Por Carlos Aznárez
La situación de continuas violaciones de derechos humanos en Honduras ha recrudecido esta semana con el asesinato de 14 personas, la mayoría de ellos campesinos de la zona nororiental del Aguán.
Allí, desde hace varios años se vienen produciendo movilizaciones por la tierra, enfrentando a terratenientes liderados por el empresario Miguel Facussé, quien ha fomentado en la región la utilización de guardias armadas que actúan con total impunidad agrediendo a los pobladores del Aguán.
Las organizaciones campesinas, cuyo referente principal es el Movimiento Unido Campesino de la Margen Izquierda del Aguán (MUCA), se hallan asentadas en siete fincas con una superficie que oscila en las cuatro mil hectáreas. Estas tierras son reclamadas por los terratenientes debido a las enormes ganancias que posibilita la explotación de la palma aceitera africana.
La misma problemática se reproduce en toda Centroamérica, y es uno de los temas que está en la agenda, por ejemplo, de varios partidos guatemaltecos que el próximo 11 de septiembre concurrirán a las urnas.
La lucha por las tierras del Bajo Aguán, en Honduras, ha ocasionado en los últimos meses más de medio centenar de muertos entre el campesinado, debido a que periódicamente se producen escaramuzas con los guardias armadas y la policía que les brinda protección en sus intentos de desalojar a los ocupantes.
Durante el mandato del derrocado presidente Manuel Zelaya, se produjeron adelantos a favor de los reclamos campesinos, pero después del golpe militar, la situación en el Aguán se agravó y en los primeros meses del gobierno de facto de Roberto Micheletti numerosas familias fueron desalojadas, produciéndose muertes, detenciones y torturas a muchos de ellos.
Miguel Facussé es una de las figuras más representativos de los clanes de la oligarquía del país. A su núcleo empresarial pertenece el grupo agroindustrial Dinant, especializado en la fabricación y comercialización de aceite de palma. Además, fue activo partícipe en el apoyo económico a los golpistas del 2009 y mantiene estrechas relaciones de amistad con el actual presidente Porfirio Lobo.
Es en función de estos lazos de impunidad, que Facussé alienta la idea de “la solución policial-militar” para terminar con lo que él considera “extremistas infiltrados en el Aguán”.
Bajo esta premisa es que el gobierno de Lobo ha decidido militarizar aún más la región enviando más de mil militares y policías que conforman la fuerza de tareas conjunta “Xatruch II”.
Desde el punto de vista oficial, anuncian que el Bajo Aguán se ha convertido prácticamente en zona de guerra, y acusan a infiltrados venezolanos y nicaragüenses de “estar adiestrando a los campesinos”.
Desde el lado del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), consideran dichas medidas represivas como parte de “una estrategia de aniquilamiento de las demandas populares y sobre todo de los justos reclamos de tierras para el campesinado pobre”.
El FNRP explica que “los terratenientes no ceden ante las presiones campesinas para que se entreguen tierras mal adquiridas en los años 1993-1994, con la aplicación de la Ley de Modernización Agrícola”, que el actual gobierno no quiere derogar para darle paso a un verdadero proceso de reforma agraria, como intentó Zelaya en su gestión.
A todo esto, el ministro del Instituto Nacional Agrario, César Ham, promueve la formación de un frente campesino regional en el Aguán, con el fin de separar al campesinado de las luchas del FNRP, utilizándolo con fines politicos para impulsar su candidatura desde el Partido de Unificación Democrática.
Con ese fin, dicho ministro ha puesto en la mira de sus ataques al MUCA y a otros once movimientos campesinos que reclaman tierras, criminalizando y
persiguiendo su accionar.
En el último mes han asesinado a tres dirigentes campesinos del MUCA, y dos dirigentes más se debaten aún entre la vida y la muerte. También fue ejecutado el joven campesino Wilmer Javier Melgar, de 17 años de edad.
Continuamente aparecen personas asesinadas en las tierras bajo el poder de los campesinos y realizan asaltos permanentes como el ocurrido el 15 de agosto en las cercanías del asentamiento La Confianza, donde mataron por ametrallamiento a trabajadores de la Pepsi y a una mujer, Migdalia Sarmiento, que iba desde las oficinas del INA regional de Colon para la ciudad de Tocoa. La version oficial culpó del hecho a los campesinos, pero éstos consideran esa version como una “farsa más del gobierno de Lobo”.
Por otro lado, el avance represivo también se hace notar en el movimiento estudiantil hondureño que protestan y se movilizan contra la privatización de la enseñanza.
De acuerdo a la denuncia de organismos de Derechos Humanos, la policía hondureña aparte de golpear con sus bastones y lanzar gases tóxicos, aplica inyecciones ilegales a los estudiantes detenidos. Según especialistas, estos métodos arbitrarios pueden tener graves efectos secundarios y hasta causar la muerte.
La coordinadora del Comité de Familiares, Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, señaló que además de las sospechosas inyecciones, los uniformados fotografían a los detenidos y les toman las huellas dactilares, a pesar de ser menores de 18 años.
Oliva opinó que actualmente la represión en Honduras es aún peor que en la década del 80, cuando el Ejército secuestró e hizo desaparecer a más de 184 dirigentes populares.
Por último, se señala que también han recrudecido los ataques homofóbicos, apuntando sobre todo a militantes lesbianas, gays y trans, que apoyan al Frente de Resistencia. Desde el golpe del 2009, al menos 38 personas pertenecientes al colectivo LGBT han sido asesinadas.
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