad pagados por los terratenientes.
Las acusaciones de los terratenientes de la existencia de guerrilleros en la zona, es una añagaza que no convence al pueblo, y, que la utilizaron para militarizar y crear el pánico entra la población, propósito que no han podido lograr porque los campesinos continúan su lucha.
Parecía que la situación se solucionaba cuando existió un acuerdo entre las dos organizaciones y los dueños de las propiedades. Pero se incumplieron las reglas del juego y se llegó al asesinato del Vicepresidente del MUCA y su esposa.
Los mataron por su firme lucha en defensa de su tierra, aunque quieren especular que fue el Crimen Organizado. Cualquiera que haya sido no existe diferencia, porque el Crimen Organizado actúa conjuntamente con los enemigos del movimiento campesino.
No debe continuar esa política indiferente del gobierno, de dejar hacer y dejar pasar, porque las muertes ya son muchas y la intranquilidad de los habitantes es permanente y desesperante.
Los culpables hay que señalarlos en la dimensión de sus fechorías, pero a los verdaderos, no a los que consideran chivos expiatorios, como es el caso del Ministro del INA, que su única responsabilidad es defender los derechos que a los campesinos les asisten.
La solución solo puede obtenerse aprobando una correcta Ley Agraria que tome en consideración a los grandes terratenientes campesinos ricos, medios y pobres y que la tierra cumpla su verdadera función social.
Los gobernantes no deben plegarse solo a los intereses de los latifundistas sino establecer un equilibrio entre los productores y dueños de la tierra para lograr la tranquilidad, la paz y una suficiente producción agrícola para el mercado.
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